«El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión». Eso establece el punto 9 de la Declaración de Principios sobre libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, norma que fue arrasada en la madrugada del lunes, cuando una patota de unas veinte personas violentó el edificio del diario Tiempo Argentinoy de Radio América, ubicado en la calle Amenábar 23, provocando uno de los ataques más graves a un medio de comunicación desde el retorno a la democracia.
“Queremos que todo el pueblo se dé cuenta de que lo que sucedió es mucho más grave que un conflicto entre privados: esto es vulnerar la libertad de expresión”, dijo Javier Borelli, presidente de la Cooperativa de Tiempo Argentino a ANCCOM. Pasada la una de madrugada del lunes, el empresario Mariano Martínez Rojas junto a una patota de veinte personas ingresaron en el edificio que comparten los dos medios, desalojaron por la fuerza a los trabajadores que estaban de guardia en la redacción y destrozaron instalaciones, puertas y muebles. El grupo se ensañó particularmente en la tarea de romper elementos claves para el trabajo de la cooperativa, como el servidor, documentación y el cableado para el funcionamiento de las computadoras. “Creemos que el objetivo fue impedir que el diario cooperativo vuelva a salir”, declaró Borelli.
“Queremos que todo el pueblo se dé cuenta de que lo que sucedió es mucho más grave que un conflicto entre privados: esto es vulnerar la libertad de expresión”, dijo Javier Borelli.
Mientras se escuchaban los destrozos del edificio, ubicado en pleno barrio de Palermo, los policías de la Comisaría 31 miraban pasivamente en la vereda. Pronto fueron llegando decenas de trabajadores del diario a la redacción. “La policía consideraba que Mariano Martínez Rojas era el verdadero dueño”, contó Randy Stagnaro, delegado de Tiempo Argentino en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires y secretario de la cooperativa. Con este panorama, los trabajadores decidieron entrar para defender sus pertenencias, y provocaron que la fiscalía interviniente, a cargo de Verónica Andrade, cambiara su actitud. “Resolvió hacer un acta formal, ordenó que la policía escoltara y sacara a los patovicas, y que el edificio quedará bajo nuestra custodia, porque tenemos autorización del Ministerio de Trabajo, que nos puso bajo la custodia de los bienes y las herramientas del diario y por eso trabajamos ahí», sostuvo Stagnaro. María del Carmen Verdú, abogada y referente del organismo de derechos humanos, que asistió en plena noche para apoyar a los trabajadores, consiguió que la fiscalía permitiera a los cooperativistas quedarse en el edificio.
A pesar de los destrozos materiales y edilicios, el equipo de Tiempo Argentino evaluó que la mejor respuesta era seguir trabajando y hacer periodismo, y por eso puso en circulación este martes una edición especial en la que dan cuenta de este feroz ataque, de la falta de respuestas del Ministerio de Trabajo (ayer fueron atendidos por funcionarios de tercera línea y el ministro Jorge Triaca no los recibió), de los antecedentes en una estafa de Martínez Rojas y del vaciamiento de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, los empresarios que vaciaron el diario y dejaron de pagar sueldos desde fines del año pasado. Tiempo Argentino volverá a salir el próximo domingo y, por otro lado, Radio América continúa con sus emisiones a través del sitio web y de la aplicación para celulares.
“Estas formas de violencia son un alerta muy grave dijo Tomada a ANCCOM.
“Ya el sábado 11 de junio Martínez Rojas junto a sus muchachos ingresaron a la planta transmisora de radio América, y nos sacó del aire, atentando directamente contra la libertad de expresión”, dijo Matías Colombatti, periodista de la emisora, a ANCCOM. “Este tipo de hechos son de una gravedad institucional enorme –agregó-. Hay una complicidad del Estado que no asegura ni siquiera las garantías mínimas constitucionales para los trabajadores de prensa. Notamos su ausencia desde hace siete meses, cuando dejamos de cobrar nuestros sueldos y comenzó el vaciamiento de la empresa”.
A lo largo de la jornada, recibieron centenares de declaraciones de apoyo de diversas organizaciones y personalidades. También fueron acercándose a la redacción diversos dirigentes políticos y sociales, como el ex titular de Afsca, Martín Sabbatella, el diputado nacional Juan Carlos Junio, y los legisladores Marcelo Ramal (Partido Obrero) y Juan Carlos Tomada (FpV), ex ministro de Trabajo. “Estas formas de violencia son un alerta muy grave –dijo Tomada a ANCCOM-. Es impensable que queden impunes. La responsabilidad no es solamente de los empleadores: tanto el Gobierno de la Ciudad como el Gobierno Nacional deben intervenir y aclarar qué ha pasado en esta suerte de zona liberada y fraudulenta en que se convirtieron los medios”.
Ayer mismo los trabajadores comenzaron a recomponer el edificio. “Tiempo Argentino no para, ni se va a callar –señaló Stagnaro-. Todos los planes que teníamos se mantienen y vamos a recuperar lo que han destrozado, para tener las instalaciones lo más completas posibles, para poder seguir trabajando con normalidad. Quedamos con mucha firmeza. Echamos a una patota, cosa que no es fácil y más aún si tiene la connivencia con la policía”.
“Nosotros no estaríamos acá si no fuera por la gente, los medios, y los compañeros –subrayó Borelli, el presidente de la cooperativa-. Tiempo no saldría sin la ayuda de otras empresas cooperativas, que nos marcaron el camino. Nosotros somos un emergente en este momento, y lo que queremos hacer sobre todo es visibilizar lo que está sucediendo, porque somos parte de la clase trabajadora que está sufriendo los ajustes de este gobierno”.
Bajo tierra, el paisaje de la Plaza Houssay, en el corazón de la zona de facultades, cambiará de cara. La Legislatura porteña aprobó por amplia mayoría un proyecto que propone entregar por 30 años a una empresa privada la explotación de dos niveles de subsuelo -donde hoy funcionan estacionamientos- para construir locales comerciales, gastronómicos y espacios para actividades culturales. La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte (MDUyT) porteño y contó con el apoyo casi unánime del arco político de la Ciudad traducido en 54 votos a favor y 4 en contra. Tras la votación del proyecto, a mediados de mayo, la atención política -y algunas dudas- se concentran ahora en el inicio del proceso de licitación.
La plaza Houssay está ubicada en el macrocentro porteño, a quince cuadras del Obelisco, en la intersección entre la Avenida Córdoba y las calles Junín, Uriburu y Paraguay. En el lugar confluyen a diario más de 170 mil estudiantes, 11 líneas de colectivos y una línea de subterráneo. Tres de las cuatro veredas que la rodean pertenecen a edificios públicos: Facultad de Medicina, Facultad de Ciencias Económicas y Hospital de Clínicas. La restante son edificios de viviendas. Hasta el año 1975 se emplazaba allí el Hospital de Clínicas. Tras su demolición, en el año 1980, durante la intendencia de facto de Osvaldo Cacciatore, se construyó una plaza dominada por desniveles de cemento y pasillos angostos. El objetivo de la arquitectura era evitar la aglomeración de estudiantes.
El subsecretario de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad, Álvaro García Resta, explicó que el proyecto se originó en los resultados de un relevamiento de las necesidades de la zona. “Fuimos, hablamos con los estudiantes, con todos los decanos de la facultades de la UBA, todos apoyaron unánimemente este proyecto”, aseguró.
García Resta trabaja en una oficina amplia y luminosa del “Palacio Lezama”, en el pasado la fábrica de bizcochos Canale, ahora devenido edificio de oficinas del Gobierno de la Ciudad. Es arquitecto egresado de la Universidad de Palermo. Tuvo su propio estudio durante diez años e inició un camino en el sector público convocado por Guillermo Dietrich, en ese momento secretario de Transporte de la Ciudad. “Nosotros creemos que el presupuesto del Estado tiene que ir destinado a educación, salud, urbanización de villas, soluciones habitacionales. La inversión privada para beneficio público es lo que debería pasar en cualquier lugar del mundo donde la construcción de las soluciones para la gente se hace entre sectores. Hacemos ciudades desde la gente y para la gente. No pensamos de dónde viene la inversión”, se sinceró.
Las dudas
La falta de especificaciones de los costos que tendrán las obras y del canon por la concesión del nuevo polo gastronómico, y también la ausencia de informes ambientales y de restricciones de ningún tipo al adjudicatario formaron el núcleo de las observaciones de los legisladores del socialismo y la izquierda que se pronunciaron en contra del proyecto.
Marcelo Ramal, legislador por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, vinculó la iniciativa con una “privatización” de la plaza. “Es un espacio muy fuertemente ligado a la comunidad universitaria de todas las facultades que la rodean. Si vamos a hacer algo con los estacionamientos actuales pensemos en algo que tenga que ver con la vida universitaria. Pensar en un polo gastronómico y no por ejemplo en un comedor estudiantil, es objeto de debate”, le dijo a esta agencia.
El proyecto votado en la Legislatura autoriza al Poder Ejecutivo “a realizar el llamado a licitación para el diseño, construcción, mantenimiento, administración y explotación del centro cultural, gastronómico y playa de estacionamiento Plaza Dr. Bernardo A. Houssay.”
Sin embargo, ni en el punteo votado en el recinto ni en los planes de los funcionarios del área de Planificación existen especificaciones sobre cómo se realizará ese proceso. García Resta explicó que para esta licitación el Gobierno de la Ciudad no tiene un proyecto, sino que espera las propuestas de los licitantes: “El 50% del puntaje para ganar la licitación es por el proyecto que propone. No nos da lo mismo lindo, feo, eficiente, ineficiente, amigable a la gente o no. Ponderamos en 50% eso. Vamos a recibir propuestas de privados que van a construir, van a mantener y operar durante treinta años. Estamos llamando a la inversión privada para beneficio público”, señaló el funcionario. Y agregó: “Reducir el estacionamiento es dar un mensaje a que estamos apostando al transporte público”.
Por su parte Ramal, legislador porteño desde 2013 y docente de la Universidad de Buenos Aires y de Quilmes, afirmó que “no está totalmente claro qué se va a hacer, esa es una de las cuestiones que mueve a sospechas”. Sucede que la construcción y explotación del predio por el plazo de treinta años sin que esté publicado ni fijado el canon que la Ciudad cobrará a una única empresa abre interrogantes.
Esas aristas quedaron expuestas en el debate. El diputado Hernan Rossi, del bloque SUMA+ y cercano a Elisa Carrió, lamentó no haber podido introducir cambios en el proyecto. “Planteábamos que se podían incorporar obligaciones para el concesionario que resultara ganador de la licitación pública vinculadas con la obligación de tener precios razonables para los estudiantes que consuman en esos emprendimientos gastronómicos, o brindarles espacios a las facultades de la Universidad de Buenos Aires que rodean a esta histórica plaza para ubicar allí sus propios emprendimientos culturales”, subrayó durante una discusión caliente. Sin embargo, su voto y el de su bloque fue favorable.
José Cruz Campagnoli, legislador por el bloque Nuevo Encuentro-Frente para la Victoria, aceptó que el plazo de la concesión fue eje de discusión. “Se puede discutir si está bien, 25, 20 o 30 años, pero conceptualmente es uno de los pocos proyectos de concesión que me parecen bien. Lo digo como legislador y como persona que va a la Universidad y pasa por ahí a la mañana y se cruza dos cuadras para comprar un café en el kiosco”, señaló.
Además, contó que en muchos de los casos de concesión de predios públicos su voto fue en contra: “A la venta del Buenos Aires Design nos opusimos, en la Feria Masticar publicamos un informe oponiéndonos porque los pibes de la escuela del barrio no iban a poder realizar actividad física por dos semanas”.
Sin embargo, el legislador marcó diferencias con este proyecto. “Se trata de un espacio que tendrá aire acondicionado en verano, calefacción en invierno. Y el café que pago ahí es el mismo que pago en frente. El que no puede pagarlo ahí no puede pagarlo tampoco en el kiosco de enfrente”, argumentó sobre el voto afirmativo que unió en la misma posición al macrismo, la UCR, el FpV y el PJ.
“Los partidos políticos de las fuerzas dominantes de la Ciudad de Buenos Aires viven y se financian de este tipo de proyectos. Cuando uno ve a figuras probas de la política de la Ciudad hablando por televisión y se pregunta cómo se financian, acá tiene la respuesta”, confrontó Ramal.
Y agregó: “El golf en Lugano, el proyecto de Villa Olímpica en la Comuna 8, la entrega de tierras públicas al Arzobispado en la Capital, la venta de tierras de Catalinas Norte, junto a los cambios de zonificación, todo esto constituye una caja fenomenal para el radicalismo, para el kirchnerismo, para el PJ y por supuesto para el macrismo”.
Según García Resta, en los próximos días se hará público el llamado a licitación para la construcción del nuevo polo gastronómico. Sólo queda por delante ver qué empresa se hará acreedora de un proyecto de explotación por treinta años, un público de cientos de miles de estudiantes y sin restricciones de precios razonables ni especificaciones respecto al canon que deberá pagar al Estado.
14 años después de la masacre de Avellaneda, organizaciones populares convocadas por el Frente Popular Darío Santillán rindieron homenaje a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán con una jornada cultural el pasado sábado. El domingo volvieron a cortar Puente Pueyrredón para exigir juicio y castigo para los responsables políticos.
Allí estuvo Anccom.
Había gran expectativa en torno a la novena audiencia del juicio por la desaparición de José Manuel Pérez Rojo y Patricia Roisinblit, en la que se encuentran imputados Omar Rubens Graffigna, Luis Trillo y Francisco Gómez, apropiador del hijo menor de la pareja. Los abogados de la defensa habían manifestado en el último encuentro que sus clientes declararían hoy -29 de junio- luego de haberse negado a hacerlo en la primera instancia. El lunes pasado -en el marco de la inspección ocular a la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA) a la que asistieron tanto los acusados como las querellas- el presidente del Tribunal, Alfredo Ruiz Paz, confirmó que hoy se daría lugar a sus testimonios, luego de que declarara el último testigo de la causa, el actual director general de inteligencia de la Fuerza Aérea, Hugo Eduardo Schaub.
Las preguntas que las querellas tenían preparadas para el comodoro mayor Schaub tenían el objetivo de dilucidar las funciones que Gómez llevó a cabo como personal civil de inteligencia en la RIBA. La estrategia de la defensa es demostrar que su labor tenía que ver con actividades de maestranza y por lo tanto no habría estado involucrado en la detención clandestina y posterior desaparición José Manuel y Patricia en 1978. Este argumento resulta difícil de sostener dado que el imputado fue condenado por la justicia por la privación de la identidad del hijo menor de la pareja, Guillermo Pérez Roisinblit, uno de los querellantes en la causa.
Omar Graffigna.
El último testigo
Las alas desplegadas que rodean al escudo nacional, símbolos de la Fuerza Aérea, parecían brotar de la campera azul del uniforme del comodoro Schaub sobre su pecho, del lado del corazón. Durante su declaración, el hombre respondió a cuentagotas una serie de preguntas técnicas. Schaub recién ingresaba a la Fuerza en la época de la desaparición de José Manuel y Patricia pero, en su rol de director general de Inteligencia, se considera competente para responder preguntas acerca del funcionamiento del organismo a finales de los 70.
– ¿Sabe a qué se denominaba personal civil de inteligencia en 1978? -preguntó Alan Iud, uno de los abogados de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo que representa a Rosa Tarlovsky -madre de Patricia- y Guillermo Pérez Roisinblit.
– Se trata de personal civil que trabaja en el Área de Inteligencia que fue incorporado por la ley secreta 19.373 -respondió el comodoro.
– ¿Puede darnos una definición de a qué se llama realizar una tarea de inteligencia?
– Realizar una tarea de inteligencia es analizar una información y sacar una conclusión.
– ¿Qué tipo de labor realiza un personal de civil que a su vez hace ‘tareas efectivas de calle’? -preguntó Iud, en referencia a la descripción que consta en el legajo de Gómez.
– Significa que realiza tareas fuera de las instalaciones de las Fuerzas Armadas.
Los abogados de las cuatro querellas –la conformada por Abuelas, la de Mariana Eva Pérez, la de la Secretaría de Derechos Humanos Nacional y de la Provincia de Buenos Aires- y los jueces del tribunal -Ruiz Paz, Marcelo Díaz Cabral y María Claudia Morgese Martín- indagaron al testigo durante una hora tratando de conseguir definiciones que permitan decodificar el legajo de Gómez. El documento constata que el apropiador de Guillermo cobraba un suplemento por realizar ‘tareas de riesgo’, pero el comodoro aclaró que la mayor parte de los integrantes de las Fuerzas Aéreas lo cobraban en ese entonces y lo siguen cobrando actualmente: «Era público y notorio que las Fuerzas Armadas corrían un riesgo per sé, y corrían un riesgo mayor en esa época. No tengo constancia de las otras tareas que mencionan que el personal realizaba en ese entonces, solo sé lo que se dice en la prensa», expresó Schaub.
En cuanto a los trabajos extraordinarios que se mencionan en el legajo, el comodoro aclaró que pueden ser actividades de cualquier índole: «Todos los integrantes de la fuerza están obligados a cumplir lo que le ordene alguien de autoridad», señaló más de una vez.
El defensor de Graffigna y Trillo (foto) solicitó postergar el testimonio del ex Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea para una próxima audiencia el 11 de julio.
Los testimonios de los acusados
Cuando llegó el turno de declarar para los acusados, Javier Miari -defensor de Graffigna y Trillo- solicitó postergar el testimonio del ex Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea para una próxima audiencia. A su pedido se sumó Sergio Díaz Dalaglio, defensor de Gómez. Ambos alegaron que sus defendidos necesitaban más tiempo para prepararse. Trillo estaba dispuesto a presentarse ante los jueces en ese mismo momento, pero el presidente del Tribunal decidió que los tres presten testimonio en la siguiente audiencia pactada para el lunes 11 de julio.
Guillermo Roisinblit se mostró decepcionado a la salida del juzgado: «Me había pedido el día de trabajo especialmente para escuchar el testimonio de mi apropiador», expresó. Si bien en un principio se esperaba que el juicio finalizara antes de la feria judicial, Ruiz Paz confirmó que los alegatos tendrán lugar recién el mes próximo.
Antes de pasar a cuarto intermedio, se reprodujeron veinte minutos del testimonio grabado de Miguel Ángel Osses, brigadier mayor de la Fuerza Aérea, condenado a prisión perpetua en 2015, en el que admite haber recibido la orden de encargarse de la “lucha contra la subversión” en los partidos de Merlo, Moreno y Morón.
La inspección ocular de la RIBA
A la octava audiencia -que consistio en una inspección ocular de la RIBA- solo pudieron asistir las partes, la fiscalía, los imputados -excepto Gómez que no se presentó-, los miembros del Tribunal, el arquitecto Gonzalo Conte de la agrupación Memoria Abierta -que elaboró los planos del lugar- y los testigos que declararon haber estado detenidos en la Regional: María del Carmen Ramallo y Víctor Calefa. El Tribunal no admitió la presencia de público ni prensa.
Francisco Gómez (foto) no se presentó a la inspección ocular de la a la Regional de Inteligencia de Buenos Aires.
Luego de la inspección, Guillermo Pérez Roisinblit confirmó a ANCCOM que tanto Calefa como Ramallo reconocieron nuevamente haber estado detenidos en ese lugar. «Yo ofrecí participar para que quedara claro que no estaba mintiendo respecto de mis recuerdos en la RIBA -explicó-. Yo tenía no más de cinco años cuando iba a ese lugar, y la defensa puede llegar a desestimar la credibilidad de mi testimonio por la edad que tenía. De hecho, las defensas hicieron hincapié en eso nuevamente durante la inspección ocular».
Mariana Eva Pérez, hermana de Guillermo, debió recorrer todas las instalaciones de la casa en la que estuvieron detenidos sus padres, acompañada por el imputado Trillo, a quien le permitieron circular sin esposas al lado de la querellante. «Fue macabro. Explicaron que se trataba de una medida para cuidar la integridad física de Trillo conforme subía y bajaba escaleras», comentó Guillermo con disconformidad.
“Darío era un pibe que no era un pibe, a los trece años ya se afeitaba”, recuerda Jorge Escalada, militante de la primera generación del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) donde compartió filas con Darío Santillán, uno de los dos asesinados por la policía bonaerense el 26 de junio de 2002 en la estación Avellaneda. Hoy trabaja en la cooperativa Roca Negra, nacida del emprendimiento que fundara el propio Darío, desde donde impulsa nuevos y viejos proyectos de aquella militancia piquetera.
Son las doce del medio día de un martes invernal y en la bloquera de Roca Negra la jornada laboral ya finalizó. La lluvia de ayer dejó su marcas en el terreno donde se extiende el emprendimiento productivo, ubicado hace diez años en lo que supo ser el polo fabril de Monte Chingolo, hoy sólo empujado por la fuerza cooperativa. Para llegar es necesario atravesar unos cien metros descampados que la separan del camino General Belgrano al 4431, escenario en el que los colores primarios de la reja de entrada contrastan intensamente con aquel horizonte plomizo. El contraste se aprecia en todo el emprendimiento, donde sus gruesas paredes de hormigón se encuentran salpicadas de murales, carteleras y grafitis.
Jorge, trabajador y militante en la bloquera, compañero de Dario.
Luego de saludar, Jorge adopta un rol de guía y anima a recorrer el lugar donde hoy funciona no sólo la bloquera, sino también un bachillerato popular, un comedor, un jardín de primera infancia y una cooperativa textil. “Todo esto lo hicimos nosotros mismos con los bloques que producimos”, dice y señala el macizo edificio en constante obra, donde pese a que algunas ventanas carecen de vidrios y no todas las salas tienen techo, se evidencian los rastros de lo hecho a pulmón. “La cooperativa tuvo avances enormes en estos años, logramos presentar un proyecto en Nación y con esa plata compramos una bloquera nueva y cambiamos algunos techos, pero ahora la cosa se está complicando un poco más, el diálogo con el nuevo gobierno es nulo”.
Tanto Jorge como la bloquera nacieron en el barrio La Fé, en Lanús, donde el proyecto surgió en 2001 como respuesta a las emergencias habitacionales y económicas de la crisis; fue en ese contexto que el militante devenido en guía conoció a Darío Santillán. La mudanza a Roca Negra surgió como iniciativa de las Madres de Plaza de Mayo, quienes tras enterarse que ese terreno –abandonado durante décadas- entraba en remate judicial, alentaron al MTD a que tramite su toma y posterior expropiación. Desde el 2006, la bloquera funciona en ese predio y el proyecto presentado para su apropiación ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense.
“La cooperativa tuvo avances enormes en estos años, logramos presentar un proyecto en Nación».
Roca Negra nuclea a unas 200 familias y su injerencia en el barrio se percibe en las casas aledañas, construidas con bloques producidos por la cooperativa. Jorge relata con orgullo este hecho: “Tratamos de tener precios cercanos al costo –cada bloque tiene un valor de 12 pesos- para que todos podamos acceder a una vivienda digna. Esa fue la idea inicial del proyecto y la seguimos sosteniendo, con mucho esfuerzo, pero con la certeza de que es necesario generar un cambio social. En un principio Darío se lo cargó al hombro y ahora somos muchos más”.
En la bloquera trabajan diez personas, algunas como Jorge provienen de la primera camada, otras se sumaron al proyecto hace algunos años. Su objetivo es generar un producto de calidad y poder competir en el mercado con un precio accesible, pero también saben que para lograr esto es necesario un Estado que garantice políticas de inclusión y desarrollo: “Nosotros les planteamos a la Municipalidad de Lanús convertirnos en proveedores para todo lo relacionado a la obra pública, pero solo llegamos a vender pequeñas cantidades. Consideramos necesaria la intervención del Estado hasta que se produzca el cambio social.”
Mientras continúa el recorrido por las aulas del bachillerato, Jorge cuenta que ya son seis las camadas de egresados que pasaron por allí, y que las parejas pedagógicas además de enseñar el tronco común de contenidos promueven una conciencia autogestiva. “Los chicos están entendiendo que la salida es otra y que las cosas las conseguís si te organizás. Que el salvarse solo no va más y que hay que preocuparse por el otro. En este sentido, Darío es el mejor ejemplo para ellos, en cuanto a solidaridad y humanismo”. El título que obtienen los graduados es oficial, conquista que lograron mediante la lucha; ahora pelean por el reconocimiento de sus docentes.
