Jun 21, 2016 | inicio
El 30 de marzo del 2006 un pequeño cortocircuito desató un incendio en un taller textil clandestino ubicado en la calle Luis Viale 1269, en Caballito, donde trabajaban y vivían hacinadas varias familias de origen boliviano. Seis personas murieron quemadas, de ellas, cinco eran pequeños y la restante, una mujer embarazada. El episodio parecía inevitable en un lugar con 66 personas trabajando jornadas de 15 horas, con 40 máquinas de coser en la planta baja, dos precarios entrepisos de chapa y madera, donde las habitaciones eran delimitadas por telas, y las excesivas zapatillas eléctricas estaban saturadas de cables.
Ayer, poco más de una década después de la tragedia, la justicia condenó a Juan Manuel Correa y Luis Sillerico Condorí, los dos capataces del taller, únicos imputados, a 13 años de prisión por “estrago culposo seguido de muerte” y “reducción a la servidumbre”.
Correa, argentino, era encargado de llevar las telas al lugar para su costura y luego distribuía las prendas a distintos locales de ropa masculina. Sillerico, boliviano, era quien “reclutaba” a los trabajadores y sus familias en Bolivia bajo la promesa de trabajo, techo y tierra, y también trabajaba, como varios de sus hijos, adolescentes, en el taller.
Luis Fernando Rodríguez, padre de una de las víctimas. Foto: Archivo ANCCOM
Ninguno era propietario del lugar ni dueño de JD, Wol y LDV, las marcas de ropa masculina que comercializaban las prendas confeccionadas en el taller. Esos roles los cumplían Daniel Fischberg y Jaime Geiler, quienes conforman según surgió en el juicio, una sociedad textil de la que dependen las marcas mencionadas y son, desde hace años, reconocidos comerciantes de la industria textil. Ni ellos ni ningún funcionario del Gobierno de la Ciudad, que debía inspeccionar y confirmar la habilitación del lugar, están imputados en la causa. No obstante, el reciente fallo ordenó finalmente investigar a los propietarios del taller.
El caso que desnudó el modo de producción del que se valen marcas de ropa de primera línea, estuvo en un principio investigado por el juez de instrucción Alberto Baños, quien se limitó a develar las causas del incendio y no las implicancias que dieron paso a la tragedia. El expediente estuvo cajoneado durante cuatro años y en dos oportunidades la justicia de primera instancia intentó cerrar la causa con juicios abreviados, siendo la determinación de los sobrevivientes y familiares de las víctimas lo que mantuvo a flote el proceso. Además del oficio de los abogados querellantes Gabriel Chamorro, en la causa civil, y Miriam Carsen, en el proceso penal, y del apoyo de diversas organizaciones sociales, partidos de izquierda y hasta el propio Presidente de la Cámara de Senadores de Bolivia y ex cónsul de Buenos Aires, José Alberto González Samaniego, quien se mostró sumamente interesado.
Todos ellos consiguieron, además de reimpulsar la causa, agregar a la carátula la imputación de “reducción a la servidumbre”, delito imprescriptible, por ser considerado de lesa humanidad, que prevé penas de entre 10 y 20 años de reclusión. Ayer, Adrián Pérez Lance, Rafael Alejandro Oliden y Fátima Ruiz López, integrantes del Tribunal Oral Criminal 5, dictaron sentencia luego de los alegatos que terminaron a principio de mes y que incluyeron, desde la defensa, frases como: “Los bolivianos son más sumisos laboralmente”; “tenemos que entender que estaban mejor que en su pueblo” y, en referencia a Sillerico, “no sabe qué es la reducción a la servidumbre debido a su primitiva educación ya que apenas terminó la primaria”, tal como lo intentó socorrer su representante legal, Norma Bouyssou. Correa tenía como defensor al mediático abogado Marcelo Biondi, quien participó en la defensa de Carlos Mangeri, finalmente condenado por el femicidio de Ángeles Rawson.
Marcha y acto por el 10mo. aniversario del incendio del taller textil de Luis Viale. Foto: archivo ANCCOM
Juan Vásquez es uno de los impulsores de la causa. Su organización Asociación Simbiosis Cultural nació luego de la tragedia de Luis Viale, con la propuesta de buscar justicia y visibilizar el destino que los bolivianos suelen encontrar en Argentina. “Este caso funcionó para destapar la manera en que trabajan en los talleres clandestinos. Tanto aquí como en Bolivia, se empezó a entender de qué se trataba. Fundamentalmente, la vulnerabilidad en la que se encuentra un inmigrante ilegal que debe trabajar jornadas de 14 horas, o más, por día, con una paga que imposibilita el acceso a la vivienda logrando que la única opción sea dormir en los propios talleres. En Luis Viale se pagaban 50 pesos por semana a cada trabajador, apenas alcanzaba para la comida de las familias”.
Vásquez asegura que esto no se termina aquí, ahora irán por los verdaderos responsables de las muertes de Luis Quispe, Rodrigo Quispe Carbajal, Harry Rodríguez Palma, Elías Carbajal Quispe, Wilfredo Quispe Mendoza y Juana Vilca Quispe. “Tenemos la idea de comenzar una nueva causa en donde se impute a Fischberg y Geiler, quienes se hicieron ricos a través de estos métodos de producción y parecen, hasta ahora, totalmente invisibles ante la justicia. Pero su responsabilidad es innegable: sus marcas comercializaban las mercancías que se hacían en el taller para venderlas en la calle Avellaneda y las boletas de los servicios públicos de la propiedad llegaban a su nombre”.
Actualizada 21/06/2016
Jun 21, 2016 | Entrevistas
La última vez que Anccom lo entrevistó, Víctor Hugo acababa de ser despedido de Radio Continental luego de casi treinta años en la emisora, y una multitud se autoconvocaba para darle su apoyo y por la libertad de expresión. Desde abril volvió al aire en AM 750, que funciona en el edificio del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta Horizontal (Suterh), en San Telmo.
Nos recibe a las 8 de la mañana, pero ya está desde un rato antes en la radio, fiel a su costumbre de preparar el programa 2 hs antes. Allí transcurre la entrevista, esta vez habla de lo que quizá más lo apasione, el fútbol.
¿Por qué nadie ocupa el lugar de poder que dejó Julio Grondona?
Porque cuando desaparecen ciertos líderes, la división entre los herederos se hace muy difícil. Siempre hay grupos que están alrededor del líder y cada uno de ellos se siente con derecho. En la AFA había muchísimos seguidores de Grondona pero no amigos entre sí, cada uno con sus apetencias y ambiciones, y esos grupos estallaron cuando él murió. Todas esas voluntades nucleadas a su alrededor y dependientes de él, quedaron en un equilibrio de posibilidades.
¿Qué pretende Macri al apoyar una “Súperliga” separada de la AFA?
Este gobierno quiere quedarse con todo, tiene un espíritu casi imperialista porque busca apoderarse de todas las actividades, y el fútbol es un surtidor importante en lo económico y en lo social. Además, Macri tiene una inclinación natural hacia el fútbol porque le debe todo. Es muy mortificante que las cosas sean así. El poder político dentro del fútbol, a la larga, va a dañar al deporte, pero aún están en una etapa de concentración de poder brutal y lo hacen brutalmente.
¿“Fútbol para todos” corre riesgo ante el ingreso de Turner?
Yo pensé que no iba a correr ningún riesgo, en los primeros años por lo menos, porque habría un costo político grande. Pero como se han presentado los hechos en los últimos tiempos, incluyendo el episodio de José López, todo gravita a favor de que al Gobierno, tome la medida que tome, el costo político se le haya reducido muchísimo.
¿El piso de tolerancia es muy alto?
Estamos en una situación apabullante, una especie de tsunami de poder que se ha llevado todo por delante, con un altísimo grado de cinismo, y las cosas les están saliendo bien. Han acumulado un poder nunca visto que se corresponde con el poder real. Esto es poder real expresado a través del poder político, un gobierno que es una suerte de brazo extendido de este poder real.
¿Quién sería idóneo para transparentar la AFA?
Armando Pérez (presidente de Belgrano de Córdoba) me parece un buen dirigente. Él podría encarrilar una buena situación. Dicen que es un hombre cercano a Macri pero independiente, y entonces podría darle un margen de actividad propia a la AFA. Me cae muy bien Pérez por lo que ha hecho en Córdoba y porque sé que es una buena persona, porque lo he tratado, porque ha sido dueño de medios de comunicación y ha dejado una buena impresión. Me parece que es un hombre que cierra en la credibilidad que uno espera para un dirigente. Pero no conozco cuáles son los compromisos asumidos con el poder político. Donde haya un compromiso con el poder político, también con todo el dolor del alma, estaría opinando negativamente de él, es un tema muy intrincado.
¿Qué otros podrían ser candidatos?
Tinelli no me parecía para nada descartable, pero todos se han bajado ahora, con lo cual sería hipotético lo que te digo. Los dirigentes que vienen de Lanús y Vélez también podrían ser, porque son personas trabajadoras y serias, con márgenes de honestidad muy amplios, que se han destacado por sobre otros dirigentes de otros clubes.
¿Qué opina del alejamiento de Hugo Moyano de la CGT para hacer carrera como dirigente de fútbol?
Da la impresión que está cansado de la CGT, que no tiene el impulso de antes. No sé, puede haber un agotamiento, algo que va cediendo a otros que todavía no salen a la superficie, pero que determinan que él ya no esté totalmente al frente de la situación. Parecería que el club de fútbol, las pasiones del fútbol y la lucha nueva que ha emprendido en la AFA, es una lucha en la cual la pelea por el poder es contra un sector muy poderoso que él querría derrocar. Resultó muy contradictorio que un día de paro de las CTA, Moyano no acompañase y por el contrario, el mismo día, cuando a las 2 de la tarde se reunían los trabajadores en la Plaza de Mayo, él fuera esperado en la AFA para ver quién sería el presidente de la Asociación. Eso me pareció una metáfora de tiempos raros y nuevos, que uno todavía no consigue discriminar.
¿Moyano resignó sus aspiraciones políticas de alto vuelo?
Por supuesto, sí. Los tiempos políticos, en ese sentido, han caducado. Está discutiendo más lo de la AFA que lo que pasa con los sindicatos. Está muy exigido, con las bases latiendo fuerte, pero sin embargo se aboca más a la pelea en la AFA que a la pelea sindical. Ni siquiera lo digo como una crítica, lo digo como una observación de lo que pasó en los últimos meses.
Actualización 21/06/2016
Jun 15, 2016 | inicio
Ajustes en los presupuestos de programas sociales y cooperativos, aumento en la demanda de alimentos de los grupos vulnerables y pocas respuestas oficiales. Las organizaciones que nuclean a los sectores más golpeados por los tarifazos y las restricciones en inversión social coinciden en esos tres grandes ejes de diagnóstico para describir los primeros seis meses del gobierno de Cambiemos.
La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista Combativa (CCC), el Frente Popular Darío Santillán y las organizaciones Tupac Amaru y Barrios de Pie dialogaron con ANCCOM para repasar las demandas de sus bases -en muchos casos protagonistas de protestas callejeras, cortes de calle y ollas populares en las últimas semanas- y caracterizar el vínculo propuesto por la administración de Mauricio Macri.
Dina Sánchez es dirigente del Movimiento Darío Santillán que, junto a otras siete organizaciones, integra el Frente Popular Darío Santillán (FPDS). El espacio aglutina a cerca de mil trabajadores de cooperativas. Ella viaja todos los días desde Glew, provincia de Buenos Aires, a Capital para trabajar, junto a 250 cooperativistas, en limpieza e higiene urbana. “Nosotros siempre firmábamos los acuerdos con el Gobierno de la Ciudad a principios de año, a esta altura ya habíamos renovado y teníamos definidos los aumentos y la cantidad de puestos de trabajo. Ahora tardaron hasta para negociar, igualmente no dejamos de trabajar porque si no se les hace más fácil echarnos diciendo: `Estos no quieren trabajar´. Seguíamos con el mismo sueldo desde junio del año pasado hasta ahora, que nos impusieron un aumento del 23%. Igual, de más puestos de trabajo, ni hablar”, grafica.
Archivo ANCCOM. 18 de enero de 2016.
El coordinador de Barrrios de Pie, Daniel Menéndez, advierte sobre un escenario negativo para los sectores más vulnerables. «Todo el arco social, político, y religioso coincide en que estamos en una situación marcada por el deterioro. Este escenario se agudiza por la inflación y la generación de nuevos pobres que según las mediciones del Observatorio Social de la UCA ya rondan el millón y medio de personas”, subraya.
Para Menéndez, ese nuevo estado de cosas se muestra sin disimulos en el aumento de la demanda por alimentos en los comedores, una pintura que también coinciden en realizar los intendentes del conurbano bonaerense. “Es algo distintos a los últimos años, la situación empeoró y ahora están haciendo estallar los comedores a los que se acercan un montón de chicos por un plato de comida. Incluso Margarita Barrientos reconoció que aumentó un 50% la asistencia a los comedores, y por eso también se abren nuevos. A la vez, hay preocupación por el aumento del 20% del salario, porque siguen estando atrasados, y los programas de empleo terminan siendo un complemento de las changas de los trabajadores en negro, como por ejemplo en la construcción o el de las mujeres que hacen trabajo doméstico”, explica.
Julia Rosales es dirigente de la CCC Zona Norte (Capital), la organización que nació junto al movimiento de trabajadores desocupados en el año 2001 “cuando se vino el mundo abajo y quedó un montón de gente afuera del sistema”.
En la actualidad, la CCC de esa zona impulsa cooperativas de trabajo que se ocupan principalmente de la higiene y limpieza urbana, a la vez que promueven comedores sociales que reciben en su mayoría a los vecinos del Barrio Mitre. “Antes venían 40 familias, ahora vienen 100, y cuando hay hambre también se nota porque la gente se pelea más por las porciones. Hay menos trabajo y mucha inflación. Si antes las capas medias tenían alguna trabajadora doméstica ahora, frente al aumento de tarifas, ya no la contratan y esa mujer queda sin trabajo y viene al comedor”, dice Julia.
Archivo ANCCOM. 18 de enero de 2016.
La organización cuenta con 150 personas en cooperativas de trabajo. “Son principalmente mujeres para las que es muy difícil volver al sistema cuando ya se cayeron, porque son grandes, con hijos, sin dientes”, retrata.
Y puntualiza. “Tenemos que ponernos firmes sobre la base de que somos útiles. Acá trabajamos en cuatro cuadrillas, algunas en el Parque Sarmiento, y también tenemos otras cuatro en centros de primera infancia. Esto es en nuestra zona, pero en el resto de la Ciudad hay más. Esa es la mitad de la gente que viene a nuestros comedores, pero la mayoría no tiene trabajo”.
Una de las organizaciones más afectadas por el cambio de gobierno fue la Túpac Amaru, cuya líder, Milagro Sala, aún permanece detenida en Jujuy. El coordinador nacional del espacio, Alejandro «Coco» Garfagnini, describe la nueva realidad. “Muchos compañeros pasaron de ser cooperativistas a desocupados. Ahora el desafío nuestro es empezar a organizarlos. En los diez años de avance que tuvimos como organización popular logramos agrupar, a partir del trabajo, a un montón de compañeros, no sólo desde las cooperativas de obra pública sino también de fábricas y emprendimientos. Pero hoy la gran mayoría, sobre todo los de obra pública, están desocupados porque el programa se cerró”, dice Garfagnini en referencia a uno de los principales planes de construcción de vivienda, el Programa de Integración Socio Comunitario (ex Emergencia Habitacional), creado en el año 2003 por el Ministerio de Planificación Federal y con el que se construyeron cerca de 56 mil viviendas, según indicó el dirigente. “Era un programa que generaba casi 70 mil puestos de trabajo en todo el país y se terminó porque el gobierno nacional querrá hacer negocios con empresas y no con las cooperativas. En la misma situación están los compañeros de la CNCT que también tenían cooperativas de obra pública. Todos los que integrábamos el programa llegamos a ejecutar en 2015 el 15% del presupuesto de viviendas nacionales”, remata.
Manifestación de Barrios de Pie en el Obelisco el 10 de junio.
Las cooperativas de trabajo comenzaron a multiplicarse en Argentina a partir de la crisis del 2001. Desde entonces, el sector “ha inventando trabajos para poder vivir”, dice Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) que agrupa a sectores como cartoneros, empresas recuperadas, cooperativas populares, campesinos, vendedores ambulantes, constructores, y pequeñas unidades productivas, entre otros. El derecho de agremiación es una de sus principales demandas: “Sabemos que el desarrollo del capitalismo hace que se concentre la economía y que los trabajadores ya no se vuelven a incorporar a ese lugar una vez que quedan afuera, pero nos cuesta que las centrales sindicales nos tengan en cuenta. Vamos siempre a acompañar al sector formal pero es hora de que como trabajadores de la economía popular tengamos personería gremial para contar con obra social y aportes”.
Diálogo con el gobierno
Junto con las crecientes demandas sociales, las organizaciones enfrentan también el desafío de interactuar y reclamar ante un nuevo gobierno. “Hay diálogo pero para discutir giladas. Nos hablan de la herencia, y sólo hay excusas, no canales que permitan resolver los problemas. Nosotros reclamamos por alimentos y por programas de empleo porque están desactualizados, más en este contexto de emergencia social por el ajuste brutal que estamos viviendo. Creemos que tiene que haber un aumento del 50% de los ingresos porque no es suficiente lo que nos pretenden imponer”, subraya Menéndez, desde Barrios de Pie.
Julia Rosales coincide con esa apariencia conciliadora de Cambiemos porque “diálogo con el gobierno hay, pero con pocas respuestas”. Y sentencia: “Son dialogadores pero después migajas. Somos como tercerizadas para el gobierno y no les conviene que nosotros le cobremos barato porque frente a las auditorías después tienen que justificar por qué las cooperativas del PRO –que funcionan en las Comunas como pequeñas empresas- les cobren mucho más”.
En el Frente Popular Darío Santillán marcan como un hito del nuevo vínculo la toma del edificio de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad que se realizó el 11 de mayo pasado junto a otras organizaciones. “Nos recibieron el vicejefe de Gabinete Juan Pablo Graña y el Jefe de Gabinete Social, Juan Ignacio Maquieyra, quienes se comprometieron a conservar los 250 puestos de trabajo, pero no a aumentarlos y nos dijeron que nos iban a dar un incremento de nuestros ingresos cercano a nuestro reclamo. Una semana después fuimos al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, donde nos dijeron que desconocían aquel acuerdo, como si nosotros estuviésemos locos. Mirá si vamos a levantar un acampe, a las tres de la mañana, porque se nos da la ganas”, puntualiza Dina Sánchez.
La CTEP da cuenta de los acuerdos firmados. «Nosotros logramos unas 16 unidades ejecutoras, donde el gobierno va a hacer que podamos coordinar el dinero que es para obras. En un principio era una cantidad de plata pero ahora es bastante menos. También hicimos un acuerdo por el tema de viviendas, otro por problemas alimentarios, también trabajo autogestionado, y para fábricas recuperadas”, explican desde la organización.
El diálogo, sin embargo, tiene doble vara. “Nosotros no tenemos ninguna instancia de diálogo con este gobierno”, explican los referentes de la Tupac Amaru. Con presencia en Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Catamarca, Chaco, Misiones, Corrientes, Salta y Jujuy, el único distrito que mantiene un diálogo institucional es Chaco. “Con el macrismo no te podes confiar. Nosotros nos dimos cuenta cómo eran al poco tiempo que asumieron cuando hicimos los acampes, por las actitudes que tuvieron y después cuando detuvieron a Milagro y a otros seis compañeros”, subrayan.
Manifestación de Barrios de Pie en el Obelisco el 10 de junio.
Perspectivas
“Hay un parate económico que va a seguir porque el gobierno tiene la voluntad de provocar una recesión para que los precios bajen. Tenemos que llevar adelante medidas que busquen menguar esas políticas económicas, por eso nos seguimos reuniendo con distintos sectores, incluso religiosos, como las parroquias, para que podamos convocar a un diálogo, y también pensamos movilizar a los hipermercados y continuar con las ollas populares”, describe el referente de Barrios de Pie.
Desde la CTEP, el diagnóstico incluye una mirada política sobre la región. “Hay un contexto de retroceso regional. Acá la transferencia de recursos que hizo el gobierno a los sectores más concentrados, indica que más allá de pelear por el trabajo autogestionado y las tarifas, vamos a estar en una situación muy dura”.
Julia Rosales cuestiona las promesas futuras de Macri. “El gobierno les dio a las mineras, a los exportadores, y hablan de la herencia pero eso lo puede decir unos meses pero después ya es la forma en la que ellos decidieron resolver la crisis. Hay gente que tiene bronca, sobre todo la clase media que es la que lo votó. Y ahora ya no hablan de la recuperación del próximo semestre, ahora dicen que va a venir el año que viene”, advierte.
Desde el Movimiento Darío Santillán, Dina remarca las contradicciones del gobierno de Cambiemos en la Ciudad. “Si un día se juntan con nosotros y después lo niegan, ya no podemos confiar en nadie. Por eso decimos hay que estar más alertas. Notamos que con este gobierno, a nivel nacional, las cosas fueron muy duras y muy seguidas. La opinión del conjunto de los compañeros de las asambleas que se hacen en los barrios es que vamos a luchar, porque no nos alcanza. Cómo se puede vivir con 4500 pesos si hay que pagar boleto, alquiler, luz, comida. Es una locura”.
La CTEP visualiza la articulación política como la principal herramienta para hacer frente a la nueva realidad y demandas crecientes. «Cuando sufrís una derrota en el campo popular, cada uno va por sus demandas pero hay que hacer un trabajo político, además de lo reivindicativo, y definir qué tipo de país queremos. Para afrontar la crisis necesitamos organizar a todos los sectores y pedir por el salario complementario. Hay un montón de necesidades y por eso tenemos que luchar por una política que yo llamaría defensiva de los derechos conquistados. Lo cierto es que la crisis no nos agarra desprevenidos, no estamos en el 2001», resume Castro.
La perspectiva de las organizaciones para los próximos meses en ningún caso prescinde de las manifestaciones, las ollas populares, las intervenciones frente a hipermercados, entre otras tácticas y métodos de lucha. “A pesar de que hay personas que dicen que no existen espacios de unidad, que estamos fragmentados, yo puedo decir que no veo eso, creo que hay un alto nivel de articulación en el movimiento popular en general. El tema de Milagro tuvo una reacción impresionante, fue muy rápida, tuvimos la solidaridad de más de 40 organizaciones sociales, sindicales y del campo popular”, expresa el coordinador de la Tupac Amaru.
Archivo ANCCOM. Movilización por la liberación de Milagro Sala en el centro porteño el 18 de enero de 2016.
La CTEP analiza una próxima movilización que exprese a todos los sectores de la economía popular para romper con el discurso de los `plancitos`y pelear por un salario universal complementario.
Más allá de las diferencias, las organizaciones apuestan a reinvidicar su lucha alrededor de la única consigna del derecho al trabajo. “Nadie nos regaló nada, lo que logramos lo hicimos con la lucha. La primera conquista es tener un plan social para no morir de hambre pero no nos van a comprar con bolsas de alimentos, con planes, nosotros queremos trabajo”, resume la dirigente de la CCC.
Actualización 15/06/2016
Jun 15, 2016 | inicio
Sentarse a esperar la llamada telefónica que los convoque a trabajar. Viajar hasta Zepita 3220 para llegar a la hora indicada. Firmar un contrato a ciegas que morirá a las 24 horas, y esperar tener suerte al día siguiente para que todo se repita. Así transcurre la jornada laboral de los trabajadores de una de las plantas impresoras del grupo Clarín. A pesar de que su estatuto determina que a partir de los 30 días de trabajo corrido los operarios deben ser efectivizados, en algunos casos llegan a trabajar como jornaleros trece años sin pasar nunca a integrar la planta permanente. Sin organización gremial consolidada debido a las constantes amenazas por parte de la empresa, en marzo de este año fueron elegidos delegados Alejandro Ontivero y Diego Bruschini, para defender sus derechos laborales. Durante los últimos dos meses Ontivero, que era contratado por día, espera, en vano, que el teléfono suene.
Zepita es la planta encargada de la impresión de los diarios Clarín, La Razón, Olé y Revista Genios, entre otros productos de Arte Gráfico Editorial Argentino (AGEA SA – Grupo Clarín). Si bien los empleados del otro edificio de la empresa –ubicado en la calle Tacuarí, sede de las redacciones y de administración– llevan adelante un reclamo por mejores condiciones laborales y un salario digno, los trabajadores de Zepita se encuentran varios pasos más atrás. No solo exigen un sueldo más justo, sino que buscan salir de un sistema de trabajo decimonónico y que no está contemplado por la ley. Según Diego Bruschini, delegado de Zepita por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa), entre 30 y 40 personas se encuentran realizando tareas en calidad de “jornaleros”. Deben permanecer junto a los teléfonos expectantes a la llamada del patrón, llegar a tiempo al establecimiento –sin importar las distancias ni el horario en que les llegó el aviso– y firmar un contrato que no se les permite leer y que solo tiene validez por un día. “Yo lo firmo y ellos me lo sacan. No nos dejan verlo. Así como me pasa a mí le pasa a todos los compañeros que son contratados, es una manera en la que ellos se cubren”, explicó Ontivero, que hace 11 años trabaja bajo las reglas de este sistema con la promesa que de algún día ser efectivizado. Mientras que un empleado permanente cobra alrededor de 30.000 pesos, por los mismos días y horarios un contratado percibe menos de la mitad. “Un promedio de 800 pesos por cada jornada”, estimó Bruschini.
Alejandro Ontivero
“Este sistema es ilegal. Nuestro estatuto establece que a los 30 días la empresa está obligada a efectivizarte. De los 30 días a los 14 años está todo fuera de la ley. Pasa que es muy difícil meterle una denuncia al diario”, explica Francisco Rabini, delegado de la comisión interna de Clarín por SiPreBa. El diario tiene un programa de disciplinamiento: “Ellos son personas que a veces hace 11 o 12 años que no se toman vacaciones, porque si lo hacen no los contactan para trabajar durante dos semanas como represalia”, explicó. Y agregó: “Tenés que estar siempre pendiente, porque si suena el teléfono, no atendiste y ese día no fuiste a trabajar y pasas al último eslabón. Tenés que volver a pagar derecho de piso. Ni hablar si te quejás o intentás mejorar las condiciones de trabajo”.
El número de contratados por día va variando de acuerdo a la tirada de ejemplares de cada jornada. Este sistema, según expresó Rabini, es una manera de hacerle pagar al trabajador un costo de fluctuación del que debería hacerse cargo la empresa: “Si el diario tiene problemas por imprimir más los fines de semana y menos en la semana es un tema suyo. No puede hacerle pagar eso a un tipo que no tiene laburo. Es una empresa que cotiza en la bolsa de Londres, no es una pyme. Nosotros después hacemos notas en el diario sobre talleres clandestinos bolivianos en Flores y nos horrorizamos cómo los someten a esas condiciones. Bueno, nosotros tenemos algo muy parecido”, opinó.
Persecusión sindical
Ante la negativa de la empresa a convocarlo a trabajar desde que asumió como delegado -el pasado 31 de marzo-, Ontivero intentó acercarse para dialogar con Clarín y lograr un acuerdo, pero sólo se encontró con negativas. Por este motivo presentó un recurso de amparo en la justicia: “El que inició el amparo fue mi abogado Guillermo Gianibelli. El 3 de mayo salió una resolución donde le ordenan a la empresa mi reincorporación. La empresa aduce que no le llegó nada, desconoce el fallo, no hace caso a la justicia. Nos presentamos 10 días más tarde con mi abogado y con el escribano a la puerta y no nos dejaron entrar. Esto es claramente una persecución sindical. Porque desde que salí electo no puedo ingresar a la planta”, denunció Ontivero.
El jueves pasado la Justicia impuso una multa a AGEA, que comenzó a tener vigencia a partir de este lunes. Por cada día que la empresa no llame a trabajar a Ontivero, le deberá pagar 5000 pesos. Sin embargo, el trabajador considera que esta no será sanción suficiente para revertir la situación. “El problema es que la empresa lo va a pagar, porque no quiere la organización gremial. No quiere representantes genuinos. Nosotros fuimos elegidos por nuestros compañeros. Ellos no quieren eso, quieren delegados de la patronal, para poderlos manejar. Como ni a Diego ni a mí pueden controlarnos, eligieron este camino, la persecución”, explicó.
Desde la empresa no solo se le negó el trabajo a Ontivero luego de ser elegido delegado, sino que también Bruschini denunció persecución gremial. Aun conservando el puesto, ya que es efectivo, la empresa comenzó a exigirle una metodología de trabajo diferente: “A partir de la nota con Víctor Hugo Morales, el pasado miércoles a la noche, me quisieron cambiar los francos, el horario de entrada, y la jornada en general… ahora me la empezaron a complicar a mí”, reconoció. Asesorado por los abogados de SiPreBa hizo llegar a la empresa un telegrama alertando sobre esta situación ilegal. Hasta el cierre de esta nota no recibió respuesta.
Diego Bruschini
Sin actividad gremial consolidada durante los años previos, recién en 2014 los trabajadores de la planta Zepita convocaron su primera elección: “Siempre nos decían que la empresa echó mucha gente en el año 2000, entonces los compañeros tenían miedo. Es más, ahora tienen mucho miedo de hacer algo”, se lamentó Ontivero. Y agregó: “Lo que me está pasando a mí es una manera de asustar a la gente. Es dar un ejemplo. Ellos nos decían: ‘Al que se postule como delegado, la empresa lo va a echar. Al que quiera organizar una asamblea, la empresa lo va a echar’. Siempre recibimos amenazas. Los capataces se hacían llamar delegados”.
Ese año, los representantes gremiales de Tacuarí, que renovaron su comisión interna, decidieron llamar a elecciones en Zepita, que carecía de organización sindical. Sin embargo, unos días después apareció en la planta un papel que convocaba a otra votación: “Esto lo manejaban los capataces de recursos humanos, que son los que aprietan y amenazan a la gente. Entonces al día siguiente fui a Zepita y empecé a juntar firmas en contra de ese llamado, que era muy trucho, sin los plazos y requisitos que son necesarios”, explicó Rabini. Luego de haber juntado 50 firmas en contra, frente a 15 que habían votado amenazados por la empresa, según contó este delegado, el gerente de Recursos Humanos dio por inválida la elección, permitiendo convocar una nueva. Sin embargo, tres días después llegó un telegrama de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) dando por válida esa elección, gracias a lo cual los capataces pasaron a ser los delegados. “La UTPBA es un sindicato totalmente vaciado, burocrático, que ha cometido todas las traiciones que se puedan cometer, razón por la cual nosotros participamos de la creación del nuevo sindicato, que es SiPreBa”, explicó Rabini. Y continuó: “Más bajo no podes caer como sindicato. La empresa defiende sus intereses, quiere pagar los sueldos más bajos posibles, lo entiendo. Ahora, la lógica del sindicato es defendernos a nosotros. Acá le dieron un aval a la esclavitud, al sometimiento de los tipos que ellos mismos tienen que defender”.
La lucha llegó a Zepita
Clarín no sólo desconoce la representación gremial de sus empleados sino que, según denuncian los delegados electos por SiPreBa, se encuentra en proceso de reducción de personal. El método utilizado es la tercerización de tareas realizadas en la Planta Zepita hacia otras empresas pertenecientes al mismo Grupo. Un ejemplo es el caso del sector Depósito: en octubre de 2015, la empresa presionó a los empleados para que firmaran un contrato bajo la denominación “Cesión de contrato de trabajo”, aceptando pasar a formar parte de Unir S.A y, a cambio, se comprometían a pagarles un resarcimiento como parte de indemnización, respetarles los años de antigüedad e, incluso, volver a su lugar de trabajo original si cambiaban de opinión: “Con ese movimiento bajaron línea: ‘Ojo con el que se organiza porque volás’. Lo dicen desembozadamente. Acá el que saca los pies del plato, el que arma quilombo, se va”, denunció Francisco Rabini.
Según la página web de la Asociación de Empresas de Correo de la República Argentina “Unir S.A. es una empresa del Grupo Clarín orientada al desarrollo de soluciones integrales en las tareas de Distribución Postal, Logística en general”. Tal como argumentan los delegados consultados por ANCCOM, Clarín no sólo cede a sus empleados en Zepita para realizar trabajos bajo la razón social de UNIR S.A, –empresa que también pertenece a ese Grupo mediático–, sino que aún habiendo sido trasladado a otra rama los empleados deben continuar realizando, en parte, tareas que corresponden al trabajo de la planta impresora. Cuando los empleados comenzaron a entender la situación pidieron a Clarín hacer uso de la cláusula que les permitía volver a sus antiguas funciones pero fueron desoídos por la Gerencia: “Como respuesta les decían que si ahora eran empleados de Unir S.A tenían que arreglar con esa empresa. Y les ofrecían como indemnización sólo la mitad de lo que les habían ofrecido antes de firmar”, explicó Bruschini.
Alejandro Ontivero lleva más de 70 días sin su llamado telefónico, más de 70 días sin trabajar, más de 70 días sin cobrar. “Yo tengo 9 hijos y me siento en una situación bastante complicada, bastante jodida. Hoy me cuesta mucho traer un plato de comida a mi casa, porque estoy sin trabajo”, contó a ANCCOM. Durante estos dos meses recibió ayuda de la comisión interna de Clarín, que hace colectas para aliviar su situación económica. “Ellos están peleando por un sueldo digno y sacan plata de su bolsillo para darme una mano a mí. Eso me enorgullece de mis compañeros. Además quiero agradecer mucho al gremio de prensa SiPreBa, porque está apoyando en todo momento, no solamente a mí, sino a todos los trabajadores”, dijo. Y concluyó: “Es tremendo lo que está pasando. Con mi familia no sabemos qué hacer para pasar el día a día. Pero lo que hicimos nosotros en la empresa con mis compañeros era lo que teníamos que hacer. Nosotros teníamos que elegir una comisión interna y pelear por nuestros derechos, que hace mucho tiempo que la empresa los pisa. Yo hoy estoy en mi casa, no tengo trabajo, pero tengo dignidad. No sabes el orgullo que me da haber peleado por mis compañeros, seguir peleando por sus derechos y los míos”.
Diego Bruschini y Alejandro Ontivero fueron elegidos delegados sindicales de la planta impresora «Zepita» del Grupo Clarin
Actualización 15/06/2016
Jun 15, 2016 | inicio
Flexibilizar. Madurar. Dinamizar. Despolitizar. Estos son algunos de los “sinónimos” utilizados por el actual gobierno argentino para referirse a los objetivos en materia de relaciones internacionales. Como parte de este movimiento, el país apunta los prismáticos de su nueva y “desideologizada” mirada exterior hacia el océano con el que no posee límites: el Pacífico. Tras el pedido presentado por la cancillería, Argentina fue rápidamente aceptada como “Estado observador” en la Alianza del Pacífico, el bloque integrado por México, Colombia, Perú y Chile y en cuya cumbre participará el próximo 30 de junio. Mientras tanto, el presidente Mauricio Macri se reunió con el exmandatario chileno Eduardo Frei (1994-2000), con el opositor venezonalo Henrique Capriles y con el canciller brasileño José Serra. ANCCOM dialogó con el historiador Leandro Morgenfeld y con los politólogos José Natanson, Santiago O’Donnell y Juan Manuel Karg para desentrañar las manifiestas intenciones de “desideologizar la política exterior”.
El Mercosur, en jaque
“El Mercosur está en un momento de profundo debate sobre su orientación política-económica –observó el analista internacional Juan Manuel Karg–. Su nacimiento fue en una fase abiertamente neoliberal para América Latina y el Caribe. Sin embargo, con la llegada de los gobiernos posneoliberales, se profundizó el perfil político, con una autonomía creciente respecto a los Estados Unidos. Allí cumplieron un rol clave Néstor Kirchner, Luiz Inácio Lula Da Silva y Hugo Chávez, los tres puntales de la nueva integración latinoamericana”.
El politólogo y periodista Santiago O’Donnell, por su parte, afirmó que “si bien es cierto que estuvieron muy lejos de cumplir con las expectativas de una integración al estilo de la Unión Europea, por lo menos había una intención y una vocación por parte de los líderes de lograr algo similar”. El panorama de los gobiernos actuales, en cambio, ofrece una perspectiva diferente, proclive a una orientación neoliberal y alejada de los países bolivarianos. Como resumió O’Donnell, prevalecen las relaciones comerciales por sobre la integración política y cultural.
Tras el impeachment a la presidenta Dilma Rousseff en Brasil, las autoridades argentinas no titubearon en ofrecer su apoyo al gobierno interino de Michel Temer, a diferencia de otros países como Venezuela, Bolivia y Ecuador que rechazaron el proceso por considerarlo un “golpe institucional”. El 23 de mayo pasado, el presidente Mauricio Macri y la ministra de Relaciones Exteriores Susana Malcorra recibieron a José Serra en su primer viaje diplomático como canciller interino de Brasil. A partir de dicha reunión, Brasil y Argentina –que han sido históricamente los principales motores del Mercosur– intercambian opiniones sobre una posible flexibilización del bloque y comienzan a buscar otras alternativas.
Los países que conformaron originalmente el Mercado Común del Sur (Mercosur) fueron Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, luego se incorporó Venezuela, y Bolivia se encuentra en proceso de adhesión. “El Mercosur es una unión aduanera, es más que una zona de libre-comercio –explicó el periodista José Natanson–. No sólo lo que vendés en un país se puede vender en el otro sin que haya que pasar por aduana sino que, además, los productos que vienen de afuera del bloque pagan lo mismo si entran por Brasil que si entran por Argentina”. Sin embargo, la integración económica-comercial fue despareja, en algunos aspectos tuvo más desarrollo, como por ejemplo la industria automotriz, pero en otros no fue tan exitosa como se deseaba: “El comercio intrabloque es sólo el 20%, el resto viene de afuera. En la Unión Europea, en cambio, es el 70%”, detalló Natanson.
El embajador de los Estados Unidos en Argentina Noah Mamet junto a la Canciller Susana Malcorra durante la visita de Barack Obama en marzo de 2016. Foto: Presidencia.
El Mercosur tampoco cubrió las expectativas de sus socios más chicos -Paraguay y Uruguay- que, ante las evidentes e irresueltas asimetrías dentro del bloque, decidieron participar desde hace algunos años como observadores de la Alianza del Pacífico, bloque alineado con los intereses de Estados Unidos. Los especialistas coinciden en que se trata, simplemente, de un “coqueteo” por parte de ambos países para demostrar su disconformidad. Pero ante el creciente entusiasmo de Argentina y Brasil hacia el Pacífico, el escenario se complejiza. El anuncio de la participación de Mauricio Macri en la cumbre de presidentes de dicho bloque donde Argentina ingresó en calidad de “observador”, sumados a las crisis políticas de Brasil y Venezuela, ponen en jaque al Mercosur y obligan a un rediseño de la integración latinoamericana. “La definición de la situación brasilera durante 2016 será clave para terminar de comprender si hay un viraje regional hacia ese bloque o no”, afirmó Karg.
El historiador Leandro Morgenfeld sostuvo, de igual manera, que el Mercosur atraviesa una profunda crisis: “El gobierno de Macri intenta volver a la concepción noventista del regionalismo abierto. El gobierno de Temer también responde a esa lógica. Así, el Mercosur se alejaría de la proyección que tuvo con el ingreso de Venezuela, y volvería a ser meramente funcional a algunas trasnacionales de la región, pero débil políticamente”.
El fantasma del ALCA
“El ALCA no es mala palabra”, declaró Susana Malcorra cuando aún no había asumido en la Cancillería argentina. También defendió, en reiteradas oportunidades, una voluntad de “desideologizar” la política exterior. En esta nueva orientación, la histórica lucha que culminó con un rotundo “No al ALCA” en la Cumbre de Mar del Plata de 2005 corre riesgo de ser relativizada.
Según Natanson y O’Donnell, la situación actual es muy distinta a aquella ofensiva norteamericana por construir un área de libre comercio desde Alaska hasta Tierra del Fuego entre países tan desiguales. “Esa idea se la frenaron Lula, Kirchner y Chávez en Mar del Plata. A partir de ahí, Estados Unidos, que muchas veces se mueve de manera muy pragmática, hizo un giro en su estrategia: empezó a formar tratados de libre comercio bilaterales”, explicó Natanson. Para O’Donnell, la diferencia principal radica en la voluntad de Estados Unidos: “George Bush invirtió muchísimo capital político y puso mucho esfuerzo para lograr ese tratado. Fue su principal política hacia la región. No creo que ni Hillary Clinton ni Donald Trump tengan esa misma vocación, aunque seguramente Trump es mucho más aislacionista que Clinton. Sin un fuerte envión de Estados Unidos, no sé si sería posible un proyecto tan ambicioso como ese. Llevaría bastante tiempo y esfuerzo de parte de varios países. Y tampoco veo en América Latina ese tipo de prioridad”. Esta diferencia, mientras tanto, no impide que se produzca un realineamiento de Argentina con Estados Unidos que se hizo patente con la visita de Barack Obama en marzo. En todo caso, como sostuvo O’Donnell, “en esta nueva coyuntura, el ALCA salió del rincón donde estaba en penitencia pero todavía no se ha convertido en el alumno preferido de la maestra”.
Morgenfeld y Karg, en cambio, observan características similares al ALCA en los tratados de libre comercio que se negocian en la actualidad. “El ALCA es un antecedente directo de lo que está ocurriendo –afirmó Karg–. Algunos analistas hablan de un ‘ALCA light’ para definir a la reformulación que propone la Alianza del Pacífico para los intercambios comerciales”. Morgenfeld rescató el triunfo que significó para los trabajadores y los sectores menos concentrados de la economía aquella derrota del ALCA: “Es necesario reconstruir una nueva autoconvocatoria para oponerse a los tratados de libre comercio que ahora impulsa Macri porque recrearían una concentración y extranjerización mayor de la economía, limitarían la capacidad de intervención del Estado, achicarían el margen para las políticas públicas (en salud, educación, vivienda) y, fundamentalmente, implicarían mejores condiciones para el capital, en general, para avanzar sobre los trabajadores, tirando a la baja los salarios reales”.
Foto: Presidencia
El precio del libre comercio
Durante su exposición en la 49° Cumbre de Jefes y Jefas de Estado del Mercosur, Macri hizo énfasis en el concepto de “integración flexible” al tiempo que calificó como “prioridad” los acercamientos del Mercosur con la Unión Europea y la Alianza del Pacífico. Mientras tanto, el Partido de Movimiento Democrático Brasilero (PMDB), presidido por Temer, promueve en su programa económico “Un puente para el futuro” la inserción plena de la economía de Brasil en el comercio internacional y la concreción de acuerdos con Estados Unidos, la Unión Europea y Asia, y aclara: “Con o sin la compañía del Mercosur”. Sucede que las reglas del Mercosur impiden que los miembros puedan firmar tratados de libre comercio de manera individual. “Lo primero que deben hacer Argentina y Brasil, en caso de querer avanzar en un tratado de libre comercio con Estados Unidos, es flexibilizar la normativa interna del Mercosur –aclaró Karg–. Eso podría significar, lisa y llanamente, que el Mercosur deje de funcionar tal cual lo conocemos hoy. El PMDB está dispuesto a sacrificar el más largo esfuerzo integracionista de la región”. Morgenfeld advirtió que incluso el gobierno de Uruguay propone modificar dicha cláusula. Una decisión de este estilo rompería la unión aduanera y debilitaría definitivamente al Mercosur.
Natanson aporta una visión más optimista dado que no cree que ningún miembro del Mercosur elija irse del bloque. Lo que puede ocurrir, dijo, es que el Mercosur inicie una negociación de un tratado de libre comercio con Estados Unidos o con la Alianza del Pacífico. “Es difícil y depende básicamente de Brasil”, opinó el politólogo. El Mercosur ya tiene firmado un tratado de libre comercio con Israel y otro con Canadá, además de continuar las negociaciones con la Unión Europea. “No es que los tratados de libre comercio estén mal en sí mismos. Depende con quién, para qué, cuándo”, explicó Natanson. Sin embargo, destacó la capacidad industrial de Estados Unidos cuyos productos, más baratos que los argentinos, pueden invadir al país sin que éste pueda venderle a contrapartida. La idea básica de cualquier tratado de este tipo es aumentar el comercio entre los países implicados pero esto únicamente es útil para los países que ofrecen exportaciones que Estados Unidos necesita. “Si uno mira las exportaciones de Argentina, no son complementarias con Estados Unidos sino competitivas –analizó Natanson–. Ambos son productores de alimentos. Entonces, parece difícil que Argentina venda cosas que Estados Unidos quiera comprar”.
O’Donnell duda del interés por parte de las nuevas autoridades argentinas y brasileras hacia la integración regional y cree, en cambio, que favorecen modelos de tratados bilaterales (parciales, focalizados) y un alineamiento con Estados Unidos pero no la creación de un bloque sudamericano ni la firma de grandes tratados de libre comercio.
“Los tratados de libre comercio marcan el nuevo momento de la economía mundial”, afirmó Karg. Hoy, Estados Unidos encabeza tres grandes acuerdos: la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP), con la Unión Europea; el Acuerdo en comercio de servicios (TISA); y el Acuerdo Transpacífico (TPP), que busca frenar el avance económico de China con países del Asia-Pacífico junto a cuatro estados americanos (Canadá, México, Perú y Chile). “En ese escenario, la participación de América Latina en el TPP es cuestionable porque devuelve a nuestros países a las asimetrías que siempre han mostrado este tipo de acuerdos con las grandes potencias, que suponen la eliminación de barreras arancelarias y la posibilidad de una apertura indiscriminada de las importaciones, lo que daña –lógicamente- a la industria local”, sintetizó Karg.
Morgenfeld, por otro lado, aseveró que todo tratado de libre comercio implica una ofensiva del capital sobre el trabajo: “En el caso de países como la Argentina, una apertura comercial llevaría al cierre de las empresas locales que no puedan competir con las estadounidenses o europeas”. El historiador explicó que un escenario de esas características aumentaría las tasas de desocupación y subocupación, y -como consecuencia- perjudicaría las condiciones de los trabajadores ocupados para defender sus derechos laborales. “En economías no centrales, apenas unas pocas grandes empresas podrían verse beneficiadas, a costa del resto de la sociedad”, continuó Morgenfeld.
Conviene recordar, como lo hizo O’Donnell, que vivimos en un mundo de una economía globalizada y las interacciones entre los países y los bloques económicos son imprescindibles. “En principio, siempre es mejor negociar desde un bloque importante que desde un país aislado porque vas a tener mayor poder de negociación. Pero lo que hay que hacer es sentarse a ver qué tratado y ver qué conviene o no al país”, señaló el periodista y alertó acerca de las reglas de patentes y propiedad intelectual que suele imponer Estados Unidos en sus negociaciones con América del Sur y Argentina.
“El cambio político que se está produciendo en el continente cada vez acerca más la posibilidad de que estos proyectos regresivos avancen. No son un fantasma agitado por la izquierda, sino una realidad en la agenda política”, se lamentó Morgenfeld y advirtió que la resistencia de los pueblos latinoamericanos será fundamental para frenar este proceso. Si recordamos que Mauricio Macri omitió las palabras “patria” y “patriotismo” en la jura presidencial, podremos darnos alguna idea del lugar que ocupa, en el proyecto político de Cambiemos, la Patria Grande latinoamericana que soñaron Simón Bolívar y los libertadores.
Actualización 15/06/2016
