Ya hubo catorce solo en lo que va de octubre. Victoria Aguirre, vocera de MuMaLá, analiza el incremento de casos mientras que el Gobierno niega la violencia de género o, directamente, responsabiliza de ella a las víctimas.
“El número se disparó y nosotras estamos muy preocupadas. Tiene que ver con los discursos de odio que se han instalado, particularmente desde la llegada de Javier Milei a la presidencia”, dijo Victoria Aguirre, vocera de MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana), abogada feminista, coordinadora y vocera nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Desde su rol, acompaña, coordina y analiza los datos relevados que aportan las mujeres y que visibilizan la magnitud de la emergencia. Sólo en lo que va de octubre se registraron en nuestro país catorce femicidios, que sumados a los registrados en lo que va del 2025, ascienden a 195: uno cada 36 horas. En diálogo con ANCCOM, Aguirre analiza la escalada de femicidios y el impacto que tiene la desarticulación de las políticas públicas en los territorios, la emergencia, las deudas del Estado y el rol de los grupos misóginos que alimentan la violencia machista hacia las mujeres.
El cuerpo hallado el lunes 14 de octubre en un canal perteneciente al barrio Valentina Norte Rural, en la ciudad de Neuquén, fue identificado como el de Azul Semeñenko, una mujer trans de 49 años que había desaparecido el 25 de septiembre. La noticia encendió nuevamente las alarmas: en menos de quince días, la Argentina sumó quince femicidios y trans femicidios. Azul era trabajadora estatal de la Dirección de Protección Integral contra las Violencias. Su compromiso con las políticas de género y su militancia en favor de los derechos de las personas trans la habían convertido en una figura reconocida dentro de su comunidad. La crueldad en el crimen, el ensañamiento y el abandono de su cuerpo, conmovió a todo el país. Su nombre se suma a la lista que crece día a día y que las organizaciones feministas ya no dudan en calificar como una emergencia nacional. Al respecto, Aguirre expresó: “Hay una habilitación del lenguaje odiante, de esta manifestación de odio hacia las mujeres y hacia las disidencias. Los ataques de odio que sufrió la comunidad LGBTQ+ desde que Javier Milei está en el gobierno se han incrementado mucho”.
En los últimos meses, MuMaLá y otras organizaciones feministas alertan sobre la gravedad del desmantelamiento de políticas públicas de género y de los sistemas de prevención, protección y acompañamiento que tanto costó construir. Con la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y la reducción de presupuestos en programas de acompañamiento a víctimas y familiares, la red de contención institucional está cada vez más debilitada. Cada femicidio no es un hecho aislado ni inevitable, es consecuencia directa del accionar, de decisiones políticas: “Hoy con estos datos, ser mujer en la Argentina te convierte en una potencial víctima de femicidio”, dijo Aguirre.
Programas fundamentales como Acompañar, la línea 144 o la Ley Brisa se encuentran paralizados o en retroceso. Este vaciamiento tiene una raíz ideológica, con un Gobierno nacional que ridiculiza y deslegitima la lucha por la igualdad, mientras se aplican medidas económicas que golpean con más fuerza a mujeres y diversidades. Sobre el papel del Gobierno, Aguirre sentencia: “Es decirle a las víctimas de violencia que mienten, que no les creen, que es una exageración o un invento del feminismo, la violencia y la desigualdad. Esas son las campañas de este gobierno. Pero campañas de prevención. no hay”.
Este viernes, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich levantó la apuesta y al borde de justificar los femicidios, dijo en una entrevista con el Gord Dan que el aumento de la violencia machista era una respuesta al empoderamiento de las mujeres. “Si lo que vos hacés es generar una idea de que estás empoderaday sos capaz de pisotear a cualquiera, sea hombre, tu padre o tu madre; si a alguien lo pisoteás, finalmentelo que termina pasando es que te viene en contra”, dijo sin ruborizarse la funcionaria.
En paralelo al aumento de casos, también se registra un crecimiento sostenido de comunidades organizadas de discurso de odio contra las mujeres. Uno de ellos identificado en los últimos días es “Varones Unidos” que operó como un espacio de validación simbólica para discursos de supremacía masculina que no se conforman con expresarse en redes sino que buscan penetrar en la sociedad. La agrupación uruguaya –que cruzó fronteras– tenía como finalidad “proteger los derechos de los hombres” y recuperar el “principio de inocencia”. Casi en consonancia con las declaraciones del Ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona que se expresó en favor de eliminar la figura de femicidio del Código Penal. Pablo Laurta, el asesino de Luna Giardina y Mariel Zamudio y líder de Varones Unidos, mantuvo vínculos con figuras políticas afines al antagónico posicionamiento sobre el “discurso de género” lo que demuestra cómo esas alianzas contribuyen a legitimar la agenda misógina, con la crítica al feminismo y la supuesta “preocupación por la degradación masculina”, consignas que funcionan como coartadas para ocultar el poder y el control que ejercen los hombres hacia las mujeres. Sobre estos grupos violentos, Aguirre aclara: “Obviamente que es necesario que los varones puedan charlar sobre qué tipo de masculinidad quieren tener. No todos los varones son violentos, machistas y misóginos. Nuestro primer gran cuestionamiento a los varones es que no hablan de femicidios. El cambio también es cultural”.
La falta de perspectiva de género en el sistema judicial y estatal sigue siendo una deuda estructural: fiscalías sin formación, demoras en medidas de restricción y una fuerza policial que muchas veces desestima las denuncias. El impacto de esta retirada del Estado es directo a las víctimas y a sus familias, hijxs, comunidades aterradas y una sensación de desamparo que atraviesa de punta a punta al país: “Debe haber efectores de la Justicia, que conozcan y puedan llevar adelante un caso de violencia por motivos de género. Pero hoy volvimos a la chicana, a no tomarles la denuncia, a no creerles, a ningunearlas. Hoy volvimos a ese punto, muy atrás, donde hay que volver a discutir que la violencia por motivos de género existe, que nos matan los varones violentos”, advierte Aguirre.
La abogada de MuMaLá añadió: “La declaración de emergencia no sólo tiene que ver con recuperar partidas presupuestarias, sino también con recuperar las políticas públicas que perdimos. Desmantelaron el programa de víctimas de trata, desmantelaron los equipos técnicos que acompañaban a las personas en situación de violencia de género. Hay que volver a reforzar la ESI, la implementación de la Ley Micaela. Lo repetimos hasta el cansancio porque estamos convencidas de que es de esa forma como vamos a erradicar la violencia. El cambio tiene que ser cultural, necesitamos que la sociedad entera se inmiscuya, que sea un problema que a la sociedad entera le jode”, enfatiza Aguirre. Considera que, sin una transformación social profunda, las políticas públicas no alcanzan.
La violencia machista en Argentina no es un fenómeno nuevo, pero su persistencia —y la indiferencia estatal frente a ella— la vuelven insoportable. Cada nombre, cada historia, es una herida que se abre en una sociedad que no puede mirar hacia otro lado. Mientras el Estado se retira, son las redes feministas y las organizaciones sociales quienes siguen luchando, sosteniendo y denunciando lo que los gobiernos prefieren callar. Lo hacen sin recursos, sin garantías, pero con la convicción de que la lucha no puede detenerse. En un contexto donde los discursos de odio se amplifican y la violencia recrudece, la respuesta no puede ser el silencio ni la neutralidad. En memoria de todas las víctimas de femicidios y trans femicidios, las organizaciones feministas repiten una vez más: “Ni Una Menos”.