Por Federico Rueda
Fotografía: Oriana Estrada

Miles de personas se manifestaron en Plaza de Mayo para reclamar al gobierno de Javier Milei la aplicación de las leyes de Emergencia Pediátrica, de Discapacidad y de Financiamiento Universitario. Gremios docentes, de salud, profesionales y colectivos afectados exigieron al gobierno que respete las normas aprobadas por el Congreso. También le reclamaron un paro general a la CGT.

Una multitud se congregó durante la tarde del martes en frente a la Casa Rosada —que como ya es usual se encontraba vallada—  para reclamar por la aplicación de las leyes de Emergencia en Discapacidad, Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario. Los representantes gremiales de las comunidades afectadas leyeron en conjunto un documento anunciando un plan de acción dirigido al Gobierno y a la CGT: “La crueldad no es un error de gestión, es una decisión política”, subrayaron.

Hace un mes, el Poder Ejecutivo, tras vetar sin éxito la normativa, se vio obligado a promulgar la ley que declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta fin de 2027, con la finalidad de brindar soporte económico para regularizar pagos a prestadores del sistema de salud, brindar pensiones, reafirmar la obligatoriedad del cupo laboral de personas con discapacidad, entre otras cosas. Sin embargo, el mismo decreto que promulgó la ley la suspendió hasta que el Congreso detalle de dónde saldrán los fondos para financiar los gastos. El mismo destino tuvieron las leyes que brindaban un auxilio presupuestario a la educación universitaria y a la salud pediátrica.

Pasadas las 16 algunas personas comenzaban a colgar banderas y carteles sobre las vallas que resguardan la Casa de Gobierno, el principal rezaba, todo en mayúsculas, “Aplicación ya”. A un costado se encontraban algunos miembros de Discas en Lucha, una asamblea de personas con discapacidad en defensa de sus derechos. Entre ellos estaba Matías Saiet, quien afirmó que no se trata de una cuestión de falta de dinero: “Sabemos que la plata está, se la da a la SIDE, por ejemplo. Si le sacasen plata a los poderosos, y se la dieran a quienes se la tienen que dar, el problema estaría resuelto”, señaló.

También agregó un reclamo destinado no solo al Gobierno sino que también a la CGT y a parte del peronismo: “Nuestros derechos se siguen pasando por arriba, nuestras calidades de vida siguen empeorando. Reclamamos a la CGT y al peronismo que moviliza a las grandes masas de trabajadores a que hagan un paro general”. A su lado se encontraba Laura Alcaide, también miembro de la asamblea, quien traía a colación la accesibilidad en las elecciones legislativas: “La participación política de nuestro colectivo depende de la acción del Estado. A partir del vaciamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad, las políticas que se habían hecho previamente en torno a la participación política electoral de las personas con discapacidad ahora se echaron para atrás”.

En este punto, refirió que debido a los despidos de gente calificada de la Agencia Nacional de Discapacidad, los ajustes de accesibilidad para personas con discapacidad visual -como ella- fueron relegados a la voluntad de organizaciones de la sociedad civil: “¿Todas las personas van a comprender este sistema de elección? Seguramente, no. Y seguramente va a haber una baja, una merma importante en la asistencia”.

Minutos antes de la lectura del documento, un grupo de familias que se movilizan en apoyo al Garrahan, miraba con atención los preparativos. Entre ellas se encontraba Daniela Gruiyer, la madre de una niña que hace 11 años se atiende en el hospital por hidrocefalia debido a un tumor cerebral. “Vemos la carencia en los profesionales que se van. Obviamente, ¿quién aguanta? Cuando se van, hay turnos que se reprograman, lo cual conlleva el riesgo de un diagnóstico tardío”.

En lo que respecta a las universidades, las mismas se encontraron de paro durante la jornada del martes para reclamar por su financiamiento. Sobre esto, en la lectura del documento oficial, Laura Carboni, secretaria general de AGD UBA, se explayó en sobre la situación: “Las universidades nacionales padecen el desfinanciamiento y los salarios de sus trabajadores están bajo la línea de pobreza, por eso se suceden las renuncias de docentes que tienen que emigrar al sector privado para poder sobrevivir cotidianamente, aceptar el pluriempleo, atenderse con obras sociales quebradas. Y las becas estudiantiles están congeladas”, detalló.

La lectura del documento terminó con un posible plan de lucha que involucraría una concentración en las oficinas de la CGT y CTA pidiendo por un paro general para poder incomodar al Poder Ejecutivo. El ambiente que se compartía entre los manifestantes, se materializó en cánticos y gritos que interrumpían el discurso, se podría resumir en las palabras incisivas de Alcaide: “La paciencia no es eterna”.