En una audiencia solicitada por sindicatos, organismos de derechos humanos y la Carrera de Comunicación de la UBA, realizaron denuncias representantes gremiales, de la sociedad civil y los periodistas Hugo Alconada Mon, Julia Mengolini y Tomás Cuesta. Debió responder el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, quien minimizó los hechos y señaló que solo trata de casos puntuales e individuales pero que no hay una política de hostigamiento a la prensa. El ataque a Pablo Grillo como paradigma de una política represiva.
“Ataques a trabajadores de prensa que cubren manifestaciones y protestas sociales, insultos, estigmatización, agresiones y criminalización contra periodistas -especialmente contra las mujeres-, desfinanciamiento de los medios públicos y comunitarios. Estos son golpes directos contra la libertad de expresión”, así alertaba el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sobre las implicancias de hacer periodismo en la Argentina de hoy. Ante este context, el gobierno de Javier Milei se enfrentó en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acerca de las restricciones a la libertad de expresión durante su gestión en la Universidad de Miami, Estados Unidos.
La audiencia fue convocada por sindicatos de prensa, la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, organizaciones de la sociedad civil y contó con los testimonios de los periodistas Julia Mengolini y Hugo Alconada Mon, junto con el reportero gráfico Tomás Cuesta, quienes sufrieron afectaciones individuales hacia su trabajo por parte del oficialismo. Mientras que las justificaciones públicas fueron presentadas por Alberto Baños, subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación.
Paula Moreno Román, presidenta del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), comenzó a hablar en representación de la sociedad civil y presentó datos que dan cuenta del deterioro de la libertad de expresión desde que asumió Milei: “El monitoreo de la libertad de expresión de FOPEA mostró un aumento del 53% respecto a 2023 y del 103% frente a 2022. Y en lo que va del año tenemos un récord histórico: el monitoreo tiene registrados 256 casos. Todo se resume en la elocuencia de la frase del propio presidente Milei replicada por funcionarios y seguidores: “No odiamos lo suficiente a los periodistas””. Al mismo tiempo, describió la narrativa en la que son realizados los agravios de las autoridades públicas: “Llegan a límites aberrantes, como las referencias al sometimiento sexual. Así se crea un enemigo con una retórica que deshumaniza a la víctima, al extremo de asimilarlas con especies animales o cosas ante los ojos de la audiencia”.
Posteriormente hizo uso de la palabra Francisco Rabani, dirigente del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), quien alertó sobre el uso de las denuncias judiciales como herramienta de silenciamiento por parte del Poder Ejecutivo. Por otro lado, habló sobre el desguace hacia los medios públicos, particularmente el de la agencia de noticias y publicidad Télam y los recortes económicos hacia los medios comunitarios. Además, explicó que los trabajadores de prensa también se ven afectados por las políticas económicas de la gestión. “El resultado es un periodismo totalmente precarizado, que no cuenta con las condiciones necesarias para ejercer una profesión que es fundamental para la democracia”, expresó Rabani.
Luego le siguieron los testimonios de los periodistas y fotoperiodistas presentes, en donde cada uno destacó la particularidad de sus amedrentamientos hacia su ejercicio profesional. En primera instancia, Hugo Alconada Mon, periodista del diario La Nación, relató que había desarrollado una investigación que revelaba la existencia de un documento secreto del gobierno llamado Plan de Inteligencia Nacional, el cual entreabriría la puerta para desarrollar tareas de espionaje ilegal a políticos, opositores, economistas, movimientos sociales y periodistas. Tras su publicación, reveló que sufrió intentos de hackeos en varias de sus plataformas digitales, amenazas telefónicas y, además, que su nombre sea registrado en páginas pornográficas.
Por su parte, Julia Mengolini describió el ataque sistemático que sufrió en redes sociales digitales -encabezado por el propio presidente Milei- y el uso de la Inteligencia Artificial para crear imágenes y videos de contenido sexual sobre ella, acompañados de amenazas de violación y de muerte incluso contra su hija de 6 años. Al mismo tiempo recalcó la violencia que existe hacia las mujeres en el rubro y que esta “busca permanentemente expulsarnos del debate público».
Finalmente, Tomás Cuesta, quién fue demorado por la policía mientras estaba realizando su trabajo como reportero en una manifestación el 21 de mayo, retrató lo que significa cubrir una manifestación e indicó que “normalizamos equiparnos como si fuéramos a una zona de guerra no porque las manifestaciones sean más violentas, sino porque la policía lo es y porque en muchos casos la prensa se convirtió en un blanco”. Asimismo recordó el caso de Pablo Grillo, reportero gráfico que había sufrido un disparo de gas lacrimógeno en una manifestación el pasado 12 de marzo, el cual lo dejó en terapia intensiva durante varios meses y hasta el día de hoy continúa en rehabilitación. En este sentido, afirmó que dicho acontecimiento significó un antes y un después en su trabajo. “La posibilidad de resultar herido dejó de ser una excepción para transformarse en un escenario que consideramos muy probable. Muchos colegas ya no quieren cubrir marchas por miedo. Sin prensa libre y segura en las calles, la sociedad pierde su derecho a saber”, dijo Cuesta al respecto.
Por otro lado, Baños, en representación del Estado argentino, se manifestó en contra de dichos testimonios. Así sostuvo que el trabajo de la Comisión está orientado a examinar tendencias generales y señaló que las afectaciones individuales no se traducen en restricciones a la libertad de expresión. Además, el funcionario destacó que en la Argentina no existe restricción normativa estructural o intencional dirigida a limitar el ejercicio de la libertad de expresión o la actividad periodística. “El Estado no ha adoptado medidas regresivas ni ha modificado el marco jurídico en detrimento de ese derecho fundamental. Por el contrario, el Poder Judicial mantiene una jurisprudencia consolidada en materia de libertad de expresión, como el caso Campillay y el de Kimel”, esgrimió Baños. Por último, se posicionó a favor de la eliminación de la pauta a los medios de comunicación y subrayó que estos se encontraban mal acostumbrados a vivir de la coacción sobre el fruto del trabajo ajeno.
Tras ambas presentaciones, las organizaciones de la sociedad civil le exigieron a los miembros de la Comisión que establezca un diálogo con el Estado argentino y que monitoree la situación represiva en Argentina. Por su parte, los comisionados celebraron la voluntad de abrir estas instancias de diálogo entre ambas partes e indicaron que la libertad de expresión en Argentina es un tema al que le vienen dando especial atención y señalaron que han alertado un detrimento de la misma a través de los comunicados de prensa que han sacado y tras la audiencia realizada el año pasado sobre el derecho a la protesta.
