Elaboraron un documento con un decálogo de prioridades y le exigen al organismo que recupere un perfil activo. Mientras tanto, falta aun el aval del Senado para que María Paz Bertero asuma en el cargo.
Asociaciones civiles y organizaciones sociales elaboraron una serie de compromisos que el nuevo Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes, a elegirse próximamente, debería asumir. Las postulaciones para ese cargo cerraron el 3 de julio y la terna propuesta se elevó a la Comisión Bicameral Permanente del Defensor/a de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes el 22 de septiembre. La designación de María Paz Bertero como defensora ya tiene media sanción en Diputados pero deberá ser tratada en el Senado en las próximas sesiones. Con fuertes expectativas, las organizaciones que integran el espacio Infancia en Deuda (IED) reforzaron sus propuestas y el pedido por una Defensoría más activa frente a un contexto de emergencia.
IED está conformado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Aldeas Infantiles, Doncel y otras ocho organizaciones sociales preocupadas por la situación crítica de niños, niñas y adolescentes en nuestro país, (en adelante, NNyA).
Francisco Rodríguez Abinal, abogado y coordinador del programa Derechos Sociales por la Niñez en ACIJ, declaró que “el concurso se llevó a cabo de forma ordenada, cumpliendo con las pautas del reglamento y los plazos establecidos por el cronograma en todas sus etapas. Este proceso contó con una celeridad importante en comparación con el concurso anterior. Recordemos que el reglamento se estableció en 2017, los postulantes se presentaron en 2018 y la defensora fue elegida en 2019. Fueron tres años de demora”. Si bien es cierto que el proceso actual inició una vez vencido el mandato de la defensora Marisa Graham, Rodríguez Abinal observó que “este concurso se haya hecho en tres meses habla de un sentido de responsabilidad institucional”.
Infancia en Deuda enumera diez puntos, entre los que pide una Defensoría activa en el tratamiento intensivo de la pobreza y alimentación, producción y transparencia de la información, y mayor acción federal. Insiste en la priorización de acciones de exigibilidad y garantía de acceso a la justicia, medidas en salud y embarazo en la adolescencia, y protección integral de derechos. Así como también exige mayor incidencia en materia de educación, políticas de cuidado, revisión del Régimen Penal Juvenil, y agendas emergentes en relación con las nuevas tecnologías y el medio ambiente.
Según el INDEC, las proyecciones de pobreza infantil para el primer trimestre de 2025 indicarían que 47,8% de las niñas y niños estaría en situación de pobreza y el 9,3% en pobreza extrema. Al respecto, Rodríguez Abinal señala: “Desde la vuelta a la democracia hasta hoy, la pobreza infantil nunca descendió de los 30 puntos, sin importar los partidos políticos que gobiernen. Considerando que la pobreza es generalmente más grave en este grupo poblacional que en los adultos, hay aproximadamente cinco millones de chicos que son pobres, y un millón 200 mil que viven en situación extrema. Esto implica la pérdida de cosas irrecuperables, como la salud en la primera infancia, la socialización y la educación”.
IED propone que la nueva Defensoría trate de manera urgente la falta de recursos, la inseguridad alimentaria, y el bajo rendimiento educativo, ya que, según este documento, afirman que un millón de NNyA se saltean una comida diaria, y solo el 45% de los que terminan sexto grado aprenden lo esperado en Lengua y Matemática. Aldeas Infantiles, organización presente en Argentina desde 1978, avocada a promover espacios y entornos de protección con programas de cuidado alternativo y fortalecimiento familiar, afirmó, por su parte: “Necesitamos una defensora que tenga capacidad de liderazgo, que pueda contemplar las agendas emergentes, pero que también tenga en cuenta este panorama que es de crisis y desfinanciamiento”.
Rodríguez Abinal, explicó algunos de los motivos por los cuales hay tanta expectativa sobre esta autoridad: “Si vamos a la cuestión federal, las defensorías provinciales son seis en 24 jurisdicciones, y algunas de ellas dependen directamente del Ejecutivo. El hecho de que la Defensoría nacional tenga tanto trabajo por hacer, también se debe a que no exista una red provincial”.
Con respecto a las funciones del cargo, el abogado señaló: “La persona elegida tiene cinco años de mandato y para removerla debe ser una decisión casi unánime, que es muy difícil que suceda. Esto le otorga a la Defensoría una independencia que no tienen muchas instituciones. Posee autonomía presupuestaria, puede iniciar juicios en cualquier jurisdicción del país y se le permite pedir sanciones económicas a quienes vulneren derechos”.“
Por otro lado, remarcó: “También se le permite el auxilio de la fuerza pública, es decir que puede pedir la intervención de la policía, e incluso iniciar auditorías presencialmente en cualquier lugar en el que haya NNyA. Es muy raro que una única institución tenga todas estas facultades. La multifuncionalidad que hace de la Defensoría una institución privilegiada es lo que a nosotros nos lleva a exigir una autoridad activa”.
Dentro de las recomendaciones, la exigibilidad y garantías de acceso a la justicia ocupan un lugar importante. En el Informe sobre el desempeño del primer año de la Defensoría en 2020, ACIJ destacó algunos de sus logros en materia de promoción de derechos y emisión de recomendaciones, pero observó con preocupación la falta de medidas de protección propiamente dichas. “En cantidad de juicios colectivos que hizo, que son aquellos que tratan de defender a muchos niños, sabemos que activamente fueron solamente trece”, dijo Abinal. “Tampoco conocemos ningún pedido de sanciones económicas”, agregó.
La producción de información y la transparencia de los datos obtenidos también es clave en el pedido de IED. Desde ACIJ, el coordinador sostuvo que no fue clara la cantidad de incidencias en hogares y provincias que tuvo la Defensoría en el pasado. Y reconoció que hubo una pérdida de información con respecto a informes sobre cuidados alternativos que el organismo realizó junto a indicadores de UNICEF. Este tipo de cuidados se presentan como una alternativa al sistema formal en el que NNyA viven cuando, por diversos motivos, quedan sin el cuidado de sus padres. En lugar de vivir en hogares o residencias, que han demostrado no ser los lugares ideales para crecer, organizaciones como Doncel proponen que haya una mayor transferencia de recursos del Estado a las familias ampliadas de esos niños, (abuelas y abuelos, tíos y padrinos), en lugar de las residencias. La Ley 26.061 de Protección Integral de la Infancia establece que la permanencia en residencias no puede superar los 180 días, transitoriedad que no siempre es respetada en la modalidad institucional.
La información producida en esta temática es escasa, y se vuelve necesaria. “Por alguna razón que nosotros no conocemos, la Defensoría dejó de trabajar este tema con UNICEF, y el informe propio tenía muchos menos indicadores. Esto debería haberse sostenido porque no se conoce mucha información del sistema de protección en el que se alojan esos niños”, agregó Rodríguez Abinal.
Esto se confirma siguiendo a Mariana Incarnato, fundadora Doncel, asociación civil con una trayectoria de 20 años en la materia. Ella señaló que “la Defensoría no ha abordado el tema de lleno. Hay 10.000 niños que viven dentro del sistema formal de cuidado, es decir en hogares e instituciones. Y solo una pequeña parte vive al cuidado de la familia ampliada. Esto vulnera el derecho de crecer en un entorno familiar. Es una gran deuda que tiene la política de protección, ya que lo importante no es solo dónde viven esos niños, sino con qué calidad de cuidado son criados”.
En 2005, Doncel fue la principal impulsora de la Ley de Egreso, la cual establece un programa de acompañamiento para jóvenes que salen de las instituciones para continuar con su inserción laboral, académica y social de manera independiente. Incarnato también destacó que, si bien los cuidados alternativos no fueron un tema nodal de la Defensoría, la institución hizo las debidas prestaciones para sostener el programa de acompañamiento de egreso durante el cambio de gestión.
En definitiva, las problemáticas en torno a las infancias son amplias y profundas. Con respecto a lo que se espera que suceda en las próximas sesiones del Senado, Aldeas Infantiles, insistió en la prolijidad con la que se desarrolló el concurso, y en la responsabilidad del Senado de cumplir la Ley 26.061 con la misma transparencia.