El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) anunció medidas de fuerza tras el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. Además, advierte que, sin recursos, el sistema educativo y científico público ingresa en una etapa crítica. Este viernes hay paro en todas las casas de estudios superiores.
La conferencia de prensa celebrada hoy en el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) reunió a su rector, Ricardo Gelpi, al presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Oscar Alpa -rector de la Universidad Nacional de La Pampa, y a su vicepresidente, Franco Bartolacci -rector de la Universidad Nacional de Rosario- en un clima de profunda preocupación por el futuro de la educación superior pública en la Argentina. La cita tuvo lugar apenas 24 horas después de que el presidente Javier Milei vetara la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario, una norma aprobada por ambas cámaras del Congreso que buscaba dar previsibilidad al presupuesto de las universidades nacionales y asegurar un piso de recursos para el sistema. La medida presidencial, que también alcanzó a la Ley de Emergencia Pediátrica, desató un rechazo unánime en el ámbito académico. “Una vez más, nos encontramos reunidos hoy en defensa de la educación pública”, señaló Gelpi al abrir su discurso, en el que subrayó que la norma frustrada “no es contra nadie, es a favor de todos. Por el futuro”
El veto presidencial reavivó un conflicto que ya había tenido un capítulo similar el año pasado, cuando Milei vetó otra ley de financiamiento universitario que había cosechado amplio consenso político y social. En este sentido, Gelpi recordó que las universidades nacionales vienen funcionando desde hace dos años con la prórroga del presupuesto 2023, lo que coloca a las instituciones en una situación de incertidumbre permanente: “La falta de una ley genera un vacío normativo por el cual las universidades nacionales desconocen su presupuesto anual y se torna imposible el planeamiento correcto y eficiente de sus múltiples actividades académicas, de investigación, salud y extensión”. La consecuencia inmediata, explicó, es un deterioro creciente en áreas estratégicas del desarrollo nacional. “Cuando hablamos de crisis en las universidades públicas, hablamos de investigación científica sin recursos, de desarrollo tecnológico estancado, de salud pública que no puede curar, de producción que se resiente, de innovación que nunca llega, de miles de estudiantes que se quedan sin posibilidades de un porvenir mejor. En definitiva: hablamos de un país sin futuro”.
El rector de la UBA fue categórico al advertir que, sin la actualización de los gastos de funcionamiento, la universidad más grande del país deberá aplicar un plan de emergencia. “Con la falta de actualización de gastos de funcionamiento vamos a empezar con un plan de restricción de gastos operativos. La UBA va a funcionar en un estado crítico para poder terminar el año”, sostuvo Gelpi, subrayando la gravedad de la coyuntura. Su mensaje, sin embargo, no se limitó a la denuncia: apeló tanto a la comunidad universitaria como a la sociedad en su conjunto a mantener la movilización y pidió a los legisladores que reviertan el veto presidencial. “Apelamos a la sensibilidad de nuestro pueblo para que continúe acompañando este reclamo y a las y los legisladores para que, mediante su voto, rechacen el veto presidencial y sostengan la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y recomposición del salario docente y no docente”
Más allá de la UBA, lo expresado hoy refleja una preocupación compartida por todo el sistema universitario. El CIN, que nuclea a 60 universidades nacionales, ya había advertido que la ausencia de un presupuesto actualizado compromete no sólo el funcionamiento cotidiano de las instituciones, sino también el acceso de cientos de miles de estudiantes que dependen de los servicios básicos de transporte, becas, comedores y residencias. Tanto Alpa como Bartolacci remarcaron que la educación superior argentina, históricamente gratuita y de calidad reconocida a nivel mundial, se encuentra en una encrucijada: o se garantiza su financiamiento como política de Estado o se corre el riesgo de un desmantelamiento progresivo. Así lo expresó el vicepresidente del CIN: “Vamos a advertir, como lo venimos haciendo con mucha responsabilidad desde hace dos años, porque no queríamos llegar a esta situación, que necesitamos que se sostenga la ley de financiamiento universitario para solucionar los problemas presentes y pasados, y actualizar presupuestos y salarios conforme a la inflación registrada”. A esto se sumó Alpa refutando lo que el presidente, Javier Milei, plantea con cada veto ejecutado: “Teníamos la esperanza de que el Poder Ejecutivo entienda que esto para nada atrasa ninguna cuestión fiscal, y no genera déficit, no es cierto”. Además el presidente del CIN aclaró que hace tiempo se viene trabajando con estos problemas presupuestarios en las universidades nacionales de todo el país con los 60 rectores, y que la lucha siguió luego del veto a la Ley de Financiamiento Universitario el año pasado: “Como lo dijimos hace tres meses atrás, cuando le mandamos la carta a la ministra de Capital Humano, peligra el segundo cuatrimestre 2025 y seguramente el 2026. A este pedido de escucha urgente, Bartolacci agregó: “Si nosotros vamos a otro año en la misma situación, difícilmente la universidad pública argentina pueda seguir funcionando. Todo el sistema universitario público le pide a las autoridades nacionales que comprenda de una vez por todas que no es un gasto, es una inversión la que se destina a la educación superior pública, a ciencia y a conocimiento… Si hay contexto de escasez, si hay dificultades, ¿qué priorizamos? y lo que estamos planteando es que las inversiones en discapacidad, cuidar el Garrahan, cuidar las universidades, tiene que ser parte de lo que la Argentina priorice en este contexto de escasez, para poder pensar un futuro mejor”.
En el cierre de esta convocatoria, el vicepresidente del CIN reflexionó sobre la historia de la educación pública en Argentina: “Cuidemos lo que funciona bien. De Sarmiento para acá, la columna vertebral de la nación argentina es la educación pública que iguala, y la Argentina tiene un sistema universitario que es una herramienta de movilidad social ascendente fenomenal, nunca puede ser un problema que se le garantice a cualquier joven, según su vocación, acceder a formación pública de excelencia sin restricción”.
“Sin educación, sin salud y sin ciencia, no hay desarrollo posible, no hay futuro”, fue la frase de Gelpi que sintetiza el nudo del conflicto. El veto presidencial no sólo bloquea una ley de financiamiento, sino que abre un debate más profundo sobre el modelo de país que la Argentina necesita. Mientras el Gobierno insiste en su agenda de recorte del gasto público, las universidades, los hospitales nacionales y gran parte de la sociedad civil advierten que el costo de esas decisiones podría ser la imposibilidad de proyectar un futuro posible para los miles de jóvenes en nuestro país. El conflicto está lejos de cerrarse: será el Congreso el que defina si se ratifica el veto de Milei o si, como reclaman las universidades, se logra sostener el financiamiento que garantice la continuidad de un sistema educativo que ha sido, y sigue siendo, uno de los pilares de la identidad nacional. Mientras tanto, se convoca a toda la sociedad argentina a manifestar y luchar con la comunidad universitaria y científica, el día en que la Cámara de Diputados decida tratar este veto presidencial.