Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, cuestiona los argumentos del gobierno para cambiar las leyes laborales y subraya que es imprescindilble evitar que se apruebe la reforma.
La reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional vuelve a encender el debate sobre el futuro del trabajo en Argentina. Con propuestas que incluyen la ampliación de la jornada laboral, la promoción de convenios por empresa, la introducción de los llamados “salarios dinámicos” , la creación de un “banco de horas” y cambios en el régimen indemnizatorio, el proyecto se presenta como una modernización necesaria para impulsar el empleo formal y la actividad económica, pero para especialistas en derecho laboral los supuestos que sostienen esa narrativa son cuestionables.
Matías Cremonte, abogado laboralista y presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, aseguró en diálogo con ANCCOM que la reforma parte de un diagnóstico incorrecto y que sus efectos pueden ser regresivos para los trabajadores. “Estamos discutiendo una reforma sobre la base de una premisa errada. No es necesario flexibilizar la legislación laboral para crear empleo o para generar un beneficio virtuoso en la economía”, afirmó y subrayó: “Está demostrado que la legislación laboral no tiene ningún efecto sobre la economía”.
Mientras el Gobierno sostiene que la reforma busca actualizar un marco normativo “vetusto”, Cremonte es contundente: la idea de modernización es, para él, un recurso discursivo. “Seríamos ingenuos si pensáramos que el Gobierno cree que esto es modernizar. Hay una utilización del lenguaje para que parezcan más atractivas las reformas que se proponen. Lo flexible es más amable que lo rígido. Lo moderno pareciera más razonable que lo antiguo… Pero no significa que sean términos que estén bien utilizados, sino que es un disfraz para ocultar la verdadera motivación”.
El abogado advierte, además, que en otros países la discusión contemporánea va en sentido contrario: reducción de la jornada laboral, ampliación de licencias, mejoras en la conciliación entre vida personal y laboral. “De moderno no tiene nada lo que están proponiendo”, señala. “El contenido es regresivo”: efectos sobre empleo, derechos y negociación colectiva.
Una de las principales críticas del especialista es la idea de que una flexibilización laboral generaría más empleo. Según Cremonte, no hay evidencia empírica que respalde esa afirmación. “Todas las veces que se intentó una reforma laboral regresiva para generar un beneficio en la actividad económica o la creación de empleo, ocurrió lo contrario, porque no depende de la legislación laboral, sino de la política económica”, explicó. “El empleo va a crecer si crece la economía. La economía va a crecer si crece el consumo. Y el consumo va a crecer si crecen los ingresos”.
El proyecto oficial incluye modificaciones que afectarían a quienes ya están empleados y no solo a quienes ingresen al mercado laboral en el futuro. “La reforma va a aplicarse a todos, no solamente a los nuevos trabajadores –remarcó-. Si se reduce la indemnización por despido, un trabajador que hoy está trabajando y lo despiden dentro de dos años, le van a pagar la indemnización reducida”.
Además, alertó sobre la ampliación de la jornada laboral mediante esquemas de horas flexibles, donde la elección real del trabajador puede quedar condicionada por la amenaza del despido. “Si el trabajador debe decidir entre aceptar o ser despedido, va a aceptarlo”.
El Gobierno sostiene que la reforma también reduciría la informalidad, que hoy afecta a más del 40% de la población ocupada. Para Cremonte, esa lectura no reconoce la dinámica del mercado laboral argentino. “No es que hay un mundo de trabajadores registrados y un submundo de no registrados. El parámetro es el que está registrado”, explicó y señaló “Si aumenta el salario del trabajador registrado, también va a aumentar el del no registrado. Si se reduce, también se va a reducir el de él”.
Cremonte, además, apunta a la forma en que se está procesando la reforma. El Gobierno avanzó sin abrir instancias formales de consulta con sindicatos y organizaciones de trabajadores, pese a lo que establece el Convenio 144 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Hacerlo sin consultar puede tener como resultado una queja ante la OIT”, afirmó. Pero incluso si existiera una mesa de negociación, advierte que “el resultado va a ser tan ineficaz como la ausencia de consulta”, porque la reforma parte de “un problema de raíz” en sus fundamentos.
En este sentido, el abogado considera que la resistencia individual tiene escaso margen, pero que la acción colectiva puede ser determinante. “Está el derecho de huelga, el derecho de protesta, el derecho de manifestación, la libertad de expresión”, enumeró. “Los sindicatos y las centrales sindicales pueden hacer uso de todos esos resortes para expresarles a los representantes que no aprueben esta reforma”.
La advertencia es clara: si la reforma se aprueba, desandar sus efectos será extremadamente difícil. “Es muy claro que si se aprueba una reforma laboral regresiva es muy difícil volver atrás. Por lo tanto, es clave que no se sancione. Hay que hacer lo posible para que no se transforme en ley”.