May 11, 2016 | inicio
Tras cuatro meses de inactividad, el gobierno decidió poner fin a los contratos que mantenía con la Red Textil Cooperativa (RTC). La medida afectó a 74 cooperativas textiles que funcionaban como proveedores del Estado a nivel nacional. “Nos informaron telefónicamente que el programa no iba a continuar por cuestiones presupuestarias. Desde diciembre no teníamos órdenes de compra ni encargos, cuando nos pedían paciencia lo hacían para evitar conflictos, porque la decisión la tenían tomada hace tiempo”, relató Joaquín Fernández, presidente de la organización.
Unos 3.000 trabajadores que se desempeñaban en la confección de guardapolvos, chalecos antibalas y uniformes varios, quedaron sin empleo. Las cooperativas trabajaban con encargos realizados por los ministerios de Desarrollo Social, Educación y Seguridad. Los afectados informaron que desde el Poder Ejecutivo les reconocieron que reemplazarían las prendas producidas con productos importados más económicos. El Ministerio dirigido por Patricia Bullrich, por ejemplo, comenzó a importar -desde enero- chalecos antibalas provenientes de Israel.
Bajo la consigna «Sí a la industria nacional y el trabajo cooperativo, no a las importaciones y la desocupación», las cooperativas textiles de todo el país se movilizaron en defensa de la industria nacional y en contra de las importaciones indiscriminadas.
El fin del programa se encuadra dentro del cambio de enfoque ideológico que se produjo en el Ministerio de Desarrollo Social. Antes, las políticas eran impulsadas desde la lógica de tomar al otro como “titular de derechos” y desde ese lugar se pensaban las políticas; ahora se piensa en términos de cómo “evitar un conflicto social”.
El jueves 21 de abril de 2016 la RTC organizo la jornada «Cocer en la Calle» como forma de protesta por la finalización del programa «proveedores del Estado».
¿Herencia pesada?
Desde 2003, por una decisión gubernamental, las cooperativas textiles y el Estado nacional establecieron una relación comercial. Los distintos ministerios comenzaron a comprar productos fabricados en ellas. El proyecto buscaba generar trabajo genuino, capacitar a los trabajadores y lograr su posterior inserción en el mercado formal. También se pretendía potenciar el crecimiento y desarrollo de la industria nacional. Este proceso fue acompañado por la creación del registro Nacional de Efectores Sociales y Economía Social (REDLES), creado en el 2004 desde el Ministerio de Desarrollo. Su función fue facilitar, a aquellas personas que realizaban una actividad productiva y que se encontraban en una situación de vulnerabilidad, el desarrollo de su actividad. Acompañada por el Estado, la lógica de producción en cooperativas proliferó y muchas pudieron registrarse y comenzar a producir, lo que les permitió a los emprendedores incorporarse al sistema previsional, recibir los servicios de una obra social y trabajar como proveedores del Estado.
Fernández explicó que “año tras año el nivel productivo de las cooperativas fue creciendo a través de incentivos para incorporar maquinaria, capacitaciones y cursos de formación” y agregó: “Ahora todo ese crecimiento se paró, el gobierno actual no ve a las cooperativas como empresas, sino como gestos de caridad. Ellos eligen la multinacional a lo nacional, cada rollo de tela que entra de afuera es un laburo que se pierde acá”.
La RTC forma parte de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), donde Andrés Quintana trabaja como coordinador. Desde su posición denunció que la situación actual de las cooperativas es crítica: “Con la importación de productos, las cooperativas quiebran, porque nuestro mercado de consumo es el interno. Hace meses que venimos sin encargos y los que pudimos conseguir son del ámbito privado que suelen ser mal pagos. Todo parece indicar que el gobierno quiere terminar con la producción en cooperativas”.
Daniel Arroyo, actual dirigente del Frente Renovador, fue ministro de Desarrollo Social durante el gobierno de Néstor Kirchner y opinó que lo peor que puede hacer la nueva gestión es pensar una política social fundacional, lo que significa desarmar y empezar de nuevo. “Si se produce una descontrolada apertura de las importaciones, habrá menos producción nacional y más pobreza. Es claro que el gobierno gobierna con un solo ojo y que se ha complicado la situación social, en su agenda no es prioridad cuidar el empleo”.
“Los guardapolvos más caros del mundo”
Uno de los primeros contratos afectados fue el del Ministerio de Desarrollo Social, que todos los años compraba un millón de guardapolvos a las cooperativas textiles, para luego distribuirlos en escuelas públicas y sindicatos. “La confección de guardapolvos implicaba una política directa del Ministerio orientada a las cooperativas textiles, las cuales capacitaban a su gente y contaban con supervisión del INTI. Terminar con los contratos no sólo significa el fin del trabajo en sí, sino también todo lo que eso generaba” aclaró Judith Barchetta, ex Directora Nacional de Asistencia Crítica del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y añadió: “Ellos no piensan en el gasto social como inversión. Yo escuché a las nuevas autoridades decir que eran los guardapolvos más caros del mundo y preguntarse para qué se gastaba tanta plata, cuando era más fácil comprarle a privados.”
El “cambio” de mirada
El Ministerio de Desarrollo Social, a diferencia de otros ministerios, no sufrió pérdida de personal, a excepción hecha de los recientes despidos en la Dirección Nacional de Juventud. “De esto se pueden hacer distintas lecturas, una podría decir que fue producto de la dura pelea que dio la junta interna partir del mismo 10 de diciembre, o porque los trabajadores organizados de Desarrollo Social lo impidieron”, opinó Barchetta. Y añadió: “Otro dato objetivo es que desde los circuitos administrativos del Ministerio, al día de hoy, no se han puesto en funcionamiento ninguna de las líneas de políticas públicas que se venían desarrollando. Las que son de rutina, como el pago a los cooperativistas de Argentina Trabaja, sí, pero todo lo que tiene que ver con poder gestionar recursos que tengan que ver con el presupuesto 2016 no está funcionando”.
Para Daniel Arroyo, el gobierno cree en la teoría del derrame, ecuación que no sería aplicable en la Argentina, porque “lo que produce actividad económica no produce trabajo. Los sectores pobres del país trabajan en lo textil y en la construcción. Sin la presencia del Estado no se crea trabajo para esos sectores.”
Las cooperativas como proveedores del Estado estaban enmarcadas dentro de los lineamientos del Ministerio de Desarrollo Social que buscaba generar la inclusión del individuo mediante el trabajo. “Para que alguien que no está dentro del mercado pueda ingresar, tiene que existir inversión pero también una política de intervención estatal. Y es esa inversión del Estado la que no comprenden los nuevos funcionarios. Tienen una mirada empresarial de lo público, para ellos sobra gente y hay un montón de empleados que son innecesarios”, remarcó Barchetta.
Actualizada 11/05/2016
May 10, 2016 | inicio
“Hace seis años que vengo a la marcha de la marihuana”, cuenta Pedro (43 años) mientras pica unas flores en la palma de su mano. “Y ésta es la primera vez que traigo a mi hijo -agrega-. Al principio, a mi mujer no le gustaba nada, y ahora, cuando no estoy, ella me cuida las plantas, me las riega. El cambio tiene que empezar por casa”. Después relame el papelillo que separó a un costado y arrugó con cuidado; finalmente enrolla un porro que termina algo compactado. Es sábado a la tarde y el sol empieza a calentar los ánimos en una nueva edición de la marcha mundial que promueve la legalización del cultivo y el consumo de cannabis. “¿Si me paró la cana por fumar? Pfff, vos no tenés idea”, cuenta con el porro todavía en su mano. No espera más, lo lleva hasta su boca, acerca el fuego a las flores y, entre bocanadas de humo, sigue su historia: “Tuve que pasar la noche adentro más de una vez”.
“La despenalización de la tenencia de drogas y del autocultivo de cannabis beneficia a los usuarios que son condenados a la ilegalidad”, explica Sebastián Basalo, Director de la Revista THC, una publicación especializada en el tema. “Este sistema hace que se consuman sustancias podridas que se compran en el mercado negro, y los usuarios ponen en riesgo su vida por ir a comprar esta sustancia. Esa es la situación que tenemos hoy”. Por eso, quizás, éste sábado 7 de mayo, mientras la Plaza de Mayo vive una de sus convocatorias más masivas, lo mismo ocurre en otras ciudades del país, desde Resistencia hasta Ushuaia. “La gran deuda política sigue siendo la modificación de la actual ley de drogas que sigue vigente y que se lleva consigo a más de 10 mil usuarios de drogas criminalizados por año en nuestro país”, expresa Basalo.
La gente comienza a reunirse desde temprano. El aire se caldea rápidamente y los puestos de comida no dejan de vender. Rubén (59 años), que va con su carrito de hamburguesas a todas las marchas, asegura que “ésta es la mejor de todas porque los chicos tienen buena onda y no hay agresividad”. Mientras da vuelta una hamburguesa, sigue hablando: “Hoy traje patys, chori y bondiola, y ya vendí casi todo. Las ventas significan la gente que viene, que es cada vez más, y el gobierno éste, o el que vendrá, va a tener que tomar medidas urgentes”. Un poco más alejado, frente a la Casa Rosada, un cartel que dice “Mari Brownies, recetas de mamá” llama la atención de muchos chicos. “Despenalizar el autocultivo y regular las vías de acceso, sobre todo al cannabis medicinal, son urgencias que deben modificarse de la actual ley de drogas”, expresa Sebastián Basalo. “Si una persona tiene problemas por consumo de cualquier sustancia, lo único que hacemos mandándolo preso es estimular ese problema de consumo y alejarlo del sistema de salud. Por eso la despenalización implica no sólo el respeto por los derechos individuales de las personas, sino por los derechos humanos más fundamentales: la libertad, la salud, la seguridad personal”.
De a poco, la Plaza de Mayo se convierte en un verdadero festival. Tambores, timbales y trompetas musicalizan la escena. Es una tarde cálida de otoño, después de varios días de frío, y los chicos no dejan de sonreír al sol. La policía corta el acceso a la plaza desde las distintas diagonales, pero no se anima a ser parte de la fiesta. “Hasta ahora nos propusimos terminar con el narcotráfico disparando tiros a los que producen y metiendo presos a los que consumen, creyendo que así va a disminuir la demanda y el consumo”, dice Basalo. “Lejos de que ocurra esto, circulan cada vez más sustancias adulteradas, y ese dinero va a parar a los bolsillos de los narcotraficantes, a tipos que generan violencia social”. Muchos de los presentes saben y entienden eso. A varios les ha tocado vivir las prohibiciones de un Estado que ignora su situación y al que hoy piden la regulación total del cannabis. Piden que se termine la persecución a los consumidores. Piden que se respeten sus derechos individuales y que se garantice la seguridad social. “El control total por parte del Estado implicaría que el dinero que va a los narcotraficantes vaya, ahora, a las personas que se mueven por fuerza de trabajo y que el Estado pueda recaudar impuestos a partir de esas ventas y destinar ese dinero a programas de prevención y asistencia”.
En la carpa del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) se juntan firmas para un proyecto de ley integral: despenalización, regulación y legalización son las tres palabras destacadas. Federico Moreno, militante del MST, pide a todos que firmen con cuidado y sin prisa. Hay espacio para todos. “Es una cosa ilógica criminalizar el cultivo de una planta -dice Federico-, tanto como creer que la marcha no ayuda en nada. Muchos derechos democráticos se conquistaron con movilización. Los juicios a los militares, el matrimonio igualitario, la Ley de Identidad de Género. Este es uno de ellos”. Los jóvenes van formando una fila sinuosa. Mientras esperan, debaten acerca de los objetivos de la marcha y se preguntan si realmente da algún resultado. Para Joaquín Manso, militante del Frente para la Victoria (FPV), la marcha “termina estigmatizando más de lo que termina liberando porque no tiene una iniciativa política que termine materializando sus demandas”. Para él, la convocatoria debería darse más como una iniciativa política y mucho menos como un festival.
Pasadas las tres de la tarde, la multitud comienza la habitual movilización por Avenida de Mayo hacia la Plaza de los Dos Congresos. Este año, la marcha en la Ciudad de Buenos Aires va encabezada por niños con epilepsia refractaria que dependen del cannabis porque los fármacos no surten efecto en ellos. Sus familias los apoyan la legalización. Detrás de ellos se elevan grandes carteles que dicen “el dolor de nuestros hijos no espera”. “Esas familias son personas que no pueden esperar más y exigen al Estado la urgente despenalización del cannabis medicinal”, comenta el Director de THC. “Cada día que pasa, la salud de esos chicos necesita de la marihuana para tener una calidad de vida más digna, y exigen que el Estado se haga cargo de un tema que ignora hace tiempo a través de las prohibiciones”. La demanda, este año, se centra en la modificación de la actual Ley de Drogas. “En este petitorio, pedimos la derogación de la legislación -dice Federico- “que incluye a la marihuana como una droga ilegal y eso impide su uso para fines medicinales o de investigación científica”.
La multitud avanza a paso lento y decidido. A diferencia de muchas otras movilizaciones, son los niños los que hoy guían a los adultos. Ellos abren el camino, recorren la avenida que tantos reclamos ha vivido y marcan su ritmo y dirección. Son niños,, pero hoy, también, son los principales sujetos políticos, los protagonistas de una historia que pide que se regularicen sus derechos, que se tengan en cuenta sus formas de vida, que se escuchen sus reclamos de voces infantes. “La actual realidad se hace insostenible, y si el gobierno no toma una decisión de forma urgente, la situación puede explotar”, advierte Basalo y concluye: “Hay que avanzar en la reforma de la actual ley de drogas, porque cuanto más tiempo se demore el gobierno, más vidas se van a cargar”.
Actualizada 11/05/2016
May 10, 2016 | inicio
La lucha por el boleto estudiantil gratuito nunca dejó de estar presente. Aquello que comenzó en la década del setenta, hoy volvió al centro de la escena. Luego del aumento de las tarifas de transporte –100 por ciento en colectivos y trenes, y, en breve, el 60 por ciento en subtes– dictaminado por el gobierno nacional, cinco proyectos fueron presentados para retomar el tema. El “Boleto Educativo Gratuito” de Patricio del Corro y Marcelo Ramal (Frente de Izquierda); el “Boleto Educativo” de Pablo Ferreyra (Frente para la Victoria); el “Boleto Estudiantil” de Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica); el “Boleto Estudiantil Metropolitano” de Juan Francisco Nosiglia (Suma +); y el “Boleto Educativo Gratuito” de Graciela Ocaña (Confianza Pública), solo para el transporte de pasajeros de corta distancia.
Los cinco proyectos coinciden en que el boleto estudiantil es indispensable para fortalecer el derecho a la educación y profundizar el carácter inclusivo de la educación pública. Sin embargo, las diferencias aparecen a la hora de determinar si el boleto deberá ser gratuito o una tarifa social; si beneficiará únicamente a la educación pública o, también, a la privada; quién será el encargado de financiar el boleto; si favorecerá a todos los actores: estudiantes, docentes y trabajadores de la educación; y, por último, quién debe ser la autoridad de aplicación, el Ministerio de Educación o el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.
El FIT
El proyecto de ley presentado por Marcelo Ramal y Patricio del Corro decide enmarcar su propuesta en la defensa del artículo 24 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que plantea que “la Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine”. El Frente de Izquierda considera que actualmente no hay condición de gratuidad, ya que para concurrir a las instituciones educativas tanto estudiantes como docentes y no docentes deben abonar un boleto muy elevado, al que asocian al lucro de las empresas privadas en desmedro de la educación. “En este momento, la posibilidad de un boleto educativo se convierte virtualmente en un hecho que puede determinar para muchos jóvenes la posibilidad de estudiar o no”, expresó Marcelo Ramal a ANCCOM.
El FIT propone un boleto educativo gratuito que sirva para todas las líneas de colectivos que circulen en la Ciudad de Buenos Aires en algún momento de su recorrido, para el subterráneo y el premetro, los 365 días del año, las 24 horas. Beneficiaría a todos los estudiantes, docentes, y trabajadores pertenecientes a las instituciones educativas públicas de gestión estatal y de gestión privada, con o sin aporte estatal, dependientes del Ministerio de Educación porteño en los niveles inicial, primario, secundario, especial y superior. El proyecto también contempla beneficiar a los estudiantes, docentes y no docentes de las universidades públicas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires.
“Los anteriores intentos de aprobar un boleto gratuito en la Ciudad fueron desoídos por el gobierno. Hay un aspecto que nos interesa destacar de nuestro proyecto, a diferencia de los restantes: nosotros planteamos el financiamiento del boleto gratuito en base a las utilidades de las empresas de transporte. Queremos que se analicen sus costos y beneficios, particularmente después del tarifazo, y que esto no signifique una forma de financiamiento que termine derivándose hacia otra parte de la población”, sostuvo Ramal. Además, manifestó su preocupación frente al tratamiento de su proyecto, ya que solo está siendo trabajado en la Comisión de Transporte y Obras Públicas y no fue girado a la Comisión de Educación: “Eso quiere decir que se está concibiendo esta cuestión como un puro problema de política de transporte y no se aborda como un derecho relacionado con la educación pública”, aclaró a ANCCOM.
EL FPV
“Con el aumento de la tarifa del transporte, los sectores medios y populares se ven afectados. Para acomodar sus gastos y llegar a fin de mes, terminan resignando un derecho fundamental, la educación”, afirmó Pablo Ferreyra quien presentó el proyecto de ley por el Boleto Educativo.
En primer lugar, el fundamento principal en el que se enmarca el proyecto es la defensa del artículo 23 de la Constitución: “Asegura la igualdad de oportunidades y posibilidades para el acceso, la permanencia, reinserción y egreso del sistema educativo”. Por lo tanto, el eje del proyecto está puesto en la vinculación entre el derecho a la educación y el Boleto Educativo: “El precio del pasaje es parte importante de que todos los estudiantes puedan asistir a la escuela pública, a la formación terciaria o a la educación superior universitaria”, sostiene el proyecto de ley.
En segundo lugar, el proyecto hace hincapié en que el Boleto Educativo no debe estar destinado únicamente a los estudiantes, sino también a los docentes y trabajadores de la educación en los establecimientos de gestión estatal que se encuentren dentro de la Ciudad. “En el caso de los docentes y los trabajadores, muchas veces deben tomarse más de un transporte. Hay docentes que por la extensión geográfica de la ciudad necesitan recorrer gran parte de la Capital en dos transportes. El tarifazo provocó un encarecimiento del gasto que tenían hasta ahora. El Estado debe garantizar tanto el derecho a aprender como el derecho a enseñar”, puntualizó Ferreyra.
Por último, en lo que respecta a la autoridad de aplicación y los gastos, el proyecto sostiene que será el Ministerio de Educación quien aplique la Ley. En relación a los gastos, “todavía no está resuelto el tema presupuesto, es justamente la discusión que tenemos que darle al PRO”, finalizó Ferreyra.
Coalición Cívica
El proyecto presentado por Maximiliano Ferraro propone un boleto estudiantil gratuito para los estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario que viajen en colectivos, subte y premetro. El beneficio rige durante el período correspondiente a los ciclos lectivos de cada año.
En segundo lugar, estudiantes de primaria y secundaria de gestión privada; estudiantes de nivel superior, terciario o universitario de gestión estatal; docentes de todos los niveles de la educación pública, así como docentes de los niveles inicial, primario y secundario de gestión privada tendrán una reducción del 60% de la tarifa. A la persona que acompañe a los niños de inicial y primario se le cobrará la mitad del valor de la tarifa común.
Por último, para la financiación plantea crear un Fondo Público para el Financiamiento del Boleto Estudiantil, conformado por los montos que el presupuesto general de la Ciudad le asigne; los aportes que en forma extraordinaria establezca el Poder Ejecutivo; donaciones y legados que se reciban de personas físicas o jurídicas, privadas o públicas; y los intereses devengados por la inversión de dinero.
Suma +
El proyecto presentado por Nosiglia, en primer lugar, trata el transporte público que depende de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir subte y premetro.
La medida beneficiará a los alumnos y estudiantes de todas las modalidades –primario, medio, terciario y universitario–, de escuelas e institutos de gestión estatal y privada con aporte estatal. Por último, el boleto tendrá vigencia de acuerdo al calendario escolar.
Confianza Pública
El servicio de transporte público de pasajeros de corta distancia será gratuito para los estudiantes, docentes y no docentes pertenecientes a instituciones educativas en los niveles inicial, primario y secundario de la CABA.
La Multisectorial
El Boleto estudiantil gratuito significa un salto cualitativo en relación a la lucha por la inclusión de la educación pública. Por este motivo, un conjunto de agrupaciones estudiantiles, de trabajadores de la educación, gremios del subte y distintas organizaciones políticas y sociales de la Ciudad se unieron para conformar una Multisectorial por el Boleto Educativo. El objetivo: instalar este debate para “poder conseguir grandes victorias como el boleto estudiantil de la Provincia de Buenos Aires, cuya reglamentación aún sigue pendiente, o el Boleto Educativo de Córdoba, ambos gratuitos”,
Desde la apertura al debate, la Multisectorial busca reafirmar que “la educación es un derecho que el Estado debe garantizar en todas sus dimensiones. Por un lado, educadoras y educadores necesitan garantizar su llegada al lugar de trabajo; por el otro: estudiantes de todos los niveles y sus familias asumen en muchos casos altos costos derivados del transporte hasta su casa de estudios todos los días”. De este modo, a partir de una educación integral se pretende que no haya ningún estudiante excluido.
“Para mí el aumento significó una pérdida importante de dinero, ya que gasto más del doble para ir y volver a la facultad. También implica más gasto de tiempo porque en vez de tomarme dos transportes para llegar más rápido, ahora me tomo uno solo y camino. Desde Constitución ya no me tomo algo a Montes de Oca, sino que voy a pie para evitar gastar doce pesos más, entre ida y vuelta”, dijo Paz, estudiante del CBC. Sofía, alumna de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, también se manifestó preocupada por el aumento en la tarifa del boleto. “Se me duplicó todo. Entre los tres colectivos que me tomo para ir la facu gasto 50 pesos por día, más o menos. Por suerte, a mí todavía no me afectó lo suficiente como para tener que dejar de estudiar, pero sí es todo un presupuesto, ya que gran parte del sueldo, ahora, se me va en transporte”, expresó.
“Subite al boleto educativo”, es su consigna. Tal es así que el jueves 21 a las 17, el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras (CEFYL) de la UBA convocó a una marcha donde se unieron el movimiento estudiantil y educativo del país. “Hay que enmarcar la lucha en el contexto actual. Esta situación no nació de la nada, sino que tiene que ver con que hace unas semanas se votó un acuerdo para pagarle 14 mil millones de dólares a los fondos buitres. Todo ese dinero va a tener que ser pagado por el conjunto de los trabajadores, por eso la primera medida del gobierno fue un ajustazo y luego un boletazo, un incremento tremendo en la tarifa de pasajes”, explicó Maximiliano Laplagne, presidente del CEFYL.
Debido a la gran convocatoria que tuvo la marcha, y a la magnitud del problema que afecta directamente al derecho a la educación, la semana pasada el Consejo Superior de la UBA aprobó por unanimidad una resolución a favor de la creación del Boleto Educativo, que beneficie a estudiantes y trabajadores de todos los niveles de la educación pública de gestión estatal. Según el documento firmado, el consejo resuelve “exhortar a las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Nación, como a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos aires, a avanzar en el tratamiento y la aprobación de los proyectos presentados que plantean la necesidad de implementar un boleto educativo”.
“En estos momentos, la lucha por el boleto educativo gratuito está creciendo como resultado del deterioro en las condiciones de vida. El ajuste de (Mauricio) Macri afecta a todos los sectores, y el descontento que genera plantea la posibilidad de llevar la lucha por el boleto, por el salario docente y por el presupuesto más lejos. El año pasado fue aprobada una ley por el boleto educativo en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, dicha ley jamás fue implementada y la gobernadora María Eugenia Vidal declaró que la misma no es ninguna prioridad para su gobierno. A su vez, en la Capital, en Santa Cruz y en otros puntos del país este reclamo va teniendo más cabida. Entendemos que es necesario nacionalizar la lucha por el boleto educativo gratuito y trabajar unitariamente en el sentido de una Marcha Nacional por el Boleto a Plaza de Mayo”, enfatizó Marcos, estudiante de Ciencia Política y militante del ¡Ya Basta! – Nuevo MAS.
Cuarenta años después de La Noche de los Lápices, el debate por el boleto educativo parece que volvió con más fuerza que nunca.
Actualizada 10/05/2016
May 5, 2016 | inicio
Una patota se instaló anoche en el Consejo Consultivo de la Comuna 4, en Nueva Pompeya, y en medio de una asamblea atacó a militantes y miembros de agrupaciones vecinales que discutían la privatización de los terrenos linderos al Club Atlético Boca Juniors, en los que los dirigentes pretende llevar adelante un megaproyecto inmobiliario. Durante el ataque, perpetrado sin fuerzas de seguridad a la vista, fue apuñalado Matías Scinica, de la agrupación Boca es Pueblo, y Fernando Abal Medina, de Descamisados, hermano del senador nacional kirchnerista, Juan Manuel: ambos debieron ser internados en el hospital Penna. Testigos de la agresión vincularon al grupo de choque con el macrismo, Carlos Yoshinaga, miembro de la agrupación Boca es Pueblo, contó a ANCCOM: “Actuaron con una impunidad total, desde antes de ingresar a la sede sabíamos que portaban armas blancas”.
La agrupación responsabilizó por el ataque, en un comunicado, al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta. «Una patota que responde a un puntero del PRO comenzó a agredirnos física y verbalmente –sostiene el escrito difundido por la organización-. Uno de ellos sacó un objeto cortante con el que hirió gravemente en la garganta a un compañero de Boca Es Pueblo». Consultada por ANCCOM, una fuente de la agrupación prefirió “por el momento” no dar el nombre del agresor, aunque aseguró que quien manejaba el objeto cortante “es conocido” en la comuna.
Matías Scínica
“La reunión fue tensa desde el primer minuto –describió Yoshinaga-. Cuando nosotros llegamos la patota ya estaba; eran entre diez y quince personas y en cada intervención que se intentaba hacer referida al tema de la entrega de las tierras de Casa Amarilla sobrevenían insultos desmedidos”. El ataque se desencadenó cuando llegó el turno de tratar el conflicto en profundidad. “Estábamos aterrados, por mi parte creí que mi compañero iba a desangrarse ahí mismo –narró-. La ambulancia tardó una eternidad en llegar, casi media hora, y la Policía recién llegó después, pero los tipos se retiraron riéndose de nosotros y gritando que nos iban a matar a todos”. El militante insistió en que las agresiones fueron posibles por la complicidad policial.
En diálogo con ANCCOM Matías Daglio, otro integrante de Boca Es Pueblo, aseguró que el ataque se produjo en el momento en el que se reclamaba la realización de una audiencia pública para tratar el traspaso de los terrenos al club xeneize, que, como publicó este mismo medio a principios de marzo pasado, se presentó como único oferente en la “Licitación con Iniciativa Privada para el Desarrollo y Mejoramiento Urbano Casa Amarilla” que puso en venta 3,2 hectáreas. La adjudicación se concretó el 25 de febrero pasado. “Nosotros pretendemos llevar hasta la Legislatura la voluntad de los vecinos y de algunos legisladores, porque los terrenos fueron directamente transferidos en su momento a la Corporación del Sur y luego a Boca, sin debatirlo con la comunidad”, subrayó Daglio. Según asegura un informe de la ONG Observatorio del Derecho a la Ciudad, la venta de los terrenos a Boca es “ilegal e inconstitucional”, porque de acuerdo a las normativas vigentes “no se puede vender tierra pública de la Ciudad sin aprobación de la Legislatura” y en este caso la transferencia se hizo de manera directa a través del Instituto de Vivienda porteño.
El conflicto se remonta a más de tres décadas, cuando en 1981 los terrenos situados a pocas cuadras de La Bombonera fueron adquiridos por la Ciudad para paliar el déficit habitacional en el barrio de La Boca. Pero en los ’90, el entonces intendente porteño Carlos Grosso cedió a Boca Juniors parte de las tierras, en los días de Mauricio Macri como máxima autoridad de la entidad. Luego, durante las gestiones de Fernando de la Rúa y Aníbal Ibarra al frente de la Capital Federal, se estableció por ley que el resto del terreno sería destinado a viviendas sociales. En total, se habían proyectado unas 4.000, pero en 2007 Macri resultó electo jefe de Gobierno y luego reelecto, en 2011: desde entonces hasta la fecha apenas se levantaron unas 400, es decir, el 10 por ciento.
La adjudicación de las tierras de La Boca se concretó pocos días antes de que el gobierno del PRO intentara –aunque infructuosamente- aprobar la Ley de creación de Agencia de Bienes Sociedad del Estado para avanzar en el traspaso a manos privadas de otros predios que aún continúan bajo dominio público. La discusión no es novedosa: se trata de qué hacer con el espacio público de la ciudad, cuáles son los intereses en juego y cuáles los legítimos actores que deberían decidir sobre el destino de dichos recursos. Un proyecto pionero en la materia tuvo lugar en 1989, cuando el gobierno de Carlos Menem, en el marco de su “reforma del Estado” –que consistió en la privatización y desregulación de los servicios públicos a nivel nacional- avanzó en la urbanización de la zona de Puerto Madero a través de la corporación Antiguo Puerto Madero Sociedad Anónima, creada por el decreto N° 1279 del Poder Ejecutivo, en noviembre de aquel año.
Poco más de una década después, en 2000, se aprobó en la Capital Federal, por medio de la Ley N° 470, la creación de la Corporación Buenos Aires del Sur Sociedad del Estado, a la que se reservó el área delimitada por la Avenida Directorio hacia el Riachuelo, con el fin de “desarrollar actividades de carácter industrial, comercial, explotar servicios públicos con el objeto de favorecer el desarrollo humano, económico y urbano integral de la zona”. La porción del mapa porteño en cuestión incluye vastas extensiones de espacios verdes, como el Parque Avellaneda o el Parque General Roca, ubicado en los límites de los barrios Villa Soldati y Villa Lugano.
El conflicto en Boca Juniors ocurre también a pocos meses de que Macri alcanzara el cénit del Poder Ejecutivo Nacional y su aliado Daniel Angelici, sindicado como un operador judicial clave del Presidente, la reelección en Boca. Sin embargo, para Boca Es Pueblo la gestión de Angelici en Boca sólo ha contribuido a que el club se volviera más exclusivo y con cada vez menos actividades sociales. “Desde que está Angelici no sólo se han cerrado actividades profesionales, como la participación de Boca en la Liga Nacional de Voleibol, sino que no se ha abierto una sola actividad amateur”, aseguró a ANCCOM Daglio.
Los planes del presidente xeneize apuntarían a que sobre los terrenos adjudicados se levante un nuevo “estadio-shopping”, lo que ha desatado en el seno de la comunidad boquense un debate tanto en términos económicos como culturales, porque si el negocio prospera automáticamente se abre el interrogante sobre cuál será el destino de la Bombonera, que los simpatizantes del club de la ribera reivindican orgullosamente como patrimonio indelegable del ser boquense. Al mismo tiempo, el episodio de anoche en Pompeya ofreció una respuesta a otra de las preguntas que atraviesan la discusión: ¿hasta dónde son capaces de llegar los defensores del negocio millonario para concretar sus ambiciones?
Actualizado 05/05/2016
May 5, 2016 | inicio
«He tenido una hija y no la tengo. Nietos tengo dos», afirmó Rosa Tarlovsky de Roisinblit, vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, ante el presidente del Tribunal, Alfredo Ruiz Paz, cuando le preguntó si tenía hijos. Se trataba de una pregunta de rutina antes de comenzar con su declaración como testigo en el juicio por la privación ilegítima de la libertad de su hija Patricia y su yerno José Manuel Pérez Rojo, ambos desaparecidos desde octubre de 1978. La miraban y escuchaban con atención sus dos nietos: Mariana Eva Pérez -que contaba con apenas quince meses cuando fue secuestrada junto a sus padres-, y su hermano Guillermo Pérez Roisinblit, quien recuperó su identidad hace 15 años gracias a una denuncia anónima recibida en Abuelas. Ambos constituyen querellas por separado en la causa, la de Guillermo unificada con la de su Abuela Rosa -representados por Abuelas de Plaza de Mayo-, además querellan la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y la misma cartera dependiente de Nación.
El imputadobOmar Graffigna , exjefe de estado Mayor de la FAA, de quien dependía la Jefatura de Inteligencia, a su vez responsable directo de la RIBA.
«¿Por qué quiere Mariana volver a escuchar lo que tengo para decir? Mi argumento es siempre el mismo, vengo repitiendo lo mismo desde hace 38 años», se preguntaba la abuela el lunes a la salida de la primera audiencia del juicio, cuando se enteró de que su nieta había solicitado estar presente cuando diera su testimonio el día miércoles. Su hermano también estuvo en la sala durante su declaración, gracias a un pedido especial que realizaron los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo el mismo día de la audiencia: «Decidí estar presente hoy ante todo porque tenía derecho por ser querellante, y también porque quería escuchar cómo Mariana había reconstruido la desaparición de mis viejos y porque quería que sintieran que a mí me interesaba, quería dar mi apoyo», explicó Guillermo durante el cuarto intermedio, luego del relato de Mariana ante el Tribunal que duró más de dos horas en las que contó cómo dedicó su vida a averiguar quiénes habían sido sus padres y qué les había ocurrido.
Rosa Roisinblit es recibida por Eduardo Jozami.
En ambas audiencias, la de apertura del lunes y la testimonial de ayer, estuvieron presentes los tres imputados, que ingresaron a la sala con esposas acompañados de fuerzas policiales. Uno de ellos, Luis Tomás Trillo, presentaba vendas en sus manos a raíz de un accidente doméstico que había tenido días atrás. En el momento de la desaparición de Patricia y José, se desempeñaba como titular de la RIBA -Regional de Inteligencia de Buenos Aires, perteneciente a la Fuerza Aérea Argentina- reemplazando al comodoro Oscar Sende, ya fallecido. Fue en ese lugar, en el partido de Morón, donde la pareja estuvo secuestrada. Hoy la casa pertenece al municipio gracias a la gestión del entonces intendente Martín Sabatella junto con organismos de derechos humanos. Allí también trabajaba Francisco Gómez, el apropiador de Guillermo, otro de los acusados en este juicio. Al tercero, Omar Rubens Graffigna, se le imputa responsabilidad en la causa por haber sido Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea desde fines de diciembre de 1975 hasta enero de 1979, de la cual según las pruebas presentadas era dependiente la RIBA.
Guillermo Rodolfo Pérez Roisinblit espera la llegada de su abuela al TOF Nº 5 de San Martín.
«No se admitirán hechos desagradables en la sala», advirtió Ruiz Paz desde el primer minuto, como previendo algunos climas tensos que se generarían durante el proceso. Uno de ellos tuvo lugar durante la declaración de Mariana, cuando el defensor de Trillo y Graffigna -Guillermo Miari-, le preguntó, invocando las generales de la ley, si consideraba que los acusados eran sus enemigos. Luego de un breve tumulto en el público que fue censurado por el presidente, la testigo afirmó: «Nunca me lo pregunté en esos términos. Creo que yo y mi familia éramos para ellos un enemigo, destruyeron a mi familia y eso continúa hasta el día de hoy. Ustedes, en este juicio, no ven una familia feliz, ven una familia que llegó a esta instancia como puede, por eso creo que ellos nos han tratado a nosotros como el enemigo».
Luis Tomas Trillo, jefe de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires, (RIBA) imputado en la causa.
Mariana volvió a residir en el país hace pocos meses, luego de haber vivido cinco años en Alemania. Este es el primer testimonio que brinda en un juicio público acerca de cómo fue el proceso de averiguar acerca de la identidad de sus padres y su hermano, en definitiva su propia identidad: «Encontrar a mi hermano era el motivo de mi vida», le dijo al juez. Luego explicó lo difícil que le resultó buscarlo, y lamentó las dificultades que encontró para conectar con él: «Después me di cuenta de que una relación de hermanos no se puede militar como una causa, tenemos que construir una relación de verdad, de dos personas». A modo de cierre eligió leer una carta que Argentina, su abuela paterna fallecida en 2005, le había escrito a su hijo José.
Francisco Gómez, imputado, fue personal civil de Inteligencia de la RIBA.
Su declaración fue un recorrido que comenzó desde sus primeros recuerdos en casa de sus abuelos viendo fotos de sus papás a través del vidrio de un aparador: «Siempre supe que no estaban», aclaró. Contó cómo ese hecho la afectó en su infancia y marcó el rumbo de su vida. Aseguró que la búsqueda le llevó a postergar proyectos personales y le generó temores como no poder estar sola en su departamento con su hijo de dos años, así como ella había estado con su madre Patricia al momento del secuestro de ambas.
«Les arrebataron la vida pero también la muerte porque están desaparecidos», reclamó la nieta de Rosa sobre sus padres. Manifestó su descontento con el hecho de que a los acusados no se los esté juzgando también por tormentos por falta de pruebas: «Yo sé exactamente lo que le hicieron a mi padre», dijo con convicción. Explicó que para ella también se debería considerar tortura al hecho de que a su madre embarazada de nueve meses se la tuviera en cautiverio, con los ojos vendados y pasando hambre. Acusó a Gómez de mentir sobre sus tareas en la RIBA: «En su legajo decía que ‘colaboraba más allá de su función específica’. Luego agregó: «La RIBA parece que era un taller literario», en alusión al hecho de que en su indagatoria de abril de 2013, los acusados negaron que se hubiera torturado gente en ese centro de detención.
Luego del testimonio de Mariana se llamó a un cuarto intermedio. La esperaban su marido, amigos y representantes de organismos defensores de los derechos humanos para saludarla. La felicitaban. Se veía emocionada. Dos días atrás, antes de entrar a la primera audiencia, había dicho que no tenía registro de sentimientos, pero durante su relato ante el Tribunal se reconocieron emociones en ella y en el público más de una vez. Quienes no la conocían personalmente también se conmovieron.
Graffigna es trasladado por la custodia antes de ser llamado a declarar.
Guillermo salió rápido del juzgado a buscar empanadas para que su abuela almorzara. Rosa había estado esperando a ser llamada a declarar desde las diez de la mañana. Su turno llegó recién a la una y media de la tarde, cuando ingresó a la sala con bastón, a paso lento pero con energía. «¿Jura decir la verdad?», le preguntó el Presidente del tribunal, a lo que respondió: «Juro. Nunca dejo de decir la verdad, es una característica mía». Luego, interrogada por su abogado Pablo Lachener, relató la desaparición y búsqueda de su hija, su yerno y su nieto desde su desaparición. «Antes de que mi hija diera a luz me llamaron y me dijeron que fuera preparando la ropita para el bebé, que me lo iban a traer cuando naciera», evocó. Cuando se dio cuenta de que eso no ocurriría -ayudada por un rabino- se contactó con las primeras agrupaciones de derechos humanos y comenzó a militar en la organización ‘Abuelas con nietitos desaparecidos’. «Después nos pareció que el nombre era demasiado largo y por eso lo cambiamos», comentó riendo.
Rosa denunció que el negocio de su yerno y su departamento fueron saqueados por fuerzas militares luego del secuestro: «En el departamento de Gurruchaga solamente quedó la cuna de Mariana». Reiteró varias veces que ella inició esta causa en 1979: «Como ya soy muy mayor, algunos detalles se me escaparon», bromeó y afirmó que va a seguir luchando por todos los nietos que faltan. En cuanto a la causa, reclamó la aparición de los restos de su hija y su yerno, y recalcó la responsabilidad estatal: «Vivos no lo voy a encontrar, pero que me lo diga el Estado». Destacó el hecho de que los acusados tenían una defensa: «Nuestros hijos no tuvieron la posibilidad de un juicio. ¿Quién los juzgó y los condenó?».
Una vez finalizada la audiencia, Rosa declaró a ANCCOM: «Yo no espero mucho. Lo único que me interesa en este momento es que haya justicia y memoria, no solo en mi caso sino en todos los casos. Pido trabajo para encontrar a los nietos». Luego se subió al auto de Alan Iud, otro de sus abogados, y fue llevada de regreso a su casa.
En la primera audiencia, los tres acusados se negaron a declarar pero debieron responder preguntas personales. «¿Tiene hijos?», le preguntó Ruiz Paz a Fernando Gómez, el apropiador de Guillermo. «Tenía uno», contestó. Cuando se le preguntó a Trillo si había realizado actividades luego de su retiro, afirmó haber desempeñado «tareas de beneficencia». En cuanto a Graffigna, de 90 años, sus respuestas no fueron llamativas pero en la segunda audiencia se tropezó y cayó al suelo, y el Tribunal debió llamar a la ambulancia por si acaso.
Se sabe a partir de las declaraciones indagatorias que Gómez niega haber conocido a los padres de Mariana y Guillermo, y que sostiene que sólo realizaba tareas de jardinería y mantenimiento en la RIBA. En cuanto a Trillo, desconoce haber estado a cargo del centro de detención durante el tiempo que la pareja estuvo secuestrada y Graffigna sostiene que la Regional no dependía de su jefatura. Las querellas han presentado pruebas para demostrar que mienten.
El juicio continuará el lunes 16 de mayo con la declaración de Guillermo Pérez Roisinblit, y las siguientes audiencias de testigos se prevén para el 26, 27, 28 y 30 de mayo. Por parte de la querella declararán sobrevivientes de la ex Esma que conocieron a Patricia -entre ellos Miriam Lewin que asistió a Patricia en el parto- y los familiares que estaban presentes el día que devolvieron a Mariana a la casa de sus parientes en Olivos. Por parte de la defensa, solo se conoce por el momento que se presentará a declarar Teodora Jofré, la ex-esposa de Gómez y apropiadora del nieto recuperado.
Actualizado 05/05/2016
