El Senado rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, que ahora regirá hasta diciembre de 2026. El Estado deberá otorgar aumentos a las pensiones y a los prestadores de servicios. El Gobierno amenaza con judicializar la normativa.
En una sesión marcada por la tensión política y a días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el Senado rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad y repuso una norma clave con 63 votos afirmativos y apenas 7 en contra. La iniciativa había sido impulsada en febrero por el diputado Daniel Arroyo y se convirtió en la primera derrota legislativa directa que enfrenta el gobierno de Javier Milei, marcando un precedente institucional en la relación de fuerzas entre el Ejecutivo y el Congreso.
Además, en la misma jornada, la Cámara Alta dio media sanción a un proyecto que limita las facultades del Presidente para dictar Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), delegar funciones legislativas y promulgar leyes parcialmente. La ofensiva parlamentaria envía un claro mensaje político en un contexto de creciente desgaste del oficialismo.
La emergencia en discapacidad —aprobada en julio de este año— garantiza fondos hasta diciembre de 2026 para el pago a prestadores de servicios (enfermeros, acompañantes y transportistas); restablece el proceso de aprobación de pensiones y actualiza los montos (en junio de 2025 eran de $213.286,50). También incrementa la remuneración de los trabajadores con discapacidad empleados en talleres asistidos, quienes perciben $28.000 mensuales desde febrero de 2023.
Arroyo, en diálogo con ANCCOM, declaró: “La conformación del proyecto de ley fue un proceso larguísimo. Desde un principio me preocupé porque fuera una norma por fuera de la grieta, que incorporara todas las miradas de las organizaciones sociales y de los espacios políticos. Absurdamente el gobierno la vetó, aunque no tiene impacto fiscal. Volvimos a la Cámara de Diputados, donde rechazamos el veto con 172 votos, muy por encima de los dos tercios, y finalmente ayer el Senado lo rechazó”.
“La articulación con las organizaciones sociales y las familias fue fundamental –describió Arroyo-. Muchos senadores y diputados empezaron a interiorizarse en el tema gracias a ese lazo. Las familias empezaron a sentir esperanza con las reuniones. Siempre informé cómo era el proceso, aprendimos todos de técnica legislativa porque fuimos y vinimos un montón de veces”. Arroyo asegura que el proceso tuvo impacto en el humor social. “Antes de los audios de Spaungnolo, incluso, cuando contaba la ley en la que estábamos trabajando, la gente decía: ‘Qué mal la pasan estas personas’. Se fue construyendo la idea de que hay límites que no deben pasarse. Y se generó una conciencia de que el Estado tiene un rol fundamental en acompañar a las personas con discapacidad, que hay causas de las que no se puede retirar”.
Juliana Di Tullio, senadora, Unión por la Patria, menciono: “Esto es una victoria para todas las familias. El Ejecutivo no puede judicializar esta ley, no está dentro de la Constitución. El presidente debe adecuarse a la Constitución. El plan del gobierno es eliminar pensiones por discapacidad, pero no lo puede hacer. Esta es una exigencia del FMI para seguir endeudando a la Argentina, y lo que pide es un ajuste sobre este sector”.
Por su parte, José Mayans Jefe del Bloque Unión por la Patria, agrego: “El Parlamento, con más de dos tercios, le dice al presidente que no se puede hacer cualquier cosa con políticas públicas que benefician a tantas personas. Decidir mantener con el presupuesto del 2023 a la Ley de Discapacitados fue un acto desaprensivo, que demuestra un grado de crueldad por parte del presidente”.
Desde la oposición, también se sumó el respaldo del radical Pablo Blanco, quien expresó: “Este veto está esencialmente sustentado en el equilibrio fiscal y financiero, pero en Argentina hay un déficit mucho más importante: el déficit social. El ajuste no puede pasar por la gente que más lo necesita”. La senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri también cuestionó el argumento del Ejecutivo de que no había fondos suficientes: “La plata sale del sobreprecio y la coima, así que no pregunten cosas que saben cómo se resuelven”.
Los libertarios votaron en bloque junto con la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero y el exlibertario Francisco Paoltroni. “¿Cómo les está yendo a todos en el plan de desestabilizar al presidente Milei?”, desafió Rivero en el recinto. Y agregó: «En Argentina ya existe una ley de discapacidad, que se entiende como un sistema de protección integral, y que, inclusive, esa ley fue la que gestó la Agencia Nacional de Discapacidad. No necesitamos otra ley, ni declarar emergencias: necesitamos gestión».
Sin embargo, la amplia mayoría de los bloques opositores se unieron para garantizar los dos tercios y darle continuidad a la ley, tanto en Diputados como en el Senado. Ningún legislador libertario tomó la palabra para defender el veto presidencial, a pesar de que estaba previsto que el jefe de bloque, Ezequiel Atauche, lo hiciera.
Mientras el debate transcurría en el recinto, cientos de personas con discapacidad mantenía una vigilia en la Plaza del Congreso. Durante toda la tarde, estuvieron espectantes y cantaban el hit de la semana: “Karina es alta coimera”, Cuando el veto fue rechazado por los legisladores estallaron en gritos de alegría y abrazos.
Silvia Amato, madre de una hija con discapacidad, señaló la importancia de la restitución de la norma: “Tenemos que luchar, seguir saliendo a la calle, para conseguir nuestros derechos, tenemos que sacar las cosas a la luz porque la mayoría de lo que se dice es mentira. El Presidente debería tener más conciencia, la ayuda del Estado es fundamental para poder darle la mejor vida posible a nuestros hijos, es muy duro tener un hijo con discapacidad”.
Mientras tanto, el presidente Milei se encontraba en Los Ángeles, en medio de reuniones con inversores, y con la mirada puesta en la campaña bonaerense. “Vaya que están asustados porque el domingo les vamos a pintar la Provincia de violeta”, lanzó el mandatario en defensa de su hermana Karina, cuestionada por audios que salpican a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en un escándalo de supuestas coimas.
El debate parlamentario no solo tuvo repercusiones dentro del recinto y en Plaza del Congreso. Afuera, un fuerte cruce en redes sociales generó repudio generalizado. El influencer libertario conocido como “Gordo Dan” (Daniel Parisini) publicó un mensaje en X contra el senador cordobés Luis Juez, en el que hizo referencia a su hija con parálisis cerebral.
En el tuit, Parisini sostuvo que Juez había tenido la niña “con una mujer que no era su esposa”, que “no se hizo cargo hasta que la justicia lo obligó” y que ahora la utilizaba “para hacer política barata” y ponerle “palos en la rueda al plan de Milei para sacar a los argentinos de la miseria”.
Las expresiones fueron rechazadas hasta por integrantes de su mimsor Gobierno, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, declaro:“Lo repudio totalmente, me parece absolutamente fuera de lugar y creo que no puede aceptarse de ninguna manera”. Francos aclaró que Parisini no forma parte de la estructura oficial y contó que se comunicó personalmente con Juez:“Yo lo llamé hace un rato. Lo saludé, le dije que repudiaba el tema y le pedí disculpas, porque me parecía que no se puede considerar de ninguna manera ni aceptar de ninguna manera la forma en que se ha expresado este señor”.
Tras la ola de críticas, el “Gordo Dan” eliminó el tuit original, pero luego volvió a escribir otro en el que insistió en que Juez utilizaba la situación de su hija “para justificar la quiebra del Estado”. En el mismo mensaje apuntó también contra Francos, aunque cerró diciendo que lo “perdonaba por la Sagrada Causa Argentina”.
