Presas en Paraguay, las tres acusadas de pertenecer a una organización terrorista reclaman por la condiciones de reclusión. A la vez, los organismos de derechos humanos denuncian que deberían ser liberadas. Se espera resuluciones de organismos internacionales a favor de ellas.
Este lunes 3 se cumplen los primeros siete días de la huelga de hambre que llevan adelante las presas Carmen Villalba, Laura Villalba y Francisca Andino en Paraguay. Ellas, junto a sus familiares, acumulan más de 20 años de persecución política por parte del Estado paraguayo. Desde hace más de un año, cuando fueron trasladadas al penal Martín Mendoza de Emboscada, de máxima seguridad, a unos 39 km al norte de la ciudad de Asunción, en Paraguay, las tres mujeres han permanecido confinadas en lo que el Estado paraguayo ha denominado «el nuevo modelo carcelario»: celdas individuales de 2 x 2 metros, en confinamiento absoluto, en condiciones que, según denuncian los organismos de derechos humanos, violan todas las normas internacionales para el tratamiento de personas privadas de su libertad. Ante esto, las reclusas han iniciado una huelga de hambre a través de la cual reclaman un trato digno y el derecho a leer. Allí, en medio del silencio de un sistema diseñado para romper su espíritu, ellas transforman la lectura y el estudio en una forma de rebeldía, y el hambre en un grito de protesta.
Tras su más reciente visita a Carmen Villalba el pasado viernes 31 de octubre, el abogado defensor de las tres reclusas, Salvador Sánchez, comunicó el estado de salud de las detenidas, así como los motivos y la evolución de la huelga que comenzaron el 28 de octubre. Según explicó, las reclusas decidieron adoptar esta medida ante las condiciones de confinamiento a las que se ven sometidas desde hace más de un año. «Evidentemente, lo que se busca es enloquecerlas a través de la tortura», calificó el abogado, y condenó el incumplimiento del Estado paraguayo a las recomendaciones realizadas por el Comité de Desaparición Forzada. Sánchez señaló que las tres detenidas se encuentran «lúcidas» pero debilitadas, alimentándose únicamente con agua y azúcar para contrarrestar los mareos y náuseas propios del ayuno. Informó, a su vez, que Carmen Villalba fue revisada por un médico forense del Poder Judicial de la Cordillera, quien emitió recomendaciones al Estado para garantizar un seguimiento sanitario adecuado durante la protesta. El abogado advirtió que las secuelas más graves podrían presentarse en las próximas semanas, por lo que llamó a la solidaridad internacional a mantenerse atenta al estado de salud de las reclusas y a ejercer presión sobre las autoridades paraguayas.
Pese a lo extremo de las circunstancias, Sánchez destacó que las tres mujeres «están bien, fortalecidas por el espíritu de la solidaridad internacional», y que mantienen su decisión de continuar la huelga sin una fecha prevista de finalización. Añadió que la defensa continuará las gestiones judiciales y administrativas necesarias «para garantizarles el derecho a la vida, a la integridad física y a la salud» dentro del penal.
La misma historia
El Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) surgió a comienzos de los años 2000 como una organización insurgente campesina que se presentaba como heredera de las luchas sociales en contra de la dictadura de Alfredo Stroessner, el régimen más largo y represivo del Cono Sur. Sin embargo, desde su aparición, el gobierno paraguayo utilizó su existencia como excusa para militarizar el territorio, perseguir a dirigentes campesinos y criminalizar toda forma de organización popular. Esa política de persecución se ha mantenido hasta hoy, bajo lo que muchos organismos humanitarios describen como una continuidad institucional del stronismo. En nombre de la «lucha contra el terrorismo», se han desplegado violentos operativos militares, detenciones injustificadas y juicios plagados de irregularidades. En este contexto se inscribe la historia de las Villalba, una familia campesina que, tras años de desplazamientos y hostigamiento por parte del Estado, se ha convertido en símbolo de la represión contemporánea en Paraguay.
El 2 de septiembre de 2020, dos niñas de 11 años de edad, Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, ambas argentinas, fueron asesinadas durante un operativo militar al norte del país. El gobierno paraguayo calificó el hecho como un «éxito» militar contra el EPP, mientras las organizaciones de derechos humanos denunciaban infanticidio y ejecución extrajudicial. Las niñas no estaban armadas, no eran militantes ni combatientes. Habían cruzado la frontera para conocer a sus padres. Meses después, la hija de Carmen Villalba, Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, apodada cariñosamente «Lichita», desapareció en circunstancias aún no esclarecidas. Organismos de derechos humanos siguen investigando su desaparición. La tragedia familiar continuó con la detención de Laura Villalba, hermana de Carmen, en diciembre de ese mismo año. Laura, enfermera y madre de cuatro hijos, nunca formó parte del EPP. Fue arrestada mientras buscaba a su sobrina Lichita. El Estado la acusó de «terrorismo» y la condenó a 31 años de prisión en un proceso plagado de irregularidades. Desde entonces, la causa Villalba se ha transformado en un emblema de la criminalización del disenso y la lucha contra el autoritarismo en un país que no ha logrado romper con su pasado dictatorial.
Tras las rejas
«Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción», cantaba Francisca Andino tras el muro enrejado que la separa de sus visitantes. Así lo recuerda la periodista y militante argentina Claudia Korol, una de las pocas personas que ha podido ingresar al penal de Emboscada, donde se encuentran detenidas Carmen Villalba, Laura Villalba y Francisca Andino. Sus visitas, autorizadas tras superar innumerables obstáculos burocráticos, le permitieron conocer de primera mano las condiciones extremas en las que viven las tres mujeres, la fuerza con la que enfrentan su encierro, así como escuchar y comprender sus demandas.
Aislamiento total
Las tres reclusas han sido sometidas a un régimen de aislamiento absoluto desde hace más de un año. Permanecen encerradas 24 horas al día en celdas individuales de 2×2 metros, con cámaras que vigilan cada uno de sus movimientos, sin contacto entre ellas ni con otras personas. La única visita regular que pueden recibir es la de su abogado cada quince días. «La familia no puede acercarse, ya que todos se encuentran perseguidos o refugiados fuera del país», explica Korol. Las Naciones Unidas califican la situación de las reclusas como «tortura». «Estaban con un uniforme rojo, que es el color de las personas caracterizadas como de máxima peligrosidad. Para trasladarlas desde su celda hasta el lugar donde se hacen las visitas, les cubren el rostro con una capucha y llevan las manos esposadas atrás de la espalda». Korol explica que el uso de las capuchas reutilizadas puede representar un riesgo debido a brotes de tuberculosis registrados en esa prisión.
«Yo vi que las tres adelgazaron bastante desde la visita anterior. Francisca Andino, que tiene 65 años, tiene problemas de asma y tendría que estar más cuidada y más atendida en algún momento porque ya le costaba caminar. La tuvieron que llevar en algunas ocasiones en silla de ruedas», comenta Korol a propósito de las condiciones de salud con las cuales las reclusas iniciaron su huelga de hambre.
Organismos internacionales de derechos humanos como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y el Comité contra la Tortura de la ONU, así como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos ya han advertido que este tipo de encierro constituye una forma de tortura psicológica y puede generar secuelas irreversibles en la salud mental y física de las personas detenidas.
Derecho a estudiar
La abogada argentina Laura Taffetani, representante internacional de las tres presas políticas, explicó que la segunda demanda, el derecho a estudiar y acceder libremente a materiales de lectura, es de crucial importancia para las reclusas, ya que el estudio constituye una parte fundamental de su vida, de su lucha, y es una expresión de dignidad y fortaleza. «Son las primeras mujeres en toda la historia del Paraguay que estudiaron dentro de la cárcel y se recibieron», remarca Taffetani haciendo alusión a los títulos profesionales en psicología que tanto Laura como Francisca recibieron hace poco más de dos semanas, tras haber cursado sus estudios universitarios desde la prisión. «Además, son excelentes alumnas», añade Taffetani. Laura también es enfermera recibida, y Carmen se encontraba cursando el segundo año de Derecho, en el momento en que fue trasladada a la prisión Martín Mendoza.
Tanto Carmen como Francisca sueñan con cursar estudios de Doctorado en Psicología; sueño que se ha visto truncado por su confinamiento. A pesar de contar con la autorización de la universidad, las autoridades no les permiten continuar con sus estudios. Desde que se encuentran recluidas bajo este nuevo régimen, no se les permite leer nada más que la Biblia, y sus materiales de estudio y de lectura les han sido decomisados. «Tienen un listado de 10 libros de literatura, que tienen que ser aprobados a ver si los pueden leer o no. Mientras tanto, ellas están sin hacer nada, encerradas 24 horas, sin leer, sin hacer ningún tipo de actividad», explica Taffetani.
Francisca además es monja y está presa, acusada de haber participado del secuestro de Cecilia, hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas. Debido al régimen al que está sometida, no se le permite cumplir con los rituales que su ordenamiento le exige. Con motivo del sexto día de huelga, el sacerdote Rodolfo Viano, cura de la organización Opción por los Pobres, y perteneciente a la orden franciscana, a la cual también pertenece Francisca, envió un saludo de apoyo a las reclusas.
En el contexto de un gobierno represivo y autoritario, estas reclusas han utilizado sus estudios y su devoción por el desarrollo personal como una herramienta de lucha y una expresión de dignidad. «Son mujeres muy dignas, dan mucha fuerza a nuestros pueblos. Y eso es lo que castigan», sostiene Taffetani.
Derecho a estudiar
«El reclamo es el derecho a participar en la investigación internacional que se está llevando adelante en torno a la desaparición de Lichita y no se lo permiten», sostiene Taffetani. Además, insiste en que el confinamiento de las tres es injustificado y obedece puramente a razones de persecución política.
«Laura Villalba nunca debió estar presa porque a ella terminaron acusándola de incumplimiento de deberes familiares. Es decir, le mataron a su hija y a su sobrina, pero según las autoridades, la culpa la tiene ella porque llevó a las chicas ahí a conocer a sus padres. Y la acusaron de terrorismo cuando Laura nunca perteneció a la organización. Ella es lo que se conoce como un familiar no beligerante», aclara Taffetani.
«Carmen sí participó en la organización del Ejército paraguayo del pueblo, y cumplió una condena por eso. Pero al cumplirse su condena, le inventaron una causa nueva y le sumaron 17 años más, por lo que ella tampoco debería estar ahí. Y Francisca también pertenecía al EPP, pero ella en realidad ya tendría las condiciones para estar en libertad condicional y se la han negado», explica Taffetani en relación a las irregulares condenas que enfrentan actualmente las otras reclusas.
Los motivos de la reclusión
Laura Taffetani afirma que las condiciones de confinamiento que sufren actualmente las reclusas podrían ser una represalia ante la intervención de los organismos internacionales de derechos humanos. «Hay una represalia y un ensañamiento, porque lo real es que ellas ya vienen con una resolución de Naciones Unidas, del Comité de Derechos del Niño, que declaró responsable al gobierno del Paraguay del asesinato de las dos niñas. Y todo esto vino justamente en forma casi paralela a que se publicara la resolución. Entonces, empezaron todas estas medidas en su contra. Prontamente va a salir del Comité de Derechos Humanos, en relación con el caso de Laura Villalba, y también saldrá del Comité de Desaparición Forzada. Entonces, todo esto también tiene que ver con el porqué de que ellas estén en estas condiciones actualmente», sostiene la abogada de derechos humanos.
Taffetani concluye con una invitación para entender el caso de estas reclusas desde una perspectiva más amplia, teniendo en cuenta el contexto geopolítico actual de Latinoamérica. La abogada advierte sobre una peligrosa tendencia que se viene esparciendo entre los gobiernos de derecha de varios países de la región. «Hay que entender que todas estas cosas tienen que ver con cosas que están pasando internacionalmente. Esta cuestión de agrupar al narcotráfico con las organizaciones que protestan contra un gobierno, dentro de lo que ellos llaman “terrorismo”. Y entonces, a todas las personas que pertenecieron a organizaciones que decidieron tomar el camino de la lucha armada se las clasifican de la misma manera que clasifican a los narcotraficantes. A todos los ponen en el mismo lugar como “terroristas”. Según esta lógica, es lo mismo Al-Qaeda que una organización en Latinoamérica que decida luchar por la soberanía de su país con armas ante un gobierno dictatorial. Y esto es muy peligroso». Taffetani afirma que esta tendencia se viene utilizando en países como El Salvador, Perú, Paraguay y ahora en Argentina, con ejemplos como el de Facundo Jones Huala, un hombre mapuche acusado de terrorismo por reivindicar la lucha del pueblo mapuche desde su poesía.
Asimismo, Claudia Korol comenta acerca de la influencia del gobierno de Javier Milei en el caso de la familia Villalba: «La familia Villalba, hasta que subió Milei y Patricia Bullrich, vivía en Argentina y tenía refugio concedido por ACNUR. El gobierno de Milei le levantó el refugio y por eso se tuvieron que ir de Argentina». El levantamiento del asilo político por parte de ACNUR y el Estado argentino generó el desplazamiento forzado de toda la familia Villalba fuera del país, incluyendo a la madre de las hermanas Villalba de 80 años, y 12 niños y niñas que dependían de su cuidado.