La presión de las familias de las víctimas del fentanilo adulterado logró que Diputados conforme una comisión investigadora para determinar causas y responsabilidades. El Senado, por su parte, aprobó la Ley Nicolás, que busca prevenir la mala praxis y dar seguridad al sistema de salud.
La tragedia del fentanilo adulterado, la mayor crisis farmacéutica en la historia argentina, puso en evidencia un sistema de controles deliberados y laboratorios que funcionaban al margen de la ley. Ante el reclamo de las familias de las víctimas, la Cámara de Diputados resolvió por unanimidad crear una Comisión Investigadora que indague en las responsabilidades detrás de las más de 120 muertes.
“Si no hay atención psicológica para las familias, los suicidios se repiten. Ya pasó en Cromañón”, advirtió la diputada del FIT-U y profesional de enfermería Vilma Ripoll, en la sesión de la semana pasada. Su par de bancada, Christian Castillo, pidió que los familiares tengan voz en la Comisión, ya que son los principales interesados en que se sepa la verdad. También se habló de “masacre” y de “trazabilidad rota”. Silvina Giudici, del PRO, afirmó: “No fue sólo una crisis sanitaria, fue una sucesión de homicidios”. Victoria Tolosa Paz, de UxP, insistió en la necesidad de un nuevo marco regulatorio. Su compañero Hugo Yasky asoció las muertes con los despidos en ANMAT: “El desguace del Estado es parte de esta tragedia”.
Christian Castillo, en diálogo con ANCCOM, señaló que el diputado de LLA Nicolás Mayoraz no dijo una palabra por su ausencia de 15 días que retrasó la aprobación del proyecto y se refirió a su propuesta de que los familiares tengan voz en la Comisión: “No fue aceptada, sin embargo, está el compromiso de que puedan presenciar las reuniones, pero dependerá de quién esté en la presidencia”.
La comisión estará integrada por 31 miembros, en representación de todos los bloques. Tendrá potestad para solicitar documentación, convocar a funcionarios y proteger testigos. Deberá constituirse formalmente en los próximos días y tiene plazo hasta el 10 de diciembre para presentar un informe con conclusiones y recomendaciones. La comisión podrá solicitar informes sin limitación a distintos organismos del Estado, incluyendo la ANMAT, la Aduana y el Ministerio de Seguridad. También tendrá la tarea de evaluar la actuación de los Laboratorios Ramallo y HLB Pharma, ambos bajo sospecha en la producción y distribución del fentanilo adulterado.
Además, deberá analizar la cronología del brote: desde la primera detección hasta la notificación pública, determinando causas y responsabilidades dentro del sistema sanitario público y privado. Las familias celebraron el avance, pero en un comunicado difundido este lunes alertaron que “el futuro de la comisión depende de quién la presida” y recordaron que la causa acumula desaparición de materias primas, destrucción de pruebas, irregularidades en laboratorios e inacción de organismos de control: “No basta con declaraciones simbólicas, la comisión debe alcanzar resultados concretos en poco tiempo y bajo fuerte presión institucional”, subrayaron.
La función de la comisión incluye colaborar con la Justicia, aportando pruebas y documentos. Al mismo tiempo, deberá esclarecer responsabilidades administrativas y regulatorias, y elaborar propuestas normativas que refuercen los sistemas de control sanitario. Mientras, las familias, algunas de cuyas historias contamos en ANCCOM, siguen exigiendo “que paguen todos los que tengan que pagar”.
Ley Nicolás
En paralelo a la formación de la Comisión Investigadora en Diputados, el Senado trató y aprobó la Ley Nicolás, con el propósito de prevenir diagnósticos erróneos y mala praxis. Nicolás Deanna tenía 24 años cuando en 2019 falleció por una meningitis bacteriana que no fue detectada a tiempo. Frente al Congreso, los globos color naranja recordaban a las víctimas de mala praxis. Allí estaba Gabriela Covelli, la madre de Nicolás: “Mi hijo murió por un mal diagnóstico. Tratamos de prevenir esas cosas. No existirían los ocho bebés muertos en Córdoba si alguien hubiera prendido la alarma de por qué murieron los dos primeros. Y si alguien hubiera dicho ‘esto está pasando’, en vez de barrer debajo de la alfombra. Con las víctimas del fentanilo pasó lo mismo ¿Por qué? Porque se fue ocultando a medida que fue pasando. Y acá la transparencia para aprender de los errores es fundamental”.
La norma busca prevenir eventos adversos, dejar atrás un enfoque punitivo sobre los médicos y responsabilizar al sistema en su conjunto: la falta de protocolos, de insumos, de personal. “Los errores no siempre son del profesional, sino de un sistema desbordado”, explicó la senadora peronista Lucía Corpacci. La radical Edith Terenzi destacó: “Es la primera ley de seguridad del paciente en América Latina”. La votación fue contundente: 69 a favor, 1 en contra.
Tanto Diputados como Senadores escucharon la voz de las víctimas. La política respondió con una ley y una comisión investigadora. Mientras tanto, las familias de los fallecidos siguen dándose apoyo mutuo y exigiendo verdad, justicia y humanidad.