“No abrimos heridas, tratamos de cerrarlas”

“No abrimos heridas, tratamos de cerrarlas”

«La ley mordaza es el franquismo», sentencia Xoán Negreira. Las dos temáticas se entrecruzan durante la jornada del sábado 11 de julio, en la que un grupo de descendientes de españoles se manifestó frente a la embajada de España para reclamar la extradición de 19 represores de la dictadura de Francisco Franco a Argentina y, a la vez, criticar la denominada «ley mordaza» que entró en vigencia el último 1° de julio.

«Estamos acá porque solicitamos la extradición de 19 represores y genocidas españoles del franquismo que han sido imputados por la justicia argentina y que el reino de España hoy, impunemente, los acobija y no los extradita», explica Negreira, miembro de la Agrupación Federico García Lorca, la organización que convocó a la manifestación. Además del pedido expreso a la diplomacia española, la actividad contó con una serie de shows artísticos con bandas, conjuntos de danza, una lectura de una obra teatral y radio abierta. «Estamos levantando la voz para pedir justicia por los cientos de miles de personas que fueron acribilladas, perseguidas y torturadas dentro del franquismo», dice Negreira a ANCCOM.

«Argentina es el único país en el mundo que tiene una causa contra el franquismo», señala Inés García Holgado. Ella, junto a Adriana Fernández y Darío Rivas son los tres querellantes que llevan adelante el juicio en Argentina contra los represores españoles. «Lo que queremos es que se visibilice la causa en Argentina. Para nosotros, que somos familiares, es muy importante que se sepa que en España hubo un genocidio. Se lo toma como que fue una guerra civil», agrega Inés.

Las dos mujeres son argentinas, ya que sus padres escaparon de las persecuciones. En el caso de Inés, perdió a su abuelo, mientras que Adriana a sus tíos y a su abuelo. Se vieron obligadas a presentar la causa en Argentina porque «en España se habían cerrado todas las puertas».

 

Manifestación en la embajada española. Ciudad de Buenos Aires.

Manifestación en la embajada española de la ciudad de Buenos Aires.

«Baltasar Garzón agarró la causa en el 2006, la Audiencia Nacional no le permitió continuar y solo quedaba la Argentina, con el principio de justicia universal que permite, aunque el delito se haya cometido en otro país, juzgar los crímenes de lesa humanidad», relata Adriana. Y es que en España, como subraya Inés, «estos crímenes no se consideran de lesa humanidad, se consideran prescriptos”.

La novedad de la causa, que fue la chispa que encendió la idea de hacer esta manifestación, fue que la jueza Servini de Cubría pidió la extradición de los 19 torturadores, entre los que se encuentran ex ministros y familiares de ex funcionarios y hasta un médico involucrado en el robo de bebés, y el gobierno español se negó.

«Queremos que la sociedad española sepa la historia completa y no la oficial, que fue la que impuso el franquismo. No estamos abriendo heridas, estamos tratando de que se cierren», expresa Inés.

«España es un cementerio. Por todo el país hay fosas comunes. Hay gente que sabe dónde están sus familiares y los jueces no los autorizan a sacarlos», cuenta Adriana. «Hay todavía 114.000 personas que están en fosas comunes y que hay que exhumar. El Estado español no se hace cargo ni de las exhumaciones y mucho menos de los ADN», añade Inés. Según sus datos, durante la dictadura de Franco hubo 300.000 bebés robados entre 1938 y 1992, 50.000 ejecutados, 400 fosas comunes y 50.600 detenidos entre 1963 y 1977.

«Hace muchos años, no se pensaba que a los genocidas de nuestro país se los iba a poder juzgar acá. La gente viajaba a España a prestar declaración allá. Ahora tenemos juicios de lesa humanidad a lo largo y a lo ancho de todo el país. A lo mejor, con un cambio de gobierno o de mentalidad de la sociedad española, puede suceder lo mismo», indica Inés.

El pedido por justicia a los crímenes de la dictadura franquista se mezcla y entrecruza con la actual crítica a la Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como «ley mordaza» en España. «La ley mordaza es el franquismo. No se puede acompañar el reclamo de las personas que perdieron sus casas por deudas con los bancos, o al hacer cualquier pronunciamiento en las redes sociales ya se es imputado y juzgado por la justicia española por esta reforma del Código Penal. Para nosotros, no hay libertad de expresión. Eso es dictadura», plantea Xoán Negreira.

Pablo Estruga es uno de los fundadores de Podemos Argentina y Oscar Leguizamón es el secretario general del Partido de la Victoria.

Pablo Estruga es uno de los fundadores de Podemos Argentina y Oscar Leguizamón es el secretario general del Partido de la Victoria.

Junto a la Agrupación Federico García Lorca, participó también la representación argentina de Podemos, el partido político español que surgió el año pasado como forma de canalizar y organizar los reclamos que surgieron con el movimiento de los «indignados».

Pablo Estruga, nacido en Ibiza, llegó a Argentina en enero de 2014 porque tiene familia en Mendoza. Venía de participar del #15M y de las manifestaciones de los indignados en Valladolid y Madrid. En Argentina, fundó junto a otras 40 personas la sede de Podemos en nuestro país.

«Podemos tiene un sistema de círculos autónomos -explica Estruga a ANCCOM-. El círculo se creaba y se unía al partido. Surgían asambleas o, como el exilio español es tan grande en los últimos años, núcleos en otros países, como París, Londres, Berlín». En Argentina, ellos trabajan para la difusión del partido de cara a las elecciones generales de noviembre, ya que en Buenos Aires hay 400.000 españoles y descendientes de españoles.

Para Estruga, «con la ley mordaza quieren evitar otro movimiento parecido al que golpeó el tablero en España. Ya es tarde para eso. Es una ley que tiene de vida lo que dure la conformación de un nuevo Congreso. Sea Podemos gobierno o no, vamos a presentar una reforma para derogarla, porque es una ley totalmente retrógrada, injusta y recuerda mucho a la época de la represión».

«Cualquier nuevo grupo político que conforme el Parlamento y con un poco de sentido común, sabe que es una ley que no representa a nadie. Es una ley partidaria, del Partido Popular, al que el PSOE evidentemente no se opone, porque sabemos que en las cuestiones estructurales votan igual. Estamos seguros que va a cambiar bastante el color del Parlamento, por eso sabemos que es una ley que tiene los días contados».

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Según Negreira, «hay un pacto que se ha hecho en el año ’78 donde el bipartidismo, el Partido Socialista Español y el Partido Popular, la derecha franquista que se ha refugiado en la democracia con este partido, han pactado el silencio, el perdón hacia los genocidas. Podemos es una fuerza que rompe con el bipartidismo».

«Hay una gran similitud en algunas cuestiones con el 2001 de Argentina, con las asambleas, la participación de las bases y la militancia y la formación de nuevos cuadros, que es lo que necesita España».

 

La igualdad tiene cinco años de matrimonio

La igualdad tiene cinco años de matrimonio

Buenos Aires, julio de 2015. El país está sumido en la oscuridad, la sociedad está desmembrada, ya no hay familias, miles de chicos han sido víctimas de la pedofilia, el tráfico de niños ha aumentado, las únicas beneficiadas son las empresas dedicadas al turismo gay. Este es el panorama que habían imaginado aquellos que, desde posturas extremistas y apocalípticas,  estaban en contra de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario. Sin embargo, desde hace cinco años en aquella madrugada del 15 de julio de 2010,  Argentina es una sociedad más igualitaria.

El proyecto de ley de Matrimonio Civil para personas del mismo sexo fue aprobado por la Cámara de Diputados el 4 de mayo de 2010 luego de haber sido tratado por las comisiones de Legislación General y Familia. Con la media sanción, el proyecto ingresa a la comisión de Legislación General del Senado, donde la senadora Liliana Negre de Alonso llevó a cabo la realización de audiencias públicas en provincias del interior para debatir el proyecto. Mientras tanto, los medios de comunicación le dieron una gran cobertura al tema y la sociedad pareció dividirse entre los que estaban a favor y los que estaban en contra. Sin embargo, mientras los primeros daban cuenta de sólidos argumentos para avalar la igualdad de derechos, los segundos apelaban a supuestas verdades inmutables basadas en prejuicios y falta de información. Finalmente, en la madrugada del 15 de julio de 2010, luego de un debate de más de doce horas, el Senado aprobó las modificaciones al Código Civil que permitían el acceso al matrimonio a parejas gays y lesbianas. Con 33 votos afirmativos y 27 negativos, Argentina se convertía en el primer país de Latinoamérica en tener una ley de este tipo.

La ley de reforma del Matrimonio Civil es la número 26.618 y reemplaza los términos “hombre” y “mujer” por “contrayentes”, al tiempo que “todas las referencias a la institución del matrimonio que contiene nuestro ordenamiento jurídico se entenderán aplicables tanto al matrimonio constituido por dos personas del mismo sexo como al constituido por dos personas de distinto sexo”.

Martina y Leslie. julio de 2015. CABA.  Antes de publicar esta imagen contáctese con ANCCOM.

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El largo camino

El camino que conduce a la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario se remonta al año 2007 cuando la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), presidida por María Rachid, emprendió una campaña de amparos. Mientras tanto, los medios de comunicación se encargaron de darle cobertura y esto contribuyó a instalar el tema en la agenda pública. Bruno Bimbi, periodista, autor del libro “Matrimonio Igualitario”, también es activista y desempeñó un papel importante en ese momento. Desde Brasil, donde está finalizando un doctorado en lingüística en la Universidad de Río de Janeiro, dialogó con ANCCOM. “Iniciamos recursos de amparo en la justicia, distintas parejas iban al Registro Civil a pedir turno para casarse, le decían que no y presentaban un recurso de amparo. La intención era conseguir un fallo judicial y llegar a la Corte Suprema”. Por otro lado, la FALGBT presentó proyectos de ley en el Congreso. En el Senado “lo presentó Vilma Ibarra y el de diputados fue iniciativa de Di Polina y Silvia Ausburger”, explica Bimbi.  En tercer lugar, la Federación busco el apoyo del gobierno. “Hubo todo un camino de trabajo en común, La idea era ir por los tres poderes del Estado y a la vez lanzar una campaña para la sociedad a través de los medios de comunicación para instalar los temas en la agenda pública”, agrega.

De esta manera, varias parejas lograron casarse por la vía judicial. El primer matrimonio entre varones fue el de Alex Freire y José María Di Bello, que habían obtenido un fallo a su favor de la jueza Gabriela Seijas, quien declaró la inconstitucionalidad de los artículos del Código Civil que limitaban el matrimonio a parejas heterosexuales. Sin embargo, cuando obtuvieron la fecha para celebrar el matrimonio, la jueza Marta Gómez Alsina declaró la nulidad del fallo de Seijas, basándose en una incompatibilidad de fueros. Finalmente, gracias a artilugios legales, la pareja logró casarse el 28 de diciembre de 2009 en la localidad de Tierra del Fuego, convirtiéndose en el primer matrimonio igualitario de Sudamérica. Ernesto Meccia, sociólogo e investigador, autor de “La cuestión gay” (2006) y “Los últimos homosexuales” (2011), fue convocado por Seijas para consultarlo acerca del fallo. En el primer libro, Meccia critica la noción de tolerancia, crítica que fue tomada por la jueza para avalar su dictamen. En diálogo con ANCCOM, explica que la tolerancia “lleva en sí misma una especie de contrato des-igualitario; hay alguien que decidió que otro es objeto de su tolerancia. Por lo tanto, si alguien es objeto de mi tolerancia, yo lo estoy mirando desde ese lugar y le estoy adosando atributos que para mí no son modélicos pero yo tengo que tolerar. Yo me atribuyo no solo que tengo los valores buenos sino que tengo la capacidad de tolerar al otro. La jueza Seijas puso que la tolerancia conlleva a priori una definición negativa del otro”.

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Unión civil: el antecedente más importante

El antecedente más importante de la Ley de Matrimonio Igualitario es la aprobación de la Unión Civil por parte de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2002. Si bien la medida reconoce algunos derechos, como la incorporación de la pareja a la obra social, solicitar vacaciones en el mismo período y recibir una pensión, no contemplaba otros derechos fundamentales como la adopción conjunta y el derecho a herencia.

Sin embargo, durante el debate acerca de la ley de Matrimonio Igualitario, existían diferentes posturas. Para Bruno Bimbi, había tres posiciones. Por un lado, la FALGBT, que sostenía “que la lucha por el matrimonio era una lucha central y estratégica por los derechos civiles y contra la discriminación y la homofobia.” Por otro lado, el enfoque de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) era favorable a la Unión Civil. Bimbi lo explica de la siguiente manera: “Ellos tenían un doble discurso. Públicamente decían que la Unión Civil era mejor que el matrimonio pero, para adentro, decían que el matrimonio era imposible”. Para él, se trató de “una cuestión de intereses políticos porque el proyecto de Unión Civil” había sido presentado por la CHA en un contexto “donde la discusión por el matrimonio igualitario a nivel mundial era muy incipiente”. La Federación estaba en contra porque la Unión Civil era una institución diferente al matrimonio, lo cual “significaría reconocer que somos ciudadanos de segunda clase. Es colocarte en un lugar de inferioridad, de ciudadano de segunda que no tiene el valor suficiente de acceder a una institución como el matrimonio”. Por último, estaba la postura de algunos partidos de izquierda que planteaban que el matrimonio era una institución patriarcal y burguesa. Al respecto, Bimbi no está de acuerdo, por el contrario, cree que “la aprobación del matrimonio igualitario cuestiona esa carácter patriarcal, machista. Desde el momento en que el matrimonio deja de ser exclusivamente heterosexual, deja de ser orientado a la procreación, y pasa a ser un contrato civil entre dos personas adultas, eso también cuestiona el carácter patriarcal de la figura del matrimonio. Me parece que esos sectores de izquierda tenían una visión tan dogmática casi como los del Opus Dei”.

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Un contexto favorable

La Ley de Matrimonio Igualitario se enmarca en un contexto global favorable a las cuestiones de género, donde nuevas identidades y nuevos actores adquieren una visibilidad mayor. Así, los derechos sexuales se empiezan a concebir como Derechos Humanos y comienzan a implementarse políticas públicas en materia de género. Además, las organizaciones del movimiento de la diversidad sexual empiezan a trabajar en conjunto con organizaciones de Derechos Humanos a nivel internacional. Meccia, recuerda que “en 2005, en España se aprueba la ley de matrimonio para personas del mismo sexo y se produce un intercambio de ideas, de militancia, de cuadros políticos académicos”. En ese contexto “se arma un caldo de cultivo interesante para pensar en universalizar los derechos que existen, no a crear derechos especiales para ciudadanos especiales porque no los hay. Empieza a densificarse el tempo político”.

En el ámbito nacional, también se generó un contexto favorable a la demanda de igualdad de derechos por parte de gays y lesbianas. Las organizaciones de la diversidad sexual dejaron de lado su anterior reivindicación de la diferencia y comenzaron a luchar por obtener igualdad de trato ante la ley e igualdad de derechos. Además, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, sancionada en 1994, incorporó la perspectiva de género, se erradicaron los viejos edictos policiales que criminalizaban la homosexualidad y se sancionaron leyes en materia de género y sexualidad como la de Salud Sexual y Procreación Responsable y la de Educación Sexual Integral.

Para Bimbi, “fue un proceso bastante rápido, tres años y medio para un cambio tan profundo y eso demuestra que había condiciones. Creo que hubo un contexto de país. Era el mejor momento del kirchnerismo, que había implementado las políticas en Derechos Humanos, una Corte Suprema más progresista y un debate interesante en la sociedad.” El contexto social y político ayudó pero la FALGBT desempeñó un papel fundamental. “Nos preparamos, estudiamos la experiencia y leímos los fallos de otros países. Tuvimos una buena estrategia política y un liderazgo muy bueno, de dialogar con todos los partidos, buscamos apoyo de organismos de Derechos Humanos, de la cultura. La Federación tuvo una estrategia inteligente y creo que había un espacio propicio en la sociedad”, explica Bimbi.

Para Meccia, “el tiempo político se densificó muchísimo, es decir,  un tiempo muy breve pero muy denso a nivel de militancia política y de instalación de conceptos y de imágenes sobre la homosexualidad dentro de la sociedad. Tenemos que pensar en sinergias: una parte del entramado judicial que se había modernizado y secularizado, representación política con gente pluripartidaria, el Inadi. El gobierno aprovechó efectivamente esta coyuntura”. En este contexto, los medios de comunicación desempeñaron un importante rol. “Son escenarios donde se disputan imágenes, conceptos, definiciones, le dio muchísima visibilidad, de la mano de referentes artísticos y políticos.” Bimbi coincide al recordar que los medios “mostraron a parejas que tenían hijos” y esto “ayudó mucho”.

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Antes y después

En Argentina, la homosexualidad fue perseguida y castigada, fundamentalmente durante los años de la última dictadura militar. De hecho, muchos gays eran víctimas de las denominadas razzias por parte de personal policial. Al respecto, Meccia plantea que “los efectos de las humillaciones sociales, institucionales, legales y políticas son muy difíciles de remover, sobre todo las humillaciones cotidianas”.

Esa situación, sumada a la falta de leyes que garantizaran el acceso a derechos fundamentales, dejaba a muchas familias sin protección legal ni jurídica. De hecho, podía suceder que ante el fallecimiento de uno de los miembros de la pareja, el otro quedara en la calle. Además, muchas parejas  adoptaban chicos ya que la ley permitía la adopción de un niño por parte de una persona soltera sin importar su orientación sexual. De esta forma, se formaron muchas familias. Sin embargo, los niños carecían de la protección legal necesaria.

La sanción de la ley les brindó a esas parejas la posibilidad de acceder al matrimonio y a los derechos y bienes, materiales y simbólicos, que se derivan de él. Ernesto Meccia no sabe si les cambió mucho la vida a las parejas que se casaron “en términos que podamos medir exteriormente” pero mucho “en términos internos, emotivos, afectivo y emocionales”. Y habla del “reconocimiento” y de la “sanación interna”: “que la otra persona te vea como un igual. Imaginá esas subjetividades tan dañadas, una pareja de cincuentones, que estaban juntos desde la época de la dictadura, imaginá que vayan al Registro Civil, la fiesta en la casa, con el viejito de ellos en silla de ruedas. Y ahí estaba el festejo. Ahí estaba la diferencia, no se puede medir, se puede sentir esa diferencia.” Para Bruno Bimbi “la ley es muy importante pero más importante fue que el debate que instalamos en la sociedad cambio la mente de muchas personas, logramos cambiar algunos prejuicios. El día que se votó nosotros ya habíamos ganado”.

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Por un Estado digitalmente soberano

Por un Estado digitalmente soberano

“En el sentido clásico, soberanía digital es controlar los recursos digitales fundamentales como la información, la infraestructura y los servidores a un nivel que permita cierta autonomía y una independencia respecto a los países centrales”, dice Esteban Magnani, periodista especializado en tecnología y autor del libro Tensión en la red , mientras aclara que la soberanía no está necesariamente ligada a un concepción nacionalista, sino que puede ser regional, o incluso global, en el sentido de que haya un mayor equilibrio en cuanto a la disponibilidad de recursos en distintos sectores.

Pero a esta posibilidad de globalidad, el pasaje a lo digital requiere por parte de los estados la implementación de políticas que permitan modernizar y optimizar el funcionamiento del sector público. Para que el uso de las tecnologías digitales funcione en pos de un proyecto autónomo es necesario enmarcarlas dentro de un proceso de desarrollo de soberanía digital.

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Alvaro Soliverez es especialista en informática e impulsor de software libre. Para él “el desarrollo de la soberanía digital es importante por un tema de control de infraestructura. Es el equivalente del control de las vías férreas, el correo y la aduana en el siglo XIX”, explica. Es así que la soberanía digital se presenta entonces como la capacidad de un país de tomar decisiones sobre qué se hace con los recursos informáticos locales para tener la posibilidad de gestionarlos independientemente, sin depender de otros estados o empresas transnacionales.

Sin embargo, una de las aristas principales radica en el control de la infraestructura digital, lo que se traduce en el archivo, transporte y acceso a la información. Hoy es difícil pensar en una administración que pueda manejarse sin guardar la información digitalmente o planificar cómo se transporta y se accede esa información: “Para el caso de Argentina se da, por ejemplo, que la mitad de la gente tiene su correo personal en servidores que están en otros países. Todos nuestros enlaces de datos internacionales pasan por Miami, donde -está comprobado- hay una caja en la cual se espía esa información y se guarda para referencias de sistemas de inteligencia del Primer Mundo. Entonces, parte de la soberanía digital es volver a tener control sobre la información y sobre la comunicación, es decir, poder elegir si nos comunicamos por vías más seguras o menos seguras”, dice Soliverez.

“El colonialismo digital es una continuidad con todos los otros modos de colonialismo que han existido”, opina Magnani. “Cuando se construyen los ferrocarriles en Argentina, los construyen los ingleses, acorde a sus propios intereses. En Argentina la red, que en buena medida se está construyendo gracias a la inversión del Estado, el riesgo es que reproduzca eso mismo: nosotros proveemos a las grandes corporaciones del mundo de nuestros datos y ellos nos venden publicidades y contenidos acordes a eso. El gran peligro de tener una red, que creo es muy necesaria y es muy buena la iniciativa de la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO), genera el temor de que eso se transforme en un canal para que Google, Facebook y Netflix puedan vender y extraer divisas en nuestro país”, agrega.

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El ritmo de los avances en materia tecnológica es muy vertiginoso para la vida de un Estado y el control de los recursos estratégicos requiere de éste un rol activo y el desarrollo de políticas específicas con una visión a largo plazo. En este sentido, uno de los aspectos fundamentales es la construcción de redes digitales y su puesta en uso, así como el desarrollo de servidores eficientes y a precios convenientes en el país para que nuestra infraestructura no dependa en partes críticas de intereses internacionales. En este sentido, la REFEFO desarrollada por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios cuenta con más de treinta mil kilómetros de fibra óptica en todo el país y es un avance destacable en materia de acceso, aunque como indica Soliverez, “probablemente se necesiten treinta mil kilómetros más”.

La otra cara de la soberanía digital está íntimamente relacionada con la implementación de políticas educativas que garanticen que los sujetos tengan los conocimientos y habilidades necesarias para hacer un uso con sentido de la tecnologías de la información y la comunicación. La Estrategia de Agenda Digital de la República Argentina entiende este concepto como un factor de desarrollo social y como potenciales herramientas para mejorar la calidad de vida de las personas, reducir las desigualdades sociales y regionales y mejorar la equidad en el acceso y calidad del aprendizaje. En particular, el Ministerio de Educación ha implementado el Plan Nacional de Inclusión Digital Educativa (PNIDE), que incluye lo hecho hasta ahora por el Programa Conectar Igualdad, Primaria Digital, así como el desarrollo de Huayra, el sistema operativo pensado y desarrollado por el Estado argentino para el uso de la comunidad educativa. El Plan viene a profundizar el uso pedagógico de las tecnologías en el aula, como prioridad para la inclusión. El uso de las tecnologías no es instrumental sino que se vuelve entramado con otros saberes. “Para nosotros la soberanía tecnológica está enlazada a la pedagógica”, dice Laura Penacca, coordinadora nacional del PNIDE y agrega “porque la inclusión de tecnología propia es pensada en el marco de una educación de calidad para todos nuestros pibes que permita promover la construcción del conocimiento con inclusión. El uso significativo y entramado de las tecnologías abiertas en el aula construye sujetos libres”.

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Por su parte, Soliverez plantea que frente al enfoque que entiende que los chicos nacen en un mundo digital y saben usar las computadoras de manera natural, es necesario remarcar desde un enfoque más analítico y más cooperativo que “cualquier chico lo que sabe es usar las herramientas. Una de las cosas en las que hay que insistir es en ir más allá, en entender realmente la tecnología. Un enfoque que es muy bueno es el que plantea que todos vamos a tener que ir aprendiendo juntos. La tecnología cambia, los maestros no están habituados y la computadora hasta hace algunos años no se usaba en todo su potencial. Maestros y alumnos tienen que ir aprendiendo a la vez y cambiar el enfoque de cómo se aprende. Una aspecto central es la conexión a nuevas fuentes de información distintas y conflictivas que pueden contraponerse al maestro”.

A nivel nacional y en materia de acceso, el programa Conectar Igualdad ha distribuido casi cinco millones de netbooks y se equiparon alrededor de 11.400 escuelas desde 2010. “Conectar Igualdad, junto con todo lo que está dentro de Educ.ar, lo que hace es ir a la base de uno de los recursos fundamentales para poder empezar a hablar de soberanía digital, que es el conocimiento, es decir, tener productores y no consumidores: hacer que los pibes comprendan la dimensión productiva que tienen las netbooks, la informática, el mundo digital en general, contra una corriente cada vez más fuerte en la cual se nos dice que es lo que podemos hacer; somos consumidores pasivos”, advierte Magnani.

En la Ciudad de Buenos Aires el Plan Sarmiento BA comenzó a implementarse en el 2011 y forma parte del Plan Integral de Educación Digital, una iniciativa del Ministerio de Educación de la Ciudad que apunta a dar respuesta a los cambios en la educación que demandan los cambios que produce la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Desde otro enfoque, Henoch Aguiar, ex secretario de Comunicaciones de la Alianza y autor de El futuro no espera, plantea que “la revolución tecnológica se da por sí sola, pero ¿quién maneja la tecnología? La persona. Con lo cual, para acompañar esa revolución que se da por sí sola, deberíamos generar una revolución que intente seguirle el ritmo generando las capacidades que permitan hacer un uso inteligente de la tecnología”. Para Aguiar “en la época de lo digital, importa cada vez más Cervantes. Es una paradoja, lo digital viene cada vez más dado, lo que no viene dado es leer, entender, escribir, conceptualizar, abstraer. El ciudadano conectado es insuficiente si no es un ciudadano formado, educado, en donde hay una política que tienda a hacer que las redes se conecten con inteligencias capaces”. Lo que debe ser soberano, entonces, no son las aplicaciones o las estrategias digitales sino el uso inteligente de esa tecnología, nuestra educación, nuestra capacitación. “Seremos dependientes o no en el futuro, no por el aparatito que utilicemos si no por la inteligencia en el uso de ese aparato y eso lo da la capacitación profesional y el desarrollo educativo de un país”, agrega.

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De una u otra manera, todas las posturas que entran en debate reconocen las tecnologías digitales cambian radicalmente la forma de acercarse al conocimiento y acuerdan en que las nuevas formas de crecimiento de los países van a estar altísimamente vinculadas al uso inteligente de las tecnologías. Para transitar este cambio parece necesario pararse desde una perspectiva democratizadora del conocimiento, que ubique a los sujetos por fuera de la fascinación ingenua ante los últimos avances y que rompa el vínculo tecnología-consumismo, fortaleciendo sus derechos. “Potencialmente Internet es un espacio con una enorme capacidad de democratización de las comunicaciones. Cuando nace Internet, lo hace con un sistema en estrella, en donde si bien hay prestadores, los emisores de contenidos son todos y están en capacidad de comunicarse entre sí y el alcance de un emisor no está dado tanto por lo técnico sino por la calidad de sus contenidos”, dice Aguiar. En este sentido deben insistir las políticas educativas, en interpelar a los sujetos no meramente como consumidores sino como productores, capitalizando las potencialidades de las tecnologías digitales para producir información y contenidos de diversas maneras.

Una de las herramientas para implementar la tecnología para un proyecto soberano y autónomo es el software libre, basado en la filosofía del trabajo cooperativo, en donde el código permanece libre y disponible para que otros lo puedan usar y modificar indefinidamente. “El software libre es una herramienta importante que tiene que ver con el cooperativismo, que es una gran forma de democratización de los recursos, de las ganancias y del poder”, subraya Magnani. “Lo que permite -agrega- es que el conocimiento no quede concentrado en un solo lugar y que los usuarios de ese conocimiento no queden dependientes de las empresas”. Para Soliverez desarrollar este aspecto es primordial en tanto “un concepto pleno de soberanía digital requiere confiar en el hardware y en software que estoy usando.

Hoy con las últimas revelaciones de espionaje y demás está claro que muchos de los sistemas operativos están comprometidos con alguna clase de puerta secreta. El software libre permite asegurar que las partes críticas de la infraestructura sean seguras”.

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El sistema operativo Huayra GNU/Linux viene instalado las computadoras que el programa Conectar Igualdad distribuye en el marco de un proyecto de soberanía tecnológica, en tanto no implica ninguna forma de dependencia. Huayra ofrece la posibilidad de introducir las modificaciones que alumnos y profesores deseen en el sistema y reafirma la distinción entre consumidores y potenciales un productores. “Huayra es buen avance porque es una movida que técnicamente tiene más que ver con resultar atractiva para los estudiantes, y esta es a una batalla cultural también en buena medida, entonces generar algo propio, una identidad que incentive a los chicos a meterse, a ver cómo funciona. Tener programación en las escuelas, entender el lenguaje informático y la lógica informática es una herramienta crítica poderosísima para saber qué es lo que está haciendo una computadora”, opina Magnani.

La autonomía en recursos clave como el desarrollo de la soberanía digital libera de los condicionamientos que puedan imponerse desde afuera y fortalece la democracia. “Imaginémonos qué pasaría si de repente nos dicen que Argentina no tiene que estar más conectada a la red, si nos ponen un bloqueo y nos desconectan de Internet. ¿Qué haríamos? Por lo menos es importante que el país se plantee eso. Si realmente queremos ser soberanos digitalmente o si dependemos de tal o cual país para darnos el servicio, si realmente queremos controlarlo y servir para nuestros propósitos o estamos a merced de que nuestros objetivos coincidan con los de otros países o empresas trasnacionales”, remata Soliverez.

La primera vez con la boleta electrónica

La primera vez con la boleta electrónica

Doce grados y un recio sol cubrieron el ambiente electoral este domingo 5 de julio. Familias enteras, hombres y mujeres desde los 16 hasta más de los 70 años, salieron de sus casas a cumplir con el derecho fundamental sobre el que se sostiene toda sociedad democrática: el voto, elegir con total libertad a quiénes representarán la voluntad popular en la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Escuela N°8, Armenio Argentina, de la Comuna 14, dieciocho mesas estrenaron sus respectivas máquinas electrónicas. Presidentes de mesa, suplentes, fiscales de algunos de los partidos políticos, fiscales generales, delegados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y miembros de la Prefectura Naval Argentina (PNA), se ubicaron en sus puestos para llevar a cabo en tiempo y forma la elección.

A la entrada del colegio se ubicaba el Centro de Consulta, en el que representantes de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires explicaban a los ciudadanos cómo usar la máquina para realizar el voto a través de la Boleta Única Electrónica. Constanza Martínez, de 25 describió los procedimientos que debían realizar los votantes. “No es voto electrónico –aclaró-, lo que es electrónico es la boleta, el voto sigue siendo en papel y sigue yendo a la urna”.

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A partir de esta posible confusión, se recogió la opinión de algunos votantes que expresaron distintas posiciones respecto a la novedad. La mayoría destacó la rapidez y sencillez a la hora de votar. Otras voces, alegaron que se estaría “privatizando la voluntad popular”.

“Soy una mujer de 73 años y me fue re fácil –expresó Norma Mabel-. Pregunté en la mesa de entrada, me asesoraron, y luego tuve que agradecer porque fue más rápido de lo que lo hice practicando. Tenés una pantalla grande donde está todo muy claro”.

En este sentido, no hubo problemas a la hora de efectuar el voto ya que al parecer el sistema funcionó con total eficiencia y, sobretodo, rapidez, que es la cualidad que la mayoría subraya. “Fue muy simple votar y más rápido que otras veces”, dijo Pablo de 41 años. “Pensamos que iba a ser mucho más lento, pero al menos en la mesa nuestra fue muy rápido”, aseguró María Elena de 77. “La verdad es que fue sencillo, creo que es seguro, no tengo ninguna objeción, me preocupaba la gente mayor pero salió bárbaro”, expresó Laura de 39. “Acabo de votar y me pareció el futuro, porque entré, voté y salí. Fue súper rápido, súper práctico, se entiende muy bien todo, mucho mejor que el sistema tradicional, más rápido, más seguro”, enfatizó Leandro de 22.

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Otros ciudadanos, sin embargo, desconfiaron de la fiabilidad del sistema. “Por el lado de lo ecológico, está bien, pero sigue siendo un método híper fraguable, de hecho, días atrás, hubo un programador de Caballito que demostró que se podía falsear y la Metropolitana lo fue a buscar para allanar su departamento. La cuestión de inviolabilidad no está comprobada que sea tal. Para mí este sistema está implementado con muy poco tiempo, realmente. Creo que no es un método ni más válido, ni mejor que otros”, sentenció Walter, de 37 años.

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Por su parte, Edgardo Syriani, de 46 años, psicoanalista de profesión, expresó al salir de votar: “Ideológicamente, me parece que es privatizar un sistema que hace al interés de todos, el ciudadano pierde soberanía, es un privado el que pasa a tener el control de la democracia. Es como privatizar la voluntad popular”. Luego amplió: “Le veo todo en contra, hay una ignorancia y complicidad de la mayoría de los partidos políticos, y de los medios de comunicación, que hablan a favor de la boleta electrónica como algo cool. Me molesta la ineptitud de los políticos que se creen modernos, cuando en realidad lo único que hacen es privatizar lo más importante de la democracia, el voto”.

A su vez, Syriani argumentó por qué cree que este sistema de votación es ilegal: “Primero desde el punto de vista administrativo-legal, bajo una argucia semántica, el PRO logró evadir la aprobación de las dos terceras partes de la Legislatura para el sistema de boleta única. Este es un voto electrónico disfrazado de boleta electrónica. En cualquier definición académica o técnica a nivel internacional, como por ejemplo por parte del Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), entre muchas otras, esto es un sistema de voto electrónico, por ende debió haber pasado por la aprobación de la Legislatura porteña”.

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El psicoanalista agregó: “En cuanto a las cuestiones operativas técnicas también es ilegal porque no garantiza ni el secreto del voto, ni la integridad del voto, ni la universalidad del voto. El secreto del voto no está garantizado porque los mecanismos técnicos aplicados, no garantizan eso. Se utiliza un chip de radiofrecuencia que, justamente, está pensado para hacer lecturas de larga distancia.” Por otro lado, se refirió a la imposibilidad para anular el voto: “En la experiencia personal fue horrible porque no pude anular el voto, de manera que todo el mundo no se enterara. No hay forma de hacerlo de manera secreta, porque la forma de anularlo es no poniendo la boleta adentro o escribiéndola, con ello todo el mundo te está viendo porque la maquina esta en frente de todos los fiscales y autoridades de mesa. Me sentí como intimidado al tenerlos ahí cerca con la sensación de estar siendo observado. La experiencia fue horrible por donde la mires”.

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Desde un punto de vista más escéptico aún, Facundo, de 28 años, opinó: “Me parece que está bien, me parece que es sencillo, quizás es más rápido y menos engorroso, está bueno el hecho de no gastar tanto papel. No confío más ni en un método ni en el otro, cualquier método me parece que, si se quiere, puede ser igual de fraudulento”.

Estas fueron algunas de las opiniones que generó la implementación de la Boleta Única Electrónica. Después del escrutinio se sabrá si la implementación de este sistema fue un éxito o un fracaso y si disipará o incrementaría los cuestionamiento por parte de la ciudadanía en porteña.

Las razones del posporno

Las razones del posporno

La performance realizada el miércoles por el grupo español PostOp en uno de los pasillos del edificio único de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA tuvo mucho de escándalo mediático y poco de análisis crítico y contextualización. La cobertura periodística relevó fotos -a esta altura viralizadas- y testimonios contrarios a la manifestación artística para construir una noticia presentada como un escándalo moral, social y político. ANCCOM dialogó con Silvia Elizalde, Carolina Spataro y Carolina Justo Von Lurzer, responsables del Área de Comunicación, Géneros y Sexualidades e investigadoras del Conicet y del Instituto de Ciencias Sociales Gino Germani, en una jornada postperformance un tanto atípica a las que están acostumbradas.

– ¿Cuál fue el objetivo de este encuentro?

S.E.: La actividad formó parte de un ciclo llamado “Miércoles de placer”, con casi tres años de existencia, y que tiene como propósito incluir una dimensión reflexiva sobre el género y la sexualidad a partir de otros lenguajes y formatos expresivos. En ese sentido, nos parece que hay un conjunto de conocimientos que se producen desde el arte, desde la producción audiovisual, desde la poesía, la literatura, desde una cantidad de producciones simbólicas, cuyas condiciones de posibilidad tienen que ver con el contexto en que vivimos, de profundas transformaciones en la trama social y que incluyen la emergencia y el reconocimiento formal de un arco diverso de modos de pensar, habitar y experimentar las diferencias sexuales y de género. En ese marco, la pospornografía es un movimiento político-sexual que intenta desnaturalizar los modos hegemónicos de pensar las posibilidades de los cuerpos, las experiencias placenteras de los cuerpos y el erotismo.

C.S.: En este caso, lo que se hizo fue una intervención de veinte minutos en los pasillos para convocar a la actividad que luego duró una hora y media, en donde las activistas, intelectuales y alumnos participaron de una conversación acerca del posporno y el sentido que tiene en la cultura contemporánea.

– ¿Esperaban esta repercusión? ¿Por qué creen que la tuvo?

S.E.: En primer lugar, esa construcción escandalosa fue producto y efecto de su mediatización en términos fragmentarios, o sea, descontextualizados. En el terreno mismo de la intervención, no registramos, en ningún momento, una reacción de ofensa o violencia de los estudiantes, docentes y no docentes que se quedaban o pasaban por allí. Fue absolutamente pacífica, al mismo tiempo que resultaba fuertemente conmocionante delante de nuestros sentidos comunes sobre la sexualidad. Pero el escándalo fue puro efecto del modo en que se levantó la información a partir, seguramente, de la viralización de alguna foto o de algún comentario por las redes sociales; y los medios operaron sobre un sentido común de cierta moral sexual que funciona automáticamente, es una lectura ideológica. Esa foto, entonces, apareció asociada a palabras como escándalo, pornografía y también vinculada a lo delictual. Así construida, la noticia se convirtió en una mercancía totalmente explotable porque trabaja los elementos clásicos del morbo y la sexualización, con el fin de generar alarma y una valoración moral sobre el hecho.

C.J.: Nunca tuvimos un décimo de la repercusión que tuvo. No la imaginábamos. Incluso la repercusión que tuvo esta actividad, de la forma en que sucedió, nos lleva a pensar en el mediano plazo qué es lo que podemos discutir y en qué términos dentro de una institución como la Facultad de Ciencias Sociales.

– Se produjo un tipo de representación de la sexualidad que ustedes mismas vienen problematizando.

C.J.: Hay una gran cantidad de cuestiones a problematizar, como por ejemplo desde qué géneros y sexualidades se construyen las noticias, opuestas tanto de las que manejamos en el Área como de aquellas que proponía la intervención de ayer. La actividad era para discutir los mismos imaginarios sociosexuales que después se vieron plasmados en todas las coberturas mediáticas. Hasta qué punto están tan naturalizados esos imaginarios que fueron los únicos disponibles para poder construir una noticia acerca de lo que estaba pasando, independientemente de las intencionalidades políticas que puedan haber estado jugando allí.

– ¿Esto se vincula con los prejuicios acerca de ciertos usos del cuerpo en un espacio que no deberían ocupar?

S.E.: En lo referido a las personas, eso tiene que ver con la dificultad que tiene la sociedad para leer los cuerpos desnudos o la desnudez en espacios por fuera de la extrema intimidad. En la televisión, en cambio, estamos híper acostumbrados a que haya desnudez, incitación sexual y contenidos no metafóricos sino directos, de alusión a una sexualidad constreñida al coito o a las zonas erógenas clásicas de la pornografía mainstream. Justamente, la idea de la intervención en un pasillo de la Facultad tenía que ver con desnaturalizar esa mirada habituada a ver los cuerpos en determinados espacios. Lo que pretendía la intervención era poner en entredicho los cuerpos admisibles en una sociedad. Lo que había eran cuerpos no pasados por el tamiz de la percepción física. Lo curioso es que eso se vuelve escandaloso. Esa es la contradicción: los cuerpos comunes son los que escandalizan y los cuerpos construidos en torno de la imagen hegemónica de la percepción son admirados o vistos como exitosos.

– La performance, además de la escena de penetración, daba cuenta de otra forma de erotismo.

S.E.: En lo único que hicieron foco los medios fue en una de las escenas. La intervención del susurrador erótico, que era invitar al público a compartir la escucha de un fragmento de un poema erótico no fue tenida en cuenta. Generaba la posibilidad de que la voz fuera un instrumento de erotismo, que la palabra fuera una expansión de la sexualidad por fuera de la genitalidad. Pero eso parece no escandalizar. Nada de eso tiene que ver con la gramática heteronormativa, patriarcal y hegemónica de los medios que siguen viendo y fragmentando los cuerpos con la mirada androcéntrica: todo tiene que ser para el goce y la mirada masculinas. La mirada de los medios es la mirada de la pornografía comercial. El porno trabaja con la literalidad de la escena, no hay casi metáfora. Cierra el sentido en su literalidad. Acá lo que aparece es la posibilidad de sugerir situaciones que despierten la imaginación erótica y que dispare la autonomía personal en ese juego.

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– ¿Qué ocurrió en la charla que se hizo tras la performance?

C.S.: Uno de los comentarios interesantes fue que nos gritaron desde la escalera “vayan a militar a las villas”. Y eso fue algo que se retomó en el debate. Esa suerte de jerarquización de las temáticas por las que hay que discutir, intervenir y militar, como si hubiera una escisión tan clara entre género, clase y sexualidad. Como si al discutir el placer no se pudiera hacerlo de manera transclasista. La performance estaba siendo leída como una intervención de élite.

– De hecho, la viralización de la información tuvo una lectura política.

C.J.: La Facultad de Ciencias Sociales está acostumbrada a la toma de ese espacio físico. La toma de sus baños, de sus pasillos, de los espacios comunes para distintos tipos de manifestaciones políticas. Tomar el espacio y cargarlo de sentido político es algo que forma parte de nuestra cultura institucional.

– ¿Qué impacto hubo en las redes sociales?

C.S.: Algo muy interesante para pensar en relación a las redes y en relación a cómo los espacios condicionan de manera brutal la lectura de estas intervenciones es que estos mismos activistas vinieron a un festival internacional de performance en Buenos Aires, junto con un intelectual muy conocido, un referente de la teoría queer, e hicieron presentaciones en el MALBA, en el Centro Cultural Paco Urondo, de la Facultad de Filosofía y Letras y las lecturas que se hicieron de esas intervenciones, que tienen una misma lógica aunque no fueron exactamente iguales, son absolutamente distintas de la lectura parcial y malintencionada que hubo. Todas esas personas que hicieron fila en el MALBA para ver una intervención de PostOp son las mismas que hubieran participado de esta actividad como intervención cultural, artística y política. ¿Sociales tiene que darle la espalda a los fenómenos culturales contemporáneos? ¿No los puede ingresar a sus espacios? ¿Es revulsivo para Sociales discutir estas cuestiones? ¿Qué pasa cuando la sexualidad se pone en la escena pública?

– ¿Qué hubiera pasado si la performance se hacía puertas adentro?

C.J.: Probablemente nada. Muchos de los lemas de los movimientos feministas y de disidencia sexual tienen relación con el adentro y el afuera, con lo privado y lo público, con la necesidad de visibilizar identidades de género, por ejemplo. Ese movimiento, de lo privado a lo público es un movimiento de politización y de reivindicación. Si hubiera sido puertas adentro, hubiera perdido esa esencia de politización, propia del campo.

C.S.: Es la misma crítica que se le hizo a la Marcha del Orgullo Gay porque ocupaban el espacio de lo público con cuerpos semidesnudos. Si lo pensamos en términos académicos, es lo mismo que guetizar las discusiones de géneros y sexualidades. La propuesta del Área es transversalizar la discusión. Esta intervención tenía sentido en la medida en que podía comenzar su convocatoria en los pasillos de la Facultad. No es menor la indicación “quédense en su lugar discutiendo con los convencidos de géneros y sexualidades que nosotros acá tenemos temas importantes que resolver y mucho más urgentes”.

– ¿Como sigue el ciclo y el trabajo en el Área después de esta repercusión inédita?

S.E.: Como integrantes del Área esto nos interpela en muchos sentidos y nos invita a reflexionar y a agudizar nuestros argumentos para evaluar y contemplar todo lo que dispara. Justamente se trata confirmar lo poderoso de estos temas referidos a la sexualidad. Se produce tanto escombro y repercusión porque hay algo muy fuerte que puede significar la transformación de modos de entender algunos sentidos comunes de la vida social. En el Área trabajamos con una diversidad de temas y perspectivas, y hay disensos también. Los “Miércoles de Placer” siempre han sido convocantes, no trabajamos para que los medios levanten lo que hacemos. Las respuestas que podemos dar son lo que sabemos hacer: utilizar la producción académica, aprovechar las herramientas de las que nos hemos nutrido para alzar una voz. No nos queremos confirmar en una verdad absoluta. La posibilidad de cuestionar con las herramientas teóricas y con las intervenciones de transferencia son nuestros modos expresivos de abordar nuestros temas.