Familiares de víctimas del fentanilo contaminado comparten información y apoyo mutuo ante la falta de respuestas oficiales. Transforman el dolor en acción y proponen una Ley de Trazabilidad de los Medicamentos. En paralelo, la investigación judicial sobre HLB Pharma continúa, mientras se actualiza la cifra de fallecidos.
Movilización de familiares de víctimas frente al Hospital Italiano de La Plata el 31 de julio de 2025. Foto: Gentileza Alejandro Ayala.
El grupo de WhatsApp nació el martes 15 de junio, a las 21:34. Esa noche no hubo brindis ni discursos, apenas el silencio intermitente de un chat en el que familiares empiezan a contar quiénes eran sus seres queridos fallecidos, sus sospechas sobre el fentanilo y la incertidumbre que los acompañaba. El grupo se llama “Unidos por la Justicia de las Víctimas del Fentanilo Mortal”. Su propósito: ser una red de apoyo en el mar de desinformación que rodea el caso, compartir información que nadie les da, pasos burocráticos que se vuelven un calvario y la certeza de no estar solos en un país que había ignorado las alarmas y sus historias en los primeros meses.
“La primera en salir a dar a conocer el caso fue Sol, la mamá de Renato –recuerda Sandra Altamirano, madre de una de las víctimas–. Ahí Alejandro, el hermano de Leo, se contacta con ella. Mi hija, Gisel, habló con Ale también y ahí nace el grupo”. Allí se cruzaron Sandra, que perdió a Daniel Sebastián Oviedo en el Hospital Italiano de La Plata; Sol Francese, la madre de Renato, que todavía recuerda cómo su hijo de 18 años intentaba sentarse en la cama; Alejandro Ayala, que vio a su hermano Leonel ingresar a un quirófano con una pancreatitis y morir con una infección generalizada, y se plantó frente a diputados. “Nos quieren callar”, les dijo, en referencia a “intereses políticos y del narcotráfico” que buscan silenciarlos.
“Somos de la provincia de Buenos Aires, pero nos escriben de todo el país para obtener información”, explica Sandra desde su teclado. “Nos preguntan cómo pedir sus historias clínicas. Casi todos tuvieron problemas con eso, nosotros fuimos unos de los primeros y no tuvimos inconvenientes”, agrega.
Las familias siguen peleando con obstáculos concretos: hospitales que niegan historias clínicas o no dan respuestas, burocracias que exigen papeles imposibles y mucha desinformación. Decenas de personas continúan tratando de averiguar si sus seres queridos fallecieron a causa del fentanilo. Una de ellas, Anabella –que pidió que se resguarde su identidad– todavía guarda la duda de si a su papá le inyectaron del lote contaminado y espera que le entreguen la carpeta que pidió hace semanas. Otra, Mary, que también golpea puertas sin respuesta para saber si hermano es una víctima más de la mayor crisis farmacéutica de la historia argentina. Entre tanto, la sospecha crece: ¿cuántos murieron por el fentanilo adulterado y todavía no se sabe?
El grupo de WhatsApp se hizo refugio y oficina a la vez: contención, pero también protocolos caseros. Allí circula el siguiente instructivo armado, en medio del duelo, por los mismos familiares:
- Pedí la historia clínica completa en la institución donde estuvo internado/a.
- Solicitá la versión digital, si es posible.
- Revisá si le administraron fentanilo.
- Buscá si aparecen estas bacterias en los cultivos: Ralstonia pickettii – Klebsiella pneumoniae.
- Pedí los lotes de fentanilo utilizados durante la internación.
- Enviá un mail al juzgado con la historia clínica: jflaplata3.sec8@pjn.gov.ar
Este paso a paso es lo más parecido a la verdad en un país que todavía no encuentra cómo contarla. Mientras los chats se llenaban de indicaciones para investigar, nombres de abogadas y números de expedientes, afuera la cronología se volvía una espiral. El 13 de agosto Córdoba confirmó que se presentará como querellante en la causa. El ministro de Salud de la provincia, Ricardo Pieckenstainer, aseguró que “las ampollas contaminadas están fuera de circulación” y exigió que todas las instituciones sanitarias coordinen el retiro de los lotes sospechosos.
El 17 de agosto los medios empezaron a hablar de cerca de 96 muertes, una cifra que competía con el silencio oficial, aunque otras fuentes mencionan un rango entre 87 y 96 víctimas fallecidas.
El 18 de agosto el Malbrán, el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, comenzó a analizar muertes sospechosas en Córdoba y luego se conoció que su informe formal sirvió de base al juez Kreplak para decisiones clave.
El 20 de agosto llegó la noticia más fuerte: Kreplak ordenó detener a Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, y a su familia. Procesado por contrabando y fraude de importaciones, con un embargo millonario. Las pericias confirmaron lo que las familias sabían sin necesidad de microscopio: en 12 de 20 casos analizados, el fentanilo adulterado fue un factor que precipitó la muerte.
Y el 21 de agosto la causa sumó una novedad: Interpol emitió una alerta amarilla para rastrear posibles vínculos internacionales en la cadena de distribución, mientras el Ministerio de Salud de la Nación reconoció que hay al menos 15 muertes más bajo estudio que podrían engrosar el registro oficial.
Y mientras el presidente Milei intentaba hacer un uso político partidario de la tragedia, quitándole toda responsabilidad a su gobierno, el padre de Daniel Sebastián Oviedo, Daniel Gustavo Oviedo, le escribió una carta abierta, denunciando el silencio oficial y acusándolo de desfinanciar los organismos de control.
“Usted y su temerario gobierno, luego de 120 días de silencio ante la explosión mediática producida por esta tragedia sanitaria sin precedentes a nivel global, decide un cierre de campaña politizando las muertes de nuestros seres amados y nuestro dolor, deslindando responsabilidades y queriendo capitalizar rédito electoral con tamaña desgracia”.
Ante la frustración y la búsqueda de acciones concretas para reclamar justicia, Gisel Oviedo, en nombre de su hermano, impulsa el pedido de un proyecto de ley. Mediante la recolección de firmas, buscan crear una Ley de Trazabilidad con el propósito de impulsar una norma que garantice la trazabilidad integral de los productos medicinales, no solo durante su elaboración bajo las normas internacionales de Buenas Prácticas de Manufactura (GMP), sino también en todas las etapas de su comercialización. Esta medida permitirá identificar y rastrear cada ampolla como una unidad individual. Algo que, si hubiera existido antes, quizás habría evitado la muerte de pacientes de cada rincón del país.
Cada uno de los miembros de las familias lo repiten: la desinformación dolió tanto como la muerte. En esas zonas grises donde lo único que no faltan son las preguntas, se instala la angustia: volver a velar a un hijo, un hermano o un padre, porque ahora la sospecha reabre la herida. Como dice Anabella: “Es como si mi papá hubiera vuelto a morir”.
En un rincón del grupo, alguien escribe: “Somos familiares unidos por el dolor. Transmutando nuestro dolor en amor. No hay que dejarlos hacer política con nuestro dolor”, escribe la hermana de una víctima. “Esto no es política, es dolor, vidas perdidas y familias destruidas, lo que exigimos verdad, justicia y humanidad”, y alguien responde con un corazón rojo, y otro participante coparte el link de una nota judicial, y así funciona la memoria en tiempos de catástrofe: entre la ternura y la evidencia.
Ante la desidia y el silencio del Estado, las familias aprendieron a investigar, a denunciar, a rastrear ampollas y lotes, y a acompañarse en la madrugada de un grupo de WhatsApp, donde cada notificación es la promesa de que alguien, en algún lugar, entiende lo que les pasó.