“Todo lo que te imagines, el torno lo hace”, explica Julio Ramírez mientras pone en marcha la máquina que ahora está iluminada y produce un fuerte ruido metálico. Coloca el pistón, ajusta el milímetro, mueve una palanca y modera la velocidad; hace todo con la rapidez y la facilidad de quien practica el oficio hace veinticinco años. La herramienta de corte se acerca y tornea la pieza: «Esto es parte de mí –dice Ramírez mientras mira el torno-. Acá aprendí, es mi vida».
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Torneros, herreros, soldadores, matriceros; los trabajadores de la fábrica ADO-Petinari son obreros calificados que en cinco días pueden armar una carrocería completa. Durante cinco décadas ésta metalúrgica fue una de las más importantes del mercado nacional dedicada a la fabricación de volcadoras, acoplados y semirremolques. Pero en 2015 la firma Acoplados Petinari dejó de pagar salarios y fue acumulando una deuda que llegó a más de 50 millones de dólares con los trabajadores. La fábrica cerró sus puertas: los trabajadores quedaron fuera; la seguridad privada, dentro. Luego de varios meses de estar en la calle, los operarios decidieron entrar y crear la cooperativa Acoplados del Oeste, ADO. Cuando empezaron -en agosto de 2015- eran 15. Hoy la integran 120 trabajadores.
Ese mes apareció en el diario La Nación el comunicado sobre la convocatoria a concurso preventivo por cesación de pagos de Petinari. En septiembre la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobaba el proyecto de expropiación de la fábrica presentado, a instancia de los trabajadores, por el diputado Miguel Funes, del Frente para la Victoria. En marzo pasado consiguió la aprobación de ambas cámaras: votó a favor hasta el PRO, el bloque oficialista. La expropiación era ley.
Pero un mes después la gobernadora María Eugenia Vidal la vetó.
Y desde entonces, 120 familias pueden volver a quedar en la calle.
ADO está en Merlo, a la altura del kilómetro 32 de la ruta 200. Tres banderas flamean en la entrada: la de Argentina, la de la provincia de Buenos Aires, y la de la cooperativa. Son dieciséis hectáreas de predio: galpones con techos de hasta veinte metros de alto, maquinarias gigantescas, construcciones que tienen cien años y son patrimonio histórico, como un antiguo leprosario que los bomberos utilizan para operativos de simulacro. En la antigua vivienda del casero de la fábrica vive Julio Centurión con su mujer y sus tres hijos. Hace dos meses, cuando ya no pudo pagar el alquiler de la casa donde vivía, ni el plan de vivienda en el que estaba invirtiendo, sus compañeros le dijeron: «¿Por qué no te venís a la casa del casero?” Centurión es hincha de River, tiene 48 años y el deseo de bautizar en la fábrica a su hija de dos meses, Milena Lucía, a quien -de antemano- sus compañeros llaman “Ado” .
Centurión dice que lleva catorce años trabajando en la fábrica y que de allí sólo pueden sacarlo de una manera: muerto. “He dejado mucho en esta empresa, desde lo físico, lo moral y lo psíquico -cuenta con la garganta cerrada y los ojos llenos de lágrimas-. Es muy doloroso lo que vivimos con los compañeros . Nos dejaron en la calle”.
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La historia de Petinari incluye capítulos de traiciones familiares, estafas a los empleados, pedidos de quiebra y disputas judiciales. En 2006, con la muerte de Pedro Petinari -fundador de la empresa-, empezaron los conflictos. «Los hijos empezaron a hacer cualquier cosa con la fábrica -sitúa Luis Becerra, trabajador e integrante de la cooperativa-. Son cinco hermanos y se robaban entre ellos millones de dólares. ¿Cómo no nos iban a cagar a nosotros?»
En 2012 fue el primer gran conflicto salarial; duró tres meses hasta su resolución. “A partir de ese momento, la patronal empezó a vaciar la fábrica -recuerda el presidente de la cooperativa, Jorge Gutiérrez-. Los depósitos estaban llenos y empezaron a rematar todo; nos decían que era para traer máquinas nuevas, pero nos dimos cuenta de que no era así». La política de desguace alcanzó también a la mano de obra. De 350 trabajadores en 2009 -época en la que Petinari se instalaba como pionera en el mercado mundial-, la empresa pasó a tener 189 en 2012.
Y desde junio de 2014 la situación se agravó aún más. La familia Petinari comenzó a forzar a los empleados a firmar convenios mensuales con quitas del 40% del sueldo y suspensiones de jueves y viernes sin goce de haberes. La modalidad se iba a mantener sólo por tres meses, pero la patronal decidió extenderla más allá de septiembre, y en noviembre los trabajadores se negaron a firmar una nueva prórroga. Recuerda Gutiérrez: “Al aguinaldo lo cobrábamos en seis cuotas de mil pesos: al de diciembre de 2014 lo terminábamos de cobrar en junio de 2015, y así. Con las vacaciones nos decían que si nos íbamos, no cobrábamos el aguinaldo”.
La situación no dio para más y en febrero de 2015 decidieron cortar la Ruta 200 para hacer visible el reclamo y exigir respuestas al Estado. Ya lo habían hecho también durante el conflicto de 2012. Pero esta vez Petinari redobló la apuesta y envió cien telegramas de despido. El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la Argentina (SMATA), les dio la espalda: “El SMATA nos pedía que levantáramos la medida de fuerza y (Ricardo) Pignanelli (el secretario general del sindicato) nos empezó a acusar despectivamente de zurdos -rememora Gutiérrez-. Nosotros le dijimos que si ser zurdo era pelear por nuestros derechos, entonces que nos acusara de zurdos, pero esto no podía seguir así”.
El 19 de marzo de 2015 tuvo lugar una primera orden de desalojo y el predio quedó apenas ocupado por personal de seguridad privada. Allí cobró impulso definitivo el proyecto de constituir una cooperativa. Pero para entonces Petinari ya llevaba casi una década de descalabro administrativo. “No decidimos cortar la ruta y formar la cooperativa de un día para otro, veníamos de un año largo de conflicto”, asegura Diego Esteche, trabajador de la fábrica desde hace doce años. Sin embargo, lo peor no había pasado: “Cuando volvimos a entrar encontramos un boleto de compraventa: los Petinari le iban a vender la fábrica a un grupo de accionistas propios -agrega Esteche-. En junio se iba a hacer la escritura. Nosotros estábamos afuera, la empresa pasaba a nuevos dueños y listo. Por suerte conseguimos que saliera una cautelar y se paró todo”.
Jorge Gutiérrez es el último delegado gremial que queda en la ex Petinari desde que comenzó el vaciamiento; cumple esa función desde hace ocho años, de los doce en total que lleva trabajando en la fábrica. Fue elegido presidente de ADO gracias al respeto y a la admiración que por él sienten sus compañeros. “Es un rol difícil y desgastante, porque todos tienen sus problemas y hay que trabajar duro para mantenernos unidos -reconoce-. Podemos tener nuestras diferencias pero el objetivo es uno: recuperar a fábrica y la fuente de trabajo de mis compañeros». Viaja permanentemente a La Plata, corazón político de la provincia, en donde mantiene reuniones con funcionarios y legisladores para involucrarlos en su lucha. “Esta experiencia es nueva para mí”, admite Gutiérrez, que enfrenta el desafío con la ayuda de su consejero Francisco Martínez, a quien apoda “Manteca” (en referencia a Sergio Martínez, el delantero uruguayo que jugó en Boca Juniors en los ‘90), un cooperativista de Textiles Pigüé recomendado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (de la gestión anterior), cuando los trabajadores de la ex Petinari decidieron crear la cooperativa.
Entre quienes apoyan a la cooperativa están las Madres de Plaza de Mayo. Hebe de Bonafini, con quien tiene relación -y a veces habla- Gutiérrez. En su visita reciente al Papa, le llevó una carta de parte del obispo de Merlo en la que contaba la situación de la cooperativa.
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Eber Moreno tiene 41 años, es santiagueño y conserva la tonada y la simpatía provinciana. A los trece empezó a trabajar esquilando ovejas y cosechando papa; a los diecinueve, viajó a Buenos Aires. El oficio lo aprendió en la fábrica; veintidós años después tiene conocimiento en casi todas las áreas. Mientras la empresa pagó, Moreno muchas veces destinó todo su aguinaldo en herramientas de soldadura y herrería; a aquella inversión hoy la considera una ventaja para poder tener sus trabajos independientes y sostener a la familia, conformada por su mujer, sus cuatro hijos y sus dos nietos. «Así voy sobreviviendo”, dice Moreno y cuenta que hace poco construyó su primera escalera. “Toda la estructura que ves acá es mano de obra y pulmón de los trabajadores”, explica, y se acuerda de un trabajador de setenta y pico de años que hizo todos los techos y que cuando se jubiló se fue así, como si nada.
Felix León, de 60 años, está en la fábrica hace ocho. “¡Hasta infartado trabajó!”, dice Moreno señalando a su compañero. León –dice- no cree en la empresa, cree en sus compañeros, y por eso asegura: “Hoy no quiero darle nada a nadie, esto lo quiero para todos nosotros”. Durante el conflicto del verano de 2015 estuvo todos los días de los ocho meses en la ruta: por eso se autodefine como “una marca registrada”. “Al principio me escondía, me tapaba la cara porque me daba vergüenza -dice-. Yo laburé toda mi vida, es muy feo terminar de esa forma. Después ya me conocía todo el mundo y me hice un cara rota”. Se ríe, León.
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Todos recuerdan ese verano como una época muy dura y triste. Se organizaban en grupos de seis personas y se dividían los turnos; ponían dos tachos en la mitad de la ruta para visibilizar el conflicto pero sin cortar el tránsito. “Nos plantamos en la puerta porque si la dejábamos libre, venían los dueños para llevarse las maquinarias y las herramientas -explica Centurión-. Y si nos sacaban eso, nos quedábamos sin nada”. Durante un año Centurión pasó las veinticuatro horas del día en la ruta para evitar el vaciamiento de la planta. «Le decía a mis hijos que papá se iba a defender el trabajo, y no sabía cuando volvía -recuerda- Fue una lucha fuerte, constante, pero con mucho orgullo».
“Muchos ayudaban porque conocían la lucha -se acuerda León-. Pero también estaban los que pasaban y te gritaban: ‘¡Anda a laburar!’, y eso me hacía pomada, me destruía”.
Cuando en agosto los trabajadores no toleraron más la situación, decidieron entrar y recuperar la fábrica. “La empresa dice que nosotros entramos por la fuerza; pero mirá -demuestra Gutiérrez señalando con la mano la enorme entrada al predio que abarca cuadras y cuadras- está abierto por todos lados. Dijeron que rompimos el portón y secuestramos a los de seguridad, cuando fueron ellos mismos los que nos abrieron”. Hoy Gutiérrez está procesado penalmente por ese supuesto “secuestro” de los tres guardias de seguridad; él lo traduce como una estrategia de la empresa para desarticular a la cooperativa.
Petinari también acusó a los trabajadores de que entraron a la fábrica para robar, pero cuando se hizo el inventario junto con la empresa y el síndico de concurso sobraban máquinas. “Nos somos usurpadores, somos defensores de nuestros derechos laborales”, sostiene Centurión sobre los adjetivos que usa Petinari para deslegitimar a los trabajadores. “¿Pero qué puedo esperar de la empresa si en catorce años nunca tuve un salario digno, ni una obra social digna, ni vacaciones dignas, nunca tuve la libertad de salir un fin de semana con mi familia, y siempre existí para la fábrica de lunes a lunes?”
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Rosa y Fernanda, las mujeres de la fábrica, se encargan del trabajo administrativo. Rosa es de las cooperativistas más nuevas -está hace tres años-, y siente que en esta lucha recuperó su dignidad como trabajadora. “Hubo mucho maltrato; para la empresa el trabajador era un esclavo -explica Rosa-. Mucho tiempo la gente aguantó trabajando sin ART, sin elementos de seguridad, sin cobrar los aumentos correspondientes, cobrando fuera de término o en cuotas, y hasta no cobrando. Incluso la falta de higiene, con semejante establecimiento nunca se hizo comedor. Y el trabajador siempre se calló la boca para no perder la fuente de trabajo”.
Como víctima de la negligencia, los trabajadores recuerdan a su compañero Maximiliano, que en 2006 murió aplastado contra una columna cuando el gancho de una batea de cinco mil kilos, que no estaba asegurado, se desprendió y lo mató en el acto. «Lo taparon con una lona y querían que siguiéramos trabajando», cuenta Esteche. También se acuerdan de otro compañero que quedó con la mitad del cuerpo paralizado al electrocutarse con una soldadora mojada por el agua que caía del techo roto.
“Durante varios años era obligación trabajar doce horas diarias, pero en el recibo figuraban sólo nueve”, denuncia Fernanda, que trabaja en la fábrica hace dieciocho años y parece conocer de cerca las irregularidades de la empresa: “Estafó hasta facturando doble una unidad. Petinari tiene todo mal: con los proveedores, los clientes, los trabajadores, y con el Estado. Pero también está la falla del Estado: si vas a Morón verías la infinidad de denuncias que hicimos constantemente como empleados hacia Petinari. Empapelás la ciudad, con esas denuncias”.
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Julio Ramírez es -según sus compañeros- el científico de los tornos. Lleva diez años en la fábrica. “Es el oficio más viejo del mundo”, dice mientras manipula el torno paralelo, que hace el trabajo artesanal de la tornería, y se usa principalmente cuando el torno computarizado -que según Ramírez “hace maravillas”- está roto. Hacer un cilindro en el computarizado puede llevarle a Ramírez tres horas; artesanalmente, dos días. Pero si tiene que elegir, se queda con el torno paralelo.
Ramírez tiene dos barras de titanio y cuatro tornillos en la espalda por haberse caído de una máquina en 2012. En ese momento la ART le dijo que sólo era «un fuerte dolor de espalda»; pero cuando se fue a hacer una revisión más específica se encontró con que tenía una vértebra rota y que podía quedarse en silla de ruedas. “Decidí operarme y cuando fui a hablar con la empresa me dijeron: ‘no se preocupe Ramírez, después vamos a arreglar’; así como lo dijeron, quedó en la historia”. Ramírez hace una pausa. Y pregunta: “¿Vos pensás que yo les puedo dar esto? Si me arruinaron la vida».
A sus cincuenta años Ramírez siente que su cuerpo ya no aguanta tanto. La lucha por el trabajo, sin embargo, lo hizo más fuerte. «Lloré, me enojé, zapatée; no lo podía creer; pedíamos monedas en la calle siendo todos obreros calificados”, recuerda sobre el conflicto. “Hoy la cooperativa me cambió la vida; siento que peleo por algo muy mío”, dice, y está seguro, como Centurión, de algo: «Yo de acá me voy muerto”.
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El alma de la fábrica es el sector de corte y plegado, donde la materia prima se corta e inicia su recorrido hacia los demás sectores: tornería, hidráulica, armado, pintura, terminación y reparación. “Ahora no hay trabajo, pero sabemos que es un problema general”, dice Gutiérrez sobre la situación económica actual de la cooperativa. La producción en los últimos meses bajó casi un 70 por ciento. Desde agosto hasta diciembre, los trabajadores cobraban alrededor de ocho mil pesos por mes. Hoy, el salario se redujo a dos mil. Y a pesar de que la fábrica está funcionando a un 30 por ciento, las tarifas de los servicios aumentaron de diez mil a cuarenta mil pesos.
Frente a la desaceleración de la producción, de los 120 trabajadores que integran la cooperativa sólo 70 están trabajando actualmente en la fábrica. «Hoy funcionamos como una escuela. El que era tornero, ahora aprende a hacer guillotina y viceversa; nos ayudamos entre todos», cuenta Gutiérrez. El ritmo de la actividad en la metalúrgica también se modificó: el trabajador ya no cumple un horario y se va; si hay que quedarse más tiempo para terminar, lo hacen. “Se cobra si se trabaja; todavía hay que concientizar a los compañeros sobre eso -dice Gutiérrez-. Es aprender a trabajar sin patrón”.
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“Desde que somos una cooperativa el compañerismo se reforzó más que nunca: todos estamos luchando por lo mismo -expresa Centurión-. Somos como una gran familia”. Sueña, dice, con que algún día haya 600 compañeros en ADO. A futuro, la cooperativa tiene el objetivo de ser también un espacio de formación y de primer empleo para los jóvenes que egresan de los colegios industriales, a través de un convenio con el municipio. “Queremos darles la oportunidad a hombres y mujeres de integrar la teoría con la práctica, que puedan llevarse su moneda con enseñanza y futuro -dice Centurión-. Que los compañeros más grandes puedan enseñarles a los más jóvenes la educación del trabajo y de la expresión, y se llenen de satisfacción. Esa es la ilusión y el futuro que queremos para esta fábrica».
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El abril pasado la gobernadora Vidal decidió vetar la ley de expropiación de la fábrica. A través del Decreto N° 307/2016 establece que la expropiación implica “la creación de un nuevo gasto en la Ley de Presupuesto vigente”; también asegura la presunta “voluntad de la parte empresaria de abonar las primas adeudadas”. “Eso no es cierto -replica Becerra-. Si se fijan en las actas del Ministerio de Trabajo que están en Morón, figura claramente que la empresa ni se presentó a las audiencias”.
A principios de mayo los trabajadores impulsaron un nuevo intento de llevar a la Legislatura la expropiación de Petinari. “En realidad, lo que se quiso hacer fue anular el veto -relata Becerra-. Teníamos el compromiso del bloque del Frente Renovador para acompañarnos, pero a último momento se dieron vuelta y el proyecto se cayó”. En cambio, consiguieron que la Cámara de Diputados bonaerense diera media sanción a una ley que impide cualquier intento de desalojo en la fábrica durante 90 días. “Falta la otra media sanción, pero esperemos que a ésta no la veten también -dice Esteche-. Suponemos que no, porque fue aprobada por los mismos diputados del oficialismo. Sería un papelón que la gobernadora vetara una ley sancionada por sus propios legisladores”.
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“Nuestro objetivo es resistir hasta fin de año, cuando debería declararse oficialmente la quiebra de Petinari, lo que sería un paso decisivo para que se reconozca a nuestra cooperativa”, explica su presidente, Jorge Gutiérrez. El cielo está despejado y el sol le ilumina la cara: “El veto nos hizo más fuertes y nos dio más ganas de pelear -dice-. Con la empresa no queremos negociar, no es creíble, y los compañeros quedaron mal psicológicamente. Ya estamos conformados como cooperativa. Y no hay ni un paso atrás”.
“Lo que está haciendo Macri es recurrir a las personas a las que le va a ir a golpear la puerta cuando estas medidas económicas, más temprano que tarde, exploten y salga la gente a la calle y la Policía y la Gendarmería no alcancen” subraya Norma Ríos, co-presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), cuando intenta buscarle una explicación al decreto 721, que devuelve a las fuerzas armadas la facultad de intervenir en los nombramientos y ascensos de sus integrantes y la posibilidad de reincorporar a miembros que habían sido expulsados de sus filas.
En 1984, poco tiempo después de haber asumido la Presidencia, luego de la última dictadura militar, Raúl Alfonsín firmó el Decreto N° 436, modificado un año después a través del Decreto N° 101. A partir de ese momento, las FFAA debían responder al poder civil sobre su accionar, en el caso de nombramientos, altas y bajas del personal, entre otras cuestiones. Esta acción representó un punto de inflexión en cuanto a las facultades que detentaban las FFAA en la historia argentina. “Era un proyecto que nos dio resultado hasta el presente, implicó un alejamiento de los militares y la aparición de los juicios de lesa humanidad”, recordó Ríos.
Lo que más alarma a Ríos no es tanto el contenido del decreto, sino su espíritu: “Si se va a generar un nuevo genocidio de miseria, de hambre, de explotación, tienen que asegurarme que las FFAA puedan estar ahí para cuando las necesiten”, continúa la co-presidenta de la APDH.
Para Ríos, uno de los puntos más críticos es el Artículo 1° que habilita el otorgamiento del alta efectiva de los oficiales en comisión de las Fuerzas Armadas y la reincorporación de los oficiales que habían sido retirados de la institución, sin explicitar qué razones habían motivado la medida.
Otro de los puntos polémicos, que señala Ríos, es el Artículo 4°, que permite la “designación del personal militar retirado para funciones docentes en el marco del Estatuto para el Personal Docente Civil de las Fuerzas Armadas, en los institutos y cursos de formación conjuntos”.
Si esta línea de pensamiento se efectiviza y si el personal retirado se reincorpora, la educación militar retomará viejos lineamientos que tirarán por la borda lo construido y visibilizado en los últimos años en materia de Derechos Humanos (DDHH). “Se hacen ajustes para que cada uno pueda dejar a su asesino amigo y para que pueda enseñar a los nuevos jóvenes militares”, explica Ríos, al respecto.
“Si se va a generar un nuevo genocidio de miseria, de hambre, de explotación, tienen que asegurarme que las FFAA puedan estar ahí para cuando las necesiten”, dice la co-presidenta de la APDH.
Natalia Federman, ex directora de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad, habla sobre el decreto desde una perspectiva vinculada a la oposición “corporaciones/ democracia”. En un artículo publicado en la Agencia Paco Urondo, escrito junto a Ileana Arduino, afirma que este decreto es una acción más, entre tantas políticas implementadas por un gobierno a favor de las corporaciones, en detrimento del pueblo para el que gobierna. “Lo importante, como siempre, es el poder, si en el Ministerio de Energía dicen que manda Shell, si la prensa estadounidense informa que las finanzas argentinas están en manos de J.P. Morgan y la política agraria de la Provincia de Buenos Aires la maneja un ex CEO de Monsanto, ¿no estamos ya rodeados de autogobierno?”, se pregunta y agrega: “Sabemos que en distintos momentos la amalgama de esos mismos actores han resistido, condicionado, e incluso derrocado, gobiernos populares o que osaran con oponerse a sus intereses.”
Abuelas de Plaza de Mayo emitió el pasado 2 de junio, a través de su página, un comunicado en repudio al decreto: “Esta disposición se da en el marco de un retroceso en las políticas de Derechos Humanos que se fueron construyendo durante los últimos años. En todos estos años de lucha y reclamo por los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas durante la última dictadura cívico-militar, hemos aprendido que la única manera de garantizar la democracia es a través de la Memoria, la Verdad, la Justicia y el control civil de las Fuerzas Armadas.”
Un acto en repudio al decreto
El 9 de junio pasado, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, realizó un acto de protesta y denuncia, en la Plaza de Mayo, en repudio al decreto. Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos y militantes sociales se hicieron presentes, luego de culminar la tradicional ronda de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo.
Desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, dijeron: “Creemos que (el decreto) va de la mano de una reconciliación y búsqueda de mayor impunidad por parte del gobierno hacia las FFAA. Desde los organismos planteamos una alerta muy fuerte. Desde el primer minuto repudiamos ese decreto y vamos a estar peleando contra cualquier intento que vaya en búsqueda de la impunidad, tanto de los militares genocidas y represores, como de sus cómplices co-responsables: empresarios y eclesiásticos”.
Asimismo, desde el Movimiento Socialista de los Trabajadores, afirmaron: “El gobierno muestra, una vez más, cierta voluntad de reconciliación, de perdón. Es una medida, si se quiere menor, aunque vuelve para atrás algo que fue una conquista de la democracia”.
ANCCOM habló sobre el nuevo decreto con Mirta de Baravalle, Madre y Abuela de Plaza de Mayo, quien estuvo presente en el acto y dijo: “Nunca jamás pensé que iba a llegar un momento en el que otra vez estuviera en una situación así, latente, de inseguridad. No en lo que a mí respecta porque yo estoy por encima de todo eso, sino por lo que representa para el futuro. Esto no se va a implementar de un día para el otro. Todo lo que quieran hacer contra el país, no va a ser ahora, pero va siendo propicio para más adelante. Esto es una cosa que es evidente, pareciera que las FFAA hicieron todo para estar por sobre lo que el país elige”.
Diversas organizaciones de defensoras de los derechos humanos y militantes sociales se hicieron presentes, luego de culminar la tradicional ronda de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo.
La comunidad académica analiza la medida
El Instituto Gino Germani organizó el 10 de junio pasado un foro de debate titulado: “¿Del gobierno civil al autogobierno de las Fuerzas Armadas?”, en el que participaron Nilda Garré, (ex Ministra de Seguridad y actual Diputada Nacional por el Frente para la Victoria) y los investigadores Victoria Rangugni, Sabina Frederic y Ernesto López. Durante el debate, se hizo un recorrido histórico vinculado a las relaciones del Gobierno y las FFAA y a las nociones de seguridad y de defensa.
En ese punto, Garré contó su experiencia al comenzar sus funciones como ministra de Defensa en 2005: “Del 2003 al 2005 no había políticos con capacidad de trabajo en temas de defensa. Cuando llegamos nosotros, era difícil encontrar cuadros preparados, generar una gestión administrativa eficiente. Porque el ‘gobierno político’ está referido a conducir y administrar y eso requiere tomar permanentemente decisiones, desarrollar iniciativas, generar actividades y, además, supervisar el cumplimiento de todo eso. Entre todas las cosas que había que hacer en ese año era reglamentar la Ley de Defensa, que en 18 años no se había hecho. La primera cosa que hicimos fue redactar el Decreto N° 727 para fortalecer el Estado Mayor Conjunto y realizar muchas modificaciones en el terreno de la formación, educación y cambio de planes”.
Al referirse a los efectos del Decreto N° 721, Rangugni dijo: “Esto no solo implica una especie de restauración, también tenemos que pensar que el macrismo apuesta a la construcción de un futuro en otros términos, a producir formas de subjetividad diversa, la forma en que entendemos la defensa y la seguridad, que es de una índole que tenemos que poder descifrar, para poder resistir”.
El arte callejero es una actividad con miles de años de antigüedad y que forma parte del paisaje de numerosas calles y medios de transporte en todo el mundo. Actualmente, en Buenos Aires, estas manifestaciones culturales se encuentran en alerta por un proyecto de ley presentado en la Legislatura porteña. En respuesta a esta situación, el Frente de Artistas Ambulantes Organizados (FAAO) decidió realizar una una serie de medidas colectivas y unificadas para alertar sobre el tema
El proyecto de ley 2538, “Ley de artistas ambulantes”, fue presentado en diciembre del 2015 por la legisladora del PRO, Lía Rueda. Según su autora, el objetivo es brindar un marco normativo a los espectáculos que se realizan en espacios públicos, buscando una mejor convivencia con los vecinos y los espectadores que asisten a las funciones. Sin embargo, desde el FAAO denuncian que se trata de un proyecto construido en forma inconsulta y que oculta un reglamento prohibitivo.
“En realidad no es un proyecto de ley, es un reglamento restrictivo, penalizador y de desaliento al arte ambulante. Entendemos que un proyecto que habla del artista callejero no puede estar en cada uno de sus artículos enunciando y desarrollando la posibilidad de penalizar”, señaló Alejandro Cabrera Britos, músico y organizador de la movida.
Entre sus principales artículos, el proyecto establece que las actividades artísticas solo podrán llevarse a cabo mediante un permiso de uso del lugar público. Además, se fijan restricciones temporales y espaciales para la realización de los espectáculos, con sanciones y multas para quienes incumplan la normativa. En una asamblea de la que participaron alrededor de un centenar de artistas, se discutió sobre cuál es el camino para enfrentar a una ley que consideran perjudicial. “La salida es colectiva y en base a esto presentamos un proyecto alternativo, que simplemente tiene un espíritu despenalizador. Cuenta con 16 artículos pero no habla de permisos sino de posibilidad de registros, no habla de zonificación. Buscamos que no borren lo que se hizo durante más de 30 años, o mucho más, con los artistas callejeros, artistas que ya han dejado historia en la ciudad”, expresó Cabrera Britos.
El proyecto de los artistas es apoyado por el legislador del Frente para la Victoria Pablo Ferreyra, quien define su fin como proteger, propiciar y fomentar la actividad artística en la vía pública, los espacios públicos y subterráneos. “La actividad que desarrollan no requiere de ningún permiso, proponemos la creación de un registro a cargo del Ministerio de Cultura de la Ciudad que no exige requisito alguno para inscripción y no puede ser exigido como permiso para el ejercicio de la actividad”, explicó.
La legisladora Rueda sostiene la necesidad de una ley al tratarse de actuaciones que no se encuentran reglamentadas. “Creemos que es importante que estén contemplados dentro del ordenamiento legal a fin de que la actividad que se realice en la vía pública tenga en cuenta la vida de los vecinos y las demás actividades que se desarrollan normalmente en una ciudad. Los artistas están y conviven con vecinos, organizaciones, instituciones y comercios. Todos deben respetarse entre sí y no generar molestias o interrupciones a las demás actividades”, expresó.
Al respecto, Cabrera Britos desmintió acusaciones sobre conflictos o inconvenientes con vendedores y comerciantes. “No son enemigos. Cuando hubo algún roce o algo lo resolvimos entre nosotros. Quieren usar eso para reglamentar también un supuesto enfrentamiento en los subtes con los vendedores ambulantes y en la calle con los manteros. Nosotros sabemos que lo podemos resolver entre nosotros”, señaló. Sin embargo, aclara que son actividades incomparables: “Nosotros no somos los manteros del arte. Son nuestros primos pero lo nuestro es muy distinto, eso es lo que hay que entender. Es como una contracultura, algo que está desde siempre. Primero estuvo eso y después todo lo demás”, sintetizó el humorista Fernando Chacovachi Cavarozzi.
En la asamblea se invitó a los participantes a apelar a la simpatía social del público y a advertir sobre la real magnitud del problema que se enfrenta. En ese marco, el malabarista German Welchli remarcó el rol que los artistas cumplen en la cultura y que de aprobarse la ley 2538 no sólo se les quitaría el derecho a trabajar sino que se perjudicaría a la ciudadanía en su totalidad. “Tenemos tres argumentaciones importantes: la primera es que somos trabajadores de la cultura y tenemos derecho a trabajar. La segunda es que somos una de las pocas líneas de acceso a la cultura que tienen los sectores desfavorecidos. Y la última es que tocar a los artistas es tocar los derechos del niño. ¿Cómo el Estado le va a sacar un músico, un malabarista, un mimo, a un niño? ¿Les preguntaste a los niños?”, sentenció.
Cuatro testigos se presentaron a declarar el lunes 13 de junio en el marco de la séptima audiencia del juicio por el secuestro y desaparición de José Manuel Pérez Rojo y Patricia Roisinblit el 6 de octubre de 1978. En la causa están imputados Omar Rubens Graffigna -Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea-, Luis Trillo –a cargo del centro clandestino de detención en el que estuvo secuestrada la pareja- y Francisco Gómez, apropiador del hijo menor de la pareja. La querella está conformada por Rosa Tarlovsky y su nieto Guillermo Pérez Roisinblit unificados en Abuelas de Plaza de Mayo; Mariana Eva Pérez; la secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la de la Provincia de Buenos Aires.
Desde las nueve y media de la mañana se encontraba montado el sistema de videoconferencia con el Consulado de Barcelona, donde reside Edith Clutet. Ella estuvo presente la noche en la que la hija mayor de la pareja, Mariana Eva Pérez, fue devuelta a su familia luego de haber sido secuestrada junto a su madre. «Yo tenía once años pero recuerdo perfectamente lo que ocurrió esa noche, me quedó grabado a fuego -expresó la testigo-. A mí no me dejaron salir de la casa pero escuché desde adentro que Patricia gritaba que pidiéramos un abogado». La declaración de la testigo fue breve ya que el intercambio con los militares en el porche de la propiedad ya había sido relatado por su primo, Marcelo Moreyra, en la tercera audiencia del juicio. Él fue el único familiar que los vio con vida esa noche.
Archivo ANCCOM. Rosa Roisinblit en una de audiencias del juicio. 4 de mayo de 2016
«Que pase Teresa Izaguirre», ordenó Alfredo Ruiz Paz, presidente del Tribunal, una vez finalizada la declaración de Clutet. Izaguirre se desempeñaba como empleada en el local de cotillón de José Manuel el día en que tanto él como Gabriel Perneau –otro empleado- fueron secuestrados por personal vestido de civil y nunca más fueron vistos con vida. La testigo parecía incómoda en el estrado. No se quitó el sobretodo y se mantuvo aferrada a su bolso colgado al hombro. Su testimonio resultó confuso, quizás debido a su avanzada edad. Luego de su declaración, no quedaron claras las fechas ni las horas en las que acontecieron los hechos el día del secuestro de José Manuel, tampoco se pudo saber en qué momento ella y su marido -ya fallecido- le devolvieron las llaves del local al padre de él. Mencionó haber sido llevada a una comisaría pero no recuerda con exactitud cuándo ocurrió, y asegura que solo la retuvieron ahí un rato sin declarar y luego la dejaron ir sin firmar ningún documento. También hizo referencia a visitas en su casa de ‘abogados de los militares’. «Pasaron muchos años, señores», se quejó ante las repreguntas y agregó: «El día que se los llevaron yo pensé ‘si se los llevan así, es por algo’, pero conmigo eran personas excelentes».
La tercera testigo fue Esperanza Cabrera. Entre 1987 y 1989, había sido empleadora de Teodora Jofré, apropiadora de Guillermo Pérez Roisinblit, el hijo menor de Patricia y José Manuel que fue encontrado en el 2000. Jofré en principio había sido citada para declarar el lunes pero la defensa de Gómez finalmente desistió de su testimonio.
Archivo ANCCOM. Guillermo Pérez Roisinblit y su hermana Mariana Eva Pérez en una de las audiencias. 30 de mayo de 2016
Cabrera recordó que en 1987 necesitaba contratar a alguien para que trabajara con cama en su casa y le recomendaron un lugar de madres solteras con hijos. «Así vino Dora -Teodora- con Guillermo, quien era su hijo en ese momento. Me dijo que su marido era muy violento», afirmó y dijo que desconocía detalles acerca de si la violencia era física o psicológica. «¿Se parece al papá?», le preguntó Cabrera a Jofré en ese entonces, al dar cuenta de las diferencias en los rasgos genéticos entre ella y Guillermo. «Me dijo que su marido había trabajado en el Hospital Naval y que el chico era hijo de una mujer que había fallecido allí. No me hizo comentarios sobre la muerte de la madre. Dora era una mujer de pocas palabras, no me dijo nada más, y en ese entonces yo no tenía registro de las cosas que habían sucedido en el país», relató. Realizó la denuncia en Abuelas de Plaza de Mayo diez años más tarde, luego de ver a Estela de Carlotto en un programa de televisión: «Dijo que estaba buscando a su nieto Guido, y ahí pensé que quizás Guido era Guillermo. ¿Por qué no podría ser? No pude dormir esa noche». Cuando ella finalmente llamó a Abuelas, le contaron que un día antes se había dado con el paradero de Guillermo, hermano de Mariana. «Dos días después ella me llamó, quería saber cómo había sido su hermano de chico. La invité a mi casa a tomar café pero el encuentro nunca se concretó, ella se estaba por ir a Alemania», recordó la testigo. Luego de declarar, Cabrera permaneció entre el público junto con su pareja hasta el final de la audiencia para poder intercambiar unas palabras con Mariana, a quien no conocía personalmente.
El último testigo de la jornada fue Gonzalo Conte, el arquitecto que acompañó el trabajo de relevamiento en la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA) en su descubrimiento en 2004 y elaboró los planos que se utilizan en este juicio. Explicó las características de la propiedad y las fechas aproximadas en las que se habían realizado las reformas en la casa. Dató en el año 1977 la construcción de una pequeña pieza en donde se cree que estuvo secuestrada Patricia Roisinblit. Guillermo Miari, el defensor de los acusados Trillo y Graffigna, intentó demostrar que el trabajo de Conte para la ONG Memoria Abierta había interferido con su labor como arquitecto en la RIBA, y apuntó al hecho de que su asesoría no había sido rentada. «Esta presidencia convoca a Conte a la inspección ocular en la Regional de Inteligencia de Buenos Aires para colaborar en cuestiones técnicas», expresó el juez Ruiz Paz, ante las quejas del defensor.
Archivo ANCCOM. Francisco Gómez, apropiador del hijo menor de la pareja, en la audiencia del 30 de mayo de 2016.
La inspección ocular se llevará a cabo al mediodía del lunes 27 de junio, y solo podrán estar presentes los querellantes Guillermo y Mariana, el arquitecto Conte y Carmen Ramallo y Víctor Calefa, que en este juicio declararon haber estado detenidos allí. No se permitirá el ingreso de público o prensa. La última audiencia de testigos antes de los alegatos será el día miércoles 29 de junio, en la que prestará declaración un oficial actual de la Fuerza Aérea.
Antes de que finalizara la audiencia, las defensas avisaron al Tribunal que sus clientes desean declarar, luego de haberse negado a hacerlo en primera instancia. No está confirmada aún la fecha en que tendrán lugar sus testimonios.
El oficialismo macrista en la ciudad de Buenos Aires consiguió ayer aprobar en la Legislatura la ley de creación de la Agencia de Bienes Sociedad del Estado, que establece el traspaso al nuevo ente de los terrenos de dominio público para el impulso de obras de infraestructura, que se descuenta serán llevadas a cabo por empresas privadas. El proyecto fue sancionado con 42 votos positivos, 16 negativos y dos abstenciones. Como se preveía, teniendo en cuenta cómo se había desarrollado el debate sobre el tema en los últimos meses, el Frente para la Victoria (FpV) se mostró dividido en el recinto y tres de los doce legisladores que conforman el bloque acompañaron el proyecto, mientras que siete lo rechazaron y los dos restantes votaron en abstención. Aún así, con el apoyo decisivo del espacio SUMA + -que en las elecciones de 2015 apoyó la candidatura a jefe de Gobierno del economista Martín Lousteau-, el PRO logró cumplir con la voluntad de su jefe en la Capital, Horacio Rodríguez Larreta, y sancionar la ley. “Se trata de la confirmación de que está en marcha un modelo de planeamiento de la ciudad similar al de otros grandes centros urbanos del mundo, basado en la enajenación de patrimonio público para dar rienda suelta a la especulación inmobiliaria», afirmó Patricio Del Corro, legislador del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), que votó en contra de la ley. Este paso legal se suma a otras iniciativas del macrismo para concretar la transferencia al capital privado de patrimonio de la ciudad, entre ellas la cesión de terrenos linderos a Casa Amarilla al club Boca Juniors, tal como informó este medio en anteriores ocasiones.
La de ayer fue la segunda vez que fue votado el proyecto, que había sido aprobado en una primera instancia el 3 de diciembre de 2015; pero al tratarse de asuntos referidos a la desafectación de inmuebles de dominio público y proyectos de edificación, la Constitución de la Capital Federal exige su discusión a través de un procedimiento de Doble Lectura, que consiste en una segunda votación, previa realización de una Audiencia Pública no vinculante, en la que participen los sectores con intereses legítimos alrededor de la propuesta legal. Esa audiencia se realizó el 29 de marzo y más allá de que el tratamiento del proyecto era independiente de su resultado, la misma parecía en aquel momento favorecer un cambio en el curso del destino, porque al no reunir los votos mínimos para superar la instancia de la Doble Lectura, el PRO decidió retirar el tema de la agenda de la sesión del jueves 7 de abril. «El proyecto había quedado ‘reservado en secretaría’ para en cualquier momento ser tratado en el recinto y eso fue lo que pasó ayer. Nosotros pedíamos el ‘pase a archivo’, lo cual hubiera significado que la ley se caía», detalló Jonatan Baldiviezo, abogado ambientalista y miembro de la organización Observatorio del Derecho a la Ciudad. Sorpresivamente, la iniciativa fue reflotada ayer y esta vez no fue posible postergar su sanción.
Si bien en el Anexo del texto legal sólo figuran dos inmuebles que pasarán a ser administrados por la Agencia de Bienes SE –el predio del Tiro Federal, ubicado en el barrio de Núñez, y el centro ferial “El Dorrego”, situado en Colegiales-, las organizaciones que resisten la normativa advierten que en realidad alcanza a todos los lotes de propiedad estatal. “Los legisladores que trataron este proyecto ni siquiera sabían cuántos terrenos de dominio público existían realmente en la Capital Federal. No había un inventario. El único relevamiento que existe lo hicimos nosotros”, advirtió Fabio Oliva, integrante del colectivo Buenos Aires No Se Vende, formado por varias agrupaciones que militan en defensa del espacio público de la ciudad. El listado en cuestión, al que accedió ANCCOM, incluye un total de más de 2.500 inmuebles organizados en las categorías “Edificios industriales”, “Galpones o tinglados”, “Locales (comerciales u oficinas)”, Propiedad Horizontal”, “Teatros”, “Terrenos”, “Viviendas con comercio” y “Viviendas unifamiliares”.
La letra de la ley reconoce entre las “funciones” de la flamante Agencia de Bienes SE la de “coordinar las relaciones entre la actividad pública y la inversión privada” y detalla los planes que tiene reservados para los dos terrenos mencionados en el Anexo: el Tiro Federal se convertirá en el “Parque de la Innovación”, que, como define la norma, consistirá en un “centro urbano que impulse la ciencia y la tecnología” en la ciudad de Buenos Aires; mientras que en “El Dorrego” el gobierno de Rodríguez Larreta pretende crear el “Centro Metropolitano Audiovisual”, para albergar a “los distintos sectores involucrados en la comunicación audiovisual: cámaras de productores; medios comunitarios; universidades y trabajadores de la comunicación audiovisual”.
Para concretar esos emprendimientos, la normativa admite que ambos predios serán licitados a través de un concurso público, del que surgirán las empresas adjudicatarias de la obra su construcción. Como ocurre cada vez que el Estado en cualquiera de sus jurisdicciones decide desprenderse de parte de su patrimonio, la ley de Agencia de Bienes SE declara “innecesarios para la gestión” del gobierno de la Capital a los terrenos antes indicados. Sin embargo, desde Buenos Aires No Se Vende aseguran que el supuesto “carácter innecesario” de los terrenos fue definido por unos pocos actores, que representan intereses minoritarios. “Aunque se decidiera que una tierra pública fuera concedida para una inversión inmobiliaria de una empresa, lo correcto sería que esa decisión la tomaran las comunas, y en este caso, la iniciativa provino lisa y llanamente del Poder Ejecutivo”, insistió Oliva.
La cesión de terrenos linderos a Casa Amarilla fue de las primeras iniciativas del macrismo para transferir el patrimonio de la ciudad a privados .
Una Audiencia histórica, pero que no alcanzó
“Esto se sabía desde el lunes pasado y se hizo toda la presión que se pudo para frenarlo”, se lamentó Oliva, arquitecto de profesión, pero comprometido de cuerpo y alma en la preservación de los espacios verdes de la ciudad, cada día más amenazados de extinción. Su actividad lleva ya más de 25 años, cuando comenzó con la lucha para proteger cada uno de los metros cuadrados que dan vida al Parque Avellaneda. Junto con varias agrupaciones vecinales que se especializan en problemáticas similares -Queremos BA, Los Amigos del Lago de Palermo, Basta de Demoler, el Observatorio de Derecho de la Ciudad, el Movimiento Comunero, entre otros- formaron colectivo Buenos Aires No Se Vende, con el objetivo de articular la oposición desde la sociedad civil al proyecto de ley de Agencia de Bienes Sociedad del Estado.
“Nos unió el espanto contra esta ley”, confiesa, aunque se muestra satisfecho por el funcionamiento exhibido hasta ahora por la comunión de las organizaciones barriales. El 29 de marzo último, en el marco de la Audiencia Pública exigida por la Constitución de la Capital Federal, se produjo lo que Oliva definió como “un gran triunfo”, que luego se traduciría en la decisión del oficialismo de postergar el tratamiento en Doble Lectura del proyecto de ley, que estaba previsto para diez días más tarde. “Fue una Audiencia Pública con una inscripción de 200 personas, lo que no es común en este tipo de acontecimientos. Las exposiciones fueron organizadas previamente por BA No Se Vende, hubo más de 100 y ni una sola a favor del proyecto”, describió Oliva, quien definió el evento como “un acto político contundente”.
Por su parte, Baldiviezo recordó que desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad se presentó un recurso legal para evitar que la audiencia se realizara porque, según argumentó, “no había suficiente información para las partes” sobre los alcances reales de la norma, pero la respuesta fue negativa. También alertó acerca de que nunca se realizaron los estudios de impacto ambiental correspondientes, a la hora de llevar adelante obras de desarrollo de infraestructura en terrenos de amplia extensión. De hecho, tal como consta en la Ley N° 123 de la Ciudad de Buenos Aires, debe cumplirse con las diferentes etapas del procedimiento técnico correspondiente hasta llegar al Certificado de Aptitud Ambiental, que autoriza la puesta en marcha de las obras. No obstante, Baldiviezo cree que existe un inconveniente con la reglamentación: “La ley dice que los informes deben hacerse siempre antes de la ejecución de las obras, no antes del proceso de legislación lo cual produce un desfasaje, porque mientras se llevan adelante el proceso legislativo y la Audiencia Pública, hay un tiempo valioso que se pierde, ya que si se practicaran los informes de impacto ambiental desde el momento inicial quedaría claro inmediatamente si el proyecto es viable o no”.
Para Del Corro, la ley no tiene ninguna justificación desde el punto de vista de la ampliación de los derechos de la ciudadanía. “La población de la ciudad hace sesenta años se mantiene estable, pero cada vez son más las que terminan siendo expulsadas hacia las villas y menos las que viven en una casa propia”, señaló el legislador, haciendo referencia a que la nueva ley se desentiende por completo del problema del déficit habitacional y la urgencia de urbanizar los asentamientos precarios. Las prioridades del gobierno porteño, alineado a nivel nacional con el presidente Mauricio Macri, parecen ser otras: “Será una especie de Silicon Valley», resumen los funcionarios del oficialismo cuando hablan de lo que le espera al Tiro Federal, refiriendo a la región californiana que hospeda a buena parte de las compañías líderes a nivel mundial en desarrollo tecnológico. Una confirmación de que desde la llegada del macrismo al poder, el 10 de diciembre pasado, los ojos de la clase política argentina miran hacia el Norte.
