En la Comisión Invetigadora del Congreso señaló que hubo 118 advertencias ignoradas, que el Estado no tenía trazabilidad de las ampollas y que el ANMAT no controló la producción de los laboratorios. Quitó responsabilidad a los hospitales.
El 19 de noviembre, el juez Ernesto Kreplak se sentó frente a los diputados en la Comisión Investigadora del fentanilo adulterado. Su exposición no pareció la de un juez sino la de alguien que había caminado descalzo sobre los restos de un sistema roto: la tragedia empezó antes de que alguien supiera que había empezado.
Explicó, sin ambages: el ANMAT no sabía dónde estaban las ampollas; el Estado no tiene trazabilidad real; el juzgado tuvo que reconstruir todo “a mano”; hubo 118 alertas previas ignoradas desde 2018 por parte de la ANMAT al laboratorio; la planta Ramallo falsificó controles; que dos lotes —31202 y 31244— estaban contaminados y que 40.473 unidades llegaron a pacientes.
Los diputados escuchaban sin respirar. Christian Castillo lo sintetizó así: “El juez expuso sobre la investigación judicial que llevó a cabo, todas las fases de la misma y dónde está ahora, que es analizando las responsabilidades de los funcionarios del ANMAT, Ministerio de Salud y otros, después de haber determinado el incumplimiento de las buenas prácticas de fabricación por parte de las autoridades de Laboratorio HLB Pharma y Laboratorios Ramallo; por eso están imputados, procesados en este momento.”
Y el juez agregó algo que cayó como un balde de agua helada: “No hay reproche penal para los hospitales. El sistema no les exigía controlar nada”.
Las familias, sentadas en mesas al fondo de la sala, escuchaban atentos y después en diálogo con ANCCOM confesaron que: “Es trascendental que el juez haya decidido exponer cómo está el caso… Desde el primer momento nos transmitió tranquilidad”.
Afuera, el año se está terminando. Dentro del Congreso, los diputados saben que el tiempo también se termina. En dos semanas cambian las bancas. Cambian las comisiones. Cambian los presidentes de bloque. La tragedia del fentanilo corre el riesgo de quedar atrapada en ese cambio de guardia, en ese revoleo administrativo donde muchas causas pierden identidad política.
La diputada Margarita Stolbizer advirtió a ANCCOM algo que quedó suspendido en el aire: la existencia de alertas previas ignoradas. “El juez explícitó la cantidad de alertas que generan responsabilidad en quienes debieron controlar y no lo hicieron”, dijo. Y agregó otra frase que revelaba la magnitud del vacío estatal: “No hay motivo de reproche penal en los hospitales, porque confían en que el control de calidad ya fue hecho por ANMAT”.
El diputado Pablo Juliano, harto de excusas, exclamó en reuniones anteriores: “Hay que traerlos de los pelos. No pueden no venir”. Se refería al ministro de Salud, Mario Lugones que no fue. Ni la primera vez. Ni la segunda. Ni bajo apercibimiento legal.
Los familiares fueron más frontales a este medio: “Lo mejor que podría hacer es presentar la renuncia”.
El 7 de noviembre de 2025, el Colectivo Nacional de Víctimas del Fentanilo Adulterado publicó un comunicado. No tenía el tono quebrado del dolor inmediato. Tenía la voz fría de quienes ya entendieron que el sistema que debía protegerlos había fallado. Escribieron: “La tragedia es el símbolo más doloroso de la crisis sanitaria argentina”.
A esa altura, lo consignan con exactitud quirúrgica, ya contaban 124 muertos, además de decenas de sobrevivientes con secuelas: hígados devastados, pulmones quemados, fiebres que aún hoy recuerdan en la piel. Denunciaban “colapso del sistema de control farmacéutico, negligencia estatal prolongada, políticas de desregulación que agravan la vulnerabilidad”.
La trama es simple y monstruosa a la vez: para estas familias, los papeles oficiales no son burocracia, sino la puerta por la que entró el veneno. “Fue productiva su explicación. Para nosotros es importante. Así como se mostró hoy el juez, se muestra cuando uno pide audiencia”, expresaban las familias a la salida de la comisión.
Mientras tanto, diputadas como Vilma Ripoll marcaban la distancia entre el Poder Judicial y el Ejecutivo a ANCCOM: “La presencia del juez fue saludable, coherente. Lamentablemente los funcionarios no actuaron así… Hay que presionar para que vengan y den respuesta por semejante barbaridad: tantos muertos por falta de control”.
Si el comunicado nacional suena a diagnóstico, el de Rosario es un alarido. Presentado el 21 de noviembre, no habla de buenas prácticas ni de normativas: habla de abandono. “Nadie nos asistió”, escriben, “Nadie aplicó la Ley de Víctimas. Nadie explicó qué había pasado. Nadie nos acompañó.”
El próximo miércoles 26 de noviembre, a las 11, se presentarán en la Cámara de Diputados de Santa Fe para visibilizar su reclamo y exigir respuestas concretas. No están haciendo teoría: están contando lo que vivieron en los pasillos de los hospitales, cuando pedían una historia clínica y encontraban carpetas mutiladas; cuando preguntaban por qué su madre, su esposo o su hijo había muerto y nadie respondía. Lo llaman “una masacre evitable.”
La abogada Adriana Franchese, que acompaña a varias familias víctimas, lo explicó así: “Fue sumamente positivo que escucharan en primera persona cómo se dio esta enorme investigación… Y es sumamente necesario mejorar las legislaciones para que no vuelva a suceder”.
Las familias se van del Congreso una vez más con carpetas gastadas: fotos, informes, certificados, historias clínicas incompletas. El juez dijo que en julio o agosto del año que viene podría elevar el caso a juicio. Los diputados, que intentarán cerrar el informe antes del 9 de diciembre, admiten que el tiempo es escaso. Las familias dijeron que no piensan bajar los brazos.
La tragedia del fentanilo adulterado sigue respirando entre ellos. No está en las noticias. No está en las conferencias de prensa. Pero está en cada carpeta. En cada testimonio. En cada muerte inexplicable. Y en la pregunta que todavía nadie pudo responder sin bajar la mirada:
¿Cómo se mata con un medicamento sin que el país lo note?