Hace un año, Mauricio Macri asumía la Presidencia de la Nación y en su breve discurso de asunción anunciaba tres objetivos para su gestión: unir a los argentinos, luchar contra el narcotráfico y llegar a la pobreza cero. En este video, ANCCOM resume qué pasó en estos doce meses a través de un repaso de su propia cobertura.
Aquí hay debate pero no llega a ser acalorado: ¿La manifestación debe ser en un punto o en una línea de puntos? ¿Ocupar un espacio o transitarlo? ¿Sobre la vereda o en la calle? ¿Un día o dos? Y si es un día, ¿cuál será? En la reunión convocada por investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en la Facultad de Medicina de la UBA el objetivo era verse las caras, reunirse, discutir y tomar medidas. Con diferencias de forma pero con acuerdo de fondo, resistir frente al recorte presupuestario del Gobierno nacional. Si bien por el momento no se ha difundido de manera oficial los resultados de la convocatoria 2016 a la carrera de investigador que iniciarán el año próximo, directivos del organismo alertaron sobre una reducción del 60% de los ingresantes. Se prevén actividades de protesta y manifestaciones para la próxima semana.
El Congreso Nacional sancionó el 30 de noviembre pasado el Presupuesto de la Administración Pública Nacional para el Ejercicio 2017 enviado por el Poder Ejecutivo. Las implicancias prácticas no tardaron en llegar. La reducción de la partida presupuestaria destina al CONICET, que el año próximo recibirá alrededor de 400 nuevos investigadores para desarrollar sus carreras, esto es casi un 60% menos que en 2016 cuando ingresaron cerca de 930 agentes. Durante el debate del presupuesto en el Congreso, los investigadores convocaron a una movilización el 27 de octubre para denunciar el cercenamiento de los fondos. Dora Barrancos, integrante del Directorio del CONICET, fue una de voces que dio el mensaje de alerta desde dentro. En el mes de noviembre, la investigadora declaró públicamente que la baja en los ingresos a la carrera del CONICET iba a ser “gravísima” y que iba a haber una “regresión en el número”, un proceso contrario a lo que se estipula en el Plan Argentina Innovadora 2020, iniciado por el gobierno anterior y que preveía para 2017 el ingreso de 990 agentes (10% más que el año anterior).
Por el momento, los números no fueron publicados oficialmente. El ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, y el Presidente del CONICET, Alejandro Ceccatto, se refirieron a valores similares a los que denuncian los investigadores y justificaron el recorte. Así, Barañao dijo: «No hay ningún país que, con un 30% de pobres, esté aumentando el número de investigadores”. Ceccatto, a su vez, aseguró que «según los datos oficiales de Recursos Humanos de la entidad, el año próximo ingresarán 385 personas en la carrera del investigador, más 70 que vienen del exterior, lo cual es un numero de 455». De todos modos, se espera que la “La lista” definitiva -como la llaman los investigadores- de los ingresantes a carrera del CONICET se difunda a mediados de mes, cuando se reúna el Directorio del organismo.
Alejandro Delorenzi, especialista en neurología de la memoria y Roxana Toriano, investigadora del área de ciencias de la salud.
Entre quienes participaron de la asamblea de investigadores convocada a en la Facultad de Medicina, estuvo Roxana Toriano, investigadora adjunta del CONICET en la disciplina de Ciencias Médicas, quien advierte que no están sorprendidos pero sí movilizados: “La situación la veíamos venir a partir del recorte del presupuesto, que es contraria a lo que había prometido el presidente durante la campaña. Lo más preocupante de lo que pasó hoy, con las declaraciones de Barañao, es que ya no hay excusas para decir que el presupuesto se discute durante su ejecución. Lo que queda puesto en acto es un recorte que erróneamente algunos medios levantan como un recorte en las becas pero esto es un recorte en los ingresos a la carrera de investigador científico del CONICET”. Una y otra vez, los investigadores explican esta diferencia: “Quienes terminaron su formación doctoral y posdoctoral -es decir personas que después de recibir su título de grado estuvieron formándose entre cinco y ocho años más- en este momento no tienen ingreso a carrera del CONICET. Esto quiere decir que sus carreras quedaron truncas, es el preámbulo de la fuga de cerebros. Ocurrió en La Noche de los Bastones Largos en los 60, ocurrió en los 70 con la dictadura genocida y ocurrió en los 90 con el neoliberalismo. Es gente que no tiene a donde ir si no tiene la carrera en CONICET. Además, un lugar alternativo que el proyecto anterior sostenía eran las industrias del Estado, de base científica y tecnológica, que este gobierno también tiró abajo. Entonces es un camino sin salida y la salida es Ezeiza”.
Andrés Scharager, becario del CONICET e integrante de la Corriente 12 de Mayo de Docentes e Investigadores Universitarios, aseguró que “este sector tiene que pasar durante siete años por lo que podemos llamar una relación laboral encubierta, porque durante la beca doctoral sólo se puede tener un cargo de docencia universitaria como ayudantes de primera, y nunca te aseguran que terminada la beca vas a poder entrar a planta permanente. Ahora se reduce un 50% las oportunidades para quienes venimos desarrollando nuestra carrera en CONICET con años de una relación laboral encubierta. Es una estafa a las expectativas generadas en los becarios”. Cinthia Wanschelbaum, investigadora asistente del CONICET en áreas de Educación, se cuenta entre las convocantes de la asamblea en la Facultad de Medicina. “Las medidas de recorte –dijo- no nos sorprenden porque sabíamos que iba a ser un Gobierno ajustador y conservador. Cuando asume, lo primero que hace es despedir a miles de trabajadores del Estado y ahora lo que están haciendo es venir por nosotros que también nos reivindicamos como trabajadores y trabajadoras del Estado, aunque tengamos una modalidad de ingreso con características distintas, ya que lo hacemos a través de un concurso –que es el que ahora van a entregar los resultados-. Ese concurso es evaluado por los pares y de acuerdo al presupuesto destinado a Ciencia y Técnica es el corte que se hace de todos los investigadores que se presentan, que son cerca de mil quinientos, de acuerdo al dinero se establece cuántos investigadores ingresan.”
Concentración en el Congreso contra el recorte en Ciencia y Tecnología.
No se trata sólo de financiar los salarios para los nuevos investigadores que puedan ingresar a planta, sino también de poder costear las investigaciones que estos desarrollen. Cinthia menciona el caso de los “Proyectos PIP”: “Le pusieron una cláusula donde se indica que para presentarte no podés tener otra fuente de financiamiento, cosa que antes no pasaba porque podías tener un proyecto financiado por una agencia y también presentarte a CONICET. Hablamos de proyectos de muy poca cuantía, son cerca de tres mil dólares anuales. Yo me dedico a educación, pero hay compañeros que se dedican a trabajar en laboratorios y todos los insumos cuestan en dólares mucho dinero, además son investigaciones necesarias para el país, como cuestiones vinculadas al cáncer o al VIH”, dice mientras señala a algunos de los presentes en la asamblea.
Según difundió Jorge Aliaga, ex Subsecretario de Evaluación Institucional-MinCyT, y ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales-UBA, el proyecto enviado por el presidente Mauricio Macri recibió modificaciones durante su tratamiento legislativo: “En el dictamen aprobado por Diputados se le incorporaron 100 millones con respecto al enviado por el Poder Ejecutivo Nacional”. Sin embargo, “ese adicional no cambia sustancialmente la situación presupuestaria”. Y agrega la descripción de gastos del organismo, que en la actualidad “destina el 95% de su presupuesto a salarios y estipendios, por lo que resulta imperioso incrementar las partidas para el funcionamiento. El CONICET asigna el 5% para su propio funcionamiento administrativo y para el pago de servicios y consumo de sus institutos. Además debería dar subsidios, cosa que este año ya no ocurrió”, dice Aliaga en un documento publicado en su página web.
“No hay nación desarrollada que no tenga investigadores. Cualquier país desarrollado tiene entre 9 y 11 investigadores cada mil habitantes, y nosotros tenemos uno, y recién estamos viendo, después de mucho trabajo, si con el Plan 2020 llegamos a cuatro investigadores cada mil habitantes” dijo Alejandro Delorenzi, investigador independiente del CONICET en la disciplina de Biología, especializado en neurobiología de la memoria. “Una universidad impacta en donde está ubicada y no hay universidad sin investigación. Y los proyectos, de alguna manera u otra, cambian la sociedad en la que se insertan. Cualquier proyecto de desarrollo de un país va a necesitar conocimiento. Ahora otros países van a querer llevar los científicos, que no les costó nada formarlos y que están capacitados. Eso es una práctica neoliberal”.
Está en juego la disputa por el “sentido común”, entre los funcionarios que indirectamente acusan a los investigadores de hacer reclamos irresponsables con el contexto del país y los científicos que rechazan las políticas de miseria y aseguran casi como un lema “somos un país muy pobre para no investigar”. “Lo más grave es que el ministro Barañao intenta poner a la sociedad en contra de los científicos, haciéndosnos aparecer como una elite que pretende defender sus privilegios”, agrega Toriano en referencia a las declaraciones del titular de la cartera de Ciencia y Tecnología. “En un gobierno cuyos diputados acaban de aumentar obscenamente sus dietas, echarles la culpa a los científicos de la pobreza es un absurdo. Lo veníamos haciendo durante la década anterior era tratar de articular la investigación en salud y en ciencias sociales con las actividades de la sociedad, justamente para que este 30% de pobreza no volviera a repetirse”, afirma Toriano.
Ante la falta de presupuesto, las alternativas no parecen ser muy originales: el financiamiento del sector privado, el abandono de las carreras de investigación o la fuga de cerebros al exterior. Andrés Scharager avizora científicos en empleos para los que están sobrecalificados y Cinthia Wanschelbaum enuncia algunos corolarios: “Si vos descubrís que el glifosato contamina y mata, Monsanto va a poner plata para que no lo difundas. Lo mismo pasa con los laboratorios, acá estamos en la Facultad de Medicina y las aulas están auspiciadas con carteles de los laboratorios. Son formas de condicionar la investigación. El otro proyecto de privatización indirecto es cuando no hay trabajo en el sistema científico público, ni en la universidad pública, me voy al sector privado. Entonces formaste investigadores, perdiste un montón de plata del Estado, pero después van al sector privado”.
Actualizada 07/12/2016
“Lanús se convertirá en el inodoro de la Ciudad de Buenos Aires”. Categórico, el presidente del Foro Hídrico del municipio del sur bonaerense, Sergio González, resume el rechazo vecinal a un proyecto que nace en la Ciudad de Buenos Aires pero genera preocupación en el Conurbano. Se trata del acuerdo entre el gobierno municipal -a cargo del macrista Néstor Grindetti- y de la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) de permitirle a la Capital Federal descargar los desechos cloacales provenientes de la futura Villa Olímpica del distrito porteño.
El Foro Hídrico que encabeza la resistencia nuclea a especialistas, vecinos y a la Multisectorial de Lanús. Pedidos de informes a la administración municipal, amparos judiciales y un firme trabajo barrial con pintadas, murales y reuniones con habitantes de la zona no lograron, por ahora, cambiar el rumbo del proyecto.
La planta de tratamiento de efluentes cloacales se encuentra ubicada en la zona oeste del distrito, en el barrio de Villa Diamante, en un predio que perteneció a la curtiembre ACUBA y que posee la capacidad de procesar los residuos cloacales de 90 mil habitantes. Originalmente, esa instalación venía a cubrir la demanda de los barrios de Villa Caraza, Villa Diamante, Villa Jardín y parte de Valentín Alsina.
“Los equipos técnicos de las agrupaciones políticas estiman que se aumentará la descarga en 20 mil usuarios. Eso significa que 20 mil lanusenses no van a tener el servicio de cloaca”, explica González. El titular del Foro Hídrico advierte que esos vecinos se ven obligados a “tirar residuos en la calle porque el pozo ciego o el pozo séptico ya no tiene más capacidad, las napas están muy altas y hace que rebalse”. Y describe: “En cada lluvia, se desborda todo el barrio y se ven ve las aguas negras, como decían en la antigüedad, pero en la vía pública, donde los chicos pasan por ahí, gente grande, animales que conviven permanentemente, no hay un cuadro de situación más terrible”.
Planta de tratamiento de efluentes líquidos industriales y cloacales de AySA en el predio de ACUBA, Villa Diamante, Lanús.
ANCCOM intentó dialogar con el secretario de Desarrollo Urbano municipal, Carlos Silva, encargado de ejecutar la obra. Sin embargo, el municipio optó por dar su versión a través del responsable de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.
Fernández sostuvo que es “mentira” que los desechos cloacales de la Villa Olímpica vayan a ser tratados en Lanús, y subrayó que el proceso concluirá “en la planta de AySA de Berazategui” hasta que “se termine de hacer el conducto maestro de la Ciudad de Buenos Aires, que volcará hacia la mitad del Río de la Plata los residuos cloacales ya tratados”.
“Esto es una decisión nacional, no es una decisión de Lanús, no es que el intendente decide qué hacer con los efluentes cloacales de la Villa Olímpica, cuando se construya finalmente”, terció.
También asentó que “la planta de ACUBA tiene suficiente capacidad para poder albergar los efluentes cloacales que están comprometidos en la zona de Lanús oeste” y que le queda “un residual” para que pasen “los efluentes de la Villa Olímpica” y que en este caso, es de manera “provisoria”.
Entre otras cuestiones, afirmó que el intendente se comprometió con AySA a principios de este año, con un plan de cloacas para el 100% de su población en cuatro años para los habitantes de Lanús y que cuando ellos asumieron, encontraron que sólo “el 38% poseía acceso a la red de cloacas”.
Respecto a las críticas del Frente Renovador y el FpV, el responsable de la comunicación municipal advirtió que “hay claramente un aprovechamiento político”, y subrayó que esos sectores “tratan de inventarle a los vecinos” que “los desechos cloacales de la Ciudad se van a tratar en Lanús, cuando esto es falso, una mentira”.
El concejal por el FpV Héctor Montero sostuvo que “la planta de tratamiento de efluentes cloacales de Lanús es para los lanusenses, fue creada, construida y financiada por AySA para responder a la necesidad de los vecinos de Lanús. AySA nos plantea que las obras no tienen límites geográficos, que están hechas sobre un concepto de cuencas”, indicó Montero. Y remarcó que el traslado de desechos “surgió a partir de la creación de la Villa Olímpica, ahí se tomó la decisión”.
A la preocupación que genera el proyecto de la Villa Olímpica, se le suma el futuro tratamiento de los residuos pertenecientes a la Villa 20 y la Comuna 8 que llegarían a la misma planta.
El concejal del FpV indicó que en una reunión que mantuvo con el presidente de AySA, José Luis Inglese, le mencionó que “los efluentes cloacales de la Comuna 8 van a utilizar sólo el 3,5% de la planta de tratamiento”, y detalló que “haciendo número” ese 3,5% “da alrededor de tres mil habitantes”.
No obstante, indicó que cuando le preguntó “qué iba a pasar en la Villa 20, en donde viven unos 60.000 habitantes” y por lo que “el ingreso de esos efluentes cloacales dificultarían enormemente a los vecinos de Lanús”, ya que utilizarían “la mayoría de esta planta”, remarcó que “no pudieron darle una respuesta”.
Con esos números, el FpV de Lanús pone en duda el carácter provisorio de la obra. “Muchas veces lo provisorio suele quedar definitivo”, diagnosticó Montero.
“Ellos dicen que cuando se haga el colector margen izquierdo los efluentes van a pasar para Capital Federal, pero esto es una obra que evidentemente puede demorarse en el tiempo, está calculada para el 2021”, sostuvo.
La construcción de la planta se inició en 2011 y fue puesta en funcionamiento en octubre del 2015, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y bajo la gestión local del actual senador provincial por el Frente para la Victoria (FpV), Darío Díaz Pérez.
Fue reinaugurada y puesta en marcha por segunda vez, el 14 de noviembre pasado, en un acto encabezado por el presidente Mauricio Macri; la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; y Grindetti.
El concejal del FpV, Héctor Montero, indicó que en una reunión que mantuvo con el presidente de AySA, José Luis Inglese, le mencionó que “los efluentes cloacales de la Comuna 8 van a utilizar sólo el 3,5% de la planta de tratamiento”, y detalló que “haciendo número” ese 3,5% “da alrededor de tres mil habitantes”.
El ex director de Proyectos del municipio en la gestión de Díaz Pérez y actual asesor ambiental en el Senado provincial, José Luis Corrochano, cuestiona la decisión del municipio. “La planta se instaló para que 60 mil vecinos no tuvieran que esperar a la ejecución del canal margen izquierdo, que desde la gestión actual, va a llegar en más de 10 años”, explica
El ex funcionario advierte que “posteriormente se hicieron las gestiones necesarias para que AySA ampliara la planta para que otros 30 mil vecinos se sumaran a la red cloacal”. Y se pregunta: “¿Por qué nosotros tenemos que relegar a estos 30.000 vecinos en primera instancia?”.
También indicó que recién en agosto de 2015, cuando habían concluido los trabajos para la actualización del plan director de obras que ejecuta la empresa estatal, el entonces jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, “solicitó una revisión del plan para incorporar a la Villa Olímpica. En la última reunión insistieron en que nosotros modificáramos el plan por la Villa Olímpica, cuando ellos la tenían desde el 2013” argumentó.
Según Corrochano, la Ciudad de Buenos Aires tiene contemplado el vuelco de “7.500 personas del lado de la Villa Olímpica”, pero una vez concluidos los juegos “esas unidades van a salir a la venta y se van a duplicar edificios de viviendas”.
Y completó: “A ese cuadro hay que sumarle la Villa 20, cuya urbanización ya comenzó. Esas viviendas tienen que volcar acá, no tienen otra alternativa, porque la Comuna 8 está colapsada, no pueden volcar en los conductos existentes”.
“No estamos en desacuerdo con que los vecinos de Villa 20 tengan cloacas, ni con la construcción de la Villa olímpica. Lo que nos moviliza es una cuestión de sensibilidad ciudadana para que los vecinos de Lanús tengan un beneficio, cosa que el intendente actual no contempla”, aseveró.
La obra que conectaría la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires con la planta de tratamiento en Lanús Oeste ya posee el estudio de factibilidad de AySA. El proceso de licitación ya quedó abierto y seis empresas ofertan por un costo que oscila entre los 90 y 120 millones de pesos.
Las organizaciones sociales y políticas que resisten el proyecto analizan realizar en las próximas semanas un abrazo simbólico a la planta de ACUBA. “Grindetti es el que debe aprobar el trazo de los caños que conecten el Riachuelo con la planta de tratamiento. Si él no lo autoriza, la obra no se hace. Y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que el Concejo Deliberante no apruebe esa traza”, concluyó Montero.
Sergio González, referente del Foro Hídrico de Lanús, junto a la planta de tratamiento de efluentes líquidos industriales y cloacales de AySA en Villa Diamante, Lanús.
Actualizado 06/12/2016
“Me gustaría estar más contenta, pero ahora mismo lo que estoy es desinflada”. Dos horas después del veredicto, Alika Kinan empieza a vivir su verdadera reparación. Para Pedro Montoya, Ivana García y Lucy Alberca Campos también empieza un nuevo ciclo, ahora tras los barrotes. Acusados del delito de trata, el dueño del prostíbulo “El Sheik” y sus dos cómplices fueron condenados a siete y tres años de prisión, respectivamente. Además, la Municipalidad de Ushuaia deberá indemnizar a Alika con 780.000 pesos, menos de la mitad de la suma propuesta como resarcimiento por la querella. Es la primera vez que una víctima logra llevar a juicio a sus proxenetas. Y al Estado.
Con toda la expectativa puesta en las noticias del sur, agrupaciones y autoconvocados se reunieron el miércoles en la puerta de la Casa de la provincia de Tierra del Fuego en Buenos Aires para apoyar a Alika a la distancia. “Al proxenetismo lo tenemos adentro de las casas”, resumió Mariana Pérez, miembro de la Campaña Abolicionista que lucha por desentrañar las redes de prostitución y por hacer cumplir la Ley de Trata. “Veinte años de explotación y siete de cárcel. No es nada”, se quejó Liliana Azaraf, también integrante de la Campaña, después de escuchar el veredicto de la jueza Ana María D’Alessio. Nadie parecía conforme con la sentencia. “Esperaba una condena más aplastante”, le dijo Alika a esta agencia en diálogo telefónico desde Ushuaia.
Las dos décadas de dolor comenzaron cuando Alika llegó (engañada por una promesa laboral) a Tierra del Fuego desde Córdoba y fue capturada por una red de trata que la obligó a ejercer la prostitución en un local que la Gendarmería recién allanó en octubre de 2012. En ese operativo, el escuadrón 44 de la fuerza detuvo a los encargados del prostíbulo.
Desde Buenos Aires, Margarita Meira, referente de la agrupación Madres Víctimas de Trata, también esperó el resultado del juicio. “Nosotras sabemos dónde están los depósitos de chicas y atacamos directamente”, le explicó a ANCCOM. Su hija, Graciela Susana Bekter, tenía 17 años cuando la secuestraron, y 18 cuando la encontraron muerta. “Cuando yo iba a la SIDE me decían que la iban a encontrar pero la tenían ellos mismos secuestrada”, afirmó la mujer.
Con la sentencia y el juicio cerrado, Alika está decidida a mantenerse firme en la lucha. “No me generó nada verlos, porque desde el principio supe que son culpables”, explicó.
El proceso judicial, señaló, “cierra un ciclo” en su vida. Finalmente, podrá dejar la ciudad que eligieron por ella. Aunque el resarcimiento económico del Municipio fueguino no llega a cubrir los daños ocasionados en tantos años de explotación sexual, para Alika representa un nuevo comienzo. “Ese dinero lo voy a usar para darle un futuro digno a mis hijas”, subrayó.
Su destino es incierto, pero su lucha continúa. Al salir del Tribunal, las palabras de Alika viajan por el aire y retumban en la calle Sarmiento, en la puerta de la Casa de Tierra del Fuego. “Vamos a seguir adelante porque son miles las víctimas y son miles las demandas, esta es sólo la primera”.
Actualizada 01/12/2016
Bajo el lema “Desclausurate”, artistas callejeros independientes realizaron, la semana pasada, una intervención de protesta organizada por los espacios culturales Construyendo Cultura y Seamos Libres. Los manifestantes buscaron recrear una situación de clausura en la que se pudo ver cómo distintas expresiones artísticas (bailes de tango, shows de música, títeres y circo) eran interrumpidas en su despliegue por el accionar de funcionarios del Gobierno de la Ciudad, representados con caretas de Darío Lopérfido -ex ministro de Cultura porteño y director artístico del Teatro Colón-, Ángel Mahler -actual ministro de Cultura- y el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larretalograban romper las fajas de seguridad en un acto simbólico de resistencia.
La teatralización dio lugar a un segundo momento, la lectura con reivindicaciones para el sector: “Estamos hoy acá afirmando que existimos. Aunque el Gobierno nos niegue presupuesto, aunque nos hostiguen con inspecciones ridículas, con clausuras ilegítimas, aunque usen al Ministerio como tapadera del negacionismo como si todo diera igual, aunque no apliquen la Ley que salió cuando salimos a la calle. Vamos a seguir existiendo y no van a lograr callarnos. Vinimos por lo que nos corresponde y vinimos porque estamos siempre, porque somos parte de esta ciudad, porque mantenemos viva la cultura. Merecemos respuesta inmediata, no merecemos esperar más”, declararon.
Julieta Hantouch, de la organización Construyendo Cultura, en diálogo con ANCCOM, recupera las demandas presentadas y sostiene: “Tratamos de que sean lo más amplias posible para que no engloben solamente a los centros culturales.” En este sentido, identifica cuatro puntos:
1- Las clausuras y habilitaciones: “Siguen clausurando los espacios cotidianamente y con una intención persecutoria. Por otro lado, no se termina de implementar la Ley de Centros Culturales lo que impide que éstos puedan habilitarse de manera definitiva bajo esta Ley.”
2- Las tarifas: “Se solicita desde hace mucho una tarifa diferenciada. Los tarifazos de luz, agua y gas, sumado a la crisis económica, hicieron que disminuya mucho la convocatoria. Hay espacios que están pagando sumas cada vez más elevadas por los servicios públicos.”
3- El presupuesto 2017 del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires: “Prácticamente no contempla los espacios culturales independientes y autogestionados. Existe una distribución inequitativa ya que más de la mitad del presupuesto se destina a los grandes espacios como el Teatro Colón, el Teatro San Martín, el Centro Cultural Recoleta; el resto va a lo que queda de la cultura de Buenos Aires.”
4- La renuncia de Darío Lopérfido a la Dirección del Teatro Colón: “No aceptamos, como Sociedad, a un funcionario negacionista”.
Intervención en contra del gobierno que no cumple con la ley de centros culturales, frente al centro cultural Recoleta. Los artistas realizaban sus actividades hasta que inspectores con la cara de funcionarios vinieron a ponerles cintas de prohibición.
Lucía Gerszonswit, de la organización Seamos Libres, asegura que las olas sistemáticas de clausura, sumadas a la necesidad de reconocimiento como Centros Culturales, fue lo que impulsó al Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos (MECA) -colectivo del que forma parte Seamos Libres- a presentar el proyecto de Ley de Centros Culturales. Esta normativa, que fue aprobada en forma definitiva en octubre de 2015, flexibiliza los requisitos de habilitación y funcionamiento para los pequeños centros autogestivos, evitando que sean tratados con los mismos requisitos que los grandes espacios comerciales. Define como Centro Cultural, en forma más flexible, al “espacio no convencional y/o experimental y/o multifuncional en el que se realicen manifestaciones artísticas de cualquier tipología, que signifiquen espectáculos, funciones, festivales, bailes, exposiciones, instalaciones y/o muestras con participación directa o tácita de los intérpretes y/o asistentes”. La normativa les permite, así, evitar las clausuras por “desvirtuación de rubros” que es lo que ocurre bajo la figura de “teatros independientes”, en la que muchos se ubican y a la que no terminan de adecuarse. Sin embargo, en diálogo con ANCCOM, Gerszonswit señala que el trámite de habilitación definitiva es muy lento: “Lo que tenemos algunos espacios es la habilitación provisoria”. Por estas desinteligencias y trabas burocráticas este tipo de clausuras sigue teniendo lugar, así como también las clausuras por seguimiento del “Plan de Evacuación”: “El plan te pide una planta fija de ocho empleados -cinco titulares y tres suplentes a la hora de abrir el espacio-, si no, nunca vas a poder funcionar legalmente. Para los centros culturales independientes autogestivos eso es ridículo. Un centro cultural en el que participan hasta 70 personas, difícilmente pueda tener 8 trabajadores”.
Uno de los lugares que sufrió la clausura luego de aprobada la Ley fue Centro Cultural El Sótano, en el barrio de Paternal. Gaspar Badano, uno de sus miembros, afirma: “Contamos con visitas constantes de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), que es el organismo que inspecciona que los espacios estén regularizados y cumplan las normas de seguridad. Pero hace un mes, en octubre, vinieron con la clara idea de cerrar, porque se supone que encontraron motivos de clausura, pero no nos dieron tiempo para subsanarlos. Dijeron que había gente bailando (que está prohibido en la Ley de Teatro Independiente), dijeron que había un matafuegos al que le faltaba una oblea, que el Plan de Evacuación (aunque provisorio) no era definitivo. Vinieron claramente con la idea de cancelar las actividades. Lo peor fue que estuvimos dos semanas cerrados y para un espacio como el nuestro, que es 100% autogestionado, en el que las actividades que hacemos son las que nos permiten pagar el alquiler, sueldos, comprar mercadería, la mitad del mes fue perdido. A un atropello, que ya se veía en el plano económico con el aumento de las tarifas y los impuestos, se suma este otro que ayuda poco a seguir fomentando la cultura en la ciudad de Buenos Aires”.
En una situación similar, el Centro Cultural El Surco -en el barrio de Boedo- se encuentra hace cuatro meses clausurado. Gonzalo Iñiguez, explica a ANCCOM: “Nosotros nunca nos acomodamos a la Ley de Teatros Independientes. Si bien varios centros estamos habilitados bajo esta figura, le estamos pidiendo una ley distinta. Por nuestra propia naturaleza caemos en la ilegalidad, ya que no nos contiene. Entonces nuestro reclamo es que cesen las clausuras hasta que se articule como corresponde la ley de centros culturales”. Y agrega: “Necesitamos poder hablar, además, de sobrefomento: ¿Por qué no hay presupuesto para la cultura en los territorios? ¿Por qué no están contempladas en el presupuesto del año que viene las asignaciones que tenían, por ejemplo, las escuelas del sur de la ciudad, si hay una suba del 27% en general para cultura? Todo queda para los megaeventos culturales, para la centralidad y para una élite artística que solamente pueden consumir unos pocos. Entonces, creo que está claro hacia dónde apunta la política cultural del Gobierno de la Ciudad. Nuestro reclamo, en ese sentido, es demostrar que somos un montón de centros culturales que venimos de distintas experiencias políticas, sociales y hasta comunicacionales. Demostrar que estamos unidos y que queremos una respuesta que pueda integrar lo que nos está pasando a todos juntos. No vamos a esperar a que sigan cerrando centros”.
Actualizada 01/12/2016