Mientras se preparan para una convocatoria federal que se realizará este jueves 16 de octubre a las 18 en el Monumento a la Bandera de Rosario, las familias víctimas del fentanilo adulterado continúan reclamando justicia e intentando visibilizar el tema. El Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema ya interviene en la causa que instruye el juez federal Ernesto Kreplak.
Lo que empezó como una sospecha de laboratorio hoy es una causa judicial federal, una comisión investigadora del Congreso y una lista de nombres de personas fallecidas probablemente incompleta. Las ampollas ya no circulan, pero el caso del fentanilo adulterado sigue vivo. En la sala del Congreso donde sesiona la Comisión Investigadora del Fentanilo Adulterado, el martes 7 de octubre, se reconstruyó la secuencia técnica que derivó en la detección del contaminante (marca HLB Pharma, lote 31.202). Familias, diputados y médicos compartían un aire denso, donde el dolor se mezclaba con la exigencia de justicia y la necesidad de respuestas. Nadie fue solo a escuchar; todos fueron a pedir explicaciones.
Los representantes del Hospital Italiano de La Plata tomaron el micrófono. No había espacio para la especulación: solo fechas, pruebas y protocolos. El doctor Roberto Martínez, director general del hospital, leyó en voz baja: “Nunca soñamos que dentro de una ampolla estéril íbamos a encontrar dos bacterias multirresistentes”. A su lado, la microbióloga Virginia González añadió, “Era impensado, pero lo encontramos… se me cayó el alma cuando vi los tubos turbios”.
El relato técnico reconstruyó el recorrido de las ampollas adulteradas de fentanilo HLB Pharma, lote 31.202:
1° de abril: ingresó al hospital.
7 de abril: Se pone en circulación.
30 de abril: uso de 1.669 ampollas contaminadas.
15 al 30 de abril: primeros cultivos positivos.
29 y 30 de abril: pruebas de ampollas sembradas.
30 de abril: retiro inmediato del stock.
2 de mayo: comunicación formal a ANMAT.
5 de mayo: envío de 15 ampollas y documentación.
8 de mayo: alerta pública nacional.
12 de mayo: Resolución 3156 de ANMAT: retiró oficialmente el lote.
El hospital informó que conservó todas las muestras bajo guarda judicial y se constituyó como querellante ante la Justicia Federal. Detrás de cada dato había un intento por demostrar que actuaron con responsabilidad, pero también la carga emocional de saberse parte de una tragedia nacional. “Nosotros somos víctimas tanto es así que nos presentamos ante la justicia como querellantes. Presentamos todas nuestras cuestiones y la justicia federal tiene como víctima al Hospital Italiano de La Plata”, exclamó el director general con la voz quebrada. Una declaración que rápidamente generó controversia y una respuesta tajante de las familias:
“Me duele escuchar que el doctor diga que el Hospital Italiano es una víctima, es una falta de respeto. Las víctimas fueron de carne y hueso. Las víctimas están todas hoy en un cementerio. Las víctimas estamos sentadas acá. Las víctimas fueron personas. Una institución no es víctima”, manifestó Ivana Esteban, hija de una de las personas muertas por el fentanilo adulterado.
Las voces de las familias sonaron como un eco que se repetía con distintas entonaciones, pero una misma herida. Contaron que nadie las llamó, que se enteraron por la televisión, por un mensaje, por otra familia que había pasado lo mismo. Hablaron de silencios: el de los hospitales, el de las autoridades, el de los correos que nunca llegaron. Luego vinieron los papeles: los pedidos de historias clínicas que demoraron semanas, los formularios, los sellos. Entre cada demora, el duelo se volvía más denso. En la sala, se percibía una desconfianza extendida, un aire de abandono.
“¿Por qué no se acercaron a decirme que Renato estaba contaminado con estas dos bacterias?”, preguntó Sol Frechese en un intento de saber la verdad del silencio.
En la sala, cuando hablaron las familias de Rosario y de Córdoba, el aire cambió. Ya no se trataba de laboratorios ni de fechas: era el sonido de una ausencia que nadie había querido escuchar. “Enterré a mi madre sin saber que había sido intoxicada; me enteré por otros familiares, no por el hospital”, dijo Ivana desde el fondo, y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier dato técnico. En Rosario, contaron, no hubo alertas ni llamados, solo certificados con diagnósticos genéricos y puertas cerradas. “Nos enteramos por los medios que nuestras madres habían muerto por fentanilo contaminado”, reclamó la hija de una víctima. En un comunicado brindado a este medio, notifican un pedido formal de las familias de Rosario. “Presentamos una nota haciendo la solicitud de asistencia a la ciudad y pedimos además asistencia económica para el traslado de las personas que vengan de localidades cercanas”.
En Córdoba, el caso del bebé Giovanni conmovió a todos. Sus padres, Darío y Sol, narraron entre lágrimas una historia que ya es símbolo de abandono: “El Ministro de Salud vino solo cuando salimos en los noticieros. Nunca se presentó el director del hospital y nunca tuvimos ayuda psicológica. Estuvimos tres meses sin ayuda de las personas que le correspondía. No queremos dinero: queremos responsabilidad”, denunció Sol mientras contaba los meses que tuvieron que atravesar con el recién nacido. El bebé sigue internado con asistencia vital. Su historia traspasó los límites del expediente: mostró cómo la respuesta estatal llega, pero tarde. “Si nosotros no hablábamos en ese grupo de Whatsapp, el bebé iba a hacer un caso más y nadie iba a saber”, explicó el padre de Giovanni.
“Siempre vimos que en Buenos Aires se movió todo más rápido. Y agradezco la solidaridad y el apoyo del grupo de familias, porque gracias a ellos pudimos enterarnos y siempre nos contuvimos entre nosotros”, contaba Estefanía Ferrari en diálogo con ANCCOM. Estefanía perdió a su padre en el Hospital Italiano de Rosario, donde afirma que hubo destratos, culpabilización y falta de respuesta. “Entró caminando para una operación y murió por una ampolla infectada”.
Después de escuchar esos testimonios —las madres que se enteraron por la televisión, los padres que esperaron meses por una respuesta—, los diputados tomaron la palabra con una mezcla de indignación y pudor. Las historias de Rosario y Córdoba habían dejado la sala en vilo, y las preguntas que siguieron ya no fueron meramente técnicas. Vilma Ripoll, del FIT-U, rompió el tono institucional: “El Ministro de Salud (Mario Lugones) es un caradura. No puede dormir tranquilo mientras las familias siguen sin respuestas”. Pablo Yedlin, de UxP, habló de trazabilidad, de leyes que aún no existen. Su par de bancada Alejandro Rodríguez preguntó por qué una ampolla de HLB Pharma costaba menos de la mitad que la de otros laboratorios. Entre acusaciones y pedidos de informes, lo que se filtró fue otra cosa: la conciencia de que la tragedia no fue un accidente aislado, sino la consecuencia de un sistema roto.
“Los mecanismos por los cuales decidieron la compra en HLB Pharma, que dicen que es una plataforma que les cotiza y que dicen cuánto es, son obviamente insuficientes para tomar las decisiones”, comentaba Christian Castillo (FIT-U) a ANCCOM sobre la presencia del Hospital Italiano de la Plata. “No dieron precisiones sobre por qué no le comunicaron a los familiares lo que pasó, sostienen que ya no eran pacientes, perodebe haber una disposición que los obligue a eso, porque los familiares se enteraron mucho después, hay temas que quedaron por seguir indagando”.
Las denuncias parlamentarias intentaban ponerle palabras a lo que las familias ya habían dicho con el cuerpo: que a las víctimas se les dio la espalda desde todos los frentes, y que reparar esa omisión también es una forma de justicia. Las críticas se centraron en las demoras para entregar historias clínicas, los cobros indebidos y la ausencia de sistemas digitales. “No puede ser que entreguen historias clínicas a mano, que se cobren y que tarden veinte días. Hay que hacer obligatorio un sistema digital e inmodificable”, expresó Ripoll en la sala.
En paralelo, según pudo confirmar este medio en registros oficiales del Poder Judicial de la Nación, el expediente principal FLP 017371/2025, instruido por el juez federal Ernesto Kreplak en el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, se encuentra actualmente desagregado en al menos 40 legajos activos. Cada uno de ellos está bajo intervención del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se analizan las causas de muerte de las víctimas del caso del fentanilo contaminado.
Esta derivación a la órbita del máximo tribunal, que no había sido informada oficialmente, confirma que la investigación mantiene trámite forense a nivel nacional y que la Corte Suprema cumple una función técnica en la verificación de los fallecimientos.
Entre los legajos consultados figura también el Incidente N.º 193/2025, donde el imputado Diego Hernán García —vinculado a HLB PharmaGroup y Laboratorios Ramallo— solicitó prisión domiciliaria, lo que muestra que el caso continúa con medidas cautelares y apelaciones activas. Esta información complementa la apelación presentada por el abogado Gastón Marano, defensor de Ariel García Furfaro, que pidió la nulidad de la indagatoria y cuestionó las irregularidades del proceso. En su planteo, sostiene que la resolución carece de precisión —que no se explica con claridad qué hizo Furfaro, cuándo ni cómo— y que esa vaguedad vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso. También cuestionó que el juez haya usado la figura de la coautoría funcional, un concepto que, según la defensa, se aplica de manera excesiva y sin pruebas directas. El movimiento busca algo más que una revisión técnica: intenta desmontar la narrativa judicial que coloca a Furfaro como parte central en la cadena de responsabilidades del fentanilo adulterado, y así abrir una grieta en el edificio de acusaciones que sostiene la causa.
El caso del fentanilo adulterado sigue su curso entre expedientes, pericias y apelaciones. Afuera del Congreso, las familias siguen esperando con los mismos papeles doblados, las mismas fotos gastadas. Nadie las prepara para el lenguaje de los tribunales, para esa forma de distancia que habla en términos que no curan. En los despachos se discute quién fue, cómo, cuándo. Y mientras los abogados buscan anular declaraciones y los jueces corrigen oficios, ellas siguen haciendo lo único que pueden: nombrar a sus muertos, una y otra vez, para que el olvido no gane también la causa.