Un duro revés político para el gobierno de Javier Milei, que ahora debería promulgarlas y ejecutarlas. Sin embargo, el antecedente fallido con la Ley de Emergencia de la Discapacidad genera incertidumbre.
Tras ser rechazados hace dos semanas por la Cámara de Diputados los vetos presidenciales a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica, el Senado siguió el mismo camino y ratificó las respectivas legislaciones, reponiendo así normas claves para mantener en pie los derechos a la educación y a la salud. Para ambos casos, la oposición logró reunir una amplia mayoría, debilitando así el poder político del gobierno en medio de la campaña de cara a las elecciones generales de medio término a realizarse el próximo 26 de octubre.
La Ley de Emergencia en Pediatría contó con 59 votos afirmativos, 7 negativos y 3 abstenciones, una norma que fue impulsada por los reclamos de los trabajadores del Hospital Garrahan y que propone, entre otras cosas, una recomposición del sistema de residencias médicas y declara la emergencia en salud pediátrica hasta 2026.
Por otro lado, la Ley de Financiamiento Universitario obtuvo 58 votos afirmativos, 7 votos negativos y 4 abstenciones. La norma apunta a una reapertura de las paritarias para docentes y no docentes (paralizadas desde octubre del año pasado) y a actualizar los gastos para el funcionamiento de las universidades, los hospitales universitarios y para ciencia y tecnología. Según la oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto presupuestario de la ley equivale apenas a un 0,23% del PBI.
En las afueras del Congreso, mientras los senadores debatían las respectivas leyes, sindicatos y agrupaciones de los sectores de la salud y la educación se manifestaron para exigir la caída de los vetos presidenciales y la aprobación de las leyes.
Dentro del Congreso, el discurso opositor predominó en su mayoría. «El proyecto de Milei es uno de motosierra que no corta privilegios, corta derechos”, declaró el senador Daniel Bensusán, del Frente Nacional y Popular, durante la sesión. En sintonía, Martín Lousteau, de la Unión Cívica Radical, añadió: “Las universidades y el Garrahan son dos de las políticas públicas más reconocidas en el exterior. Y al mismo tiempo son dos sectores donde las políticas del gobierno de Milei hacen más daño”.
Entre las voces que respaldaron los vetos presidenciales se hallaba Ezequiel Atauche, de La Libertad Avanza, quien indicó que el tratamiento de estas leyes se vincula con una utilización política. Y agregó: “No queremos que las universidades sean usinas de financiamiento político. La política se financia en las universidades y he ahí la base de las ineficiencias de las universidades”.
A pesar de estas victorias en el Congreso para los sectores de la educación y de la salud pediátrica, predomina un panorama de incertidumbre. El reciente antecedente de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que continúa sin implementarse a pesar de haber sido ratificada por ambas Cámaras, ya que el Poder Ejecutivo había anunciado su voluntad de demorar su promulgación hasta que se definan los detalles sobre su financiamiento, da a entender que las dos leyes ratificadas este jueves corren peligro de que padecer la misma suerte.
En diálogo con ANCCOM, Mariano Recalde, senador de Unión por la Patria, calificó esta situación de anómala, ya que nunca se ha dado en la historia argentina: “Después del veto se insiste, se logra insistir o no y se terminó”, indicó. Así, para hacer frente a esta situación, el senador señaló: “Vamos a recurrir a la justicia, ya hemos hecho denuncias y vamos a pedir una moción de censura al jefe de gabinete para removerlo. Vamos a actuar con las herramientas que nos dé la Constitución”, concluyó.
