Mar 1, 2016 | inicio
A dos meses de ser reprimidos con balas de goma por manifestarse en defensa de su fuente laboral, los
trabajadores de la empresa avícola Cresta Roja continúan en situación de incertidumbre y sin cobrar sus salarios y aguinaldo adeudados. La firma fue adquirida por un consorcio liderado por la compañía
Ovoprot Internacional S.A., que les garantizó la continuidad laboral a mediano plazo pero sin tener en cuenta la antigüedad de los empleados.
Hace diez días, los operarios fueron informados que desde el próximo lunes ya no forman parte de
ninguna compañía y que deberán negociar uno a uno su indemnización por la quiebra de la sociedad
anterior, propiedad de los hermanos Rasic, mientras esperan a ser llamados por los nuevos dueños, que
ofrecen firmar un contrato de apenas tres o seis meses. Los medios comerciales anunciaron que ya han
nacido miles de pollitos, lo cual supone que de los cinco mil operarios de Cresta Roja, al menos 200 o 300 serán recontratados dentro de los próximos 50 días.
Desocupados
ANCCOM conversó con José Moscovich, uno de los trabajadores a la espera, que contó cómo se vive el conflicto desde la represión del 23 de diciembre. José es el hermano de Cristian, cuya espalda con nueve balazos de goma se convirtió en la imagen de la represión de Gendarmería ese mediodía de acampe en Ezeiza. Ambos trabajan desde hace más de cinco años en Cresta Roja.
“Pasar las fiestas fue difícil”, comenta José. “Mi situación particular, con mi hermano que estaba baleado, hacía que no pudiéramos hablar mucho de eso porque lo hacíamos sentir mal. Él es el jefe de su familia. Y todos los compañeros nos veíamos mal: no pudimos cobrar las fiestas como lo hacíamos antes, ni planear nuestras vacaciones ni nada de lo que teníamos acostumbrado. Antes la empresa nos pagaba un premio grande para las fiestas que este año no percibimos, como tampoco fueron abonados los sueldos desde noviembre, ni el aguinaldo”.
Sobre los salarios adeudados, la última noticia que recibieron los trabajadores antes de que terminara febrero es que a cada uno se le pagará según el juicio que se le inicie a la empresa liderada por los hermanos Rasic. “Desde el 22 de febrero estamos dados de baja, desocupados ante la Anses. Como la empresa nueva ya firmó el acuerdo ante la jueza Valeria Lopez Casado, no cobramos más los Repro (los subsidios que otorga el Ministerio de Trabajo a las empresas en dificultades para que abonen el salario a sus empleados), porque pasamos a ser desocupados, no somos más parte de una empresa en crisis. Para contenernos hasta que volvamos a entrar a trabajar nos van a pagar seis mil pesos en concepto de futuro pago de la indemnización”, explica José.
A dos meses de ser reprimidos con balas de goma por manifestarse en defensa de su fuente laboral, los trabajadores de la empresa avícola Cresta Roja continúan en situación de incertidumbre y sin cobrar sus salarios y aguinaldo adeudados.ades, fábricas, salir a la calle a hacer festivales, aceptar el apoyo de organizaciones
Vivir de changas
“A fines de marzo va a entrar a trabajar una primera tanda de 200 trabajadores en la planta de El Jagüel”, explica José, y agrega: “Especulan con tener una producción de 350 mil pollos diarios en Planta 2: eso daría empleo a 1200 personas. Pero ellos dicen que Planta 1, que es la de La Unión, no va a abrir, que van a alquilársela a otro grupo, y eso llevaría a mi parecer al desguace de la empresa: todas las pertenencias de lo que era el grupo Rasic pasarían a ser de cinco o seis empresas distintas.” Los voceros de Ovoprot todavía no han realizado declaraciones acerca de la modalidad de contratación.
Quienes aún no fueron reingresados a sus puestos de trabajo, cobrarán este mes seis mil pesos a cuenta de una futura indemnización. De las cinco mil personas que trabajaban para Cresta Roja, unas trescientas decidieron tomar otros rumbos y no renovar contratos, ya que necesitaban tener un ingreso mayor a seis mil pesos para poder mantener a sus familias. Algunos operarios que optaron por esperar, complementaban lo que cobraban a través de los Repro con changas. Muchos recurrieron a vender sus vehículos y pertenencias para subsistir hasta volver a entrar a trabajar. Pudieron mantener, además, los servicios de la obra social hasta el pasado 28 de febrero, gracias a aportes del Estado.
“Por todo esto estamos discutiendo la posibilidad de hacer un fondo de lucha”, comenta José. “Se habla de ir a universidades, fábricas, salir a la calle a hacer festivales, aceptar el apoyo de organizaciones políticas que quieren darnos una mano. Se acercan las clases y muchos compañeros no llegaron a comprar ni la mitad de los útiles escolares, y también se nos vienen las cuentas encima. Los trabajadores no podemos vivir sin la solidaridad del resto de los argentinos”.
Los operarios fueron informados que desde el próximo lunes ya no forman parte de ninguna compañía y que deberán negociar uno a uno su indemnización por la quiebra de la sociedad anterior.
Miedo
Hace dos semanas, la jueza Valeria Pérez Casado otorgó por 180 días la continuidad de la explotación de la empresa a Ovoprot, prorrogables por otros seis meses o hasta que se concrete la venta. El valor de referencia de la compañía, dictaminado por el Poder Judicial, es de 750 millones de pesos, con pasivos por más de 2.000 millones. El actual operador tiene el derecho a igualar la mejor oferta que se presente en la subasta.
Además del fondo de lucha, los trabajadores se encuentran debatiendo nuevas formas de protesta. Por el momento, los cortes quedaron descartados: “Luego de la represión de diciembre, sumado a la incertidumbre laboral, quedamos muy dispersos y desmoralizados”, comenta José. “En un punto dio efecto la represión. A mi hermano, por ejemplo, lo que le sucedió el 23 de diciembre lo abroqueló a no querer salir a luchar. Y ahora salió este nuevo protocolo anti-cortes por parte del gobierno, como una advertencia, que hizo que hoy se hablase de no volver a salir a la calle a hacer un corte”.
No hay certezas de cuándo serán re-contratados todos los operarios a la espera. La promesa de volver a entrar a trabajar es solo de palabra, y es por eso que los trabajadores están buscando organizarse no solo para pagar las cuentas hasta ser reincorporados sino también para prepararse en caso de que los nuevos dueños no cumplan con lo pactado. “No sabemos lo que va a pasar después, nadie nos asegura nada”, afirma José. “Hoy por hoy sabemos que desde el lunes 22 estamos dados de baja, no pertenecemos más a la empresa y el que quiera hacer un juicio a la sociedad anterior, lo puede hacer, pero nos piden un montón de papeles para cobrar la quiebra. Y mientras tanto, nos queda esperar a que nos llamen de nuevo para entrar a trabajar”.
Feb 24, 2016 | inicio
Analía y Josefina trabajan en la Casa del Bicentenario. Llevaron a la plaza una réplica de la pintura Manifestación (1934) de Antonio Berni. En el centro del cuadro un niño tiene un pan bajo el brazo. Alrededor del niño: hombres y mujeres manifestándose con el ceño fruncido y la mirada cansada. En el fondo del cuadro una pancarta pide “Pan y trabajo”. Ese cuadro fue creado por Berni durante los masivos despidos de la década del ’30 y ahora se vuelve muy actual. “Nosotras estamos empleadas –dicen Analía y Josefina a ANCCOM– pero tenemos diez compañeros despedidos que cubrían espacios que nadie más puede cubrir, como por ejemplo el ciclo de cine, clases de folklore, educación, técnica”.
A una semana de cumplirse el vencimiento de cientos de contratos del Ministerio de Cultura, el sábado por la tarde se realizó una jornada cultural frente al Museo Nacional de Bellas Artes. La manifestación estuvo organizada por la Asociación de Trabajadores de Museos (ATM), que decidieron movilizarse con la consigna “La cultura no se achica”. El pedido central es la reincorporación de los despedidos del Ministerio de Cultura, terminar con la –histórica- precarización laboral en el Estado: muchos trabajadores contratados realizan la misma tarea que los de planta permanente, pero están fuera de convenio, sin obra social, aportes jubilatorios, asignaciones familiares, vacaciones, aguinaldo, ni continuidad laboral garantizada. Por lo tanto, también exigen el pase a planta permanente de todos los trabajadores.
Más de dos mil personas asistieron el sábado a la plaza ubicada sobre Av. Libertador al 1400. La jornada empezó a las 17, se abrió el micrófono para los trabajadores despedidos, se hicieron actividades participativas, representaciones teatrales y tocaron música en vivo. La única bandera levantada fue la de “La cultura no se achica”. Representantes de diferentes museos nacionales, programas y centros culturales se instalaron con propuestas para reflexionar y dar cuenta de su vocación de servicio.
La jornada cultural organizada por la Asociación de Trabajadores de Museos convocó a más de dos mil personas.
Históricamente el Estado, que debería luchar -entre otras cosas- contra el trabajo precarizado, lo convirtió en hábito. No sólo desvalorizando a las personas sino también desvalorizándose a sí mismo. Es paradójico, por ejemplo, que en el Ministerio de Trabajo no se garanticen los derechos de cientos de trabajadores.
Actualmente, y una vez más, en el contexto de un achicamiento del Estado que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri en todas las áreas bajo el eufemismo de “modernización”, el 29 de enero la gestión de Pablo Avelluto, nuevo Ministro de Cultura, echó a casi 500 personas. Los trabajadores se enteraron ante la imposibilidad de ingreso a las oficinas públicas. En declaraciones mediáticas, Avelluto desconcertó con la frase: “Es una decisión espantosa, pero necesaria”, refiriéndose a los despidos.
Otra de las justificaciones del Ministro fue que en los últimos tres años hubo un aumento de personal de 2500 a 4000. En su argumento, el titular de la cartera ignoró que -mediante decreto de la expresidenta Cristinta Fernández de Kirchner- la dependencia cambió de rango y paso de una mera secretaría a un ministerio.
El día 15 de febrero ATM había enviado a Avelluto y Américo Castilla, Secretario Nacional del Patrimonio, un comunicado de repudio a los despidos y el reclamo de reincorporación de todos los cesanteados, del cual hasta la fecha no obtuvieron respuesta. El documento cuenta con la firma de alrededor de 200 trabajadores de 80 museos, archivos y bibliotecas de la Argentina. Asimismo se sumaron también 300 adhesiones de docentes e investigadores de distintas universidades nacionales, referentes del movimiento defensor de los derechos humanos, delegados sindicales, empleados del sector público y privado, organizaciones y renombrados profesionales del extranjero (Alemania, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Uruguay).
Bajo el eufemismo de la «modernización», fueron echados casi 500 trabajadores del Ministerio de Cultura.
De los 500 despedidos de Cultura, alrededor de 150 fueron empleados de Museos Nacionales, la mayoría de establecimientos ubicados en la Ciudad de Buenos Aires. No hubo motivos explícitos de parte del Ministerio para despedir a los trabajadores. Si bien Avelluto expresó que el criterio sería cesantear sobre todo a los contratados en 2015, también se echó a personas con más antigüedad. Todas las áreas dentro de los museos tuvieron cesanteados, sin excepción: museografía, restauración, prensa y difusión, registro del patrimonio, investigación, guías, sistemas, infraestructura, cine, coordinación, educación, mantenimiento, administración, dirección, biblioteca, reserva, diseño gráfico y documentación.
Las voces de quienes conservan nuestro patrimonio cultural
Juliana estudió Museología en la Escuela Nacional de Museología. Cuenta que cuesta mucho conseguir trabajo en esa profesión y que durante varios años realizó pasantías no rentadas en el Museo Histórico Nacional (MHN) para finalmente ser contratada de forma precarizada hace tres años. Allí ella está a cargo de 1800 piezas textiles. Su contrato será revisado en marzo como lo determinó el decreto 254/15 del gobierno de Mauricio Macri, por haberse efectivizado en 2013.
El decreto, que entró en vigencia en diciembre de 2015, ordena “revisar las contrataciones de personal efectuadas” en ministerios u organismos “durante los últimos TRES (3) años”. Esto comprende a todos los trabajadores contratados bajo artículo 9° del Anexo de la Ley N° 25.164 y en el Decreto N° 2345/08. Los empleados ingresados en los años 2013, 2014 o 2015 solo tendrán una renovación por tres meses, cuando previamente el plazo era anual.
A Juliana le dijeron que la iban a evaluar pero nadie lo está haciendo, hasta ahora nadie la entrevistó. Teme llegar al trabajo y encontrarse con una persona que la mande a su casa porque tener en sus manos una lista donde aparezca su nombre. Está alerta esperando que la actual gestión llame a concurso, aunque nadie le garantiza que haya concurso para su puesto.
De los 500 despedidos, 150 se empleaban en Museos Nacionales. No obtuvieron explicaciones sobre la causa de su desvinculación.
Gilda trabaja desde el 2009 en el Museo Histórico Nacional. Si bien hasta ahora no fue despedida, se siente afectada por la situación de incertidumbre. Ella observa y empatiza con otros colegas, “parece que estuvieran echando por sorteo”, explica a ANCCOM. Hubo casos de despedidos con más antigüedad que ella. “Cualquiera puede caer, es al azar, no tiene ningún criterio, no estudiaron cada caso, no evaluaron desempeño”.
En el MHN despidieron a 12 empleados de diferentes áreas. Tiene 13 salas en total, de las cuales dos eran interactivas y fueron cerradas ante el despido de sus empleados a cargo. Allí fue despedida también una persona que realizaba visitas guiadas, la única que habla cuatro idiomas. Su caso es más particular que el de los demás, tiene una hija discapacitada, es sostén de familia. Ante esta situación tan delicada sus compañeros del Museo decidieron ayudarlo haciendo una colecta para que pueda pagar el alquiler. Por otro lado, el área de prensa quedó directamente desmantelada.
“Trajimos a esta jornada dos exhibiciones de fotografías –muestran a ANCCOM Gilda y Juliana-: una donde se visibiliza el detrás de escena de los objetos que los visitantes ven en los museos porque, para que esos objetos estén allí, atrás estamos nosotros que los conservamos, los restauramos si es necesario y los investigamos. La otra es una muestra de fotografías históricas con la temática los conflictos laborales a lo largo de la historia, para eso elegimos la Semana Trágica, el Cordobazo, la Carpa Blanca en los noventa, entre otras y la última foto es bien reciente, es de una marcha que hicimos al Ministerio de Modernización el 4 de febrero, para dar cuenta que un museo nos tiene que mostrar los procesos sociales e históricos para ayudarnos a entender el presente”.
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Milena lleva en su cabeza una galera. “Esto que trajimos a la plaza es para recordar cómo la voluntad popular cambió el curso de la historia”, le explica a una nena que apenas alcanza la altura de la mesa. Sobre el mantel rojo que la cubre se exhibe una copia del petitorio del 24 de mayo 1810. Con este documento se solicitó la conformación de la Junta de Gobierno mediante firmas. La pluma y el tintero reafirman la escenografía colonial. Hasta el 29 de enero ella era guía en el Museo Nacional del Cabildo y de la Revolución de Mayo. Antes de ocupar ese puesto –contratada como monotributista- se formó como guía de turismo en el Instituto de Formación Técnica N°7 del Gobierno de la Ciudad. Son más de 200 escuelas por año las que visitan ese museo: en 2015 cerca de 12 mil chicos fueron con visitas guiadas programadas, y más de 10 mil entraron de forma particular, pero igualmente requirieron de sus saberes para conocer la historia que albergan las salas.
De las cuatro guías del Museo del Cabildo, quedaron sólo dos, la otra despedida era quien se ocupaba de los contenidos pedagógicos para las visitas de escolares. Milena no cobró el mes de enero, ni tiene noticias de cuándo lo cobrará. Le comunicaron con un mes de preaviso que el 29 de febrero prescindirán de sus servicios, y la dejaron eximida de trabajar desde el 29 de enero. Sin embargo ella sigue yendo.
Además, echaron también al encargado de manejar la oruga, sistema necesario para que las personas con sillas de ruedas –entre ellas la vicepresidenta de la Nación- puedan ingresar a la planta alta, donde se encuentra el documento histórico de jura de la Primera Junta de Gobierno. “Mis compañeros y yo seguimos yendo porque queremos defender nuestro puesto de trabajo –explica Milena a ANCCOM-, queremos quitar de la idea colectiva que somos ñoquis. Siempre cumplimos nuestras funciones y nadie de la actual gestión se acercó a relevar si eso es cierto. Nadie sobra del Ministerio: ahora seguramente se recorten los horarios de visitas programadas, cualquier persona que esté en silla de ruedas no podrá ingresar a la planta alta del edificio, y no habrán contenidos pedagógicos para trabajar previo a la visita, porque nosotros, como no queremos que la visita sea un paseo más, enviamos contenido pedagógico para que lo trabajen en el aula antes de visitarnos”.
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“¿Y si a vos también te dejan en calzones?”, interpela un cartel junto a un maniquí vestido con una réplica de ropa interior del año 1900. Sabrina montó la escenografía. Ella trabaja como diseñadora gráfica hace doce años en el Museo Nacional de la Historia del Traje. “Se nos ocurrió traer ropa interior porque así como la ropa interior se oculta bajo otras ropas –explica Sabrina a ANCCOM-, las exhibiciones en los museos son el resultado del trabajo de personas que no están a la vista de la comunidad y cumplen con una labor imprescindible para preservar el patrimonio”. Cuando ingresó en el 2005 estuvo tres años con contrato de locación de obra y en el 2008 le dieron una “48” –Ley Marco-. Si bien -por ahora- no fue despedida está pidiendo la reincorporación de seis compañeros. “Esas personas fueron despedidas sin ningún tipo de criterio, nadie del Ministerio habló con el Director para corroborar qué tareas desempeñaba cada uno”.
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Ronda Cultural era un programa que, desde hace dos años, hacía paseos culturales guiados y gratuitos. Era para todo público y trabajaba con 17 museos nacionales. Más de 33 mil personas pasearon con ellos. La importancia de Ronda era promover y generar el acceso a la cultura, desde la movilidad hasta la formación de espectadores, pensando a los museos como un lugar para todos y no sólo para unos pocos entendidos. A bordo de minibuses ofrecían una nueva forma de conocer los establecimientos a personas mayores, personas con capacidades diferentes y el público en general, fusionando el relato del guía con intervenciones artísticas diseñadas en base al guión museográfico.
Son un equipo de 26 personas que trabajaban para el Ministerio de Cultura. Los despidieron a todos y anularon el Programa. “Somos profesionales en Historia del Arte, Guía Turística, Filosofía, Gestión Cultural, todos idóneos -explica a ANCCOM Valeria Escolar, coordinadora de Ronda-, cada uno hacía diversidad de tareas, generábamos nuestros propios contenidos, lo construimos desde cero, no pertenecemos a agrupaciones políticas, todos entramos siendo entrevistados. No era solamente un trabajo, no era voy a a la oficina de 9 a 18… no había horario”. Para los traslados de las personas a los museos el Ministerio de Planificación les proveía los minibuses. Se los dejaron proveer el 9 de diciembre. El viernes 29 despidieron a todo el equipo. “No pudimos ingresar al edificio en donde trabajamos y nos notificaron mediante una lista en la puerta del lugar. Nosotros estamos acá por la reincorporación, hay una secretaría de Patrimonio Cultural a cargo de Américo Castilla, que nos iba a recibir en dos ocasiones, y no nos recibió. Entendemos que si hay una iniciativa de tener esa secretaría, Ronda Cultural es un programa que cumple con todas las características de lo que ellos están queriendo hacer”.
Tal como este programa, existe un extenso listado de otros que fueron desmantelados.
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Del Palais de Glace fueron despedidas tres personas. “Somos 35 trabajadores de los cuales solamente cinco son de planta – cuenta Gisel, empleada del Palais, a ANCCOM– eso refleja la irregularidad con la que estamos trabajando todos. Situación que se replica en todos los museos”.
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Mariana es una de los 12 despedidos del Museo Malvinas. Ella era la única museóloga. El museo en este momento no tiene a una persona que se haga cargo de la conservación y la documentación del patrimonio, lo que le da sentido a su existencia. Desde el 10 de diciembre están sin director y ningún representante del Ministerio corroboró qué tareas hacía cada uno. Ella empezó a trabajar a principios de 2015, es egresada de la Escuela Nacional de Museología, sigue presentándose a trabajar, lo hará hasta el 29 de febrero. “Estamos exigiendo que se nos reincorpore porque en el museo no sobra nadie, todo lo contrario, están echando a la gente que entró en 2015 pero si echan también a los de 2014 el museo queda vacío básicamente porque se creó a mediados de 2014”.
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La gente hace fila para sacarse la foto y ser, por unos segundos, protagonista de una representación del cuadro Sin pan y sin trabajo (1894) de Ernesto De La Cárcova. Una vez que se sientan de a dos conformando una escena, el fotógrafo apunta al marco dorado ubicado a una corta distancia de su trípode. El marco encuadra las dos personas recreando –con vestimenta incluida- esta pintura y de fondo, en vez de la fábrica cerrada -como en el original-, aparece el Museo Nacional de Bellas Artes. “Si bien el Bellas Artes no está cerrado, –aclara a ANCCOM un trabajador del museo que llevó esta actividad participativa de manera particular- sí tenemos ocho despidos y eso es lo que queremos visibilizar”. En Asamblea, los trabajadores del Bellas Artes decidieron no participar de esta Jornada cultural porque la mayoría de los 110 empleados entendió que esta actividad podía entorpecer las negociaciones para reincorporar a los ocho trabajadores. Sin embargo, una minoría llegó de forma particular y con sus propios recursos decidió asistir.
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Natalia Rizzo es artista visual, milita en el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), y junto con La Caja Roja, agrupación de ilustradores y artistas visuales que trabajan dentro de La Izquierda Diario, plantearon a los organizadores de la Jornada cultural la iniciativa de convocar a artistas para intervenir platos, “porque en la movilización del 4 de febrero que hicieron los trabajadores despedidos del Ministerio de Cultura al Ministerio de Modernización habían puesto en una bandera 500 platos vacíos”, explica Natalia a ANCCOM. “La idea es hacer una subasta de los platos intervenidos por artistas conocidos y con ese dinero aportar al fondo de lucha de los trabajadores de Cultura”, agrega.
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Desde atrás del Bellas Artes asomó la luna, las luces del museo se encendieron al igual que los faroles de la plaza. En el cierre los trabajadores de la cultura anunciaron que se sumarán al paro nacional convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para el miércoles 24 de febrero, en repudio a los despidos en el sector público y en reclamo de paritarias sin techo.
El acto terminó con batucada, aplausos y toda la gente rodeando la bandera de los 500 platos vacíos.
Feb 24, 2016 | destacadas
“Perdón, te miro desde hace un rato y pensaba si vendés raquetas o jugás al tenis”. Gustavo Alonso escucha la consulta curiosa de un señor en la puerta del Centro Burgalés en el barrio porteño de Caballito. Y sonríe. “Juego al tenis”, responde bastón y raqueta en mano. La sorpresa se genera porque Gustavo es no vidente desde hace cinco años y todas las semanas –cada miércoles y cada jueves- asiste al Centro de Desarrollo del Tenis (CDT) y participa de las clases en el marco del Programa de Tenis para Ciegos y Disminuidos Visuales de Argentina (PTCA) dirigido por Eduardo Raffetto, profesor con más de 30 años de experiencia.
La Asociación Argentina de Tenis para Ciegos, encargada de la implementación del PTCA, fue creada en 2011 a partir de la iniciativa de Raffetto. Fue cuando se acercó al centro una madre con sus dos hijas ciegas y le preguntó si ellas podían practicar tenis. No pudo responder. Ese fue el puntapié para empezar a investigar sobre esta disciplina adaptada, nacida en la ciudad japonesa Kawagoe, en 1984, a partir de las ganas de un estudiante no vidente llamado Miyoshi Takei.
Las clases gratuitas que se brindan en el Centro de Desarrollo del Tenis son parte de la propuesta del Programa de Tenis para Ciegos y Disminuidos Visuales de Argentina (PTCA) dirigido por Eduardo Raffetto.
“Vengo dos tardes a la semana que para mí son sagradas, no me las pierdo por nada”, asegura Gustavo. Es uno de los aproximadamente 12 alumnos, de todas las edades, que asisten a los entrenamientos dictados por los profesores Natalia Pedraza y Gastón Labaronnie y los preparadores físicos Rafael Díaz Herrera y Guillermo Ferreyra. A las clases, que son totalmente gratuitas y duran tres horas, puede asistir cualquier persona con ceguera o disminución de la visión. La única condición es presentar obligatoriamente un certificado de aptitud física, extendido por un médico, y un certificado de discapacidad. La práctica se divide en una entrada en calor y elongación, y un segundo momento, puramente técnico, en el que pasan a la cancha y comienzan a pegarle a la pelota, que es distinta a la convencional: está hecha de esponja, tiene 9 cm de diámetro y adentro contiene una pelota de ping pong con cinco perdigones de plomo, lo que permite que se genere el sonido al moverse y esto ayuda a la orientación de los jugadores. “Tenemos que estar muy concentrados, con la cabeza únicamente en eso, escuchando, porque es todo sonido y hay que aprender primero a conocer la pelota, darnos cuenta por el sonido qué tan fuerte va a venir, de qué manera picó y para dónde va a salir”, explica Gustavo. Y completa: “Empecé cazando mariposas, pero con el tiempo pude captar la técnica”.
Este deporte, que no sólo se practica en Buenos Aires, sino también en Bahía Blanca y Rosario, siempre se realiza bajo techo y las canchas tienen 12.8 metros de largo por 6.40 de ancho, más chicas que las convencionales, y están delimitadas por una soga de 3 mm de ancho que, a su vez, está recubierta por una cinta. Eso permite que los jugadores puedan ubicarse mediante el tacto, ya sea con los pies, la raqueta o las manos. Natalia Pedraza, que realizó el curso de capacitación que brinda el PTCA y a partir de esa experiencia empezó a dar clases hace poco más de un año, señala que algunos de los recursos necesarios para realizar la actividad son donados por empresas y asociaciones que apoyan la disciplina, pero que todavía no cuentan con sostén de la Asociación Argentina de Tenis, ni de la Secretaría de Deportes de la Nación. “Desde acá realizamos todo a pulmón y a veces sentimos que estamos solos luchando contra un sistema que prioriza el ´ganar, ganar y ganar´, y los demás quedan de lado. A la discapacidad en nuestro país no se le da la importancia que se le tendría que dar”, sostiene en diálogo con ANCCOM.
La actividad no cuenta con el apoyo económico de la Asociación Argentina de Tenis, ni de la Secretaría de Deportes de la Nación. Algunos de recursos necesarios son donados por empresas y asociaciones.
Argentina es miembro fundador de la Asociación Internacional de Tenis para Ciegos (IBTA-International Blind Tennis Association), creada en el Primer Congreso Internacional que se realizó en febrero de 2014, en Estados Unidos, y al que asistieron 10 países. En su segunda edición, que se llevó a cabo en Italia los primeros días de septiembre del año pasado, estuvieron los representantes de 13 países y el PTCA fue reconocido como uno de los programas más importantes de enseñanza de este deporte que demostró ser pionero y exponente a nivel mundial.
Desde el Programa sueñan con que la disciplina se convierta algún día en un deporte paralímpico, aunque consideran que todavía queda un largo camino por recorrer y por eso se plantean metas a corto plazo. “Nuestro primer objetivo hoy es que se mantenga la escuela en funcionamiento y captar más alumnos. A nivel técnico, que cada jugador pueda mejorar en lo suyo y superarse, y a nivel institucional, contar con apoyo del Estado y hacernos más conocidos”, subraya Pedraza.
Todo lo demás es un logro en una tarea colectiva. “Ver que cada vez le pegan más y mejor a la pelota me da una motivación para seguir y para que ellos sigan, es una manera que tienen de superar su limitación”, puntualiza.
El PTCA fue reconocido como uno de los programas más importantes de enseñanza del deporte en el Segundo Congreso Internacional el año pasado.
Cuando el reloj marca las 17:00, Gustavo guarda todo en su mochila, se despide de los profesores y de sus compañeros, y sale caminando hacia la parada del colectivo para regresar a su casa. En el trayecto, sigue sorprendiendo a la gente que se da vuelta para corroborar que lo que se asoma por arriba de su cabeza es el grip de una raqueta. Y camina orgulloso.
Feb 23, 2016 | destacadas
La decisión del presidente Mauricio Macri de disolver -a través de los decretos de necesidad y urgencia (DNU)- la AFSCA, la AFTIC y los artículos más importantes de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual llevó a organizaciones sociales, medios comunitarios, universidades y trabajadores de la comunicación a convocar a un encuentro llamado “La comunicación es acción y construcción”. Washington Uranga, periodista, docente y organizador del evento, explicó a ANCCOM que el objetivo fue “pensar juntos, escuchar, y mirar para adelante cuáles son los desafíos, partiendo de la base de que no podemos mirar la comunicación sino como un derecho humano fundamental”.
El encuentro, organizado en diferentes comisiones de trabajo, reunió a más de mil personas que buscaron “poner en debate no solamente aquellos aspectos que tienen que ver con el trabajo del comunicador sino con la comunicación como base de la reflexión política, es decir, no como una herramienta que se incorpora al final de los procesos sino como algo que forma parte desde el inicio de la planificación y la concepción de los proyectos políticos”, dijo el director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, Diego de Charras.
«El objetivo fue pensar juntos, escuchar, y mirar para adelante cuáles son los desafíos, partiendo de la base de que no podemos mirar la comunicación sino como un derecho humano fundamental”, explicó el organizador del evento, Washington Uranga.
No sólo se discutió sobre el nuevo escenario político y comunicacional sino que se reflexionó sobre lo que se tenía, lo que se hizo y lo que faltó. Hugo Gulman, periodista de Radio Nacional y Radio América, realizaba una autocrítica de la comunicación vertical de la gestión anterior: “Cuando vos das un solo discurso llega un momento que la gente se cansa y piensa ‘¿y lo otro cómo será?’ Creo que parte de esto nos llevó a la derrota, no creo que sea esto solamente, fueron muchas cosas más. Fueron errores políticos, fueron muchos errores de comunicación. Pero si uno no abre el juego a otras opiniones para contraponer las ideas, es caer en lo que hace el opositor. Yo creo que hay que abrir el juego a todas las opiniones desde lo político y contraponer con argumentos”.
La comisión que se desarrolló sobre el eje Trabajadores y Comunicación debatió sobre la problemática de los trabajadores de prensa que se encuentran frente a una situación de presión y precarización laboral, en muchos casos, luchando por el pago de salarios o contra su despido. “Hay una cantidad de trabajadores -explicó el periodista de Página/12 Mario Wainfeld a ANCCOM– que están en una situación muy difícil y muy afligente y que, sin duda, la política de comunicación del Presidente ha agravado, porque hay un asedio a determinados medios, porque se ha producido en el nivel de los medios afines al kirchnerismo una especie de sinceramiento: se sostenían porque tenían un determinado apoyo con empresarios muy aventureros que han dejado al descampado a muchísimos de los trabajadores”.
Entonces, “¿cómo comunican los periodistas ahora? ¿Tienen un grado de libertad?”, se preguntaba Rubén Levenberg, periodista y docente de la Facultad de Ciencias Sociales en relación al eje de la comisión. “Mi opinión es que cada vez tienen menos libertad. El periodismo está cada vez más bajo control y hasta las disidencias son controladas. Y como no hay trabajo en periodismo, es una profesión que cada vez tiene menos posibilidades de financiarse, esto se hace cada vez más grave. Ese es el rol que en realidad tiene el Estado”.
Las comisiones de trabajo abordaban temáticas como la comunicación desde el Estado, comunicación popular, nuevos soportes, redes sociales y los trabajadores y la comunicación.
En otra de las comisiones, Estado y Comunicación, uno de sus participantes fue Eduardo Rinesi, investigador y docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento. En charla con ANCCOM aclaraba que principalmente se abocaron a trabajar en la idea de que la comunicación es un derecho que hay que garantizar y la idea que el que lo tiene que garantizar es el Estado. “Me parece, por las declaraciones de los funcionarios del Gobierno y las medidas efectivas, que están presididas por una orientación en un sentido totalmente contrario. La idea de que la comunicación es una mercancía, que esa mercancía debe circular libre y que el Estado, mucho más que un actor encargado de garantizar un derecho, es alguien que tiene que correrse rápidamente de allí para que la mercancía llamada comunicación circule de acuerdo a las leyes del mercado. Me parece que eso nos sitúa frente a un escenario muy preocupante, y estos encuentros donde hay actores muy diversos del mundo de la comunicación que piensan sobre el asunto, son muy importantes, porque nos permiten ver hacia dónde está yendo la cosa y pensar también modos de organización y reflexión para enfrentar lo que se viene”.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue núcleo central durante toda la jornada, como instrumento fundamental a defender pero también a rever, sobre todo, su aplicación para fortalecer la comunicación comunitaria. Incluso en el acto de apertura participó Agustín Rossi, diputado del Parlamento del Mercosur: “Esa ley fue rupturista al orden establecido pero al mismo tiempo, al ser rupturista, fue una decisión que completaba la situación de diversidad, pluralidad y consenso”.
El trabajo en comisiones estuvo dedicada al análisis y diagnóstico de la situación actual por la mañana y durante la tarde a pensar líneas de acción.
Dentro de las conclusiones sobre la jornada, se destacó la posibilidad de tomar líneas de acción en distintos ámbitos legislativos y territoriales, necesarias en relación a “los DNU que lesionan severamente la soberanía comunicacional”. Así la participación en el acto de cierre de los diputados Eduardo Seminara, Carlos Heller, Liliana Mazure y Guillermo Carmona, extendió el debate al plano legislativo: “Daremos el debate por una comunicación democrática en y desde el Congreso”, exclamó Carmona durante su discurso.
Feb 18, 2016 | inicio
El 23 de noviembre del 2015, la periodista Marcela Ojeda le preguntó a Mauricio Macri en una conferencia de prensa cuál era su posición frente a los juicios a los represores. “La Justicia tendrá plena independencia para seguir trabajando”, fue su respuesta. Esta afirmación anticipó la política de Derechos Humanos del actual gobierno: la Justicia, únicamente, estará presente. Las políticas de derechos humanos no se limitan únicamente al juicio y su sentencia ya que existe un contexto en el cual las víctimas, cuyos derechos fueron violados, deben ser acompañadas y respaldadas. Es ahí donde el Estado tiene un rol fundamental y un efecto reparador. El Estado, y no solamente el Poder Judicial deben estar presentes.
En la Argentina, hasta hace una década, el Estado no había asumido su rol en el acompañamiento y reparación de las víctimas. Sin embargo, al asumir el presidente Néstor Kirchner, el Estado Nacional modificó su rol: “Nosotros percibimos que el Estado tiene un efecto reparador en el plano simbólico. En ese sentido, las víctimas pueden descansar en que hay alguien que ha asumido la búsqueda y el compromiso de justicia”, afirma Julieta Calmels, ex directora del Centro Ulloa.
Sin embargo, al no participar el Estado con sus tres poderes, ese rol desaparece. En el libro Experiencias en Salud Mental y Derechos Humanos. Aportes desde la política pública, editado en noviembre de 2015 por el Centro Ulloa, se afirma: “(…) para salir de la escena del horror se requiere de tres movimientos. Por un lado, la interrupción de los hechos de violencia (materiales y simbólicos), y por otro, un movimiento del sujeto para pasar a otra escena. Pero también es necesario un movimiento de las instituciones del Estado. Si la violencia se interrumpe y el sujeto realiza un movimiento para posicionarse de modo diferente, pero las instituciones no asumen lo ocurrido como algo que también les concierne, el hecho queda meramente en la interioridad de cada persona y las posibilidades subjetivas de cada quien”. Es decir, para que la víctima pueda dar un salto cualitativo en relación a su trauma, hace falta un exterior que lo reconozca y que exista más allá del sujeto. Ese exterior es el Estado con sus tres poderes.
«Para que la víctima pueda dar un salto cualitativo en relación a su trauma, hace falta un exterior que lo reconozca y que exista más allá del sujeto».
“Sin su presencia, el sujeto no tiene, simbólicamente, dónde apoyar su vida para poder recomponer esa situación traumática. Los organismos en su momento cumplieron ese rol, pero es un rol distinto. Una cosa es el Estado con todo su andamiaje de recursos económicos, simbólicos, jurídicos e institucionales, y otra cosa son los organismos que forman parte de la sociedad civil, enfatiza Calmels. Actualmente, hay un corrimiento del Estado. Atrás de un despido, hay una política pública y una situación de desamparo para las víctimas”.
Corrimiento del Estado
En la Argentina, en los últimos años de democracia, la mayor parte del tiempo, la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia la llevaron adelante los organismos de Derechos Humanos en soledad. “Cualquier Estado debe escuchar a los destinatarios de una política pública para poder llevarla a cabo. Caso contrario, tiende a fracasar porque se pierde una parte nuclear de lo que es la política. Si no se escucha a las víctimas, cómo sabemos quiénes son los responsables”, sostiene Natalia Federman, ex directora Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad.
Durante estos dos meses, Macri aún no se juntó con los organismos de Derechos Humanos, en su lugar envió al jefe de Gabinete, Marcos Peña. “Haber mandado al Jefe de Gabinete para entrevistarse con los organismos es simbólico. Si uno compara a quiénes estaba atendiendo ese día – empresarios de AEA, entre ellos, Héctor Magnetto – ve la importancia que va a tener la política de Derechos Humanos. Eso es lo que preocupa”, afirma Federman. “Uno puede tener una agenda apretada, pero la decisión de delegar ese diálogo y ver con quiénes se juntaron muestra que no es una prioridad para la gestión”, agrega.
En la Argentina, en los últimos años de democracia, la mayor parte del tiempo, la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia la llevaron adelante los organismos de Derechos Humanos en soledad.
La Justicia, únicamente
“Vengo a pedir perdón en nombre del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante tantos años tantas atrocidades”, afirmó Néstor Kirchner en el 2003. A partir de allí, el Estado argentino, a través de los tres poderes, asumió la responsabilidad en torno a la historia.
La política de Derechos Humanos en general, y la política de Memoria, Verdad y Justicia en particular, no se pueden desarrollar si no es a partir de los tres poderes en conjunto. Es así que las políticas impulsadas por el Poder Ejecutivo son importantes como políticas integrales. Por ejemplo, una de las tareas del Ejecutivo es ser querella en los juicios de lesa humanidad. Al mismo tiempo, el Programa Memoria y Justicia se encarga de articular y coordinar a todas las dependencias del Poder Ejecutivo para brindar apoyo institucional a las investigaciones que se llevan adelante en los juicios de lesa humanidad. En definitiva, es a partir de una política integral que el Poder Ejecutivo cumple su rol reparador.
“Ante hechos tan graves como las violaciones a los derechos humanos, en primer lugar debe ponerse en funcionamiento la justicia y la reposición de la ley transgredida para reconocer las responsabilidades y hacer valer las consecuencias: la sanción. Pero incluso estando eso, también es necesaria una segunda operación: la inscripción de las víctimas en la comunidad, que puedan filiarse a una genealogía social común que no las excluya, las segregue o las estigmatice. Este movimiento le concierne también al Estado”, explican en Experiencias en Salud Mental y Derechos Humanos. Aportes desde la política pública. Es decir, el Estado debe posicionarse y presentar una sanción social que provoque no solo efectos en la víctima, sino también en la sociedad. Por lo que excede a la Justicia, únicamente.
Parálisis y desarme
“Existen dos formas de vaciar una política: la parálisis del trabajo y el despido”, afirma Calmels. Ambas, presentes en los últimos dos meses en las políticas de Derechos Humanos del nuevo gobierno.
La subgerencia de Derechos Humanos del BCRA, durante el último año, investigó cuál fue el rol del Banco en relación al plan económico de la última dictadura militar. Relevó actas y documentación secreta para abordar la responsabilidad civil en los delitos. “No quedó nadie trabajando. El área ha quedado vacía”, sostiene Federman quien participó en la subgerencia. “En el Ministerio de Seguridad, aún, no hay un panorama claro. Una de las personas que llevaba una parte importante de las competencias del área de Derechos Humanos -que tenía que ver con la extracción de ADN de niños y niñas que hubieras sido apropiados y hoy son adultos- fue despedida. Esos allanamientos se hacían de una manera supervisada y colaborando en forma adecuada con la Justicia. Hay que atender adecuadamente y no hay que olvidar que la persona allanada es una víctima más allá de que no desee hacerse el ADN. En ese contexto, se había creado un grupo específico que era coordinado por la Dirección Nacional de Derechos Humanos. Era un grupo idóneo”, agrega.
«Juicio y castigo», una de las consignas promovidas por los organismos de DDHH.
Por otro lado, está el caso del Centro Ulloa que asiste integralmente en salud y acompaña en todo el país a víctimas de violaciones a los derechos humanos: del Terrorismo de Estado, de violencia institucional, y en el último tiempo, la incorporación de la atención a víctimas de Cromañón y el acompañando a juicios como el de encubrimiento al atentado a la AMIA. “Los profesionales que despidieron atienden a personas que están en estas tres situaciones donde el Estado está comprometido. Cuando llega alguien o nosotros nos acercamos a ofrecer el acompañamiento es porque ya hubo una violación de los derechos humanos. Primero hay que crear en la víctima una relación donde el Estado asume la culpa de ese delito que cometió contra ellos y está dispuesto a acompañarlos para arreglarlo. Si la decisión es vaciar esos programas, como efecto simbólico se produce el efecto contrario”, cuenta Calmels.
También está el caso del Programa Verdad y Justicia, dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Hubo despidos en las tres áreas: Abogados, Investigación e Implementación Operativa. Un caso que refleja las consecuencias de esta política es el despido de Natalia Vaca, perteneciente al área de Abogados en Salta. “El juicio en Salta era el primero que se reanudaba en febrero. Ese juicio es importante porque es el primero que se realiza a un empresario. Se juzga su participación y responsabilidad”. Tras su despido, ya no es el Programa el encargado de notificar a los testigos. “Eso implica que sean re-victimizados al ser notificados por las fuerzas de seguridad -relata Verónica Almada, trabajadora del Ministerio de Justicia de la Nación, despedida-, al mismo tiempo hubo una parálisis en el Programa. Por ejemplo, en Salta se complicó porque no tenemos los viáticos para viajar”.
A pesar de todo, que la Justicia tenga plena independencia para seguir trabajando es una buena noticia, pero no es suficiente. “La posición que asume el Estado a través de sus tres poderes es determinante. Cuando el Estado se desentiende, no imparte justicia, no ampara ni repara. Cuando esto pasa, cuando hay ausencia del Estado, de las políticas de Estado para con las víctimas, éstas quedan libradas meramente a su singularidad, sostiene Experiencias en Salud Mental y Derechos Humanos. Aportes desde la política pública, nada más liberal en última instancia que el corrimiento del Estado, así como nada más democrático que la potencia de su aparición”.
