Mientras que las personas con discapacidad festejeban frente al Congreso el rechazo de los diputados al veto de la Ley de Emergencia que realizó Milei, los jubilados mantenían sus protestas por la caída de la ley que aumentaba sus haberes.
Guardapolvos de personal de la salud y educativo, familia y ciudadanos de a pie comienzan a agolparse alrededor de un parlante frente al Congreso de la Nación. Se acercan madres con sus hijos en sillas de ruedas. De repente los jubilados interrumpen su habitual radio abierta. Nadie se quiere perder el resultado de la votación de la Cámara de Diputados por el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Hasta el sol sale en ese momento, tras dos días seguidos de lluvia y cielo nublado. Cuando la tensión llega a un punto inaguantable, finalmente se escucha “172 votos afirmativos, 73 negativos, 2 abstenciones. Resulta afirmativo”.
La emoción se desata, los gritos llaman la atención del resto de los presentes que se suman al festejo. Por fuera de esa ronda espontánea de personas que ahora se funden abrazadas, Maria Chiribao abraza a su madre al tiempo que comienza a sonar el Himno Nacional. Lloran, no se sueltan, le dan besos al cartel con la foto de su hija Mía de 5 años: “Tiene parálisis cerebral y epilepsia refractaria. Ella sufre más de 40 crisis por día. Nuestra obra social que es UTA, del transporte de colectivos, nos está negando lo que para ella sería una mejora en la calidad de vida con una terapia cetogénica y una internación domiciliaria con enfermería las 24 horas. Nosotros estamos luchando por eso, ya nos la rechazaron dos veces. Mi hija tiene riesgo de muerte súbita porque tiene más de 40 crisis por día y es farmacorresistente, toma siete medicaciones a la mañana y siete a la noche”, cuenta Maria, aún recuperándose de la emoción.
La Ley de Emergencia en Discapacidad actualiza mensualmente aranceles y eleva las pensiones no contributivas al 70% del haber mínimo, compatibles con empleos formales de hasta dos salarios mínimos. Además, incluye la regularización de pagos a prestadores condonando intereses y deudas, el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) mediante auditorías y mejoras de gestión, un mecanismo de transparencia que obliga al Ejecutivo a informar sobre ejecución y políticas, y la actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD). El Poder Ejecutivo Nacional la vetó, alegando que atenta contra el equilibrio fiscal. Este miércoles, la Cámara de Diputados rechazó el veto, restando aún la decisión de los Senadores. La ley, en el caso de ser aprobada, tendría un impacto fiscal de entre 0,22% y 0,42% del PBI. Hace un mes, el Presidente de la Nación, Javier Milei, anunció la disminución de retenciones al sector agropecuario, lo que representa el 0,20% del PBI nacional.
La situación para prestadores, docentes y personas con discapacidad llegó a un punto crítico. El último aumento que recibieron los prestadores fue del 0,5% en octubre de 2024, sumado a que los pagos de la obras sociales llegan con hasta 6 meses o un año de atraso. Todo esto repercute en la calidad del servicio brindado e impacta directamente en el nivel de vida de las personas con discapacidad. “Venimos acompañando a las familias con un esfuerzo enorme que muchas veces es a pulmón, sin recursos. Sabemos que faltan acompañamientos e inversión. Vemos cómo a los chicos se les caen las prestaciones y cómo impacta eso en sus trayectorias en las escuelas y en sus familias. Son recorridos que cuesta mucho sostener y llevar adelante y que, de golpe, por la falta de inversión, se cae un prestador. Nuestros chicos quedan en banda por más esfuerzo que realicemos los docentes desde las escuelas. No alcanza si no hay presupuesto, no alcanza si no hay inversión en discapacidad”, señala Mariana Scayola, una docente que conoce desde adentro la importancia de las maestras integradoras.
El contraste con lo que ocurre dentro del Congreso es inevitable: mientras en los pasillos se discute el impacto fiscal de entre el 0,22 % y el 0,42 % del PBI, afuera se mide en terapias que no llegan, medicamentos que se atrasan o chicos que se quedan sin acompañamiento escolar. Según el último censo, más de 3 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad en la Argentina, y son ellas quienes están en el centro de esta pulseada entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento.
Luego de rechazar el veto a la emergencia en discapacidad, en la Cámara de Diputados llegó el turno de debatir el aumento a jubilados, que establecía un incremento del 7,2 % en los haberes jubilatorios y la suba del bono de 70.000 a 110.000 pesos. Con esa fórmula, la jubilación mínima pasaría de 309.295 a 331.000 pesos, y sumando el bono alcanzaría los $441.000 mensuales.
Afuera, en la Plaza del Congreso, los jubilados desplegaron su tradicional manifestación de los miércoles, esta vez con el objetivo explícito de hacerse escuchar por los legisladores. Entre cánticos, risas y aplausos, se organizaban en la ronda que da la vuelta a la plaza. Liliana Carci, referente del Plenario de Trabajadores Jubilados, se ríe con sus compañeros, todos con chalecos naranjas, mientras inventan rimas que desembocan en el definitivo: “Traigan a la Bullrich y a Milei para que vean que estos viejos no cambian de idea. Pelean, pelean, son la rebelión”. “Les diría a los diputados que prueben vivir con 300 mil pesos por mes a ver hasta qué día llegan”, sostiene Liliana. “Ellos están ahí porque alguien los eligió; su tarea no es hacer negociados con el gobierno. Si ya se votó la ley, deberían respetar ese resultado. Pero, ¿qué pasa? El gobierno los está comprando para que modifiquen el voto original y no nos den el aumento que, aunque no soluciona todas nuestras necesidades, ayuda un poco. Hay que acordarse que también nos quitaron los medicamentos que tenían el 100% de cobertura. Entonces, encima de que no nos aumenten el haber jubilatorio, nosotros tenemos que pagar nuestros medicamentos y las personas de 70 años o más tenemos enfermedades crónicas que son producto de la edad”.
Por la noche, con la Plaza ya desértica y tras largas horas de debate, la oposición no alcanzó los dos tercios necesarios y el veto se mantuvo, haciendo oídos sordos, una vez más, a los reclamos y necesidades de un colectivo que seguirá luchando todos los miércoles.
