Los familiares de las víctimas del fentanilo adulterado expresaron su dolor y sus reclamos ante la Comisión Investigadora de Diputados. Mientras tanto, el juez Kreplak avanzó con procesamientos y detenciones en una trama que involucra tanto a empresas como al Estado desregulado.
Familiares de Daniel Oviedo, Leonel Ayala y Luis Rossetti, víctimas del fentanilo, testimoniaron en Diputados.
El martes 30 de septiembre se realizó el segundo encuentro de la Comisión que investiga el fentanilo adulterado. Los legisladores escucharon a las familias de las víctimas y marcaron un cronograma de reuniones para octubre. También se reunieron con el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak para obtener más información del caso judicial.
La escena comenzó con un silencio áspero, apenas interrumpido por el ruido de sillas y las voces bajas de los asesores. La mesa de conducción está compuesta por la diputada Mónica Fein (presidenta), Silvana Giudici (vicepresidenta) y Victoria Tolosa Paz (secretaria). La primera en hablar fue Gisel Oviedo: “Cumplí 41 años, primer cumpleaños que no está Daniel, mi último hermano”. Sus palabras, dichas sin estridencia, cargaron de peso el aire de la sala. Daniel Oviedo es una de las 126 víctimas confirmadas. Gisel no solo habló del dolor: reclamó una ley de trazabilidad. “En 2012 el fentanilo era trazable, después lo sacaron priorizando el mercado antes que la salud pública”. Su propuesta ya tiene aval social: “Conseguimos 16.000 firmas en Change.org”.
La madre de Daniel, Roxana Altamirano, fue directa: “El pedido nuestro sería la trazabilidad del fentanilo y de toda la cadena de medicamentos, para que esta desgracia no vuelva a pasar”. El padre, Gustavo Oviedo, habló con bronca: “Nunca se comunicaron con nosotros. Tuvimos que jugar al detective para que nos escuchen”.Gustavo en agosto escribió una carta abierta denunciando el silencio del gobierno deJavierMilei.
Alejandro y Luis Ayala, hermano y padre de Leonel, unas de los muertos por el fentanilo, exigieron la Ley de Trazabilidad para que no vuelvan a suceder casos como estos.
Varios diputados coincidieron con la propuesta de ley. Giudici, del PRO, señaló que presentaron proyectos de ley “para mejorar la trazabilidad de medicamentos de alto riesgo”. Cristian Castillo, del FIT-U, concluyó que hay consenso en reforzar el control de ANMAT y la trazabilidad.
Alejandro Ayala, hermano de Leonel, recordó que “desde 2018 hubo más de 276 expedientes sobre irregularidades en laboratorios y nadie hizo nada”. Denunció, además, que “todavía hay familias sin asesoramiento jurídico ni atención psicológica”. Luis Ayala, su padre, se levantó de la silla y dijo: “Soy albañil y tuve que bajarme del andamio para venir a hablar por mi hijo, un ser extraordinario”. Y cargó contra el sistema: “No lo mató solo Furfaro, lo mató también el Gobierno nacional con la desregulación”.
“Trabajen sintiendo como si fuera un familiar de ustedes también, un padre, un hermano o un hijo que hayan perdido”, pidió el familiar Mariano Rossettia a los legisladores. Otros rechazaron la calificación de “tragedia” para lo ocurrido e insistieron en que se trató de una “masacre”. La Cromañón estuvo presente. Alejandro Ayala evocó: “Como fue en Cromañón, que llegaron a resultados efectivos en tiempos efectivos. Queremos lo mismo”.
La diputada Paula Oliveto (Coalición Cívica), que trabajó en esa causa, señaló: “Me tocó Cromañón como auditora y diputada, y sé lo que significa atravesar el dolor en busca de justicia. Si el ANMAT hubiese controlado, esto no hubiese pasado. Si la AGN hubiese estado en funciones y pudiera controlar a los organismos, podríamos saber cómo son los procedimientos y si se cumplieron o no. Y si el Ministerio de Justicia hiciera su trabajo, hoy estos familiares tendrían psicólogos a disposición”.
“Se politizó la exposición de algunos familiares –se quejó, a su turno, la oficialista Giudici–. Dejemos todas las banderías políticas de lado”. La familiar Gisel Oviedo le repondió: “Las banderías políticas las trajo usted cuando nos dijo que teníamos que recusar al juez porque la causa era kirchnerista”. Tolosa Paz (UxP) también apuntó a Giudici: “Hubo intentos de politizar la cuestión, pero estamos acá para responder con leyes”. Su par de bancada Paco Manrique fue más crudo: “Si esto se politiza es porque es un problema político. El sistema falló y fallan las políticas”. Christian Castillo agregó: “Acá hay temas políticos implicados y no está mal discutirlos. Otra cosa es el carancheo”.
El radical Pablo Juliano se refirió al pedido de informes al Ejecutivo: “El 20 de agosto elevamos 30 preguntas y nunca respondieron. Ahora presentaremos 56 actualizadas”. La socialista Fein aseguró que van a “insistir con la Presidencia por ese pedido de informes”. También se acordó la necesidad de un cronograma de trabajo. Juliano propuso citar a especialistas en salud, bioquímicos, farmacéuticos y peritos oficiales.
Tras la jornada, el diputado Christian Castillo sintetizó su mirada con ANCCOM: “Fueron muy importantes los testimonios de los familiares. Lo central es escucharlos y hacernos eco de sus preocupaciones”. Y planteó el dilema que dividirá aguas en el Congreso: “Claramente es un tema político porque hay implicancias del poder público. Y también porque después hay una discusión de qué hacer políticamente con esto, en el sentido de qué medidas hay que tomar. Hay que reforzar el ANMAT o hay que liquidarlo, como dijo [el ministro de Desregulación] Adolfo Sturzenegger. Son dos visiones políticas muy distintas y es parte de la discusión que vamos a tener en la comisión”.
La vía judicial
En la última semana, el juez federal Ernesto Kreplak profundizó la investigación. El 25 de septiembre dictó una resolución de procesamiento contra Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.,por considerarlo “coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales”que provocaron los fallecimientos de 20 personas,y por su intento de encubrimiento mediante la destrucción de pruebas. Además, Kreplak dispuso un embargo histórico de un billón de pesos sobre sus bienes y amplió la pesquisa hacia posibles delitos contra la administración pública, incluyendo connivencia y omisiones en los controles sanitarios.
El caso dio un giro esta semana con la difusión de un video grabado el 17 de mayo pasado en la casa de Javier Tchukrán, director general de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma, en el que el anfitrión, Ariel García Furfaro, y su hermano Diego discuten cómo borrar información de los servidores, como si quisieran desaparecer no solo archivos, sino también la huella de las muertes que ya habían causado. El video llegó a manos de Kreplak luego de un allanamiento y fue clave para dictar las prisiones preventivas a los imputados. Mientras tanto, el juez mantuvo su independencia frente a presiones políticas: rechazó el intento del presidente Javier Milei de apartarlo de la causa y se reunió el jueves 2 de octubre con la Comisión Investigadora de Diputados.
Además de los mencionados hermanos García y Tchukrán, también fueron procesados con prisión preventiva Nilda Furfaro (madre de Ariel), José Antonio Maiorano (director técnico de HLB Farma), Carolina Ansaldi (directora técnica de Laboratorios Ramallo), y Adriana Iudica (subjefa de Control de Calidad de Laboratorios Ramallo). Kreplak procesó, además, sin prisión preventiva a María Victoria García, Wilson Daniel Pons, Adriana Iudica, Arzolidys Dayana Astudillo Bolivar, Rocío del Cielo Garay, Edgardo Gerardo Antonio Sclafani, Eduardo Darchuk. Todos ellos cumplían funciones de supervisión en uno y otro laboratorio.
Después del encuentro del juez con la Comisión Investigadora de Diputados, el legislador Christian Castillo lo calificó como positivo: “Le planteamos ampliar algunas líneas de investigación. Mostró disposición a colaborar”. Otros diputados coincidieron en que el magistrado se mostró abierto a responder requisitorias y compartir información relevante para la investigación legislativa, una señal de cooperación inédita en una causa que mezcla empresarios, funcionarios, controles laxos y muertes evitables.
La crónica de esta semana deja un eco en tres planos: las familias, que transformaron su duelo en demandas de ley, informes y contención; los diputados, atrapados entre la necesidad de mostrarse unidos y las tensiones de la política, y el Poder Judicial, que avanza sobre la trama empresarial y abre la puerta a responsabilidades estatales. Y un silencio, el del ministro de Salud, Mario Lugones, cuya presencia fue requerida por los familiares: “Se está borrando, debería estar acá. Le pedimos a la Comisión que lo cite”.
En la sala donde sesionó la Comisión, aún resuenan las voces de los familiares, como la de Luis Ayala: “Esto fue una tragedia que debe avergonzarnos como sociedad. Perdimos vidas que tenían futuro”.