Organizaciones feministas cuestionan el Protocolo de Acompañamiento de la Embarazada en Situación de Vulnerabilidad (PAEV). Dicen que reinstala discursos moralizantes bajo la apariencia de contención y que puede convertirse en un mecanismo de presión y desinformación.
A casi cinco años de la aprobación de la Ley 27.610 —sancionada el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de 2021—, que garantizó en Argentina el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), su aplicación vuelve a estar en riesgo. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito advirtió sobre la implementación del “Protocolo de Acompañamiento de la Embarazada en Situación de Vulnerabilidad (PAEV)” por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que “busca imponer creencias conservadoras y religiosas en las políticas públicas”.
Desde su aprobación en diciembre de 2020, la Ley IVE marcó un punto de inflexión histórico en materia de salud y derechos humanos y reproductivos. “La ley generó condiciones seguras para abortar y bajó la tasa de fecundidad adolescente, acompañada por el plan ENIA (Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia). Aumentó la cantidad de instituciones públicas que garantizan la práctica y disminuyeron las muertes maternas”, destacó Zamparini en diálogo con ANCCOM, aunque advirtió que persisten desigualdades: “El acceso fue mayor en CABA y mucho menor en provincias como Chaco o Misiones”.
Sin embargo, la especialista señaló que la actual coyuntura política, bajo un gobierno nacional encabezado por Javier Milei, presenta un panorama preocupante: “No hace falta derogar la ley para atacarla. No asignar presupuesto, no implementar políticas públicas, es una manera de hacer que no se cumpla”, subrayó.
“No hace falta derogar la ley para atacarla. No asignar presupuesto, no implementar políticas públicas, es una manera de hacer que no se cumpla”, subrayó Zamparini.
El nuevo protocolo impulsado por el Gobierno porteño —que incluye la participación de organizaciones religiosas en la “asistencia” a mujeres embarazadas— encendió las alarmas del movimiento feminista. Zamparini explicó que ya se están implementando folletos y espacios de asesoramiento en algunos centros de salud, y que la Campaña está realizando un mapeo territorial para documentar posibles casos de obstrucción al derecho.
“Estamos en contacto con profesionales de la salud y centros de atención primaria. Queremos entender cómo se está aplicando este protocolo y evitar que se convierta en un mecanismo de presión o desinformación”, señaló.
Las organizaciones feministas sostienen que el PAEV intenta reinstalar discursos moralizantes bajo la apariencia de contención. “Con un gobierno que redefine la vulnerabilidad y habilita la injerencia religiosa en políticas públicas, se pone en juego la libertad y la autonomía de las mujeres y personas gestantes”, denuncian desde la Campaña.
En el marco del 20° aniversario de la organización, la consigna vuelve a resonar con fuerza en el movimiento feminista: Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.