Abr 29, 2015 | inicio
“Culpo al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en especial al jefe de Gobierno, a Mauricio Macri. Me vi obligada a hacer ese pozo ciego porque nunca los vienen a vaciar. Ya lo estábamos por tapar y no dejaron entrar los materiales”. Así le habló Flora Huamán, la mamá de Gastón, a la puerta de la Legislatura porteña, lugar al que se movilizaron los vecinos de la villa Rodrigo Bueno el jueves pasado para pedir justicia por el chico muerto al caer en un precario pozo ciego. “No es justo que Gastón, que era mi hijo, que era un nene bueno de sólo trece años que iba a la escuela y estaba tan feliz con el secundario… no es justo que se haya muerto en el patio de nuestra casa”.
Gastón Arispe Huamán tenía 13 años y había empezado el secundario en el colegio Ingeniero Huergo. El lunes 10 de marzo a la noche llegó de la escuela y se puso a jugar con su gato. Mientras estaban afuera, el animal se cayó a un pozo ciego y, en un intento por rescatarlo, el adolescente cayó tras él. Como el tiempo apremiaba y la ayuda que habían llamado no llegaba, entre vecinos y familiares aunaron fuerzas y pusieron en riesgo sus vidas para rescatar al joven. Lograron sacarlo con mucho esfuerzo pero la ambulancia tardó una hora en llegar y Gastón murió.
Marcha en el barrio Rodrigo Bueno. Foto: Daniela Yechúa / ANCCOM.
El jueves, a poco más de un mes de ese episodio, los mismos familiares y vecinos que asistieron al chico sumaron a sus amigos, compañeros y maestros en una manifestación frente a la Legislatura porteña bajo la consigna “con urbanización, hoy estaría Gastón”.
Un centenar de personas, algunos recién salidos de la escuela y de sus trabajos, se mantuvieron reunidas frente a la legislatura porteña junto a la familia del adolescente, con carteles que evocaron a Gastón y a todas las víctimas de “la desidia que vive la Rodrigo Bueno”.
Flora, la mamá del chico, se aferró en todo momento a la bandera que pedía “Justicia por Gastón y Urbanización ya” y que casi le tapaba la cara. A su lado varias mujeres lloraban y la abrazaban, pero ella tomó aire y habló sin cavilaciones porque manifestarse en ese lugar, donde están “los responsables de la muerte de Gastón” era lo único que quedaba “por hacer ahora que él no está más”.
Después de revivir ese día, Flora hizo una pausa para respirar y gritó una y otra vez “Justicia por Gastón”; los presentes se sumaron al pedido y la consigna resonó por varios minutos hasta que tímidamente comenzaron a asomarse algunos legisladores.
“Nos toca despedirnos de tantos nenes, Gastón no es el primero, es uno más de muchos chicos que se nos van así sin que a nadie le importe sin que nadie nos ayude”, expresó un vecino de la familia mientras cargaba a su bebé en brazos.
“Pedimos como barrio Rodrigo Bueno que los legisladores nos acompañen y ayuden, no sólo por este caso de Gastón sino por todos los chicos que se nos van por la falta de urbanización. Si la Rodrigo Bueno estuviera urbanizada hoy Gastón estaría vivo”, concluyó Flora.
Flora Huaman Ramos, junto a integrantes del Barrio Rodrigo Bueno, entregan el petitorio al legislador y Presidente de la Comisión de Vivienda de CABA Javier Gentilini. Foto: Daniela Yechúa/ ANCCOM
Luego de expresarse frente al edificio, los vecinos leyeron y entregaron una nota en la que exigieron: “urbanización con radicación definitiva del Barrio Rodrigo Bueno” y “que se investigue el accionar del SAME, la Policía Federal Argentina y la Prefectura” por no “responder adecuadamente a los pedidos de ayuda” de los vecinos del barrio.
“¡Basta de discriminar a nuestros barrios! Las demoras del SAME y los servicios de emergencia matan”, concluyeron.
Abr 28, 2015 | Entrevistas
Arquitecto, profesor universitario y ex decano de la facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Jaime Sorín se caracteriza por defender una arquitectura vinculada a las necesidades sociales. Durante su gestión recuperó las jornadas de hábitat social que no se llevaban a cabo desde hacía veinte años. Entre el año 2000 y 2002 fue asesor de la Comisión Municipal de Vivienda del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde se dedicó a la remodelación de los conventillos del barrio de La Boca. Actualmente, se desempeña como presidente de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, cargo en el que fue asignado en el año 2013 de forma honoraria por el decreto 1701. Recibió a ANCCOM en su despacho ubicado en el Cabildo y, entre libros antiguos y muebles del siglo pasado, nos brindó esta entrevista.
– ¿Cuáles son los principales temas que se deben trabajar en relación al espacio público en la ciudad de Buenos Aires?
– Primero habría que definir que el espacio público es el espacio democrático, el lugar que tienen las ciudades donde se produce la mixtura social, donde se generan las actividades. Es el espacio en el cual las distintas maneras de vivir se cruzan junto con las diferentes experiencias y las distintas generaciones. Eso es lo que por definición podemos decir, en realidad no hay ciudad sin espacio público. Si no, lo que hay son una serie de lugares privados que se van sumando y que en algún momento la gente usa el espacio público como lugar de tránsito, de ir de un lugar al otro pero no como debe ser, que es el lugar de comunicación social. Visto esto, hoy la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que tiene una gran exclusión en el espacio público. Por un lado, porque hay grandes problemas de movilidad, es muy difícil para alguien que vive en la zona sur, especialmente Mataderos, Lugano, Soldati, trasladarse a otros lugares de la ciudad porque los medios son muy precarios. Si no tienen su propio medio privado prácticamente no lo pueden hacer. Ni siquiera la bicisenda llega, son lugares puestos fuera de la vista de lo que es el estado de la ciudad, lo cual no es casual, hay toda una política de exclusión de estos sectores y cuanto más se los arrincona, con más tranquilidad viven otros sectores de la ciudad de Buenos Aires. Lo primero que habría que resolver es un problema de movilidad, permitir que haya permeabilidad entre el norte y el sur y posibilidad de transferencia. Eso en cuanto a lo que son las calles, por llamarlo de algún modo. Después tenemos toda una serie de lugares que son espacios públicos grandes, como los parques, que se están privatizando con el tema de las rejas ¿Quiénes manejan eso? ¿Quiénes tienen las llaves? ¿Quiénes abren y cierran? ¿Cuáles son los horarios? El caso de parque Lezama es paradigmático. Pero en la zona sur hay muchos más parques y plazas que, en la práctica, están abandonados. Cuando nosotros [la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares históricos] empezamos con el tema del Lezama, la Defensoría había dicho que, en realidad, no había un problema de deterioro y de vandalismo sino un problema de abandono por parte del gobierno de la ciudad. Esta política de dejar que un parque se caiga para poner luego la reja es muy clara. Después hay otras cosas como la peatonalización del centro, que es una política que están haciendo en muchas ciudades, lo cual no está mal porque saca al vehículo particular del centro pero tampoco es un lugar que tiene una gran mixtura porque lo único que sucede ahí es: o caminás, te trasladás o te sentás en un café, que tiene su costo, no son justamente los bares más baratos de la ciudad. Hay que ver quién lo utiliza, como la bicisenda. Ese es el problema que tenemos hoy en el espacio público, que tiene que ver con las políticas generales de la ciudad. No se integran las villas porque lo que se intenta es hacer una falsa urbanización, que pasa por darle el título de propiedad a la gente, pero no resuelve los problemas de infraestructura. Al no tener agua ni cloaca, les conviene más venderlo a una empresa privada, que va a ir sumando lotes, y con eso irse a vivir a donde pueda con ese valor. El espacio público no está visto como un espacio de inclusión, está visto como un espacio de exclusión.
– ¿Qué políticas públicas se podrían implementar para que ese espacio público sea justamente un espacio inclusivo?
– Hay problemas que tienen que ver con el diseño. Por ejemplo, los espacios que se recuperan no llenarlos de bancos individuales que no se pueden mover, que no permiten la reunión. Otra cosa que están haciendo es particionando los caminos con canteros, los grandes espacios verdes los transforman en más chicos. Hay un tema de diseño que es importante. No todo pasa obviamente por el diseño, pasa por permitir la generación de actividades en esos lugares, hasta actividades promocionadas por el Estado. Eso, el gobierno de la ciudad no lo tiene para nada en la vista. Para él, el espacio público no es algo que deba usarse, es un espacio de circulación. Entonces lo que hace es algunas medidas para mejorar la circulación de la ciudad. Faltan un montón de medidas que contribuyan a la democratización del espacio. Lo mismo pasa con la política cultural que está en el espacio público, los teatros, los cines, que deberían ser públicos. Todo aquello que permita el intercambio, ya sea en espacios abiertos o cerrados, el gobierno de la ciudad lo boicotea o no lo desarrolla. Lo primero que hay que ir pensando son políticas de ese tipo, políticas de transporte, políticas culturales, esas son políticas que permiten la utilización del espacio público. Todas estas cosas son las que deberíamos empezar a discutir y tratar que haya un Estado que promocione este tipo de actividades.
– ¿Se podría pensar que el actual gobierno de la ciudad tiene una concepción muy “pragmática” del espacio público, por llamarlo de alguna forma, que deja de lado otras cosas importantes?
– Creo que la política urbana de Macri la podemos definir como un urbanismo de gerentes, que responde a la idea de una ciudad en manos de la empresa privada. Todo el tratamiento que se le está dando al espacio público tiene que ver con esa privatización de la vida privada del neoliberalismo, que avanza hacia el individualismo e impide el trabajo en conjunto a una sociedad que, para poder desarrollarse y ser democrática, tiene que mezclarse. Todo lo que está haciendo Macri está dirigido a la privatización de los espacios. Y en cuanto a la cultura, la espectacularización de la cultura. Está bueno que haya grandes eventos pero también tiene que haber eventos que promuevan la cultura popular, la cultura de los barrios. Me parece que la política del gobierno actual está dirigida hacia la promoción de una sociedad del espectáculo.
– Entonces, ¿cómo se podría garantizar un uso más pluralista del espacio público?
– Es difícil. Si hablamos exclusivamente de la sociedad porteña, es multicultural pero no es intercultural, para decirlo de alguna manera. Hay un montón de culturas pero no se consigue que esas culturas se crucen, se intercambien. Porque el Estado tampoco favorece ese tipo de situaciones. Obviamente, si las organizaciones sociales, la universidad y todos aquellos sectores que tienen otro concepto empujan, van a tener un espacio público mejor. Pero el espacio público básicamente depende de la acción del Estado. No hay manera, las organizaciones lo pueden tomar en algún momento, hacer manifestaciones, llevar a cabo actividades culturales, pero no lo pueden poner “en valor”, como se dice ahora. Para eso hace falta la acción del Estado.
– Partiendo de la idea de que los lugares y los monumentos forman parte de la identidad y del patrimonio cultural, ¿se podría otorgar un mayor lugar a los ciudadanos a la hora de diseñar políticas públicas para el espacio público? ¿Puede garantizarse más participación de los vecinos?
– Nosotros, lo que tratamos de hacer cuando trabajamos en espacios públicos, como monumentos o lugares que son patrimonio de la humanidad, es generar planes de gestión. Estos planes de gestión incorporan al Estado junto con las organizaciones de la sociedad civil y entre todos generan no solo actividades sino planes de manejo que digan cómo tiene que ser eso, lo cual incluye el diseño y la utilización. Cómo es el mantenimiento, cómo se involucra la sociedad en el mantenimiento, es otro de los temas. Se pueden hacer ese tipo de actividades. El espacio público depende de las comunas, por lo menos constitucionalmente, y al no funcionar la posibilidad de democratizarlo, eso está muy lejos. El caso del Lezama es un caso paradigmático. Desde la Comisión, en lo que más insistimos fue que debe haber un plan de manejo para que una vez que el parque se arregle siga estando en buen estado, lo cual exige acciones del gobierno de la ciudad. Ahí hay un auditorio, por ejemplo, que llegó a albergar cien mil personas en sus orígenes, hay muchas actividades sociales, musicales, teatro de títeres, etc. Si eso se enrejaba y se anulaba y se hacía una fuente y un rosedal, como se quería, se anulaba la posibilidad de que ese parque tuviera una integración en el espacio público. El tema de las rejas quedará para discutirlo. Para mí, lo más importante es que no perdiera el elemento central del espacio público que permitía la reunión. Hay otros lugares como parque Centenario que se recuperó, se enrejó y ahora se le invierte el triple de lo que se invertía antes. El gobierno de la ciudad debería primero invertir más en arreglar y mantener los espacios y luego ver si le pone rejas o no. No partir al revés: primero dejar que los parques se destruyan y después los enrejan, le ponen mucho dinero arriba y dicen “¿vieron?”. Así es.
– El gobierno de la ciudad y todos los que están a favor de las rejas en Parque Lezama plantean que es por un tema de seguridad. ¿Se podría garantizar la seguridad de un parque sin necesidad de colocar rejas?
– Sí. Hay parques y parques. En una plaza barrial es muy fácil por las dimensiones que tiene. Hay que poner guardianes de plaza, como había antes, cubrir los turnos, que la policía de vueltas, colocar luces, cortar los árboles y dejar que siga la vida natural que tuvo siempre. Ahora, el parque Lezama, el Centenario, el Ameghino, los parques grandes son parques complicados para mantener la seguridad. Es importante tener planes de gestión donde se involucre también a la comunidad, que es la que finalmente puede permitir que haya seguridad. Es como en la calle. No se puede pensar solamente la seguridad si no hay participación de la comunidad. La seguridad democrática incluye eso, que la comunidad participe, se involucre. No es todo represión. Las rejas son un elemento represivo, no son un elemento persuasivo. Me parece que se puede pero hay que generar políticas participativas.
– ¿A través de qué canales podría participar la sociedad civil?
– A través de generar actividades que se puedan desarrollar en esos lugares. Después de generar el mismo cuidado del parque, tratar de convencer a la población que está alrededor que los monumentos que están en los parques no deben vandalizarse, cuidar que no se vandalicen. Porque ¿quién más conoce a la gente de alrededor del parque que los mismos vecinos? Tiene que haber colaboración ahí. Además deben estar las ramas cortadas, las luces prendidas, que permita la visualización, y ahí creo que la gente lo va a hacer suyo y se va a oponer a que se destruya. Pero para eso tiene que haber este tipo de actividades.
– Generaría en la gente un sentimiento de mayor pertenencia con el lugar.
– Es lo único que puede permitirlo. Nosotros tenemos una lucha permanente con la pintura de los monumentos, que son parte de la historia. Deberían comprenderse como eso y deberían cuidarse, pero para eso habría que tener actividades hacia la población para que ella también lo haga suyo. Hay que generar participación, si la gente no se siente convocada a participar…
– ¿Cómo se puede vincular la arquitectura con las necesidades sociales (en los casos en que la arquitectura realmente pueda brindar ayuda)?
– En el caso del espacio público hay arquitecturas que son expulsivas y otras que invitan a acercarse. Por ejemplo, un shopping donde hay un señor en la puerta con traje negro viendo quién entra y quién sale es una arquitectura expulsiva, está preparada para eso. Hay otro tipo de cosas que no. Por ejemplo, acá con las recovas, las escuelas, que originalmente permitían las actividades del barrio, tienen canchitas que se pueden usar los fines de semana. Hay muchas maneras de que la arquitectura sea más abierta, más integrada y permita una utilización más democrática. Toda la arquitectura espectacular, pensada para la actividad privada, para la recreación privada, como son los shoppings, no permite para nada la participación. Otro tipo de situaciones, la calle Corrientes, los teatros, las entradas, la gente que sale y entra. Esa arquitectura estaba pensada para integrar lo que pasa adentro y afuera. Hoy se trabaja bastante distinto.
– Volviendo al tema de las villas, ¿cómo se podría hacer para integrarlas al resto de la ciudad?
– Lo que hay que hacer con las villas es darle todos los servicios, deben tener agua, luz, gas, tienen que tener las cloacas y las calles en buen estado, de modo que uno pueda entrar y salir. Eso va a permitir que la gente de la villa se sienta más integrada y que los que están cerca puedan tener más conexión con el interior de la villa. Por otro lado, hay temas de equipamiento, de escuelas o jardines que sean compartidos, de comercios diarios, que sean más amistosos. Y un tema de movilidad también que permita a la gente de la villa salir. Se habla mucho de Medellín. Esta ciudad puso un sistema de transporte que permitió que gente que antes tardaba dos horas en llegar al centro ahora tarde veinte minutos. Entonces, la gente antes te decía “voy a Medellín” y ahora te dicen “voy al centro” porque sienten que pueden, bajan del cerro con el monorriel y van los estudiantes a la universidad, van gentes de otros barrios, el transporte integra también. Esas son cosas que hay que promover. Solo con construir vivienda no arreglas el tema de la villa porque va a seguir igual. Además de las dificultades de que no hay tierras. Hoy el cuarenta por ciento de la gente de la villa alquila en la misma villa. Con lo cual, si vos le das la escritura, se la vas a dar al de planta baja que es el dueño de todo eso. Además, es darle una escritura con la situación en que está actualmente, sin servicios. Rápidamente van a aparecer todas las inmobiliarias para ver cómo se puede vender eso. Son todas políticas que están destinadas a la privatización de los espacios y a promover a la empresa privada. Y la villa necesita mucha intervención del Estado.
– Además de las políticas públicas que debería hacer el Estado también es importante políticas de integración cultural…
– Integrar es todo. Hay que promover que los chicos vayan al colegio, que puedan ir a la secundaria, que algunos puedan llegar a la universidad. Todo eso hay que hacerlo. Y además actividades culturales. El centro cultural de la 21-24 está bueno, tiene auditorio, genera actividades y eso debería replicarse en otros lados. Ahora, siempre que también incluyan a la gente que vive a tres cuadras, si no seguimos creando un ghetto cultural. Es complejo, no es nada fácil pero hay que intentarlo, si no, no llegás nunca a una sociedad reamente democrática.
– En otras entrevistas habla del “derecho de ciudad” y de la “construcción social del hábitat”. ¿Puede definir brevemente a cada uno?
– El derecho a la ciudad es lo que venimos hablando. Que todos los ciudadanos sean iguales en la distribución de los servicios, en las posibilidades de movilidad, en el acceso a la cultura, la escuela, la sanidad. En una ciudad compleja como ésta, el problema no es la pobreza sino la desigualdad. En la ciudad de Buenos Aires, el veinte por ciento de la población que recibe más ingresos se lleva el cuarenta y ocho por ciento del producto y el veinte por ciento que le sigue no llega al seis por ciento. Obviamente que hay pobreza pero lo más importante es la gran diferencia que hay en la población y eso te indica la dificultad en el acceso a muchas cosas que tiene un sector de la población. Por eso, desde Rivadavia al sur es tan distinto al norte. El derecho a la ciudad significa que todos son ciudadanos y no importa el barrio ni la provincia ni el país en que hayan nacido, importa que viven en la ciudad de Buenos Aires y tienen derecho a seguir viviendo acá y a gozar de todos los servicios, no importa cuál sea su clase social. Eso es el derecho a la ciudad. Y la construcción social del hábitat tiene que ver con el derecho a la vivienda y el derecho a lo que estuvimos hablando del espacio público. En cuanto al tema de la vivienda tiene que ver con la participación de aquellos que necesitan vivienda en la resolución de su problema. Que es más fácil saliendo de la ciudad porque en la ciudad de Buenos Aires el tema de la tierra es muy complejo. Hay una ley que es la ley de autogestión, que permite que distintos grupos sociales se unan en mutuales, en cooperativas, generen proyectos de vivienda, compren tierras y administren su propia construcción. Definen qué proyecto quieren y el equipo técnico, eso determina que los costos sean distintos. Eso tiene que ver con la construcción social del hábitat, que permita que se involucre a aquel que lo va a usar en la construcción y en el mantenimiento de eso. Acá estamos bastante lejos a pesar de que hay una ley del año 2000, que está muy desfinanciada porque no permiten la formación de las cooperativas y las pocas que hay no las financian. En ese sentido, la construcción social del hábitat en la Ciudad de Buenos Aires es muy complicada.
Abr 22, 2015 | inicio
Se realizó la “Primera Marcha de Mujeres Originarias por el Buen Vivir” en la cual integrantes de 36 naciones aborígenes de nuestro país marcharon desde el monumento a Julio Roca hasta el Congreso Nacional, donde presentaron un ante-proyecto de ley para la creación de un Concejo autónomo y autárquico, con iniciativa parlamentaria que elabore y proponga políticas que efectivicen el Buen Vivir.
“Para nosotros el Buen Vivir es la reciprocidad de los pueblos con la naturaleza. Entender que nuestro territorio es un espacio sagrado y espiritual que nos constituye y que recuperar el buen vivir es recuperar ese lazo que ha sido roto por este sistema”, expresó Moira Millán, la activista mapuche que encabezó la marcha, con el apoyo de Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Adolfo Pérez Esquivel, Osvaldo Bayer y decenas de organizaciones sociales, sindicales y ambientalistas.
Osvaldo Bayer reclamó que el Monumento de Julio Argentino Roca sea finalmente reemplazado por el Monumento a la Mujer Originaria
El mediodía del martes despertó a Buenos Aires con la presencia de los colores, los tambores y las banderas de representantes de 36 naciones originarias que llegaron de todo el país para gritar que la tierra es la esencia que está dentro de los pueblos. “Cinco siglos de coraje. Cinco siglos resistiendo”, así coreaban en el pequeño acto que se realizó a espaldas del monumento a Roca los manifestantes que luego marcharon hasta el Congreso para la entrega de un proyecto de ley para la creación de un Concejo que vele por los derechos de los pueblos indígenas y elabore normativas atendiendo la filosofía del “Buen Vivir”.
“Las naciones originarias que hemos padecido este sistema racista, hegemónico, descalificador, las mujeres, sobre todo, hemos padecido la violación, por ejemplo, en la Campaña del Desierto. No es casual que hoy nos constituimos dándole la espalda al genocida Julio Argentino Roca”, explicaba Millán. “Pero el problema no es el monumento. El problema es la cantidad de funcionarios que siguen el sendero que marcó Roca, que llevó por ejemplo a nuestros hermanos de Formosa que llevan más de dos meses acampando para ser recibidos”. Decía que lo preocupante es que “el pensamiento de Julio Argentino Roca siga viviendo en las estructuras de este Estado”.
Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo- Línea Fundadora, acompañó la marcha.
La marcha se extendió desde el centro de la ciudad por Avenida de Mayo y luego 150 mujeres representantes de todas las naciones entraron al Congreso para presentar el proyecto y fueron acompañadas por diputados nacionales y de la Ciudad como Alcira Argumedo, Claudio Lozano y Pablo Bergel.
Cortiñas expresó su deseo de que las mujeres originarias no sean más invisibles y aseguró que también hay desaparecidos en democracia. “Nosotras fuimos invisibles muchos años, hasta en la propia Plaza de Mayo. Hace 500 años parece que habían sido invisibles las mujeres originarias, por eso queremos apoyar este paso tan importante y hacer un seguimiento hasta que el parlamento acepte este proyecto del “Buen Vivir”.
En el pequeño salón del Congreso Nacional, ahora repleto de colores y cantos por la tierra, se plantó una semilla de esperanza, por lo menos para las mujeres que estaban ahí, que habían venido de distintas provincias a dibujar nuevos horizontes por caminar.
“Somos obligados a ser representados por estructuras que no nos representan. Nos obligan a entrar en estructuras que no son las nuestras. Por eso este Concejo tendría la tarea de realizar y garantizar la creación de un proceso consultivo de participación, información y discusión que permita elaborar normativas e instrumentos que garanticen y efectivicen el buen vivir. Los pueblos originarios pagamos altos costos por esto que llamamos el desarrollo y la industrialización, sin poner en la balanza el costo ambiental, y por lo tanto humano que el desarrollo pone como ideales, como el modo de llegar a una mejor sociedad y a un reparto más común del bienestar”, aseguró Raquel Zárate, integrante de la organización de la marcha.
Las mujeres escuchaban atentas y esperanzadas las voces de quienes acompañaron y de quienes prometieron apoyar desde el parlamento la creación del Concejo. Del techo caían y brillaban las arañas de cristales y diamantes. En el suelo estaba plantada la bandera argentina, que luego fue acompañada por la bandera originaria. Y de las pieles brotaba la lucha, la bronca y el pedido desesperado del respeto por la identidad. Funcionarios, intelectuales y activistas, todos bajo un mismo techo. Todos hablando un mismo idioma, el idioma del conquistador.
Millán decía en el Congreso: “Lo más terrible no es haber perdido la libertad, sino haber olvidado que alguna vez fuimos libres. Y los pueblos originarios recordamos cada día que cohabitábamos en manera armónica con la tierra. Que podíamos pedirle a ella lo que necesitábamos y también darle a ella lo que en reciprocidad merecía. Esos pueblos, esas 36 naciones, tenemos memoria y tenemos verdad. Ya que durante muchísimo tiempo se ocultó la verdad de la historia de cómo fue levantado este Estado, el cimiento ensangrentado con que fue constituido este Estado hegemónico y racista que nunca quiso mirar para adentro”. Continuaba y aseguraba que “es obligación de la humanidad volver a recomponer el vínculo con la tierra. Y esta marcha es histórica, no solo porque entramos por primera vez al Congreso de la Nación, sino porque a partir de hoy nos desafiamos a entrar en el corazón, en la mente y en el imaginario de un país que nos negó”.
Moira Millán, dirigente mapuche en el Congreso Nacional.
Luego de la presentación del proyecto, se entregó en mesa de entradas del Parlamento y después se realizó un acto en la Plaza de los Dos Congresos con la presencia de diversos artistas musicales, como Arbolito y el cierre con Peteco Carabajal.
Por último, el Nobel de la Paz expresó: “Ustedes conocen el monocultivo, ¿no? Los agrotóxicos. Aquello que contamina, que provoca muerte. Pero ustedes saben que hay un monocultivo que es mucho más grave que todo aquello. Más grave que la soja o la minería a cielo abierto, y es el monocultivo de las mentes. Que no nos sometan al monocultivo de las mentes, y por eso tenemos que tener el grito de libertad. Hay que ser rebeldes, cambiar las injusticias por la justicia. Hasta la victoria, siempre”.
Abr 22, 2015 | inicio
Como en los rituales originarios, miembros de la comunidad escenifican los mensajes más importantes para el pueblo. Mientras en la mística iniciática del VI Congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas – Vía Campesina (CLOC), las semillas fueron veneradas como la fuente de vida, la lluvia cayó en Ezeiza en símbolo de buenos augurios. Así, entre las representaciones del campo asediado entre agrotóxicos y alambres, la pacha y las semillas nacientes, las personas con disfraces y vestimentas típicas cantaban y bailaban al ritmo de las voces indias, mientras la platea de 1200 delegados y delegadas de organizaciones campesinas e indígenas de la región acompañaron la ceremonia alternando aplausos y respetuosos silencios.
En la previa, bajo la consigna “Juventud del campo y la ciudad, luchando por la soberanía popular” se realizó la IV Asamblea Continental de la Juventud en donde debatieron sobre los propios procesos organizativos a lo largo de Latinoamérica y el Caribe, sus fortalezas, sus debilidades y sus aportes. Según Sayra Ticay, integrante de la Organización Trabajadores del Campo de la región Centroamérica y de la CLOC a nivel general,uno de los desafíos de la agenda de la juventud es: “La permanencia en las comunidades desde las organizaciones, aportándole a las luchas para construir nuevas alternativas y desarrollarnos, reivindicando nuestros derechos en la madre tierra”. También la agroecología, la formación y la migración formaron parte de la nómina de temas que los jóvenes impulsaron.
En tanto, las mujeres campesinas e indígenas también tuvieron su propio espacio de encuentro y debate en el marco de V Asamblea de Mujeres. “Cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede”, exponían a coro cientos de mujeres de diversas edades y procedencias cada vez que había ocasión, a la vez que en el congreso afirmaron que “con la mujer en la casa, la reforma agraria se atrasa”, consigna en la que radica uno de los más grandes desafíos de la lucha de las organizaciones del campo en su construcción de un “feminismo campesino y popular”, ya que en virtud de las experiencias socialistas se evidencia “el error histórico de considerar la cuestión de las mujeres como secundaria, como si todo se resolviera por la centralidad de la clase”, manifiesta el documento. Allí se plantea además la necesidad de avanzar en un feminismo que retome otras luchas pero que sea expresión de las mujeres del campo, indígenas de la región con los problemas de clase que esos territorios y no otros, atraviesan. En las conclusiones también se remarcó el rol de las mujeres del campo en estos 20 años de lucha de la CLOC – Vía campesina y se afirmó: “Cualquier lucha construida sin la participación efectiva de las mujeres es una lucha por la mitad”.
Algunos funcionarios de organismos públicos argentinos que facilitaron la organización y desarrollo del Congreso estuvieron presentes en la apertura: Emilio Pérsico, Secretario de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural; Javier Rodríguez, Secretario de Coordinación Político Institucional y Emergencia Agropecuaria; Martín Fresneda, Secretario de Derechos Humanos y Cynthia Ottaviano, Defensora del Público de Servicios de comunicación Audiovisual. La mesa inaugural se completó con las presencia de la ministra de Desarrollo Rural y Tierras de Bolivia, Nemesia Achacollo; Deolinda Carrizo y Diego Montón, quienes están a cargo de la Secretaría Operativa de la CLOC; la coordinadora general de Vía Campesina, Elizabeth Mpofu de Zimbabwe y el representante de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura de Argentina, Valdir Welte. Pero el momento de mayor emoción se vivenció cuando la locutora invocó a Eduardo Galeano, escritor y cronista uruguayo fallecido el día anterior. En ese instante la pantalla del salón mostró su imagen y su voz se filtró por las venas latinoamericanas y caribeñas de las cientos de personas presentes.
La organización de los debates durante el congreso estuvo distribuida en distintos tópicos: Minería, Asalariados y migrantes, Soberanía alimentaria, Reforma agraria, Formación, Comunicación, Represas y Derechos humanos y campesinos. En tanto, se trataron con reconocidos referentes de la región temas como la coyuntura política y agraria, la cuestión de la tenencia de la tierra, la soberanía alimentaria, los derechos humanos, la agricultura campesina e indígena sostenible, la migración y los trabajadores rurales, y formación y paridad de género. Entre otros, expusieron Joao Pedro Stédile y Atilio Borón, quien retomando al pensador italiano Antonio Gramsci planteó a su nutrida audiencia: “la existencia de un optimismo de la voluntad, nos expresa que es posible derrotar las formas capitalistas actuales”.
Hacia el final del congreso, Itelvina Masielli del Movimiento Sin Tierra de Brasil, también miembro de la CLOC – Vía Campesina, evaluó: “concluir este congreso en el Día Internacional de la Lucha Campesina es un acierto político. En este día de lucha campesina en el mundo volvemos a demostrar que tenemos claridad de nuestro papel, del rol que nos toca y por eso ya este congreso ha declarado que no vamos a dar respiro a las transnacionales, ni a los tratados de libre comercio que nos atacan en nuestro continente”.
En esa línea, las conclusiones del congreso acompañan “el avance de los procesos regionales y continentales de integración como UNASUR, ALBA, MERCOSUR y CELAC, el VI Congreso saluda la contundente solidaridad y unidad entre las organizaciones y países de América Latina y el Caribe, que respaldaron la posición de Cuba y su denuncia sobre el bloqueo norteamericano”, a la vez que levantan la bandera de mujeres: “el feminismo campesino y popular es parte de nuestro horizonte estratégico de transformación socialista”. También reafirman “la Reforma Agraria Integral y Popular, la agricultura campesina e indígena de base agroecológica como componentes imprescindibles de nuestro camino hacia la Soberanía Alimentaria (…) Debemos derrotar el modelo agrícola impuesto por las corporaciones del agronegocio que apoyado por los capitales financieros internacionales (…), es el principal responsable de las crisis alimentaria, climática, energética y de urbanización”.
El 17 de abril en conmemoración del Día Internacional de la Lucha Campesina y en consonancia con las conclusiones finales del VI Congreso, se realizó una marcha desde la Sociedad Rural Argentina, hasta la embajada de Estados Unidos. En la sede porteña de los ruralistas se denunciaron las consecuencias del modelo del agronegocio en los pueblos rurales; y en la embajada estadounidense se realizó el acto de cierre que pretendió dar reconocimiento a las luchas campesinas en todo el continente, a la vez que cuestionó la injerencia norteamericana en Venezuela. Más de 3000 personas de toda Latinoamérica y el Caribe hicieron oír sus voces en las calles porteñas al grito de “alerta, alerta, alerta que camina, la lucha campesina por América latina”.
Abr 21, 2015 | inicio
La Ley 26.774 de Ciudadanía Argentina, más conocida como la Ley del Voto a los 16, promulgada el 1 de noviembre de 2012, se verá reflejada en las urnas el próximo 26 de abril en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) porteñas donde se elegirá a los candidatos de cada partido para los cargos a Jefe de Gobierno, Legisladores de la Ciudad y Comuneros de cada una de las 15 comunas que conforman la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Malena Rosemberg, militante no agrupada del Centro de Estudiantes de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, considera que la ley del voto a los 16 “fue más una respuesta a una necesidad de los jóvenes de salir un poco de la militancia del Centro de Estudiantes, entender un poco más la política nacional y empezar a participar”. Cuenta que ya existía un número grande de chicos de 16 y 17 años organizados que militaban desde los Centros y que daban clases de apoyo y querían que se viera su militancia reflejada en las urnas.
En el mismo sentido, Verónica Lorenzo, Coordinadora de Parlamentos Juveniles del Mercosur del ministerio de Educación de la Nación explica: “Nosotros podemos definir desde el Ministerio de Educación que la sanción del voto a los 16 puso un piso a una ampliación de derechos que empezaba a ser una inquietud desde los jóvenes. Lo veníamos percibiendo a través de los foros de debate, del parlamento juvenil, de las reuniones de Centro de Estudiantes y varias cuestiones que veníamos trabajando. Estos debates constituían un tema de época con lo cual la ley vino a cerrar y a ponerle letra a la ampliación del derecho al voto”.
Con respecto a los cambios en la participación política de los jóvenes desde la sanción de la Ley de Ciudadanía Argentina, Rosemberg reflexiona sobre la necesidad de los jóvenes de prepararse más para la elección de un candidato. En lo personal asegura: “Todavía no sé a quién voy a votar, estoy en duda, estoy leyendo más el diario, buscando más información de cada uno en particular y no tan en general o tan cerrado en lo que es el ámbito del secundario”.
Si bien esta Ley amplía el derecho a voto de los ciudadanos desde los 16 años, por otro lado -según denuncian algunos jóvenes dirigentes- en ocasiones se ve limitada por acciones que el Gobierno de la Ciudad o las autoridades de los colegios ejercen sobre la actividad política dentro de los colegios secundarios.
Ignacio Ibáñez, militante del Partido Obrero y Consejero Graduado del CER (Consejo Escolar Resolutivo) de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini denuncia en este sentido: «Hay una gran cantidad de trabas frente a las cuales se encuentran los compañeros secundarios para poder desarrollar las actividades políticas en los colegios, porque tanto las autoridades como incluso la propia burocracia sindical docente está en contra de la organización política de los chicos y bloquean el desarrollo de las actividades, principalmente porque el movimiento estudiantil secundario se ha organizado históricamente por sus propias reivindicaciones y esto no se le escapa a las autoridades de los distintos gobiernos que ha tenido la Ciudad”.
Soledad, presidenta del Centro de Estudiantes, Colegio Nacional de Buenos Aires.
Por su parte, Sol Verónica Gui, militante de Oktubre (UJS/PO + Independientes) y Presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires declara: “Los partidos políticos que se presentan en estas elecciones tienen que llevar a cabo una campaña al interior del movimiento secundario yendo a los colegios, piqueteando, pasando prensa, volantes, haciendo carteles, haciendo que las agrupaciones que integran los colegios traigan candidatos”. Y agrega que esta labor se dificulta porque “el macrismo lleva adelante una política de regimentación que impide a los partidos realizar actividades dentro de los colegios».
Desde la labor docente, Lucrecia Lobo, Profesora de la Escuela Nº 7 DE Nº 9, María Claudia Falcone, expone que existe un tema de temor dando vueltas. Al respecto opina que cualquier impedimento a la militancia dentro de los colegios secundarios depende de sus directivos y no tanto del Gobierno de la Ciudad: no está bien vista la militancia orgánica.
Desde el Centro de Estudiantes de la escuela donde trabaja Lobo, las actividades políticas, como pasar por las aulas, se realizan con total normalidad con la excepción de que algún directivo, bajo su libre criterio, decida su restricción en cualquier momento. Expresa que desde su experiencia no hay ningún tipo de censura y que la práctica política facilita la organización de los jóvenes.
Opina, de cualquier modo, que la mirada del Gobierno de la Ciudad incide pero que los estudiantes no se dejan amedrentar y piensa que cualquier restricción no tiene ningún asidero legal. Explica que el Gobierno porteño intentó, en algún momento, intervenir en la estructura de los Centros de Estudiantes pero no lo logró y que los jóvenes siguen con su estructura, con un Presidente y con la Asamblea, donde participan todos los jóvenes.
Ignacio Ibáñez, con respecto a las dificultades que encuentran los jóvenes militantes en su práctica política cotidiana expresa: “Es muy importante que en todos los colegios secundarios se pueda dar un debate profundo, real, de las alternativas políticas que se presentan en esta elección. Es importante que todos los jóvenes intervengan activamente, cosa que hoy es bloqueada por parte de las autoridades y por parte incluso del gobierno en los colegios».
Sol Verónica Gui denuncia además que en las elecciones se desarrolla una fuerte regimentación política del conjunto de los Centros de Estudiantes de toda la Capital, ya que “no sólo se aprobó el ‘0 800 buchón‘ -pese a que sea inconstitucional y básicamente permita a quién quiera, llamar anónimamente para denunciar que tal o cual militante desarrolla actividad política en los colegios- sino que no nos dejan pasar por cursos o pintar carteles, y las autoridades nos amenazan con sancionarnos».
Ya habiendo pasado por la experiencia del voto a los 16, y desde una militancia no partidaria, Paula García Strauss, de 18 años, se manifiesta a favor del voto joven, aunque confiesa que la sanción de la ley no influyó mucho en ella porque no tenía una posición formada ni una idea clara por quién votar dos años atrás. “A los 16 fui a votar, pero debo admitir que fui más por tener la experiencia de haber votado que por el interés en sí, no porque no me interesen las elecciones sino porque no tenía una idea específica de a quién votar y la militancia en sí no me interesa mucho”.
Estudiantes Colegio Nacional de Buenos Aires en asamblea.
Piensa que la militancia es una práctica muy positiva para la juventud porque a través de ella se puede ejercer la toma de decisiones y la expresión del pensamiento propio, pero le molesta cuando ésta se convierte en un discurso de guión donde no cabe la crítica y se cae en el fanatismo: “Prefiero militar a través del arte que es lo que hago, que es otra forma”. Sin embargo, cuenta que en sus compañeros que militaban partidariamente la Ley resultó significativa: “Para ellos fue un cambio porque eran militantes y tenían una idea bien formada, les interesaba formar parte de la democracia y decidir quién podría estar en el gobierno”.
En este sentido, García Strauss observa que la Ley es optativa justamente para que los jóvenes que militan puedan expresar sus ideas en las urnas. “Hay jóvenes que eligen vivir su vida militando y pensando en la política y hay jóvenes que eligen posponerlo para cuando supuestamente sean adultos, es darle la oportunidad a esos jóvenes que eligen vivir su juventud de esa forma”.
Por su parte, Malena Rosemberg deja ver algo de la implicancia de la Ley en la actitud de aquellos jóvenes que no militaban o no les interesaba el Centro de Estudiantes a través de la experiencia con sus propios compañeros: “Ahora que tienen que votar, si lo hacen, lo van a hacer porque les parece que es algo que está bueno para el país y tienen inquietudes más grandes, preguntan, ya no les causa tanto rechazo”.
La funcionaria Verónica Lorenzo agrega que dentro del Ministerio, si bien no hay un programa específico relacionado con el voto a los 16, sí se tomaron el trabajo de incluir componentes que dieran a conocer la Ley mediante cuadernillos, talleres, acciones concretas y espacios de debate propiciados por el Ministerio, así como también la Ley de Centro de Estudiantes. “Nosotros sentimos como Estado que debemos acompañar y hacer visibles estas dos leyes para que los jóvenes puedan tomar sus propias decisiones, más allá de los colores políticos, pero que definan con conocimiento de causa la decisión que van a tomar. Y en vista del crecimiento en el ejercicio democrático que han tenido nuestros chicos, creemos que ellos pueden decidir a quién votar. El debate que se viene y que ellos están proponiendo en este momento es que también tienen derecho a ser elegidos. Un desafío que se dará en los debates venideros”.
Sin duda, la ley del voto a los 16 amplió la participación política de los jóvenes que ya militaban en los colegios secundarios pero también generó un espacio de debate entre los que no lo hacían, además de promover desde el Estado una campaña de concientización ciudadana en el conocimiento de sus derechos políticos que ha logrado un alto nivel entre los jóvenes. Este domingo 26 de abril será el comienzo desde la Ciudad de un agitado calendario electoral que dará a conocer si la participación joven hará o no la diferencia.
