La jueza Servini dictaminó que Héctor Guerrero disparó de manera antirreglamentaria al menos cinco veces. La misma suerte corrió el prefecto Sebastián Martínez, que le quitó la visión a Jonathan Navarro.
A casi 7 meses de la represión que dejó hasta el presente al fotoperiodista Pablo Grillo en estado crítico, la jueza a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1, María Romilda Servini, procesó al gendarme Héctor Guerrero como autor material del brutal accionar que afectó a la víctima. La resolución se apoyó parcialmente en los aportes realizados por Mapa de la Policía, una organización civil que logró demostrar cómo y quiénes efectuaron los disparos en esa trágica jornada.
Bajo el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y con la abogada Claudia Cesarone, la familia de Grillo se presentó como querellante contra Guerrero. La identificación de quien disparó y el argumento de la intencionalidad por parte del gendarme fue posible gracias a la reconstrucción que presentó en redes sociales la organización Mapa de la Policía, quienes se definen como “una herramienta de cuidados ciudadanos para contrarrestar la violencia policial».
Mientras la investigación interna –y opaca– de Gendarmería alegaba que Guerrero había actuado en concordancia con el protocolo antipiquetes, y había disparado reglamentariamente, la causa penal demostraba todo lo contrario: “[Guerrero] disparó de forma antirreglamentaria con su pistola lanzagases, hacia el sector en el cual se hallaban los manifestantes, siendo que es este el que hirió a Pablo Nahuel Grillo”, afirma el expediente firmado por Servini.
Este documento también revela que el gendarme realizó otros “cinco disparos en los siguientes horarios: 17:14 (disparo 1); 17:16 (disparo 2); entre 17:17 y 17:18 -antes del efectuado a Grillo- (disparo 3); 17:20 (disparo 5) y 17:22 (disparo 6)”. Sobre el accionar de la ciudadanía que permitió esta investigación, Agustina Lloret, una de las abogadas querellantes, explica: “Cuando no hay mecanismos de controles estatales desde adentro del Ministerio aparece la necesidad de que la propia sociedad se organice para poder ejercer ese control, por ejemplo, grabando”.
Ahora se espera que Guerrero apele esta decisión –ya se prevé que la medida no tenga un resultado favorable– y luego la próxima instancia será un juicio oral. Por el momento se embargó al gendarme y sigue la prohibición para que salga del país. Mientras tanto la investigación avanza hacia la cadena de mandos, es decir, quienes acompañaron a Guerrero y eran encargados de supervisar su accionar.
En lo que respecta a las responsabilidades políticas, desde el primer video de Mapa de la Policía se apunta hacia la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por promover la impunidad. En este punto, Lloret explica la implicancia de la funcionaria: “La tiene desde el diseño del operativo hasta la responsabilidad discursiva –que es el mensaje que le baja a las fuerzas de seguridad–. Lo que vemos es que en la causa penal ella se quedó con mucha información que debía aportar, al punto tal que Servini tuvo que ir a allanar a la Gendarmería para conseguir el sumario interno que le había iniciado Guerrero”.
Mientras tanto, Pablo Grillo sigue internado con leves mejoras, pero con daños irreversibles; y Jonathan Navarro, otro manifestante que fue reprimido en esa jornada por el prefecto Sebastián Martínez—quien también fue procesado—, perdió definitivamente la visión. Sobre esto, Lloret opina: “Son casos que sirven para visibilizar, para que la gente entienda que todo tiene un límite, que las fuerzas de seguridad no están para eso, para agredir a los manifestantes. Están justamente para cuidarnos. Esta decisión judicial empieza a poner sobre la mesa los límites de lo que no se puede tolerar, de lo que la sociedad en sí no puede seguir mirando para otro lado”.
