La DAIA había denunciado al exlegislador y lo acusaba de violar la Ley Antidiscriminatoria. No es el único caso criminalizado por cuestionar el accionar del Estado de Israel.
Alejandro Bodart junto Ismael Jalil y María del Carmen Verdú luego de declarar en junio. Foto: ANRED
La Cámara Penal porteña revocó la condena contra el dirigente de izquierda Alejandro Bodart por sus dichos en la red social X en 2022, en los que denunciaba los crímenes de guerra del Estado de Israel. El caso, impulsado por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) bajo acusaciones de antisemitismo, atravesó un extenso proceso judicial que finalmente concluyó con su absolución. La decisión reabre el debate sobre los límites entre la crítica política y el discurso discriminatorio, y expone una práctica cada vez más frecuente: la judicialización de voces críticas al Estado de Israel en Argentina.
La DAIA denunció al exlegislador porteño amparándose en la Ley Antidiscriminatoria 23.592 y la definición de antisemitismo de la International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Tras varios fallos a favor de la defensa y apelaciones por parte de los denunciantes, esta última resolución significó la tercera absolución en el mismo expediente.
El fallo se inscribe en un escenario donde cada vez son más las voces que reclaman justicia por el pueblo palestino y denuncian los crímenes de guerra cometidos por el Estado de Israel. En ese marco, los intentos de judicializar la solidaridad aparecen como un modo de frenar una ola de apoyo. En palabras de Bodart: “Creo que el objetivo es claramente crear miedo para que las expresiones a favor del pueblo palestino, y en contra de lo que esta haciendo el Estado de Israel no tengan visibilización”
Para Bodart, la denuncia no buscaba justicia sino generar un efecto ejemplificador, sembrar temor y disciplinar también a periodistas y comunicadores.
Ante la insistencia por parte de la justicia por retomar el caso, a pesar de que el dirigente del Movimiento Socialista por lo Trabajadores (MST) había obtenido fallos a su favor, surgen interrogantes sobre si existen componentes políticos más allá de lo jurídico. “Sus argumentos se caen a pedazos, claramente tenían una orden de arriba de que había que condenar, por eso es claramente una causa política” expresó Bodart.
Este caso invita a reflexionar sobre la restricción del derecho a la libertad de expresión, uno de los principios fundamentales reconocidos tanto por la Constitución argentina como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “Obviamente el tema de libertad de expresión juega un rol preponderante en esta causa, de hecho es uno de los pilares del fallo que acaba de sacar la sala primera de la Cámara Penal de Ciudad”, aseguró la abogada María del Carmen Verdú. En este sentido, la causa se convirtió en un caso testigo para organizaciones y referentes que advierten un uso arbitrario de la Ley Antidiscriminatoria.
Asimismo, el otro eje imperante que encontramos es la cuestión de tergiversar la idea de antisemitismo y equipararla a la denuncia del sionismo y de las politicas genocidas del Estado de Israel. Como menciona Verdú: “Ese es el eje central de la cuestión que está muy bien tratado en esta última sentencia, como ya lo estaba en la anterior del juicio oral de la doctora Molina o en el originario sobre seguimiento del doctor Casas”.
La resolución judicial reconoce que cuestionar políticas estatales no equivale a un acto discriminatorio hacia una comunidad, una diferencia clave en un contexto donde ciertos sectores buscan equiparar crítica política con discurso de odio. En esa línea, Bodart resume la paradoja con crudeza: “Acusan a los que enfrentamos y denunciamos un genocidio, y no a los que lo defienden.”
Aunque el caso de Bodart tiene especial relevancia, no es el único que enfrentó este tipo de persecución. Hay una creciente ola de nuevas movilizaciones buscando que se visibilice aún más el genocidio en Medio Oriente, pero muchas de ellas terminan enfrentando causas judiciales o campañas de hostigamiento.
Para Verdú la conclusión principal que deja el pronunciamiento es que cuestionar y denunciar la masacre israelí no es un delito. “Es una obligación para toda persona de bien y de ninguna manera puede ser considerado como un acto denostable de antisemitismo”.
No es el único caso
Ana Contreras es programadora y directora del Festival de Cine de General Pico, La Pampa, además de docente en esa ciudad. También fue judicializada a fines de 2023 por mencionar el derecho a la existencia del pueblo Palestino en el marco de una clase en la escuela pública. Luego de un año y medio de proceso legal, recientemente fue absuelta.
Sin embargo, ahora el denunciante quiere elevar el juicio a la Corte Suprema de la Nación. Desde la agrupación Cine x Palestina señalaron que esto “renueva el ensañamiento y la persecusión política con quienes se pronuncian por el fin al genocidio que lleva adelante el Estado de Israel en Palestina desde hace casi dos años y que acaba con la vida de una persona cada 12 minutos, además de desplazar a más de un millón de personas que son bombardeadas mientras buscan refugio, agua y alimento, haciendo del hambre un arma de guerra”. Ese colectivo expresó: “En este contexto de avanzada sionista también asistimos a la persecusión política del docente Federico Puy, sumariado por el Gobierno de la Ciudad por solidarizarse con lxs maestrxs y lxs niñxs palestinxs en un acto escolar”.
Por otra parte, la diputada porteña Vanina Biasi enfrentó una denuncia muy similar a la de Bodart y fue procesada en abril pasado por el juez federal Daniel Rafecas.