Abr 5, 2016 | destacadas
Lucrecia, la protagonista de la obra, tiene que decidir en 60 minutos si seguir o no con su embarazo. Ese es el eje central de Descansa, la historia creada y dirigida por Pilar Ruiz, que plantea el tema del aborto de una manera frontal y propone a cada espectador imaginar su propia decisión.
Cerca de Lucrecia (papel interpretado por Romina Oslé), está su madre ( a cargo de Susy Figueroa), que le habla acerca de trivialidades mientras ella transita un proceso de aborto con pastillas de Misoprostol. Lucrecia está ensimismada, sentada en el inodoro, con signos de perturbación y una necesidad imperiosa de quedarse sola. Pronto, una voz en off -desencadenada por Verónica Cognioul Hanicq, quién también mantendrá el tempo de la obra a través de sonidos-, proporciona a Lucrecia las voces de su conciencia. Verónica está rodeada de juguetes de cuna, que irá haciendo sonar en diversas ocasiones. Las voz habla desde el sentido común, pero también presenta las contradicciones que la misma Lucrecia atraviesa cuando apenas le falta la última toma para terminar con su aborto.
Las voces se mueven como pensamientos, revueltos en la cabeza de Lucrecia. Su madre trae regalos para el bebé y le comenta sobre su infancia. Lucrecia solo quiere estar sola, aferrada a ese inodoro, el último testigo de su actuar, que implica una manera de pararse frente a la vida y la sociedad. Lucrecia no eligió ser madre, no quiere serlo. Sufre y se encadena a las pastillas que podrán acabar al fin con su suplicio.
Según estadísticas de la agrupación militante feminista Pan y Rosas, en América Latina se realizan cerca de 4,4 millones de abortos al año y más del 90% de ellos se practican en condiciones de inseguridad: abortos clandestinos que recurren a métodos artesanales con alto riesgo de terminar con la vida de las mujeres que lo practican o, al menos, serias secuelas. Muchos de ellos, incluso, son autoinducidos.
La organización señala también que el 70% de los abortos se realiza en barrios carenciados. Cabe recordar que en Argentina no rige la interrupción del embarazo irrestricta, y solamente en algunos casos esa práctica no es punible. Descansa apunta de lleno a esa problemática.
Con respecto a la obra, Romina Oslé cuenta: “Trabajé sin ideas previas, transitando el material y viendo que tono muscular aparece. Sobre todo en un personaje como Lucrecia, que es una mina común y corriente. Hay algo de la vulnerabilidad que te genera estar sola en un baño. Lo que más trabajé fue cómo maneja ella esta sobreinformación que le proporcionan los mensajes que le llegan”.
Descansa le propone a este personaje mucha quietud y, por ende, se puede trabajar desde la mirada, desde la respiración. “Hay algo en lo que ella está muy segura, pero estas fuerzas opuestas, reflejadas en el rol de la madre, como pensamiento del otro, como los sentimientos y pensamientos de la madre, aportan conflictividad porque en algún momento tiene que enfrentar a su madre a sabiendas de lo que iba a pensar”, señala Romina y agrega: “Nosotros trabajamos tratando de no dejar un solo mensaje, sino abrir interrogantes y territorios de pensamientos y posibilidades de acción. Por hacer un reduccionismo hay como tres polos: la sociedad, la madre, el sentido común instaurado, ese triángulo que no deja de ser un binomio porque tanto Lucrecia como la madre están atravesadas por esto y hay un equilibrio casi total en las formas de pensar. Y según como esté parado cada uno de las personas que vienen a ver la obra ven de qué lado pararse, según sus creencias.”
En «Descansa, Lucrecia, la protagonista de la obra, tiene que decidir en 60 minutos si seguir o no con su embarazo
Para la dramaturga y directora Pilar Ruiz, “la idea no fue escribir a partir de un tema sino a partir de una imagen, que era una mujer encerrada en el baño embarazada y del otro lado una madre. A partir de allí desarrollé diferentes escenas y fue apareciendo la obra. La imagen surgió por un camino personal propio, a partir de pensarme como mujer en la sociedad de hoy”.
Además, dice Pilar: “En la obra se trató de dar lugar a todas las voces donde el personaje de Lucrecia va decidiendo según sus circunstancias y cada espectador se queda con la voz con la que más empatiza. Sí hay un deseo de mi parte y es que la voz de Lucrecia pueda ser comprendida. Creo que es tiempo de que el debate se encause de una vez, abortos hay y hubo siempre, es una realidad de la que como sociedad no nos estamos haciendo cargo. No solo por el hecho de que no se le permite a la mujer elegir libremente, sino que además mueren mujeres. Con la legalización no es que va a ver más o menos abortos, sino que va a haber menos mujeres que mueren”.
En tanto, en relación a la parte propositiva del tema, la directora señala: “En Uruguay se legalizó y no hay más muertes por aborto. Con una medida que legalice el aborto, tienen que haber otras medidas que acompañen. Una buena Ley de Educación Sexual y mucha más concientización y difusión del hecho de que en los hospitales públicos hay anticonceptivos. Hay muchas instancias antes de llegar al aborto, y deben conocerse, visibilizarse”.
Lucrecia sobrevive a las voces que la acosan y termina contándole a su madre lo sucedido. Su mamá oficia de voz de la sociedad, le dice que es un hecho que nunca olvidará. Lucrecia le grita “mis ovarios son míos” y “con ellos puedo hacer lo que quiero”. Su madre termina consolándola y quedándose con ella a cuidarla. En cierta forma, entiende su decisión, y como ella repite en la obra, el hecho de que los hijos no son lo que queremos de ellos, son lo que son.
A modo de cierre, Pilar agrega: “Esto es teatro y creo que el arte, además de la función de entretener y de conmover, en el sentido de modificarte, también es importante que te deje pensando. Los artistas tenemos la responsabilidad de que el que vea una obra de arte debe irse con dudas, con preguntas, abriendo posibilidades”.
Al salir de Descansa a cada espectador se le entrega un flyer, con pastillas dibujadas en él, que lleva la leyenda: “De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Misoprostol es un medicamento seguro y eficaz para el aborto hasta la semana 12° de embarazo. No se acumula en el cuerpo de la mujer ni causa daño o infertilidad. Se usa en hospitales para el tratamiento del aborto incompleto, para ayudar a inducir el parto y para tratar y prevenir la hemorragia post-parto. Debido a todos sus beneficios, el Misoprostol está incluido en la lista de medicamentos esenciales para la humanidad según la OMS, por lo tanto todos los países deberían tenerlos en sus planes de salud “.
La obra puede verse todos los domingos a las 20:30 horas en La Pausa Teatral, Av. Corrientes 4521.
Actualizado 05/04/2016
Abr 5, 2016 | inicio
Entre el mito del arma sobre la mesa de la gestión de Guillermo Moreno y la confianza en la buena voluntad de los empresarios que proclama el gobierno de Cambiemos, la Secretaría de Comercio desarrolló desde 2013 hasta finales de 2015 diferentes programas para el control de precios y la protección de los consumidores que, en las últimas semanas, fueron desmantelados con despidos masivos en el área.
Por estos días circulan por las redes sociales videos que retratan la reducción de personal que ya afectó a 400 trabajadores. El modelo se repitió en dos oportunidades, en diciembre y marzo: un supuesto gerente de elegante sport sale de su oficina a encontrarse con la multitud de trabajadores, a punto de ser despedidos algunos, con la noticia confirmada otros. Al principio silencio y brazos cruzados, hasta que los primeros se animan con voces entrecortadas que desafían al poder. Una de las chicas sale del grupo y la cámara gira hacia ella:
– Desde el 10 de diciembre en esta Secretaría no se homologó un sólo acuerdo, no se pagó una sola…
– No se pagó ni una sola multa –la interrumpe otra, completando la idea- porque vienen las empresas y dicen ‘informen un CBU, quiero pagar la multa, ¿dónde deposito la plata?’ ¿Y qué se le contesta? Que en el proceso de cambio de cambio de Ministerio responsable, de Economía a Producción, no tuvieron en cuenta las cajas. No hay una caja donde depositar la plata, por eso no se cobran las multas…
https://www.youtube.com/watch?v=nnAAKGEujkQ&feature=youtu.be&t=3m28s
Las multas del diálogo son los cargos que las empresas deben -o debían- pagar cuando la Justicia falla en contra de una compañía en una mediación por incumplimiento en acuerdos de precios. Esas multas se enmarcan en el programa de consumo protegido, uno de los planes cuyo equipo de trabajo fue desarticulado por la gestión macrista. Y tienen historia.
“El gran avance en materia de defensa de los derechos de los consumidores fue la sanción de la Ley que crea el Sistema de Resolución de Conflictos en las Relaciones de Consumo, que dio lugar al programa Consumo Protegido”, explica el ex secretario de Comercio Interior Augusto Costa, en diálogo con ANCCOM.
El programa creó un mecanismo rápido y eficaz de conciliaciones obligatorias ante conflictos relacionados con actos de compra-venta de bienes y servicios.
“El principal objetivo de nuestra gestión fue dotar de mayores herramientas a los consumidores para que puedan ejercer plenamente sus derechos. Hay que tener en cuenta que durante la década del ´90 millones de argentinos fueron marginados de los circuitos de producción y consumo y vieron disminuida su capacidad de hacer valer sus derechos ante los abusos empresarios”, completa el ex funcionario.
Las denuncias en la Secretaría del Comercio por incumplimiento de los empresas habían pasado de 1000 a 50 mil en menos de un año.
A cargo del área desde noviembre de 2013 hasta el final de la gestión kirchnerista, Costa asegura que “en menos de un año, las denuncias en la Secretaría de Comercio respecto a incumplimientos por parte de las empresas pasaron de 1000 a más de 50 mil, lo que muestra el gran éxito que tuvo el sistema.” Y subraya: “Los consumidores comenzaron a discutir cara a cara con las empresas”.
El programa “Precios Cuidados” fue una de las grandes víctimas de la nueva política de vaciamiento en el área. El plan contemplaba un acuerdo tripartito entre proveedores, cadenas de supermercados y Secretaría de Comercio para garantizar el abastecimiento de ciertos productos a un precio determinado y con una renovación trimestral. “Con los diferentes programas de Precios Cuidados (supermercados, almacenes y comercios de barrios, motos, construcción, telefonía celular) los consumidores recuperaron referencias de precios para poder tomar sus decisiones de consumo”, resume Costa a esta agencia.
En su inicio, el 6 de enero de 2014, el programa contaba con 194 productos pertenecientes a 60 empresas. Para diciembre de 2015, la canasta llegaba a 512 productos de 112 compañías proveedoras. Hoy, el convenio bajó a 300 productos, pero no tiene relevadores ni inspectores que controlen que el acuerdo se cumpla.
También se reemplazaron algunas primeras marcas por segundas. Es el caso de la leche: hasta diciembre la marca que participaba del convenio era ‘La Serenísima’, con un precio de $10,50 el sachet. Una segunda marca (‘Santa Brígida’), fuera del programa, tenía un precio de $8,50.
En la última actualización y primera de la gestión de Miguel Braun, tras reemplazar la primera marca por la segunda que ingresó con un precio de $11,20 (+32%), se liberó el camino para que la primera marca (ahora fuera del programa) defina libremente su precio, hoy en $15,50, 55% por encima de su precio en diciembre.
Falsas promesas, empresas ganadoras
“En la transición entre una gestión y la otra se habló de la necesidad de mantener y extender estas herramientas, que ya se habían incorporado a la vida cotidiana de los consumidores”, recuerda Costa.
Sin embargo, la realidad posterior desmintió los acuerdos y promesas políticas. “Lamentablemente, las nuevas autoridades vinieron con otra idea y desarticularon o le restaron impacto a la mayoría de los programas, respondiendo más a la agenda empresaria y de las grandes corporaciones que a las necesidades y derechos de los consumidores”, subraya.
En los primeros 60 días del gobierno de PRO-Cambiemos, la Secretaría autorizó subas, sacó productos y marcas de convenio y despidió en dos etapas al personal, desde aquellos que se sentaban a negociar un precio con las empresas, hasta los que iban supermercado por supermercado a controlar la presencia de los productos en las góndolas y de los carteles que indican el “precio cuidado”.
El desmembramiento de la Secretaría de Comercio, incluido el programa de Precios Cuidados, se hizo en tres etapas. La primera fue, tras la renuncia de Augusto Costa y los directores nacionales, con el pedido de renuncia a subdirectores y directores de áreas.
Luego hubo dos etapas de despidos masivos. La primera fue el 15 de diciembre con la desvinculación de 150 empleados. La segunda se produjo el el miércoles 2 de marzo. Ese día -cuando fue grabado el video que rescata esta crónica- fueron despedidos otros 250 trabajadores. Algunos no estaban en el listado original, pero fueron despedidos días después por haber filmado o discutido con directores nacionales por el ajuste en la planta.
Uno de los despedidos de la segunda etapa es Guillermo Rabinovich. Es economista, tiene 32 años y trabajaba en la Secretaría de Comercio desde hacía cinco. A partir del nombramiento de Costa, tuvo a su cargo la negociación con algunas de las empresas que trimestralmente firmaban el acuerdo de un listado de precios. “En enero de 2014 se creó toda una estructura para gestionar y administrar el programa. Yo participaba de la negociación con empresas pero al mismo tiempo tenía otras tareas”, reflexiona.
Las funciones del equipo que trabajaba en Precios Cuidados eran múltiples: la negociación con las empresas, actualización del listado de productos y precios, la relación con las cadenas de supermercados y de un sistema llamado “Alerta temprana” que permitía a los supermercados poner un sustituto cuidando el precio de convenio, ante una falta de abastecimiento. El equipo de relevadores e inspectores era otra pieza fundamental: tenía poder de policía para multar fallas en la señalética, desabastecimientos no informados o cualquier incumplimiento del convenio.
En los primeros 60 días del gobierno de PRO-Cambiemos, la Secretaría autorizó subas, sacó productos y marcas de convenio y despidió en dos etapas al personal.
“Hoy casi no existe ‘Precios Cuidados’ en todas sus variantes y el cumplimiento del limitado esquema vigente es muy pobre”, reflexiona Costa.
Y completa: “No existen inspectores ni relevadores de precios en las calles que puedan garantizar el cumplimiento de los acuerdos, eliminaron las normativas que obligaban a las empresas a informar los cambios en los precios; y se frenó el programa Consumo Protegido, que pasó de atender 300 casos diarios a menos de 20”.
Más allá del programa por el control de precios, las nuevas autoridades también discontinuaron otros planes clave como el de “Fiscalización de rótulos” que apuntaba a evitar que los consumidores sean engañados por pequeños cambios en las etiquetas y que obligaba a que un producto tenga por lo menos un 20 por ciento de la superficie de la etiqueta distinto al anterior.
También quedó sin aplicación el conocido como “SUBEneficio”, un convenio entre la Secretaría de Comercio y algunas empresas (comida rápida, cines, heladerías, indumentaria) para que ofrecieran descuento a los usuarios de la tarjeta SUBE (sistema único de boleto electrónico). Y tampoco sobrevivió el “Sistema Informático del Régimen Informativo de Precios” (SIRIP), un esquema de monitoreo de la cadena de valor de los productos de consumo masivo que permitía saber de forma aproximada cuál era el costo de producción de algunos productos y, en la comparación entre ese costo y el precio de venta al consumidor, evitar los márgenes abusivos. La Dirección Nacional de Precios, a cargo de este programa, también fue desintegrada.
El nuevo gobierno también desmanteló el denominado “Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo” (COPREC) que buscaba articular un sistema de resolución de conflictos entre consumidores y empresas por compra de productos defectuosos o con fallas. El equipo fue desarticulado y los 12 mil reclamos acumulados y pendientes de mediación quedaron archivados.
Actualizado 05/04/2015
Abr 5, 2016 | destacadas
La madrugada del 2 de abril de 2013 fue una de las más largas para los vecinos de Barrio Mitre y de Saavedra: esa noche cayeron 155 milímetros de agua, lo que generó una de las mayores inundaciones en la historia de la Ciudad de Buenos Aires y dejó seis muertos. En aquel momento, vecinos de los barrios afectados y legisladores denunciaron que las precauciones básicas, comunes a partir del alerta meteorológico, no se habían tomado (no hubo recolección de basura ni limpieza de sumideros). El último 2 de abril, en un tercer aniversario de aquella madrugada, vecinos de toda la Comuna 12 junto con organizaciones sociales y agrupaciones políticas, se reunieron para realizar una marcha hacia el Parque Saavedra. En el acto ratificaron sus exigencias al gobierno de la Ciudad para que se realicen las obras necesarias, ya que el riesgo de una nueva inundación está latente. La manifestación fue convocada por la Asamblea de Vecinos Inundados de Saavedra y de Barrio Mitre, que continúan reclamando por las obras públicas fundamentales y por la implementación de un plan de contingencia para toda la comunidad.
Barrio Mitre está compuesto por seis manzanas, en el centro del barrio de Saavedra, cerca del recorrido del arroyo Medrano y a metros del shopping Dot Baires, cuyos desagües inundan la zona. Una solución posible para esta problemática era la construcción de un canal aliviador del mencionado arroyo, pero las obras fueron suspendidas durante el segundo gobierno de Mauricio Macri en la Ciudad. Las consecuencias pudieron vivirse la noche en la que el agua subió hasta 1,5 metros dentro de las casas. Graciela Solís, vecina del barrio, relató a ANCCOM: “En ese momento, sabés que el agua te sube al cuello pero no sentís nada. Sólo podés esperar, porque tarda muchísimo en bajar. La angustia y la desazón vienen cuando ves que todo se arruinó”.
Barrio Mitre está compuesto por seis manzanas, en el centro del barrio de Saavedra, cerca del recorrido del arroyo Medrano y a metros del shopping Dot Baires.
Ese mismo día, se acercaron psicólogos, primero con donaciones y luego para escuchar. Fabio Muente, uno de los integrantes de ese grupo, relató: “Había una necesidad de decir, de descargar, de protestar, de llorar, más que de recibir elementos materiales, así que empezamos a brindar asistencia psicológica gratuita a los vecinos que la solicitaran”. Más tarde, el eje del problema estuvo situado en qué hacer con lo que el agua dejó: “La pregunta de cómo recuperar (o cómo no tirar) las cosas de mucho valor afectivo, nos incentivó a iniciar un taller de reciclado. Íbamos aprendiendo con los vecinos, mientras veíamos qué hacer. Hoy, tres años después, está conformada la cooperativa Ciclos, así que también es una fuente de trabajo”.
Aquella semana, el barrio compuesto por 324 casas terminó con 300 personas evacuadas. Si bien existe una memoria colectiva que da cuenta de una primera inundación en 1974 y un par durante la década de 1980, nadie recuerda haber experimentado lluvias tan sustanciales ni recurrentes. Margarita Zubizarreta, vecina y referente del Centro Comunitario Barrio Mitre, dijo: “El barrio se construyó en 1958. Cuando cada vecino tuvo el título de propiedad definitivo, se empezó a pelear por la renovación de la red cloacal y agua potable. Por la construcción precaria, cuando hay inundaciones, el contenido de las cloacas brota en el interior de las casas a través de los inodoros y los lavatorios. En 2015, el Estado nacional, a través de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), invirtió once millones de pesos y realizó obras que ya se están terminando”. Sin embargo, sin las correspondientes obras de la Ciudad, las llevadas a cabo por dicho organismo no funcionan. Los millones invertidos no pueden implicar mejoría para los habitantes de las seis manzanas, dado que no se ha concretado la conexión entre las casas y las cañerías: “El gobierno de la Ciudad tiene la obligación de realizar los pluviales externos para canalizar el agua de lluvia hacia los pluviales públicos que atraviesan toda la ciudad. Hay que terminar la obra de las conexiones internas de cada casa a la red nueva hecha por AySA”, afirmó Zubizarreta.
Los millones invertidos por el Estado Nacional durante el año pasado no mejoran las condiciones de los vecinos porque no se construyó la conexión entre las casas y las cañerías.
Tres años más tarde, las reuniones con los representantes del gobierno continúan sucediéndose sin que lo discursivo se transforme en soluciones concretas que modifiquen la vida de los vecinos y los deje dormir tranquilos cuando escuchen las gotas de lluvia golpeando sus techos. Décadas después de que lo transitorio se volviera estable, en 1998, con la ley 106, se regularizó la situación cuando se reconoció al barrio como zona destinada a la vivienda residencial; en caso de que se realizara una construcción en los terrenos frente al barrio, debería instalarse también un sistema retardador de líquidos pluviales, lo que podía solucionarse con la construcción de un reservorio. El desagüe pluvial que debía desembocar en el conducto de Holmberg, dado que disponía de mayor capacidad, terminó llevándose a cabo hasta Arias, calle ubicada justo frente al barrio.
Los problemas aumentaron con la inauguración de Dot Baires en 2009. Ante la posibilidad siempre latente de que existieran inundaciones graves, el shopping construyó un reservorio precario y el gobierno de la Ciudad diseñó un conducto hacia allí para descargar parte del agua. Dos semanas más tarde, la tormenta dejó demostrado que las obras habían sido inútiles. Los vecinos que habían perdido parte de su historia, convocaron a una concentración frente a la Jefatura de Gobierno para reclamar que se finalicen las obras pendientes, así como también la limpieza del arroyo y los pluviales, y un plan a futuro para eventuales inundaciones. Mariano Przybylski, abogado de los vecinos en la causa por las inundaciones, contó: “Para 2012 se habían hecho mil reclamos por este problema histórico. Comenté la posibilidad de judicializar el tema, de hacer un amparo para que el gobierno de la Ciudad garantice la vivienda digna, que es un derecho, y que no pueden inundarse todo el tiempo. Si bien las obras del Dot no son inocentes, el principal responsable es el Estado”.
La marcha «Saavedra no duerme cuando llueve» dio la vuelta al Parque Saavedra a las 16:30.
Luego de la presentación del amparo, se llevaron a cabo dos audiencias judiciales, pero hace más de un año que se esperan las pericias que indiquen cuáles son las obras que deben realizarse. El abogado explicó: “Antes de que el perito empezara a trabajar, el juzgado le preguntó al gobierno de la Ciudad cuáles fueron las nuevas obras que hizo. Las autoridades no quieren responder, así que le estamos pidiendo al juez que ponga multas diarias, económicas, hasta tanto no brinden la información de cuáles son las obras que se hicieron (o no), pero que actualicen la información. Esperamos que el gobierno conteste para que el perito pueda hacer el informe y en base a eso ver fehacientemente cuáles son las obras que hacen falta para que el juez pueda tomar una decisión”.
Frente a esta situación Fabián Muente reflexiona: “Hay que considerar las cuestiones que afectan la participación de los vecinos, el desgaste que genera la falta de respuestas, el ninguneo, las idas y vueltas. Esta vez fue notable la participación de organizaciones políticas y sociales, de distintos espacios, que en ocasiones anteriores no marcharon juntas. Eso se notó en la cantidad de gente y en el impacto que tuvo con el resto de los vecinos de Saavedra, que capaz se olvidaron, que no participan o no tienen presente lo sucedido porque reaccionaron diferente a la situación de dramatismo”, confesó y añadió: “Es imprescindible seguir con estas marchas para recordar y para seguir reclamando justicia y obras verdaderamente estructurales que brinden una solución definitiva. No puede suceder, como dicen las banderas, que cada vez que llueva, Barrio Mitre no duerma”.
En 2012 se presentó un amparo ante la Ciudad de Buenos Aires. desde ese momento se llevaron a cabo dos audiencias judiciales pero hace más de un año se esperan las pericias que indiquen qué obras se deben realizar.
Actualizado el 05/04/2016
Abr 2, 2016 | inicio
Trabajadores del Ministerio de Trabajo de la Nación, junto con gremialistas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), se movilizaron este viernes para realizar un “ingreso masivo” al edificio sobre la Avenida Alem, como forma de protesta ante los nuevos despidos dispuestos por el gobierno de Mauricio Macri. El objetivo –dicen- es “que ningún trabajador quede en la calle”.
Pasadas las 10 de la mañana, la junta interna de ATE-Trabajo pidió a sus compañeros que fuesen ingresando en grupos de a diez personas, para luego realizar una asamblea en el hall del edificio. En la vereda de enfrente, una fila policial observaba, intimidante, la movilización. Si bien hubo algunos forcejeos, los trabajadores pudieron entrar en su totalidad y de manera pacífica. Ya dentro del Ministerio, cerca de mil personas participaron de la asamblea en la que se decidió pedir el diálogo con los funcionarios y continuar con las medidas de fuerza en contra de los despidos.
Cerca de mil personas participaron de la asamblea en la que se decidió pedir el diálogo con los funcionarios.
Sebastián Scarano, delegado de la junta interna, contó a ANCCOM: “Nos dirigimos al piso del Jefe de Gabinete, Santiago Leguizamón, pero no se presentó. Nos dijeron que estaba en una reunión y también dijeron que el ministro (Jorge) Triaca se había ido a la Casa Rosada. Fuimos atendidos por Esteban Echeverri, un funcionario de confianza del ministro. No nos dio mayores precisiones acerca de los despidos, ni siquiera quiso avanzar en decirnos cuál era la cantidad de trabajadores cesanteados. Solo tomó nota y nos dijo que regresemos en una hora.”
Tras esa breve reunión, los delegados retornaron a la asamblea, que resolvió continuar con las medidas de fuerza. “A la hora volvimos a reunirnos con Echeverri, no nos dijo que accedía a reincorporar a los trabajadores, pero sí que el ministro iba a designar una persona de su confianza, con autoridad política para revertir esta situación, y que nos íbamos a reunir con él para empezar a discutir cuál será la solución”, resume Scarano.
«Nos dijeron que el ministro iba a designar una persona de su confianza, con autoridad política para revertir esta situación», resumió el delegado de la junta interna de ATE, Sebastián Scarano.
Los trabajadores desconocen cuál es la cifra exacta de despedidos, pero los delegados creen que además de los 30 trabajadores cesanteados a principio de año, ahora se sumarían unos 250: “En la sede central no tenemos el numero a ciencia cierta, porque parte de la estrategia de las autoridades es no informar absolutamente nada”, dijo Hernán Izurieta, también delegado de la Junta Interna. Scarano completa: “Pensamos que la respuesta que nos van a dar dependerá del nivel de movilización de los trabajadores, y hoy demostramos que fue verdaderamente contundente. El Ministerio estuvo absolutamente parado y los trabajadores aguantaron todo el día firmes, manifestándose”. Luego concluyó: “Somos conscientes de que esta política de despidos masivos, que lleva adelante este gobierno, tiene por objetivo a todos los trabajadores, no solo a los estatales. Esto queda claro porque ya hubo 30 mil despidos en el Estado pero en el ámbito privado son 80 mil. Claramente, como dijo el ministro de Economía, quieren que dejemos de discutir salarios para que discutamos puestos de trabajo. No vamos a aceptar ese chantaje, nosotros vamos a asegurar que ningún compañero quede en la calle”.
«El Ministerio estuvo absolutamente parado y los trabajadores aguantaron todo el día firmes, manifestándose», declaró Scarano.
Por último, los trabajadores reunidos en la asamblea, decidieron volver a convocarse el lunes próximo para establecer cómo continuar con las medidas de fuerza.
Actualizado 2/04/2016
Mar 31, 2016 | inicio
La Biblioteca Nacional Mariano Moreno representa para la ciudad un polo de conocimiento, una suerte de emblema del saber, en el que, en los últimos años, además de libros y lectores tuvieron lugar numerosas actividades, talleres y exposiciones, que la han abierto mucho más allá de sus paredes y muy por encima de los siete pisos con los que cuenta. Sin embargo, estos logros se ven amenazados por 240 despidos que la afectan sensiblemente. La institución perdió el 25 por ciento de su planta y áreas enteras fueron desmanteladas.
“El lunes 21 empezamos a recibir telegramas de despido”, explicó Diego Martínez, delegado de la junta interna gremial de ATE. La medida incluyó a personas con antigüedades que van desde los cinco meses hasta los 22 años y envolvió a las tres áreas que componen la estructura del establecimiento: la Dirección de Administración, la Dirección de Técnica Bibliotecológica y la Dirección de Cultura. Esta última fue desmantelada casi por completo, según Martínez.
Poco sirvió la difusión de un comunicado en donde una larga lista de “intelectuales” advertían sobre el potencial desenlace. “He encontrado entre ellos algunos nombres que me dejaron gratamente sorprendido”, expresó al respecto Marcos Mayer, ex editor de la revista Estado Crítico, dependiente de la Biblioteca Nacional y recientemente discontinuada debido a las destituciones. Él fue uno de los que recibió un telegrama informándole que ya no se precisaría de sus funciones. “Me lo veía venir desde que asumió Macri. No mi despido en particular sino lo que vino en realidad, achicar y desarmar la Biblioteca. Es más, yo temo que esto no sea lo último”, confesó Mayer.
La medida también afectó al Museo del Libro y de la Lengua, abierto desde el 2011, que perdió dos terceras parte de sus trabajadores. De hecho, las visitas escolares ya fueron suspendidas porque no hay guías que puedan acompañar a los alumnos que deseen visitarla. Su ex directora, María Pía López, quien renunció a fines del año pasado debido al cambio de autoridades, afirma que a la gravedad de los despidos se suma el hecho de que se trata de destruir procesos enteros de trabajo. “Una de las personas que fueron despedidas estaba desde antes que abriera el museo, era una de las personas que participó en el trabajo de diseño de contenido”, ejemplificó.
Durante la gestión de Horacio González, concluida en 2015, todos los trabajadores -afirma López- tuvieron una gran responsabilidad para procurar el crecimiento de la Biblioteca. “Todos tuvimos un altísimo compromiso en crear institución, crear tramas, vínculos, procesos de trabajo, formas de producción”. Para Mayer, en cambio, esto comenzó desde antes de esa gestión: “Perder todos esos logros sería regresar 20 años al pasado”, dice: “Transformar a la Biblioteca en un lugar donde la gente va a consultar libros y nada más”.
Martínez, que además forma parte del consejo directivo de ATE-Capital, no duda en responsabilizar de estas decisiones a la nueva conducción: “A partir de la ida de Horacio González estuvimos algunas semanas sin conducción. Estaba la subdirectora Elsa Barber, quien por supuesto había dicho en su momento que si había despidos renunciaría. Sin embargo, ella ha sido también encargada de llevar adelante este plan de ajuste, porque se quedó y hasta emitió un comunicado diciendo falacias”. Pero él cree que es Alberto Manguel, nombrado como director a partir de junio, quien ha sugerido desde el exterior qué hacer con la Biblioteca durante estos meses.
Mayer incluso alerta sobre amenazas superiores, en donde lo ocurrido sería apenas un comienzo y tendría que ver más con “la intimidación” que con aspectos económicos concretos. En su opinión, lo que se está armando es un discurso único que dificulta la posibilidad de encontrar canales por donde circule “otra información”. En ese sentido, López cree que lo fundamental es la concepción de las autoridades respecto a lo que deben ser las instituciones: “Convertirlas en entes bobos, que no puedan intervenir, no puedan pensar, no puedan crear por sí solas”.
Pese a todo, los afectados por este conflicto ya plantean llevar a cabo acciones en caso de que el Ministerio de Cultura no presente las respuestas adecuadas a sus planteos, no sólo en cuanto a la reincorporación de los 240 trabajadores desafectados sino que se esperan explicaciones acerca los criterios y los fundamentos que se tuvieron en cuenta al repetirse la metodología de otras dependencias del Estado donde los despidos fueron sin causa. Lo que se está defendiendo es sintetizado por Martínez: “Una institución que pudo recrearse como popular y compleja a la vez, pero con una visibilidad, una expansión, una ambición desde el punto de vista cultural muy importante que no hemos tenido en otros momentos. A veces había un debate sobre si era una biblioteca o un centro cultural. Yo creo que se pudo combinarlas y llevar adelante una institución, una organización en algún punto de vanguardia”.
Actualizado 31/03/2016
