Además, señaló que en estos dos años de gobierno libertario hubo 460 muertes de personas bajo custodia de fuerzas de seguridad.
Las cifras y los cuerpos van tomando nota del incremento exponencial del nivel de represión a la protesta social en el gobierno de Javier Milei. Cómo botón de muestra, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) informó que esta gestión ya lleva 120 casos de gatillo fácil. Los datos fueron presentados en un encuentro organizado por la Comisión de Bases del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en su sede de la calle Puan. Esa agrupación viene trabajando sobre la “desconexión” entre dirigentes y la militancia de base, y también recoge el temor a la hora de ir a las manifestaciones.
Por eso, el invitado de la reunión fue el abogado de Correpi Emanuel Luis Zuccolo, quien arrancó explicando que la CORREPI es una organización política que actúa en el campo de los derechos humanos, “al servicio de la clase trabajadora y el pueblo”. Según dijo, su militancia se centra en la defensa de las víctimas de la violencia institucional, como casos de gatillo fácil, torturas, detenciones arbitrarias o criminalización de la protesta. “Nos encargamos del Archivo de Casos, damos talleres en escuelas y barrios, y trabajamos especialmente en las detenciones. Los miércoles nos organizamos para ayudar a la gente detenida y, si llegamos antes de que intervenga la Defensoría Pública, tomamos la defensa nosotros. Ya que muchas veces les imputan delitos mayores o medidas restrictivas para que no puedan volver a movilizarse”, explicó Zuccolo.
También contó que CORREPI forma parte de la Red Federal de Derechos Humanos: “Intentamos articular con diferentes sectores y afrontar la lucha represiva colectivamente. Hay muchas modificaciones en los ámbitos, hay un cambio de régimen. Es clave pensar en grupo, porque muchas represiones ocurren cuando la gente se dispersa. Nuestro objetivo es estudiar cómo se organiza la policía y aportar herramientas para que las movilizaciones sean más seguras”.
El Archivo de Personas Asesinadas por el Aparato Represivo del Estado
La idea de tener un archivo surgió en 1996, luego de que el presidente Carlos Menem desestimará las denuncias por fusilamientos policiales diciendo que “hay periodistas de pluma fácil”. Días después, el ministro del Interior Carlos Corach desafío a la prensa exigiendo “¿dónde están los nombres?”. Frente a este accionar del Estado, CORREPI decidió elaborar un registro nacional con los nombres de todas las víctimas de la represión estatal desde el retorno de la democracia, una propuesta impulsada por Delia Garcilazo, madre de Rodolfo “Fito” Ríos, asesinado en la cárcel de Caseros.
Durante el encuentro, Zuccolo manifestó que en el nuevo archivo se evidencian los números “de la gestión de Javier Milei, hasta febrero de 2025, registramos 120 casos de gatillo fácil (un 60% cometidos por efectivos fuera de servicio) y 460 muertes bajo custodia”. Estos datos surgen de un trabajo de investigación profunda que busca evidenciar la continuidad de las políticas represivas y la necesidad de que los agentes fuera de servicio no porten armas.
Después de presentar los datos del archivo y explicar la labor de CORREPI, la charla se centró en cómo organizarse en las movilizaciones y cómo funciona la represión oficial. Según explicaron, bajo la gestión de Patricia Bullrich, las manifestaciones están controladas por un comando unificado, donde todas las fuerzas federales actúan coordinadas bajo las órdenes de la Policía Federal. A su alrededor, la Policía de la Ciudad se encarga de cortar calles, desplegar hidrantes y camiones, y realizar detenciones cuando se les indica. Además, hay un monitoreo constante y seguimiento de los manifestantes.
CORREPI considera que un plan ideal para organizarse en una movilización tiene que estar basado en la seguridad colectiva y la coordinación entre compañeros: observar la situación antes de avanzar, identificar dónde está la policía y los cortes, definir un punto de encuentro fijo y mantener una hora de concentración clara. Recomendaron no llevar alcohol ni drogas, ya que el objetivo es manifestarse, y contar con un “pie telefónico” externo que tenga todos los datos de las personas, incluyendo si alguien tiene alguna afección de salud que pueda necesitar atención. En el momento de desconcentrar, hay que fijar un sitio que sea a varias cuadras para que no quede nadie solo durante la movilización. El encargado de la columna decide donde desconcentrar si hay represión.
Si falta alguno, en el momento de avisarle al pie hay que contactar a CORREPI, que ellos tienen más información acerca de los detenidos en las comisarías. Y como suele recordar la abogada María del Carmen Verdú, si en la vianda del mediodía había traído un cuchillo para cortar la milanesa mejor dejalo en el laburo, no lo lleves a la marcha de los jubilados”.