Mar 8, 2016 | inicio
Es fácil entrar en La Robla y sentirse como en casa. The Cranberries suena suave y a ese ritmo, los mozos, miembros de la Cooperativa de Trabajo que gestiona el restorán, realizan dulcemente su trabajo. Un cartel de neón en tipografía caligráfica anuncia la existencia de cerveza tirada. Sus veinticuatro mesas están perfectamente decoradas. La vinoteca, que hace ocho meses había sido abruptamente incautada por la policía, se luce sobre la barra. La Robla, Bar y Cooperativa tuvo, como indica el mantelito de papel que se balancea sobre la mesa, épocas de abundancia y de decadencia.
La administración de Alex Gordon (dueño también de la conocida cadena de comida rápida Nac &Pop), llevó a la histórica marisquería a la quiebra. Pero como un ave fénix en pleno vuelo, el Bar La Robla se ha recuperado y sobre sus cenizas ha tendido un nuevo comienzo. Muy cerca de Plaza de Mayo, en Chacabuco 82, sus distinguidos platos pueden volver a disfrutarse.
Claudio Oviedo, el presidente de la cooperativa, trabaja en el bar desde 1986 y vio pasar varias manos en la administración. “Hasta el 2013, cuando Alex Gordon tomó el mando de la casa”, señala a ANCCOM con cierta nostalgia en sus palabras. “Él se hizo cargo de todo, apareció ante nosotros como ‘salvador de la casa’, haciendo publicidad, promociones, haciéndola crecer. Luego usó el dinero para crear otra sociedad con el mismo nombre y para construir los Nac & Pop. Así es como empezó a amasar una enorme fortuna. Nosotros no nos preocupábamos por la parte gerencial de la casa, solo hacíamos nuestro trabajo. En un momento, Alex dijo que iba a desligarse de la casa dejando a otro gerente a cargo.”
La administración del dueño de Nac &Pop Alex Gordon llevó a la histórica marisquería a la quiebra en 2013.
Fue entonces que los trabajadores cayeron en la cuenta que no todo era tan color de rosa, cuando las deudas de todo tipo (proveedores, sindicatos, AFIP, jubilación), empezaron a aparecer, resquebrajando la fachada de la casa. Lo mismo sucedió con los Nac & Pop en forma casi simultánea. Mediante un abogado, les informaron que La Robla habría quebrado. Para su sorpresa, los trabajadores descubrieron que la sociedad de responsabilidad limitada a cargo de La Robla pertenecía a personas que ellos desconocían. En los papeles figuraban compras y ventas constantes. Cuando la empresa quebró, se hicieron cargo del funcionamiento general y así surgió la Cooperativa, en septiembre del 2014, que actualmente reúne 21 trabajadores.
Pero el 10 de junio de 2015 llegó el desalojo por orden judicial del local de Viamonte 1515 y los cooperativistas tuvieron que buscar otro rumbo. “No fue fácil tener que cambiar de bar luego del desalojo -esgrime Oviedo-; algunos de los miembros decidieron abandonar la cooperativa”.
La pérdida del predio se dio por un juicio que tenía Alex Gordon por no haber pagado el alquiler del local. “En ese momento, el juicio por desalojo estaba avanzado. Al principio íbamos a hablar con la mujer (la dueña), pero al entrar el último socio de Alex el trato con ella se fue deteriorando. Cuando fuimos a hablar con la mujer ya estaba con el abogado, no había otra cosa que hacer”, cuenta Oviedo con desconsuelo.
“El desalojo fue muy tenso, desde el comienzo hasta el final. Es duro ver que te están sacando de forma violenta las cosas de tu lugar, de lo que es tu trabajo. Yo estuve doce años ahí, me hubiera gustado que nunca hubiese pasado, pero por culpa de Alex Gordon tuvimos que atravesar esa experiencia”, dice Roxana López, la actual tesorera de la cooperativa.
En septiembre 2014, los trabajadores se hicieron cargo del funcionamiento de la marisquería y nació la Cooperativa.
El capitán Veto
El veto arrojado por el actual jefe de gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, se materializó el tres de febrero de este año. El mismo afectaba a la ley 5.500, que fue aprobada en diciembre del 2015, por la cual se permitía a los trabajadores de La Robla recuperar todos los bienes mobiliarios que habían quedado en la calle Viamonte.
“El veto es una clara muestra de la política que viene teniendo el Pro desde el año 2008 en la ciudad con respecto a no reconocer ningún derecho a los trabajadores de las empresas recuperadas”, dice a ANCCOM Ornella Notici, la actual abogada de la cooperativa. Las herramientas legales con las que se contrarrestó esta medida fue volver a impulsar en la Legislatura el proyecto y continuar en el proceso judicial de la quiebra pidiendo la compensación de los créditos laborales por los bienes de la empresa quebrada.
Acerca del veto, Roxana López nos explica: “Nos cayó muy mal, todavía no sabemos con exactitud por qué hizo lo que hizo, no tenemos una respuesta exacta. Ni bien lo leí me indignó, porque pensaba que estábamos por un camino correcto. Fue para nosotros un retroceso. No tenemos dinero para ir a comprar el mobiliario, hay muchas cosas que quedaron dentro del local de Viamonte que tratamos de recuperar, hay muchas cosas que simbolizan los treinta años de trabajo”. En ese sentido, agregó: “Es importante para nosotros seguir conservándolo. Fuimos estafados, nos quedamos en la calle, seguimos adelante y aunque sea queremos que la parte de los muebles que han quedado se ceda a la Cooperativa, simplemente para seguir trabajando.”
La resurrección
Claudio y Roxana saben que no es nada fácil llevar adelante una cooperativa, una organización muy distinta a la que estaban acostumbrados, sin un jefe que les diga qué deben hacer. Por lo cual representa un desafío lograr un consenso entre todo el grupo.
Luego de presentarse la quiebra, los trabajadores de La Robla siguieron trabajando como si nada hubiera ocurrido. Y tras el desalojo estuvieron dos meses y medio sin local, con lo que eso representa para los sueldos de los trabajadores.
El 10 de junio de 2015, llegó la orden de desalojo al histórico edificio de Viamonte. Los trabajadores estuvieron dos meses y medio sin local.
Recordando la pérdida de la primera sede, Oviedo dice: “Cuando pasó esto no sabíamos adónde pedir ayuda, dónde arrancar, qué hacer, estuvimos como dos meses y medio sin lugar. El gobierno nacional, por intermedio del Instituto Nacional de Economía Soliaria (INAES), nos dio un subsidio para poder continuar. Con algo que habíamos ahorrado y algo que invertimos, alquilamos el local y lo remodelamos, trabajando dos meses entre todos. En realidad es complicado cuando uno se muda de barrio hacer que la gente venga. Ya no estamos por la zona, todo es nuevo para nosotros¨.
El titular de la cooperativa continúa con su relato: “A la noche el lugar es muy quieto, no hay muchos negocios, entonces tuvimos que empezar de cero, conservando solo el nombre. Pero fue muy duro, uno quiere seguir en lo que conoce pero a veces no sé si seguir, muchos compañeros se preguntan si irse a otro lado. Es muy triste y complicado hacer que esto funcione. Son todas pequeñas pruebas que nos van poniendo, por ahora seguimos para adelante. Aunque por momentos nos cansamos. Así ocurrió con lo del veto.”
En cuanto a la situación económica de la cooperativa, dice Oviedo: “Hicimos una presentación de los créditos laborales que valen millones, por lo que pensamos que disponer de las cosas iba a ser más sencillo. Los proyectos que presentamos estaban relacionados con el hecho de que La Robla fue declarada Patrimonio Histórico y Cultural.”
Pintoresca, afable, con hermosos aromas y personas preocupadas, tolerantes y de iniciativa, La Robla salió adelante. A las 14 horas, a tres cuadras de Plaza de Mayo, el bar se llena de gente y parece sonreír a todo aquel que sepa lo que es perderlo todo y volver a levantarse. “El destino de los trabajadores de La Robla es el mismo que el del pueblo, seguir trabajando y luchar por resistir los embates de un gobierno antipopular y antidemocrático que atenta contra los derechos que supimos conquistar los sectores más humildes”, culmina Ornella Nociti.
Mar 3, 2016 | Entrevistas
La Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) realiza este jueves un encuentro, para debatir y presentar los nuevos 21 puntos por una Comunicación Democrática. Convoca a organizaciones políticas, sociales, sindicales, cooperativas, pueblos originarios, e universidades. El periodista Néstor Piccone contó a ANCCOM cómo está circulando por el país este borrador para fortalecer ideas y propuestas.
¿Qué acciones están proponiendo para defender la democratización de la palabra?
Empezamos a reunirnos antes de que asumiera Mauricio Macri, cuando escuchamos que Oscar Aguad, quien sería luego el Ministro de Comunicación, dijo que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) no servía para nada y que iba a derogarla. Desde los primeros días de diciembre hasta hoy, nos hemos reunidos semanalmente. La Coalición es una organización de organizaciones, una coincidencia de posiciones respecto de la democratización de la comunicación. Desde ese lugar, coordinamos con distintas organizaciones la denuncia de los DNU y la presentación de medidas cautelares cuando estos decretos quisieron eliminar AFSCA y AFTIC. Utilizamos también las herramientas que propone la Defensoría del Público, que fue generada para que los públicos y los comunicadores puedan denunciar cualquier atropello contra la comunicación desde los distintos poderes. Vimos la situación inédita de que un DNU volteaba no sólo la Ley 26522, sino todo lo que habíamos hecho con participación de las provincias, organizaciones sociales y pueblos originarios. El Congreso por una Comunicación Democrática se hace para difundir las acciones y ver, en forma conjunta, qué otras podemos plantear. Se hicieron encuentros en Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Río Negro, Buenos Aires, entre otros lugares, para coordinar las denuncias pero también para plantear los nuevos 21 puntos. Los comparamos simbólicamente con aquellos del año 2003 y estamos contentos porque tienen que ver con todo lo que falta para la aplicación de la ley y también para incidir en los debates que se den en las cámaras de Diputados y Senadores. Hay una ley existente que hay que defender y hay que habilitar otro tipo de discusiones. Hemos tenido una buena recepción por distintos bloques de diputados y senadores (no sólo del FpV) que están dispuestos a discutir y a apoyar estas iniciativas.
¿Cuáles fueron las limitaciones a la implementación de la Ley 26522 en relación a los medios comunitarios?
La ley era bien compleja y no se consiguió la legalidad para todos los medios cooperativos y de pueblos originarios. Eso es una deuda pendiente que tenemos, porque hay varias cuestiones que la ley habilitó y que tenían que aplicarse: algunas tenían que ver con el Poder Ejecutivo, otras con quiénes manejaban AFSCA y otra con las organizaciones universitarias, comunitarias, cooperativas o de pueblos originarios que tuvieron que inventarse a sí mismas para ser incluidas. Este tema no se resuelve de la noche a la mañana y es una tarea que queremos seguir apoyando, fundamentalmente tratando de que la población entienda que la comunicación es un derecho humano. Hay quienes creen que la comunicación y los medios no son parte de la política, sino de un sector aparte al que uno tiene que acceder, pedir o pagar. Todos estos cambios culturales no se dan por ley, sino por debate de ideas y profundización.
¿Cómo se piensa la comunicación dentro del nuevo contexto político?
Cuando las dictaduras militares derrocaban a los gobiernos, se terminaba la democracia rápidamente mediante la intervención de los medios de comunicación. Con la etapa neoliberal de los 90, lo primero que se privatizó fueron los medios. Salvamos Canal 7 y Radio Nacional por la lucha de los trabajadores, pero también porque se entendió que el Estado tiene que tener medios de comunicación propios. Ahora, que viene un gobierno neoliberal, conservador y de derecha, lo primero que hace es tirar un DNU que pone en zozobra lo que se había construido con la LSCA, con todos los avances conceptuales que se hicieron en cuanto al derecho a la comunicación y la libertad de expresión. Sabemos que la derecha, que además tiene un gobierno que trabaja para los grupos económicos, busca que la comunicación sea manejada por CEOs y tecnócratas. Sabemos que tenemos un gobierno que va a estar en contra de la participación y sabemos lo que es un gobierno adverso a la democratización de los medios, pero creemos que mucho de lo logrado en lo conceptual va a poder ser defendido.
¿Estos avances promovieron la aparición de nuevos actores que ahora van a intervenir en el debate?
Eso es lo fundamental. Antes, las cooperativas, los sindicatos y las organizaciones sociales tenían prohibido tener medios de comunicación, porque no perseguían fines comerciales. Lo mismo sucedía con las universidades, por ejemplo, que no podían tener canales de televisión y de radio. Más allá de que no pudieron resolver internamente de dónde sacar los fondos para financiarse, se hicieron concursos y ahora tienen canales de televisión digital. En eso no se retrocede. La creación de contenido financiada por los Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), por ejemplo, permitió que se conociera que había más de tres o cuatro productoras de contenido. Con eso no hay marcha atrás, aunque no haya una ley o un ministerio que esté respaldando. Seguramente no tendremos el apoyo del Estado y del gobierno, pero ya hay una articulación que vemos como un resultado positivo. Son derechos que no se van a perder, muchos sectores de la política proponen defenderlos y profundizarlos.
¿Cómo se da la reorganización de los medios comunitarios en este contexto?
El tema sostenibilidad no estaba previsto en la LSCA y es un debate que se abrió en el año 2009. Inmediatamente después de que se aprobara la ley, muchos medios alternativos, pueblos originarios, plantearon la problemática. Yo apuesto a que estamos en un escalón más alto del que teníamos hace doce años, cuando no había FOMECA y cuando nadie había tenido la experiencia de estos fondos. Siempre tenemos que construir con el Estado, aunque sea un Estado adverso, porque siempre hay fisuras y hay diferentes modelos gobernantes en todas las provincias. El que tuvo la experiencia del FOMECA quizás no vuelva a recibir ayuda de AFSCA, pero vamos a reclamar para que la institucionalidad sostenga la realidad de los nuevos medios de comunicación, que también los haga sostenibles. Desde la Coalición estuvimos trabajando en la creación de un ente para la financiación de los fondos de los medios alternativos, comunitarios, cooperativos, donde también discutíamos la pauta publicitaria no sólo estatal, sino también privada. Defendemos que los medios públicos no estatales también puedan sostenerse y esa lucha se da manteniendo los medios como podemos, pero también ganando gente: se necesita que sectores populares, sindicales y sociales apoyen este proyecto.
En relación a la democratización de la palabra y el acceso a la información, ¿cuál es el rol de las redes sociales?
Una red social no organiza pero sirve para difundir. Si se articula organización político-comunicacional con redes, creo que se puede lograr muchísimo. La Coalición, por ejemplo, nunca tuvo una conducción ni un sistema de comunicación. Internet nos permitió (y permite) estar comunicados para hacer conocer lo que cada uno realiza. Creo que las redes sociales sin articulación ni organización, no sirven para una construcción. Puede servir para un rechazo, unan resistencia o una denuncia. Pero utilizadas correctamente, son fantásticas.
¿Cuáles son las expectativas para este Congreso?
Lo importante es que todos conozcamos todo. Participan abogados, universitarios, radios comunitarias, sectores sociales que quizás no tienen sus propios medios y sindicatos que defienden la fuerza de trabajo. La expectativa es que tomemos conciencia, podamos discutir y continuemos sumando personas a la pelea por la democratización de la información. La gente no va a pelear por un derecho que no sabe que tiene. Nosotros logramos modificar totalmente la realidad que se vivía en el país con respecto a los medios de comunicación. Creo que hemos avanzado muchísimo, pero que falta mucho más y que hay que crecer en la lucha por la comunicación como un derecho humano, la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Fundamentalmente por la democratización de la comunicación. La coalición es un ejemplo de eso: es una coordinación que nos damos en cada una de las provincias y los diferentes sectores se van sumando en forma individual para discutir el tema de la comunicación. Tener un lugar de referencia que sirva y que sea reconocido por el Poder Legislativo, por diputados, senadores y organizaciones. Desde 1983 a 2009 pasaron muchos años, que coronamos con una ley revolucionaria. Pasaron gobierno neoliberales, de derecha y, sin embargo, terminamos con una reglamentación ejemplar en el mundo. No por nosotros solamente, sino por un gobierno y por dirigentes que se atrevieron. Pero no es el único camino hacerlo desde el gobierno, sino también construir desde abajo, como lo hicimos en las épocas más difíciles del neoliberalismo.
Mar 2, 2016 | destacadas
Especialistas en derechos humanos, medios de comunicación y juventud se reunieron para debatir en el Foro contra la Violencia Institucional que el sábado último se realizó en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET). La organización del foro estuvo a cargo del Ministerio Público de la Defensa, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicaciones de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CASACIDN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y Nuevo Encuentro en el marco del Frente para la Victoria (FpV).
La intención de la jornada fue la de articular un espacio que reuniera a diferentes actores de la vida política y social de la Ciudad de Buenos Aires para pensar de manera colectiva acciones que respondan a la violencia institucional. Se prestó especial atención a niñas, niños, adolescentes y jóvenes. La mesa central de apertura contó con Marcelo Saín (especialista en Seguridad), Paula Litvachky (directora del área de Justicia y Seguridad del CELS), Luis Duacastella (Defensor General Adjunto en la CABA), Víctor Santa María (diputado del Parlasur por el FpV), Carlos Tomada (jefe de bloque FpV de la Legislatura porteña) y José Cruz Campagnoli (legislador de la Ciudad de Buenos Aires por Nuevo Encuentro), quien resumió a ANCCOM los intereses centrales de la convocatoria: “Los mecanismos represivos están organizados en virtud de un modelo de país, relacionado con la transferencia de riqueza de los sectores populares a los más concentrados. En la Argentina actual, sólo puede suceder eso a través del miedo, para evitar la protesta, y la represión, en caso de que la protesta suceda de todas formas. Las actitudes represivas no son hechos aislados, sino que se enmarcan en un modelo más fuerte, más complejo y más estructural que Mauricio Macri quiere poner adelante. Este foro surgió luego de la violenta represión de la Gendarmería a la murga del Bajo Flores, que terminó con decenas de chicos heridos. Veníamos del caso de Cresta Roja y del protocolo antipiquetes, y que le hayan disparado a los nenes con balas de goma fue de una brutalidad absoluta”.
Los participantes del Foro se dividieron en mesas de trabajo: Modelo de seguridad para la Ciudad de Buenos Aires; Violencia institucional contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes; Abordaje mediático de los casos de violencia institucional; y Criminalización de la protesta social. Tomada explicó: “Los últimos doce años significaron la posibilidad de superar el miedo que había instalado primero el terrorismo de Estado y, después, la hiperinflación y la desocupación de los 90. Ese miedo era indispensable para poder producir las modificaciones de esos tiempos. Hoy han puesto en marcha los mismos mecanismos. Se disciplina a la clase trabajadora con el miedo al despido y a la represión. Lo de Cresta Roja fue un señalamiento, como lo de los pibes de la murga. Se acabaron los valores y los criterios que regían el accionar de la fuerza”.
En la primera mesa, moderada por la legisladora porteña por Nuevo Encuentro, Andrea Conde, se trató el traspaso de la Policía Federal al ámbito de la Capital Federal, lo que también implica pensar la relación entre un sector de la conducción política y el paradigma desde el cual entiende la seguridad democrática. Al respecto, Saín sostuvo que la represión es un tema que tiene matices y, por ende, no puede ser abordado holísticamente: “La violencia adquiere cuerpo en una matriz de desarrollo político, de acumulación económica y en un cierto ordenamiento social”. Sostuvo que los mismos gendarmes que repartieron balas entre los niños y niñas de la murga del Bajo Flores, no hubieran hecho lo mismo dos meses antes: “Esto tiene que ver con que la represión es funcional a un modelo económico y político”.
Los participantes del Foro se dividieron en mesas de trabajo: Modelo de seguridad para la Ciudad de Buenos Aires; Violencia institucional contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes; Abordaje mediático de los casos de violencia institucional; y Criminalización de la protesta social.
La segunda mesa se orientó a tratar la estigmatización y criminalización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. El foco estuvo puesto en las estrategias para responder ante la irrupción de las fuerzas armadas en las vidas de los menores, así como en la necesidad de que sepan con quién contar para poder defenderse. Gabriela Diker, rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), contó: “Se lleva a cabo la violencia en nombre de una supuesta protección del niño. Al igual que el robo de bebés durante la última dictadura, que tenía como finalidad interrumpir la continuidad de una ideología, por su propio bien y por el resto de la ciudadanía”. Silvia Guemureman, coordinadora del Observatorio sobre Adolescentes y Jóvenes en relación a las agencias de control social penal, argumentó después: “El Estado se va a achicar en asistencia, mientras que se va a agrandar en represión. La nueva derecha trae aparejada la poca intervención del Estado en las políticas sociales, así como también el retorno de unas fuerzas armadas con antecedentes de avasallamientos de los derechos humanos en los barrios populares. No fue fortuito que Patricia Bullrich haya visitado a los gendarmes en lugar de a los niños y niñas”. Siguiendo con esta misma línea, la tercera mesa trató la temática del rol de los medios de comunicación en relación a la estigmatización y criminalización de la niñez, adolescencia y juventud, a partir del análisis del tratamiento, cobertura y difusión de los casos de violencia institucional en el marco de la concentración mediática.
Por último, la cuarta mesa giró alrededor de la criminalización de la protesta social, los reclamos y el accionar de las fuerzas armadas ante las manifestaciones de la sociedad en las calles. Juan Manuel Sueyro, Secretario Adjunto de ATE Capital, hizo mención a la detención de la dirigente social y política Milagro Sala: “No es casualidad que el eje central de la violencia y la criminalización esté sobre una de las organizaciones sociales más grandes de Argentina, estigmatizada por pertenencia, por origen y por clase”. Continuó su reflexión sobre las políticas impulsadas por el gobierno de Macri: “Si te movilizás, te reprimo. Si intentás organizarte, te despido. Vienen a desarticular un Estado que se puso del lado del pueblo y para eso necesitan hacer caer el poder adquisitivo, porque toda violencia tiene un brazo político, pero también económico y judicial”.
Todos los oradores reunidos confluyeron en una idea: de haber represión, se hará de modo selectivo y sobre los grupos menos numerosos, menos relevantes y menos organizados política y sindicalmente.
Emiliano Gareca, abogado y militante de La Cámpora, retomó la idea anterior: “El autoritarismo económico en su faz represiva se manifestó de tres maneras. Primero, con un decreto que declaró la emergencia en seguridad nacional; segundo, con la eliminación y desmembramiento de controles que se venían construyendo por parte del Estado, lo que colabora con el autogobierno y la autoregulación de la policía y, por último, con la represión a la protesta social y la criminalización de la política”. Al respecto, Tomada aclaró: “El protocolo de 2011, dictado por la ex ministra de Seguridad Nilda Garré, es el que está vigente. El otro es sólo un papel, un mamarracho para generar miedo e informar cuál va a ser el comportamiento, pero que no tiene ninguna validez ni ha sido avalado por ninguna provincia”. Sin embargo, todos los oradores reunidos confluyeron en una idea: de haber represión, se hará de modo selectivo y sobre los grupos menos numerosos, menos relevantes y menos organizados política y sindicalmente. Santa María agregó: “El proyecto del macrismo sólo se mantiene con violencia, porque genera profundas injusticias y beneficia a pocos en detrimento de las grandes mayorías”.
Cada mesa cerró con la intervención de los participantes y, lejos de alcanzar conclusiones cerradas, Campagnoli explicó: “El Foro pretende ser un disparador. Las respuestas a estas problemáticas no se van a dar desde lo académico, sino desde lo político. Intentamos discutir para dar continuidad, sumar organizaciones y poder presentar a la ciudadanía una alternativa para poner un límite a las políticas autoritarias del PRO”. El encuentro contó también con la participación de Julián Axat (titular del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia ATAJO), Alberto “Beto” Pianelli (Secretario General de los Metrodelegados), la periodista Cynthia García, Glenn Postolski (decano de la Facultad de Ciencias Sociales UBA), Luis Duacastella (defensor adjunto del Ministerio Público de la Ciudad), Miguel Palazzani (titular de Procuvin), entre otros.
Mar 1, 2016 | inicio
De un lado del vidrio hay una mujer: la madre biológica del bebé que está por nacer. Del otro lado del vidrio, hay otra mujer: la que lo tiene en la panza hace nueve meses, la que lo va a parir. Detrás de cada una de ellas hay familias, historias, caminos que las llevaron hasta ahí. Son dos mujeres, haciendo eso posible.
La gestación por sustitución se conoce comúnmente como “alquiler de vientre”. Es un método de reproducción asistida que consiste en que una mujer gesta al bebé de otra persona o pareja que, por alguna razón, no pueden hacerlo por sí mismos.
De un lado del vidrio hay una mujer mirando exactamente eso: a otra mujer pariendo a su hijo.
A nivel mundial no hay consenso sobre el asunto: en Estados Unidos se realiza desde hace décadas; en India, madre siempre es la del óvulo; en Inglaterra la ley es tan rígida que casi no se realiza; y en España está prohibido. En Argentina, el tema quedó fuera del nuevo código civil, rechazado por dos polos antagónicos: la Iglesia católica y grupos de feministas radicales. La gestación por sustitución hizo lo imposible: que estuvieran de acuerdo en algo.
Tanto los que están a favor como los que están en contra tienen argumentos fuertes. Si una mujer tiene un problema irreversible en el útero, pero sigue generando óvulos, la gestación por sustitución es el único camino para ser madre biológica. Es una alternativa relacionada con el avance de las biotecnologías y las familias plurales. ¿Y dónde está lo complejo? La abogada y especialista en derecho de familia Marisa Herrera dice que en este tipo de prácticas “está la complejidad agregada de que el débil no es solamente el chico que puede nacer sino especialmente la mujer. ¿Quién gesta para otro? Hemos tenido casos de amigas, de madres o de hermanas: altruismo. Pero también puede ser que no haya altruismo: nadie deja de ver eso. Y ahí empieza lo complejo”.
¿Es hora de debatir sobre la gestación por sustitución? La respuesta tiene que ver con una práctica que sucede en Argentina. Si la ley no lo regula, el tema se silencia. Y de esa forma hay mujeres que quedan desprotegidas. Mujeres sanas, jóvenes, y fuertes que gestan para otros y quedan a merced de la letra chica de un contrato “privado” redactado por abogados de turno. ¿Es un tema privado que una mujer quede desprotegida mientras gesta para otros? La respuesta es no. ¿Es un tema privado el acceso a las técnicas de reproducción asistida? La respuesta, nuevamente, es no. Una vez más, el centro del debate es ese continente indómito: el cuerpo femenino.
De un lado del vidrio, la que aportó el óvulo. Del otro lado, la que prestó su útero. El tiempo nunca podrá separar esas dos fuerzas. Porque estarán imbricadas en un solo cuerpo: sin dueño, y con historia.
Del lado de los que se oponen, la Iglesia lo rechaza porque va en contra de las formas “tradicionales” de acceder a la maternidad; y las feministas lo impugnan porque es un método que, según sus voces, cosifica el cuerpo de la mujer. Lo transforma en una máquina de gestar. La abogada Marisa Herrera participó de la comisión de reforma del Código Civil. La idea de ella y su equipo era regular la gestación por sustitución, pero finalmente esta práctica no fue incluida. “Es el único artículo que nos sacaron en Senadores por la doble crítica. Las feministas dicen:`El cuerpo otra vez como un objeto y la mujer como un objeto`. Es cierto, pero esto pasa igual, entonces ¿cómo lo protejo? En el artículo se planteaban varias cuestiones. Primero que la gestante nunca sea aportante, porque los casos de arrepentimiento son mujeres que además aportaron su óvulo. Y segundo, se planteaba no poder hacerlo por más de dos veces. Entonces, más allá de que se cobre plata por atrás, nunca vas a poder hacer de esto un comercio. A su vez, debe haber un proceso judicial previo y el médico no puede hacer la gestación si no tiene autorización judicial”.
Alquiler de vientre – Bs As – 20/02/2016/ Florencia Ferioli / ANCCOM
La gestación por sustitución es un fenómeno actual, generado por novedades científicas. La ciencia médica ha avanzado tanto que permite prácticas antes inimaginables. Y la sociedad ha cambiado tanto que utiliza los avances de la ciencia a su favor. La cuestión implica debatir temas muy sensibles: si la mujer que gesta debe recibir compensación o no, cuántas veces lo puede hacer en su vida; y por último, la tarea menos sencilla: cómo aprender a disociar la noción de gestante (la que lleva nueve meses un bebé en su vientre) y la noción de madre. Mejor dicho: cómo aprender que la que lleva un bebé en la panza y la madre biológica de ese bebé no serán, en este caso, la misma persona. El tema tiene puntos en común con la adopción. Quizás se parece más a esa forma de filiación. Puede ser hora de empezar a hacer las comparaciones correctas. El lenguaje y la ley, en este caso, vienen por detrás de una práctica que ya se realiza.
El año pasado hubo un fuerte debate antes de la reforma del Código Civil. La polémica era si había que regular o no la gestación por sustitución. Al final, se votó que no. Pero el debate sigue pendiente. Visibilizar el asunto es una forma de continuarlo, de hacerlo tangible. Porque siempre hay dos opciones: hablar o callar. Y si se trata de políticas públicas, callar nunca es la correcta.
Elsa Saint Girons es argentina y vive en España con su marido. En 2011 tenía 47 años y hacía casi diez que intentaba ser madre. “Luego de siete intentos de quedar embarazada mediante fertilización in vitro, y un aborto espontáneo, tomamos la decisión del vientre de alquiler. Habíamos leído sobre el tema, y empezamos a investigar; decidimos elegir esta vía para ser padres. Sufrí muchísimo con la fertilización in vitro, hice sufrir muchísimo a mi esposo y a mi familia. No podía soportar una vez más la negativa de ser madre. Tengo miomas en el útero que impiden que los embriones se desarrollen, y cada vez que me daba el resultado negativo, sentía que me moría.”
La gestación por sustitución está prohibida en España, entonces Elsa y Juan viajaron a India para realizarla. Nueve meses después, nació Cayetana. Pero no los dejaban llevarla a su casa por problemas burocráticos relacionados con las normas de los tres países implicados (Argentina no lo tenía regulado, India consideraba que la madre era Elsa, pero como en España estaba prohibido, Cayetana quedaba sin derechos reconocidos. El caso de Elsa es un ejemplo de lo que sucede cuando no hay legislación: quedan desprotegidos tanto la mujer con voluntad de ser madre, como la gestante y el bebé. Elsa cuenta que “cuando hicimos el contrato acordamos que iba a aparecer la mamá subrogada en su partida de nacimiento, y luego yo iba a iniciar el trámite de adopción en España. Pero la clínica siguió la ley india, y me puso a mí como mamá de la niña, ya que ella es genéticamente hija mía. El consulado español se negó a darnos la documentación. Argentina nos pidió una sentencia para inscribirla, con lo cual iniciamos una causa en San Lorenzo, y la sentencia del juez Marcelo Scola ordenó la inscripción de la niña teniendo como base los derechos fundamentales que se encontraban avasallados, como su derecho a la identidad”.
La cuestión implica debatir temas muy sensibles: si la mujer que gesta debe recibir compensación o no, cuántas veces lo puede hacer en su vida; y por último, la tarea menos sencilla: cómo aprender a disociar la noción de gestante (la que lleva nueve meses un bebé en su vientre) y la noción de madre.
Con el tiempo cambiaron las opiniones de algunos ciudadanos sobre el tema. Marisa Herrera dice: “Creo que también se dejó afuera porque cuando lo planteamos en 2011, recién teníamos el primer caso en la jurisprudencia, y hoy tenés un montón más. Cuando nosotros lo regulamos, los lectores de La Nación nos decían: “Ay, van a empezar a vender el cuerpo, no les importa nada”. Y hace poco, con el caso del jugador de fútbol Garay, que tuvo a su hijo a través de la gestación por sustitución, la opinión de esos mismos lectores ya era distinta: “¡Qué bueno Garay, vas a ser padre!”.
Elsa creó la página en Facebook “No sin mi hijita” para dar a conocer su caso y mucha gente se solidarizó con ella. “Abrí esa página por la desesperación, no sabía qué hacer, ni dónde ir. Realmente fueron unos días terribles en la India. Aunque algo teníamos en cuenta con mi esposo: o volvíamos los tres o no volvía nadie. Por supuesto que me ayudó muchísimo, la gente masivamente nos apoyó. Era una injusticia que mi hija no fuera reconocida como tal”.
El tema toca fibras sensibles y tiene aristas complejas. Uno de los aspectos más difíciles de abordar desde lo jurídico es el tema de la compensación económica. Con respecto a la polémica sobre si hay que pagarle –o no- a la mujer que gesta para otros, en el anteproyecto figuraba el tema de la gratuidad, pero en el proyecto de ley presentado después en Mendoza, se modificó ese punto: ya no se habla de gratuidad, sino de compensación económica. “En el anteproyecto planteamos la no retribución porque era un tema muy sensible, pero en el proyecto de ley que presentó Montero en Mendoza, donde se dieron varios casos, pusimos la compensación económica, que no es lo mismo que comercialización. Porque no se puede negar que si alguien gesta para otro, no siendo mi mejor amiga o mi hermana, claramente hay que compensarla, si no es una injusticia. La mujer pasa por un parto, un riesgo, después tiene el postparto, necesita contención psicológica. Y todo eso tiene un costo. Bueno, eso tiene que ser compensado, pero eso es diferente a que haya una retribución económica con las reglas del mercado”.
La gestación por sustitución tiene algunos puntos en común con la adopción. Uno de ellos es una diferencia que parece paradójica: entre quien gesta (sin vínculo filial) y quien es la mamá (genética). Herrera habló sobre cómo se modifica el concepto de madre con la gestación por sustitución: “Siempre se suele asociar a quien gesta con quien es madre. Tendremos que empezar a disociar a la mujer que gesta, del concepto de madre jurídico. Que de hecho en la filiación adoptiva también ya está, porque si vos tenés un hijo adoptivo y decís ‘su mamá’, es su mamá adoptiva. Entonces, ya se está disociando.”
El artículo 565 de la constitución dice que ‘madre es la que da a luz’. Si vos gestás un hijo para otros, el centro de salud va a poner que vos sos la gestante y eso te va a generar un vínculo. De la otra parte, tienen que iniciar una acción de impugnación solicitándole al juez que, mediante un análisis de ADN, compruebe que el hijo es por ejemplo de una mujer y su marido, que además son quienes manifestaron el consentimiento y la voluntad de ser padres.
Aquí, como en la adopción, el vínculo filial se construye. Aunque con una vuelta de tuerca más, porque puede ser que una pareja tenga un hijo biológico, pero gestado por otra mujer. Y en esa construcción intervienen dos elementos: la parte jurídica y la voluntad procreacional. La especialista dice que por un lado en el proyecto de ley se estipula que “debe haber un proceso judicial previo y el médico no puede hacer la gestación si no tiene autorización judicial”. “La voluntad también está en la adopción. Si bien la filiación adoptiva se genera por sentencia judicial, la voluntad tiene un peso enorme. Por lo cual no hay que tenerle miedo a la voluntad como generador o causa-fuente de filiación. Ahora, lo que me parece importante es que la voluntad procreacional implica disociar el acto sexual y la genética de quienes quieren ser padres. Si yo no tengo óvulos buenos, voy a una donante, y en ese caso, ¿quién es la madre de este chico? yo: no la donante. No son vínculos filiales, pero sí hay derecho a conocer los orígenes: son dos planos diferentes. Es el origen genético pero no hay un vínculo filial con la mujer que dona el óvulo”.
Madre es quien deseó serlo, quien inició una búsqueda (en este caso con ayuda de la ciencia), y en ese proceso participaron otras mujeres. Voluntad procreacional es un concepto que, si tuviera sinónimos, sería parecido a deseo.
De un lado y del otro del vidrio hay una mujer esperando. La imagen que proyectan tiene mucho en común. Aunque en ese momento ocupen posiciones distintas, lugares no intercambiables. La gestación por sustitución siempre implicará hablar de un deseo y de una mujer. Y eso tiene la fuerza para concebir el mundo.
Mar 1, 2016 | inicio
Terrenos de dominio público y en donde los vecinos podían disfrutar de actividades sociales y deportivas al aire libre. Así era el predio de Casa Amarilla, ubicado en pleno barrio de La Boca, pero quizá por mucho tiempo más. Por lo menos eso parece indicar la venta de esas tierras por parte del gobierno porteño al Club Atlético Boca Juniors, a través de la Corporación Buenos Aires Sur.
El predio está ubicado entre las calles Arzobispo Espinosa, Juan Manuel Blanes, Palos y Almirante Brown, a metros de la mítica Casa Amarilla, la réplica de la vivienda que habitó el Almirante Guillermo Brown junto a su familia. Estos lotes pertenecieron hasta 2010 al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y, luego, por un decreto del actual presidente Mauricio Macri, pasaron a la Corporación Buenos Aires Sur, una sociedad del Estado creada con el propósito de promover el desarrollo social y económico de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Aquí surge el primer interrogante: ¿Cuál sería el justificativo de otorgarle a un club como Boca esos terrenos?
La entidad presidida por Daniel Angelici -el principal operador en el Poder Judicial de Mauricio Macri- se presentó como la única oferente en la “Licitación con iniciativa Privada para el desarrollo y mejoramiento urbano Casa Amarilla” que puso a la venta 3,2 hectáreas. La venta de los terrenos se concretó en algo más de 180 millones de pesos. “Yo no conozco alguna otra organización del barrio sin fines de lucro que cuente con 180 millones de pesos y que pueda haberse presentado en esta licitación”, comenta Natalia Quinto, de la agrupación multisectorial del barrio “La Boca resiste y propone”.
Originalmente, los terrenos de Casa Amarilla iban a ser destinados para la construcción de más de 2.000 viviendas, pero en los ocho años de gestión que lleva el PRO en la ciudad sólo se construyeron 438. Por otra parte, en los últimos tiempos hubo debates entre los propios vecinos para determinar si lo mejor era ocupar todo el espacio verde con más viviendas o resguardar una parte para que sirva como pulmón y espacio de recreación para los habitantes. Lo que nunca debatieron -ni se imaginaron- es que estos terrenos pueden transformarse en un nuevo estadio-shopping, al mejor estilo europeo, como sueña el presidente de Boca Juniors.
Si bien este destino no está estipulado ni explicitado en la propuesta oficial presentada por el club, ni tampoco es lo que indicaba el objetivo de la licitación, muchos vecinos y socios boquenses sospechan que este es el primer paso para concretar el deseo de Angelici.
Aunque no está explícito, muchos vecinos de la Bombonera y socios de Boca sospechan que los terrenos de Casa Amarilla pueden transformarse en un estadio-shopping.
“Originalmente nos juntamos para tratar la temática de los chicos del barrio en situación de calle, y luego fuimos tratando otras problemáticas, entre las cuales por supuesto está muy presente la de los terrenos públicos de Casa Amarilla”, describe Quinto y agrega: “La gestión actual de Boca ya viene de incumplir otra resolución, la que le permitió construir La Bombonerita en el predio Pedro Pompilio. Esos terrenos fueron vendidos a Boca siempre y cuando promuevan actividades culturales y deportivas para los vecinos y nunca han cumplido. Entonces, ¿Por qué habríamos de creerles ahora?”
Luciano Caldarelli, en tanto, es integrante de la agrupación “Boca es Pueblo”, que se opone a la construcción de un nuevo mega-estadio para el club. “Nosotros luchamos por recuperar la identidad popular del club, que se fue perdiendo con la llegada del macrismo. Creemos que en los últimos años se han ido expulsando a los sectores populares del club y remplazándolos por los de mayor poder adquisitivo”.
Y agrega: “También se han expulsado poco a poco a los vecinos del barrio, antes podían acceder a las instalaciones libremente. Boca les daba hasta duchas de agua caliente o practicaban deportes representando a Boca sin incluso, ser socios. Hoy esto sería totalmente impensado. También el número de chicos en la colonia de vacaciones era mucho mayor al de hoy, por los precios actuales que se manejan”.
Respecto al destino de los terrenos licitados, Luciano se muestra bastante escéptico al respecto: “¿Por qué le vamos a creerle a Angelici que en ese espacio va a construir más instalaciones deportivas para el club si año tras año cierra más deportes? Además, basta con buscar noticias de tiempo atrás donde él mismo le dice a los hinchas de Boca que el club tiene que construir un nuevo estadio debido a la limitada capacidad y la alta demanda para acceder”.
No hay que hilar muy fino para comprender los vínculos existentes entre Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Angelici, y al menos sospechar de las rápidas maniobras que hicieron para que Boca hoy esté tan cerca de obtener estos terrenos públicos. Oscar Moscariello, ex vicepresidente primero del club (y actual vocal y Secretario de Relaciones internacionales) ya había presentado años atrás, cuando era legislador porteño por el PRO, un proyecto de rezonificación que no pudo avanzar frente a la protesta de agrupaciones vecinales y del club.
En la actualidad, los papeles presentados por Boca en la licitación están siendo revisados en la Corporación Buenos Aires Sur para el otorgamiento definitivo de los terrenos. Mientras tanto, desde la agrupación “La Boca resiste y propone” han presentado un recurso de amparo para que se revisen todos los procedimientos, tanto del traspaso de los terrenos del IVC a Corporación Buenos Aires Sur por decreto en 2010, como la posterior venta al club, que no fue tratada por la Legislatura porteña.
“En la última feria judicial presentamos un recurso de amparo para que el juez se expida en la causa y nos de una respuesta. Queremos que se respete la ley, queremos saber de qué manera los terrenos pasaron de un día para el otro del IVC a Corporación Sur”, exige Quinto. “Nunca nos confirmaron la audiencia pública con gente de Corporacion Sur, siempre nos eludieron”, señala por su lado Caldarelli.
La agrupación “La Boca resiste y propone” han presentado un recurso de amparo para que se revise el paso de las tierras del IVC a la Corporación Sur y posteriormente, la venta al club.
Además, Quinto denuncia que desde la Comuna 4 muy poco se han preocupado por este tema que involucra a muchos vecinos del barrio: “Hemos intimado a los comuneros para que convoquen a una audiencia con los vecinos y aun no tuvimos respuesta. Es notorio que allí hay una bajada de línea desde alguien de más arriba que no quiere que se toque esta temática que involucra a todo el barrio”
ANCCOM se comunicó con Corporación Bs As Sur y desde allí sólo tienen para decir que la licitación otorgada a Boca estuvo en regla y que por el momento no encuentran nada irregular en todo el proceso. Del lado de Boca nunca se obtuvo una respuesta oficial.
“Los grandes medios de comunicación nunca divulgaron nuestros reclamos y denuncias. Nosotros, junto a otras agrupaciones, hicimos varias marchas y protestas con miles de hinchas y vecinos y no tuvimos la suficiente difusión. Para los hinchas de Boca, La Bombonera toca nuestra identidad, no es sencillo dejarla y mucho menos por un estadio-shopping, al estilo europeo. Además de que los precios van a ser accesibles sólo para los sectores de altos recursos. No queremos eso”, concluye Caldarelli.
Habrá que esperar entonces qué decide la Justicia, qué informará Corporación Sur acerca de los informes realizados y si el tema finalmente será tratado en la Legislatura porteña, como debió haber ocurrido desde un primer momento. Los vecinos de La Boca están expectantes.
