May 18, 2016 | inicio
El 13 de agosto de 2010 la revista Barcelona publicó una imagen en su contratapa en la que aparecía una mujer desnuda y encadenada. Su rostro, a través de un montaje, era el de Cecilia Pando, conocida públicamente por liderar una organización que considera como “presos políticos” a los represores de la última dictadura cívico militar. La escena además iba acompañada de frases como “¡Para matarla! Soltá el genocida que llevás dentro», «Apropiate de esta bebota» y «Las chicas quieren guerra antisubversiva». Como consecuencia de una causa iniciada por la propia Pando contra la revista por esa publicación, el 29 de abril último la jueza civil Susana Nóvile condenó a Barcelona a pagar una indemnización de 40 mil pesos a la titular de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina.
La magistrada optó por no hablar públicamente sobre el asunto pero en el fallo emitido por el Juzgado Civil 108 argumenta que la fotografía lesiona la honra de Pando “legalmente casada con el Mayor Pedro Rafael Mercado desde hace 23 años” y con siete hijos. También establece para la demandante la figura de “persona particular” por lo que la violación de su derecho a la privacidad, que incluye aspectos como la personalidad espiritual o física, la habrían llevado a sufrir daños, constatados por pericias psicológicas y el aporte de dos testigos. Finalmente, el escrito indica que, a pesar de tratarse de una revista de carácter satírico, “la foto y las frases allí colocadas exceden un tono sarcástico y burlón y hacen una exposición exagerada de la accionante”.
A pesar de las dificultades financieras para afrontar la sanción económica, la directora de la revista, Ingrid Beck, instó a pensar el hecho desde una visión más general. “Tratamos de sacar el foco de la cuestión de la multa económica y ponerlo en la cuestión de la libertad de expresión”, expresó en un debate organizado el pasado lunes por la Universidad Nacional de Quilmes a raíz del fallo en primera instancia.
Ingrid Beck y Maria O´ Donell
La actividad convocó a una serie de expertos en medios de comunicación a dar sus impresiones acerca de este accionar de la justicia, la libertad de expresión y la sátira. En referencia al fallo en sí, el investigador y docente Martín Becerra explicó que no constituye un precedente legal de relevancia, pero advirtió que “lo que sí uno podría hacer es pensar y preocuparse políticamente, por eso decidimos impulsar esta actividad. Para nosotros es una luz de alerta, porque si bien es un fallo en primera instancia, si bien se concedió la apelación, es un antecedente en términos políticos que avanza sobre el derecho a la libertad de expresión y en ese sentido merece debate, merece reflexión social amplia”, indicó.
Al momento del lanzamiento de ese número, el 193 de Barcelona, Pando presentó un amparo para levantar la edición de circulación pero no generó demasiado ruido. La demanda continuó hasta este año y es el único juicio que la revista tiene en la actualidad. “Hay como una fantasía respecto de que debemos recibir millones de cartas documentos y la verdad es que no es así”, comentó su directora quien luego agregó: “Me gustaría igual sacar el foco de Cecilia Pando, que puede hacer todas las demandas que quiera, y ponerlo en que una jueza haya fallado a favor de ella”.
Otro de los aspectos polémicos es el de considerar a Pando como una persona particular y no una figura pública. Roberto Gargarella, abogado y sociólogo especialista en derechos humanos, considera que el corazón del caso pasa por esa dicotomía y que en el centro del fallo hay solamente una proclamación y no un razonamiento. A diferencia de la jueza, optó por considerar a Pando como figura pública y argumentó que se trata de alguien que voluntariamente se ha puesto en un determinado lugar, que asumió un determinado rol público y que en la medida en que está en ese lugar especial, tiene más visibilidad.
Roberto Gargarella durante el debate sobre el fallo.
“El fallo da como dato a su favor el hecho de que esa edición de Barcelona duplicó la venta; eso nos habla de Pando como una persona muy conocida. Ese dato muy interesante le juega en contra al fallo. Forma parte del razonamiento de la jueza y entonces es contradictorio con lo que está queriendo decir”, sostuvo el jurista.
También aclaró que el caso puede interpretarse prescindiendo de la figura de Pando: “En muchas notas me parece que se mezcla la idea con la figura de Cecilia Pando. Eso no nos tiene que importar. El fallo está mal por otro tipo de razones”.
Por su parte, el periodista Horacio Verbitsky también criticó la labor del tribunal. “Esto me parece una burrada porque no se trata de derecho a la intimidad sino que se trata de una caricatura, una sátira. La mujer encadenada no es Cecilia Pando, es otro cuerpo”, opinó en referencia a las responsabilidades emergentes del artículo 19 de la Constitución que la jueza incluyó en su texto. “No se puede analizar una sátira, una caricatura bajo la lupa de la veracidad y la prudencia en la entrega de la información y la credibilidad, son cosas absolutamente distintas. Tampoco puede haber real malicia si no hay información”, sentenció el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales.
Verbitsky añadió, además, que esto es parte de una batalla larga por la libertad de expresión, que tiene distintos capítulos y que este último podría haberse abreviado. Seguidamente invitó a continuar con esa lucha: “Hay que avanzar en la educación de los jueces civiles, que lean, que estudien, que se informen. Hay que conseguir que los fallos que se dicten ligeramente como este se revoquen en las instancias superiores. Sino por las cámaras, que suelen ser más prudentes, por la Corte Suprema de Justicia. Y si por alguna razón en algún fallo aparece un juez y la Corte Suprema actuando corporativamente mantiene el fallo de primera instancia, recurrir nuevamente a las instancias internacionales”.
Sebastián Lacunza, director del diario Buenos Aires Herald, alentó además a una autorregulación no sólo por parte de los medios sino también de los funcionarios: “El presidente de la Corte suele apelar a que los jueces tienen que estar unidos, yo diría lo contrario. No se unan, desconfíen señores jueces de ustedes mismos, revisen, denúnciense si es necesario, porque hay jueces, como esta jueza, que hacen una interpretación absurda, arbitraria y peligrosa del derecho. Yo invito a los jueces a que no estén unidos si rige, más o menos, grosso modo, la democracia”.
Actualizada 18/05/2016
May 18, 2016 | inicio
«Mi nombre no siempre fue así», aclaró Guillermo Rodolfo Pérez Roisinblit al inicio de su declaración en la tercera audiencia del juicio por la privación ilegítima de la libertad de sus padres, Patricia Roisinblit y José Manuel Pérez Rojo, desaparecidos desde el 6 de octubre de 1978. Dio su testimonio a sala llena ante el Tribunal Oral Criminal Nº 5 de San Martín presidido por Alfredo Ruiz Paz. Estaban presentes su hermana Mariana y su abuela Rosa, y también su esposa, quien llevaba en sus brazos a Helena, la menor de sus tres hijos, que nació hace apenas tres semanas. En el recinto también estaban los tres imputados: su apropiador Francisco Gómez, Omar Rubens Graffigna y Luis Tomás Trillo, custodiados por el Servicio de Penitenciaría Federal.
Dos horas y media duró la declaración de Guillermo, el nieto recuperado nacido en la ESMA que supo acerca de su verdadera identidad recién en el 2000, cuando su hermana lo fue a buscar al trabajo para comunicarle que probablemente era hijo de desaparecidos. Durante 21 años de su vida, según su DNI, su nombre era Guillermo Francisco Gómez, hijo único de Francisco Gómez y Teodora Jofré. «¿Podés vivir el resto de tu vida sin saber si tenés o no una hermana?», le preguntó su jefe en el patio de comidas en que él trabajaba en ese entonces. Esa misma tarde, Guillermo se dirigió a la sede de Abuelas de Plaza de Mayo y él mismo se pinchó el dedo gordo para dar su muestra de sangre.
Durante su testimonio, Guillermo contó las dificultades que encontró para dar cauce a ese impulso inicial que lo movilizó a averiguar más sobre su verdadero origen. En principio decidió ocultarle a su apropiador el hecho de que había ido a visitar a las Abuelas de Plaza de Mayo, pero le expresó sus dudas. Luego de varios encuentros, Gómez decidió decirle la verdad en un viaje en auto: rompió en llanto y le confesó que era hijo de una “montonera judía estudiante de Medicina y un montonero”, le relató que su madre había pasado el último mes de su gestación con los ojos vendados en una habitación de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA), y que él, que en ese momento trabajaba en el lugar, le había suministrado alimentos a escondidas y a veces la sacaba a pasear por el jardín para que tomara aire.
Guillermo afirmó que conoce el lugar donde estuvieron cautivos sus padres porque ocasionalmente acompañaba a Gómez a su lugar de trabajo durante sus primeros años de vida. Recordó cómo de niño jugaba con el tambor de la pistola de uno de los oficiales. A veces algunos de ellos, incluso, lo llevaban a tomar helado. Las visitas a la RIBA finalizaron cuando él y su apropiadora huyeron de Gómez luego de reiterados episodios de violencia doméstica, que incluyeron amenazas con cuchillos y golpes a la mujer. «¿Por qué un simple jardinero de la RIBA tenía en su casa armas y balas?», se preguntó en voz alta.
«A tu madre no le hicieron daño mientras estuvo embarazada, pero tu papá no corrió la misma suerte», le dijo Gómez en su confesión dentro del auto. Guillermo le explicó al juez que en ese momento la intensidad de lo que estaba escuchando lo bloqueó y no quiso saber más, pero que hoy, quince años después, se siente preparado para tener más detalles de lo que ocurrió con sus padres. “Necesito encontrar sus restos y hacer todo el ritual, para dejar de duelarlos”, afirmó al final de su declaración.
«Mi infancia no fue feliz», afirmó Guillermo varias veces durante su declaración. Además de los episodios de violencia doméstica, Gómez no mostraba muestras de afecto hacia él, ni siquiera cuando Guillermo lo iba a visitar a la prisión de privilegio en la que se encontraba mientras se llevaba a cabo el juicio por su apropiación. “No sé si iba por obligación, por algún tipo de lealtad o por culpa», planteó. El último encuentro con su apropiador tuvo lugar en 2003, cuando Gómez lo amenazó con asesinar a sus dos abuelas, a su hermana y a él cuando cumpliera su condena. Esa última conversación lo hizo cambiar de parecer al respecto de las contradicciones que le generaba la transición hacia su verdadera identidad. Aseveró también que entre 2002 y 2004 fue víctima de reiteradas amenazas para que no declarara en contra de sus apropiadores.
Guillermo aportó fotografías de sus cumpleaños infantiles a la causa, en la que se lo ve al lado de Ezequiel Vázquez Sarmiento, el nieto recuperado número 102, ahora Ezequiel Rochistein Tauro. El apropiador Juan Carlos Vázquez Sarmiento, suboficial de la Fuerza Aérea que se encuentra prófugo desde 2003, también aparece en una de las imágenes.
Rosa Roisinblit llega al tribunal a las 10 de la mañana del 2 de mayo, día que inicia el juicio acompañada por su nieto Guillermo Rodolfo Pérez Roisinblit.
El último que los vio con vida
El último familiar que vio con vida a los padres de Mariana y Guillermo fue Marcelo Rubén Moreyra, primo de José Manuel. Durante su declaración contó cómo a sus 18 años recibió en la puerta de su casa en Olivos a una veintena de oficiales que se presentaron como miembros de «Coordinación Federal», algunos de civil y otros uniformados. «¡Abran la puerta o la tiramos abajo!», gritaron. Antes de abrir, encerró a su prima de 11 años y a su abuela en una habitación y salió a hablar con los militares, que le dejaron un moisés con Mariana, de quince meses de vida. Recordó la imagen de su primo con las manos atadas rogándole que la tomara. «Me la hubieras dado a mí», afirmó que le dijo un oficial a otro frente a él, en alusión a la beba. Uno de los presentes en el operativo era el prófugo Juan Carlos Vázquez Sarmiento, apodado «El Colo». «Yo pude encontrar a mi hermano. ¿Cómo se les puede perder un colorado?», se había preguntado Mariana ante el juez durante la segunda audiencia en la que ella declaró como testigo.
Moreyra reconstruyó en detalle la escena de esa noche de 1978 en la puerta de su casa. A Patricia no la veía desde las fiestas de fin de año y no sabía que esperaba un bebé. “¡Estoy embarazada y me llevan…!”, llegó a gritarle a Marcelo desde el asiento de atrás de uno de los autos cuando el oficial que la acompañaba le tapó la boca. Luego, el testigo dedicó algunos minutos a contar cómo era la relación con su primo desaparecido, a quién recordaba como el “líder de las aventuras” en su infancia: «Nuestro vínculo se selló luego de una tarde en que hubo una importante discusión sobre política en casa, durante una reunión familiar». Aseguró que para él era natural ser vigilado por militares, que lo persiguieron desde 1974 hasta 1978: «Una vez salí de la casa de un amigo y me esperaba la camioneta que me seguía a todos lados. Me acerqué y les dije a los cabos ‘si me van a seguir, llévenme en el camión’, y me llevaron hasta casa».
Las próximas audiencias del juicio en las que declararán el resto de los testigos están pautadas para los días 26, 27 y 30 de mayo.
Actualizada 18/05/2016
May 18, 2016 | Entrevistas
Ofelia Fernández es la presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela Carlos Pellegrini (CECaP), va por cuarto año y milita desde primero. Con tan sólo 16 años es la voz representante de más de dos mil alumnos que se ponen al hombro diferentes luchas. “Se nos trata de incapaces en todos lados –dice Ofelia-. También se piensa que somos vagos, que tomamos el colegio porque queremos perder clases, que marchamos porque queremos cortar las calles y arruinar el tránsito. Nada de eso es cierto: estamos defendiendo algo que es mucho más importante”.
En abril, los alumnos del Pellegrini tomaron el colegio por doce días con el lema Ni Una Menos. El reclamo se realizó por el ascenso con el que las autoridades permiaron a Héctor Mastrogiovanni y por las actitudes de Fernando Jodara, dos preceptores de la institución denunciados sistemáticamente desde hace nueve años por violencia de género a alumnas y docentes dentro del ámbito escolar. Ofelia Fernández habló con ANCCOM días después de que el rector del colegio, Leandro Rodríguez, determinara con dos resoluciones el traslado de ambos preceptores -agremiados a CTERA- que, en principio, pasarán a hacer trabajo administrativo en la Secretaría de Escuelas Medias, sin contacto con estudiantes.
“Se nos trata de incapaces en todos lados. También se piensa que somos vagos, que tomamos el colegio porque queremos perder clases», dispara Fernández.
“El problema ahora -dice Fernández- es que esas resoluciones del rector no son irreversibles: nos estamos enfrentando a gremios muy fuertes que no van a bajar los brazos. Por el caso de Mastrogiovanni y Jodara CTERA hizo paro por tiempo indeterminado para reincorporarlos. Y dicen que no van a acatar ninguna resolución. Los dos, además, se pasean por el colegio: ¡Vienen! Y el rector no hace nada, dice que no puede decirles nada porque no puede prohibirles participar de las asambleas gremiales, pero él mismo fue el que les prohibió el contacto con alumnos”.
¿Cómo se organizaron para la toma? ¿Quiénes estaban a favor y quiénes en contra?
En contra están los docentes de CTERA, que defiende a Mastrogiovanni y Jodara a capa y espada; también está en contra el secretario de escuelas medias, Oscar García, que fue el primero que dictó la resolución de que iba a ascender regente del turno el que tenga más antigüedad, que es el único criterio por el cual podía ascender este señor Mastrogiovanni, porque no tiene título y tiene sumarios por golpeador. García salió a decir que los estudiantes somos robots manipulados por adultos, que lo que decimos es todo mentira, que no existen denuncias. Nosotros armamos un comité de lucha en el que había docentes del gremio de AGD, familiares de alumnos, graduados de esta escuela y estudiantes. Ese comité fue el que llevó a cabo el conflicto, desde distintos sectores. De hecho, también, hablando de apoyos… por primera vez en la historia del Pellegrini vivimos el día en que los medios nos apoyaron. Cada vez que hacía una nota hasta los periodistas de TN -sin intenciones de demonizar a nadie- nos deseaban suerte y nos apoyaban diciéndonos que era lógico lo que estábamos planteando. Así que tuvimos una toma muy fuerte, con la opinión pública muy de nuestro lado. Eso presionó mucho a la universidad.
¿Y ustedes cómo respondieron a García sobre la inexistencia de denuncias?
Primero, sí existen denuncias. Que ellos las hayan cajoneado durante nueve años es otra cosa. Y en el caso de que no existieran denuncias, siendo autoridad, y siendo que aprueban un protocolo contra la violencia de género, deberían saber que ya hace bastante tiempo existen leyes, convenciones por los derechos del niño y adolescentes, que son internacionales y estipulan muy claramente que es un derecho de la víctima denunciar y no una obligación. Ellos como autoridades deberían accionar de manera inmediata, exista o no denuncia penal o administrativa. Con el simple hecho de que alguien les haya ido a decir “yo sufrí esto”, sea por el medio que sea tendrían que haberse hecho cargo de la situación. Y tardaron nueve años.
«Y en el caso de que no existieran denuncias, siendo autoridad, y siendo que aprueban un protocolo contra la violencia de género, deberían saber que ya hace bastante tiempo existen leyes, que estipulan es un derecho de la víctima denunciar y no una obligación», aclara Ofelia Fernández.
¿Por qué creés que los medios esta vez los apoyaron a ustedes?
Para mí porque después del 3 de junio, del Ni Una Menos, la violencia de género se trata desde otra perspectiva. Si bien muchas veces hubo quienes se jactaron de levantar esa bandera y siguieron reproduciendo machismo, misoginia, etc, se volvió un tema sensible en toda la sociedad, por lo cual cuando se habla de violencia de género ahora nadie dice cualquier cosa. Cuando hablamos de violencia de género con menores de edad en el ámbito de una escuela todos dicen “esto es gravísimo y no se vio nunca antes”. Porque de hecho nunca se había tomado un colegio por este tipo de casos. Esto empezó hace nueve años con chicas ya egresadas pero continuó con chicas que actualmente están cursando, no fue un brote psicótico de Mastrogiovanni en 2007, sino que lo mantuvo durante toda su estadía.
¿Y qué pasó con el “Protocolo de intervención Institucional ante denuncias por violencia de género, acoso sexual y discriminación de género” que se consiguió en la Universidad de Buenos Aires después del Ni Una Menos?
Nosotros le pedimos al rector del Pellegrini, Leandro Rodríguez, que firme un acta de compromiso para aplicar ese Protocolo. Porque es necesario evitar que haya en el futuro otros Mastrogiovanni o Jodara. Además, el protocolo se aplica ante cualquier tipo de violencia que se de en el ámbito de la escuela, es un órgano para discutir y solucionar, una manera de accionar. Lo que planteó el rector con ese punto es que en la próxima reunión con el Consejo de Escuela resolutivo, conformado por docentes, estudiantes, graduados, no docentes y el rector como moderador, va a llevar una propuesta para aplicar el Protocolo, que nosotros tenemos que aprobar o no en el momento. Respecto a eso se está avanzando bastante.
«Si sos hombre, te enseñan: ‘Pegale, pegale a una mina, total después te van a premiar, vas a seguir ascendiendo y a nadie le va a importar ‘. Entonces, más que enseñarnos Ni Una Menos, nos enseñan a ser misóginos y machistas, ese modelo de sociedad», afirma Ofelia Fernández.
¿Se tratan estos temas dentro del aula?
En parte, que pasen estos casos de violencia de género en la escuela es reflejo de que este tema no se está tratando en las aulas. Si bien desde 2006 está sancionada una ley de Educación Sexual Integral (ESI), que dice que debe haber capacitaciones a los docentes, que el tema debe ser transversal en todas las materias y se tiene que enseñar, acá jamás sucedió. Acá, si te tienen que enseñar educación sexual, lo único que te dicen es: “Mirá, así se pone un forro”, y listo. Si bien hay docentes que intentan promover que esto se cumpla efectivamente, la totalidad no tiene voluntad de que esto pase, les parece algo menor que en una escuela se dé o no esto de manera integral. Cuando fue la movilización de Ni Una Menos pusieron un cartel enorme en la puerta de la escuela, la institución levantó la bandera, marchamos mil personas del colegio y sin embargo después lo que nos enseñaron es que si sos mujer y te pegan tenés que quedarte callada y no denunciarlo porque el que te pega va a ascender y encima hay que perdonarlo. Si sos hombre, te enseñan: “Pegale, pegale a una mina, total después te van a premiar, vas a seguir ascendiendo y a nadie le va a importar”. Entonces, más que enseñarnos Ni Una Menos, nos enseñan a ser misóginos y machistas, ese modelo de sociedad. Lo que pedimos es todo lo contrario.
¿Qué responsabilidades tenés como presidenta del Centro de Estudiantes de la escuela?
Mi rol es representar la voz del estudiantado para el afuera. No tengo poder de decisión, represento lo que el Centro de Estudiantes discute, me encargo de que discuta efectivamente. Cada curso tiene un delegado y la idea es que el delegado charle con su división sobre todo lo que pasa y debatan entre todos y eso se lleva a reuniones de delegados y constantemente todas las divisiones están comunicadas entre sí. Por ejemplo, yo fui delegada de mi curso tres años y ahora ya no lo soy porque por estatuto no puedo ser las dos cosas: presidenta y delegada. Como conducción del CECaP, que somos la Secretaría General y yo, lo que tenemos que hacer es garantizar que existan asambleas, reuniones de delegados, que la información fluya por todo el estudiantado y después de que eso exista, que el estudiantado discuta y defina por sí mismo, yo transmito esas decisiones al afuera.
¿Desde cuándo sos presidenta?
Desde diciembre del año pasado. Pero milito desde primer año.
¿Cómo nació tu interés por la militancia estudiantil?
Cuando entré acá. El Centro de Estudiantes del Pelle es, desde hace mucho tiempo, muy fuerte, está muy organizado. Somos 2.300 estudiantes y participa la mitad, hay mil personas discutiendo y eso es muy interesante, muy fructífero siempre. Hay mucha diversidad de opiniones y con eso se puede construir un montón. Desde chica, cuando veía las marchas, las asambleas, me gustaba. Me interesaba además meterme a debatir cómo transformar la escuela y sobre todo, una vez que transformaste tu escuela e hiciste que el Centro de Estudiantes funcione podés llegar a avanzar y transformar la sociedad con un movimiento más grande, como por ejemplo el movimiento estudiantil secundario en general. Me interesaba mucho ver cómo cambiaban las cosas.
¿Qué cosas cambiaron desde el Centro?
Se fueron consiguiendo cosas: conseguimos que haya clases de apoyo en todas las materias, que no haya un bar privado que nos cobraba todo el triple de lo que estaba afuera y que no tenía ninguna especie de sentido teniendo en cuenta que esta es una escuela pública, y el bar pasó a manos de una Asociación sin fines de lucro manejada por gente con capacidades diferentes, y ahora tiene precios accesibles para todos los estudiantes. Se echaron dos rectores, y seis vicerrectores en un solo año porque venían a sacar todo lo que se había conseguido años anteriores. Hay materias acá como “acción solidaria”, “talleres de aprendizaje”, los viajes de estudio. Y esa gente quería sacar todo eso y que la escuela sea meramente comercial, muñequitos que solamente saben hacer cuentas y operaciones contables. Querían sacar todo lo que hacía a una escuela inclusiva que pueda discutir también la realidad en la que vive, y no quedar sólo inmersa en lo que pueden ser sujetos económicos, sino que forme ciudadanos críticos. Venían contra todo eso.
¿Hay algo que te disguste al ocupar tu cargo actual?
Con este tema de los preceptores en particular me di cuenta que hay cosas que son mucho más nefastas de lo que pensaba. Por ejemplo, el secretario de Escuelas Medias dijo que yo, que fui la que se reunió con él, era un robot que decía incoherencias que me habían bajado desde arriba. Y a mí me pareció una falta de respeto grande que después de reunirse conmigo diga que somos robots, sobre todo porque en esa reunión al que vimos bastante nervioso fue a él, más que a nosotras. En este conflicto se mostró muy claramente que o te posicionabas en contra de la violencia o te posicionabas a favor. Todos los que se posicionaron en defensa de eso nos hicieron saber en quién no se puede confiar, quiénes no quieren una escuela democrática e inclusiva.
Con respecto a la “escuela inclusiva” a la que aspiran los estudiantes, ¿cómo se posicionan con respecto al examen de ingreso?
A mí no me parece bien eso. El examen deja mucha gente afuera no porque sea gente incapaz para estudiar, sino porque la mayoría de la gente que hace el ingreso paga aparte cursos en institutos que son muy costosos que te preparan y hacen que rindas bien los exámenes y eso hace un filtro socioeconómico muy grande, porque el que puede pagar el instituto se va a sacar diez en todas las pruebas, y el que no puede pagarlo queda con menos posibilidades. Entonces, hoy en día, tenemos un colegio de clase media alta. No es difícil el contenido que toman en el ingreso, pero es necesaria mayor preparación teniendo en cuenta que salís de la primaria, que es un régimen muy suave, y el ingreso de repente es mucha exigencia, que el curso pago te ayuda a pasarlo. Pero el colegio también podría garantizar esa preparación previa, hay muchísimos docentes muy capaces de enseñarte y que de hecho conocen mucho más el colegio que los del curso pago.
¿Qué otras cuestiones están debatiendo los estudiantes del Pellegrini actualmente?
Hoy también estamos tratando el tema del aumento de presupuesto del 0% para las universidades, que es patético, los aumentos de luz y gas de más del 300%, la inflación. Este es un colegio al que se viene por el colegio en sí, no por cercanía, todos tenemos que viajar en colectivo, subte o tren y todo subió, por lo tanto estamos tratando el tema del boleto educativo gratuito. Por otro lado, la primera oferta a los docentes fue de un 15% de aumento de acá a octubre en cuotas, o sea… ¡Nefasto! No llegan a fin de mes. Hay dos facultades que se declararon en estado de emergencia, entonces estamos discutiendo la problemática del presupuesto para dar una lucha educativa, no solo del Pelle, sino junto a estudiantes y docentes de todas las facultades, para defender la educación pública digna.
«Me gustaría ser médica oncóloga. Pero no me gustaría salir de acá y que se termine toda mi militancia, sino continuarla haciendo laburo barrial, o militando en la facultad», dijo Fernández.
Cuando egreses, ¿te gustaría seguir alguna carrera?
Me gustaría ser médica oncóloga. Pero no me gustaría salir de acá y que se termine toda mi militancia, sino continuarla haciendo laburo barrial, o militando en la facultad. Lo que sea pero seguir en las calles. Yo disfruto la militancia. Se puede militar y hacer el esfuerzo, levantarse más temprano, estudiar y rendir bien en la escuela. A mí me va bien en la escuela.
¿Con qué estigmas convive el militante estudiantil?
Se nos trata de incapaces en todos lados. También se piensa que somos vagos, que tomamos el colegio porque queremos perder clases, que marchamos porque queremos cortar las calles y arruinar el tránsito. Nada de eso es cierto: estamos defendiendo algo que es mucho más importante que el corte de una calle de una hora. A veces perdemos una semana de clases pero con esa pérdida ganamos mucho más. Nosotros no dudamos a la hora de realizar medidas porque lo que se gana es mucho más, aunque el prejuicio por parte de diferentes sectores va a seguir existiendo. Los medios – más allá de que esta vez fue la excepción- y nuestras autoridades nos subestiman y piensan que nuestros pedidos son solamente caprichosos pero con el tiempo demostramos que muchas veces terminamos ganando y no fue solamente por presionar autoridades, sino porque llegó un momento en el cual a la hora de instalar el diálogo con la gente que tiene el poder de decisión terminaron dándonos la razón por una cuestión de que ellos no defienden una educación que viven, defienden cómo la educación les puede sacar sus frutos. En lo que es la UBA, lo único que comparten las autoridades entre sí –que pueden ser macristas, de la franja morada, del kirchnerismo o de lo que sea- es el placer por el negocio y la plata. En cambio, acá solo queremos estudiar y defender una educación democrática inclusiva, queremos tener una escuela mejor día a día, para nosotros y para la gente que venga e intentar cambiar el afuera del Pelle también. Nosotros somos los principales defensores de que luchando también se aprende.
Actualizada 18/05/2016
May 18, 2016 | inicio
Con la finalidad de nutrir la discusión sobre una nueva ley de comunicaciones que contemple la convergencia mediática para reformar las leyes 26522 y 27078 se realizó un debate abierto el 17 de mayo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Fue un primer encuentro que pretende multiplicarse en diferentes universidades del país durante el resto del año y tuvo como oradores a Damián Loreti, Martín Becerra, Alejandro Fargosi y Diego Petrecolla. Quien presidió el encuentro de la Comisión Redactora de una nueva ley de comunicaciones fue uno de sus miembros, Andrés Gil Domínguez, y profesor de es esa casa de estudios, mientras que Silvana Giúdici, coordinadora de la Comisión y directora del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), se encargó de dar inicio a la jornada.
La propuesta consistió en plantear lineamientos generales frente a un posible proyecto de ley de convergencia en la comunicación. Becerra, profesor de la UBA e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), centró su discurso en cuatro ejes: cuáles son los objetivos y definiciones; qué sucede con el interés público; qué desafíos plantean la concentración de mercados convergentes y la competencia; quién aplica la regulación y quién controla el ítem anterior. Respecto del primer eje, mencionó la necesidad primigenia de definiciones conceptuales: “Diferentes definiciones de convergencia operan como percutoras de distintos posicionamientos legales y regulatorios, además de comerciales y productivos. Es necesario acordar qué tipo o tipos de convergencia se quieren regular con la política pública”.
Para el investigador, es fundamental conocer qué se regula y para qué, dado que una futura ley debería reconocer las consecuencias de una comprensión amplia y social de la libertad de expresión: “Comprende tanto a la libertad para emitir por distintos medios y soportes como para buscar y acceder a una diversa gama de contenidos y perspectivas. La libertad de expresión en su doble faceta, la diversidad cultural y el acceso a contenidos, medios y tecnologías diversas y sin discriminación, conforman el trípode de objetivos estratégicos para una normativa para la convergencia. Estos objetivos concretos aparecen tensionados por un proceso que incorpora dimensiones políticas, sociales, económicas y tecnológicas”. De todos modos, no dejó de aclarar que lo anterior impacta en la movilidad continua de intereses de actores que no son necesariamente conciliables.
Petrecolla, economista y ex presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, llevó la discusión a su área de especialidad: “Hay mercados, en los cuales pensábamos que la competencia no era posible, donde la convergencia ha mostrado que sí es posible”. Si bien sus argumentos reconocían la presencia de actores de posición dominante, la prioridad siempre debía ser la defensa de la competencia.
A pocos días del inicio de su mandato presidencial, Mauricio Macri firmó el DNU N° 267 que dio paso a la creación del ENACOM, y modificó de hecho a las leyes 26.522 y 27.078. En marzo de 2016, la Resolución N° 9 del Ministerio de Comunicaciones asentaba los principios y los objetivos de la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de las Leyes N° 26522 y n° 27078, creada por el decreto mencionado. Becerra sostuvo: “La tecnología es un vínculo social y no sólo el artificio técnico. Cuando hablamos de interés público, hablamos de cómo la ciudadanía es sujeto de derechos por los que el Estado debe velar. El interés público reclama al Estado la promoción de políticas que estimulen la diversidad de actores, de perspectivas, de puntos de vista, cultura, geográfica, de servicios y aplicaciones”.
Loreti, abogado y especialista en política y derecho de la comunicación, aprovechó para realizar una observación al respecto: “En la Resolución 9 no aparecen los temas culturales. Sí aparece la libertad de expresión, pero no hay un énfasis en los derechos culturales, como tampoco está presente la palabra ‘trabajo’. Dentro de la Convención de la Diversidad Cultural, aparecen obligaciones del Estado, tales como medidas destinadas a promover la diversidad en los medios de comunicación”.
El artículo 3 de la Resolución, señala: “La Comisión tendrá a su cargo el estudio de las reformas necesarias a las Leyes N° 26.522 y N° 27.078 a fin de producir un texto homogéneo de esos cuerpos normativos y que estén en condiciones de garantizar la más amplia libertad de prensa, el pluralismo y el acceso a la información, fomentar el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones, avanzar hacia la convergencia entre las distintas tecnologías disponibles, garantizar la seguridad jurídica para fomentar las inversiones en las infraestructuras, evitar la arbitrariedad de los funcionarios públicos y garantizar los derechos de los usuarios y consumidores”. Dada la complejidad que implica todo lo anterior, Loreti propuso encontrar un espíritu fundacional que funcione como base para la futura regulación, de manera tal que los diversos intereses, potencialidades y derechos sean contemplados.
De todas maneras, por el momento, el gobierno de la alianza Cambiemos no cuenta con un proyecto de ley convergente. Becerra expresó el deseo de que se vuelva a convocar una mesa consultiva, una vez que se haya avanzado en materia concreta.
Actualizado 19/05/2016
May 18, 2016 | destacadas
DeporTV comenzó sus transmisiones de prueba el 13 de abril del 2012, con el objetivo de ser el primer canal estatal dedicado exclusivamente al deporte y con su eje central en el fenómeno más masivo y popular del país, el fútbol. Al año siguiente, en el predio de Tecnópolis, se llevó a cabo la inauguración oficial de las transmisiones por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el 21 de febrero. Llegó a desarrollar una programación diversa en la que se transmitían casi doce horas de transmisiones en vivo por día. Sin embargo, desde fines del año pasado, entró en un lento proceso de desarmado hasta la actualidad, en donde la mayoría de su grilla la constituyen enlatados. “La decisión interna del canal fue no lanzar nuevas licitaciones en el intercambio de autoridades. Esos procesos duran varios meses y es un factor para que la programación se vea disminuida ahora”, dijo un empleado de la gestión anterior, que prefirió preservar su identidad.
La misma fuente opinó que el estado actual del canal respondería a que dentro del sistema de medios se le dio prioridad a otros elementos, lo que produjo que todas las licitaciones se caigan, hecho que además dejó sin trabajo a alrededor de 120 personas por el vencimiento de sus contratos. Asegura que las autoridades nuevas trabajan hace algo más de un mes y que, si bien no tienen planes definidos, DXTV va a tener un perfil más bajo. “Nosotros intentamos tener un perfil alto, programación en vivo. Los nuevos tienen un perfil más bajo, on demand, lo van a hacer casi de nicho, ya que los presupuestos para los canales son menores”.
La señal llegó a incluir competencias nacionales e internacionales de diversas disciplinas como automovilismo, boxeo, básquet, handball, atletismo y hasta se realizaron coberturas de las eliminatorias y el mundial de fútbol de Brasil. Además, desde sus comienzos, se manifestó la magnitud técnica de su despliegue, que marcó el inicio de una nueva etapa no sólo para el país sino para toda América Latina, la de la implementación y aplicación de la Televisión Digital Abierta.
El ex funcionario también se refirió al sistema de elaboración de contenido que utilizaban, la modalidad conocida como de producción delegada. “Es la misma que usa el Channel 4 de Inglaterra. En lugar de una producción propia, interna, lo que hacen las autoridades del canal es elegir las temáticas que se quieren tener y se licita con productoras privadas. De modo que todo se hacía a través de terceros”, explicó.
De este procedimiento también podían participar otro tipo de instituciones. “Las universidades ponían departamentos audiovisuales y se convertían en productoras. Además, tenían la ventaja de ser más baratas porque no tenían que pagar IVA”, comentó. Precisamente en esa situación se hallaba la licitación más cara de Educ.ar, la del noticiero de DeporTV, que fue ganada en dos ocasiones por la Universidad Nacional de Tres de Febrero.
Imagenes del canal de television DXTV que esta sufriendo el vaciamiento de la señal.
Desde el principio, el canal se instaló para que funcionara bajo la órbita de Educ.ar S.A., enmarcada dentro del Ministerio de Educación. La misma modalidad establecida previamente para Encuentro y Paka Paka, también emisoras públicas. Para el periodista especializado Emanuel Respighi, todas fueron diseñadas como una expresión autóctona. “DeporTV no sólo transmite valores deportivos sino también elementos propios de nuestra cultura”, expresó.
Respighi opina que en más de cinco meses de gestión desde el recambio de autoridades nacionales, no se han definido políticas concretas al respecto de los medios públicos. “Hay una suerte de parálisis administrativa y artística. También hay incertidumbre ante la falta de alineamientos claros porque se está en un período de transición y, por lo que noto, se está lejos de la continuidad de las políticas de la gestión anterior. Con esto se producen deterioros para los canales, para las pantallas y para todo aquello que hoy son los canales de televisión”.
En este contexto, el periodista y docente Gustavo Veiga ve una problemática aún más amplia. La relaciona directamente con la defensa de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y con los aparentes “perjuicios” que trajo a las entidades privadas propietarias de medios de comunicación. “Lo que me parece más grave es que se puede perder mucho de lo que ganamos con la Ley de Medios, pese a que no se aplicó en su totalidad. Hay que recuperar lo que ganamos y que estamos perdiendo en beneficio de grandes empresas privadas con Clarín a la cabeza y Torneos y Competencias por extensión”, dijo.
También opinó que políticas como la reprivatización de las transmisiones deportivas impedirían a públicos masivos y populares tener acceso a acontecimientos de gran interés popular como el fútbol y el automovilismo. Respighi en cambio, no ve con malos ojos que el canal adopte un perfil que dé lugar a otras prácticas deportivas menos populares: “El canal deportivo estatal debería enfocarse en mostrar eventos en los que el sector privado no hace foco, por ejemplo en el atletismo o deportes amateurs y semiprofesionales. Pero más allá de eso, hay otras actividades a gran escala, transmisiones de audiencia alta a nivel nacional, que deberían ser el eje. Entiendo que el fútbol representa para la Argentina algo mucho más allá que una competencia deportiva”.
Desde las entrañas del canal aún no se han expresado públicamente sobre cuáles serán los caminos a transitar pero sí se ha asegurado la continuidad del proyecto. Las autoridades actuales además manifestaron que los empleados no están autorizados a atender a particulares ni a periodistas, mientras que representantes de la gestión anterior optaron por no realizar declaraciones para “evitarse problemas” ante una situación a la que calificaron como “muy delicada”.
Actualizada 18/05/2016
