La Cámara Baja convalidó el veto de Javier Milei al aumento jubilatorio y la reposición de la moratoria. En cambio, los legisladores rechazaron el de la Ley de Emergencia en Discapacidad y ahora decide el Senado. Se aprobó la distribución de ATN a las provincias pero no darían los votos para desactivar el casi seguro veto presidencial.
La Cámara de Diputados vivió este miércoles 20 de agosto una sesión especial que quedará en la historia parlamentaria: por primera vez desde la recuperación democrática, la oposición logró anular un veto presidencial. Con 172 votos afirmativos, 73 negativos y 2 abstenciones, se restituyó la Ley de Emergencia en Discapacidad, en un resultado celebrado por las familias y organizaciones que desde hace meses reclaman por el deterioro de las prestaciones.
El diputado Eduardo Valdés (Unión por la Patria) declaró a ANCCOM: “Me hubiera gustado que, antes de que la Cámara tratara este tema, el Gobierno resolviera la situación de las prestaciones para las personas con discapacidad, que hoy se encuentran en estado de emergencia. Lo que se generó con esta votación es una expectativa en las familias, pero aún no una solución concreta. Ahora es el Senado el que debe rechazar el veto, tal como indicaban los números hasta la última votación, para que finalmente se pueda resolver la emergencia. De todas maneras, mi expectativa es que el Gobierno se haga cargo y resuelva de inmediato el problema de las prestaciones”.
Desde el Frente de Izquierda, Juan Carlos Giordano destacó el rol del quórum y denunció la falta de apoyo sindical: “Lo que se logró hoy fue una nueva derrota para el Gobierno, producto de la movilización de las familias de personas con discapacidad. Reclamamos que la CGT debería estar apoyando esta lucha con un paro, y no lo hace. Eso demuestra una complicidad muy grande que denunciamos con fuerza”.
En la misma línea, Myriam Bregman (PTS–Frente de Izquierda Unidad) subrayó que el rechazo al veto “es un logro del colectivo de la discapacidad, que luchó lo suficiente y consiguió un triunfo muy importante”. Más tarde vinculó el debate con el contexto internacional: “Acá hay una decisión del FMI de recortar jubilaciones y todas las partidas sociales, incluidas las de discapacidad, y próximamente también la Asignación Universal por Hijo. Lo que hay que cuestionar de raíz es el acuerdo con el Fondo y que la Argentina tenga que someterse a este tipo de políticas”.
El segundo gran tema de la sesión fue el veto presidencial al aumento del 7,2% a las jubilaciones y al bono. En este caso, La Libertad Avanza, con apoyo de un sector del PRO y de gobernadores aliados, consiguió mantener la decisión oficial. La votación terminó con 83 diputados en contra de la Ley y 160 a favor de insistir, sin llegar al número necesario para revertir el veto. “No se trata de ganarle a Milei, sino de que gane la Argentina”, afirmó Pablo Juliano (Democracia para Siempre), mientras que Nicolás Massot (Encuentro Federal) advirtió: “No estamos en la sintonía de eliminar a cero bienes personales y licuar 50% las jubilaciones, o en bajar impuestos a autos importados mientras no se garantizan los presupuestos mínimos para ciencia y universidades”.
La tercera definición de la jornada fue la aprobación del proyecto de los gobernadores para modificar la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), un fondo millonario que este año podría recaudar alrededor de un billón de pesos. Hasta ahora, la Nación retenía la mayor parte y transfería los montos de manera discrecional. La nueva norma establece un reparto automático: el 41,2% para la Nación y el 58,8% para las provincias, según los coeficientes de coparticipación. La votación arrojó 143 votos afirmativos, 90 negativos y 12 abstenciones: mayoría clara, aunque sin alcanzar los dos tercios que blindarían la ley frente a un eventual veto.
El diputado Tomás Ledesma (Unión por la Patria) destacó en diálogo con ANCCOM: “En un contexto de crisis y de gran complejidad financiera y económica que atraviesan nuestras provincias, municipios y sobre todo las pequeñas y medianas ciudades, los Aportes del Tesoro Nacional son una herramienta fundamental, que siempre funcionó con rapidez. Es necesario ajustar su distribución para que sea verdaderamente federal, pero no se puede prohibir el uso de una herramienta tan importante en un momento como el que estamos viviendo. Lo que ocurrió hoy con la votación también debe proyectarse en una agenda constante hacia adelante. Eso es lo que da peso, continuidad y permite sostener en el tiempo las decisiones que toma el Congreso. No estamos en una Argentina donde, simplemente porque se rechace un veto o se sancione una ley, la realidad cambie de inmediato. Para que las medidas se vuelvan efectivas necesitamos el compromiso de todos los espacios políticos”.
En la misma línea, Juan Fernando Brügge (Partido Demócrata Cristiano – Hacemos Coalición Federal) sostuvo: “Desde nuestro bloque hemos mantenido siempre una visión federal, especialmente en esta etapa en que el presidente de la Nación utiliza los fondos de la recaudación tributaria sin presupuesto aprobado ni control. Vemos aquí una oportunidad para trabajar con sensatez y compromiso. Es alentador observar cómo diputados que históricamente acompañaron a La Libertad Avanza hoy reconocen la inequidad y la falta de lógica de las medidas del presidente, y deciden votar junto a nosotros”.
También se aprobaron otros proyectos del temario: la conformación de la Comisión Investigadora del caso $LIBRA, el cambio de huso horario en invierno y la reforma del Régimen Penal Tributario.
Quedaron pendientes, en cambio, la emergencia climática en Bahía Blanca, la moratoria previsional y la eliminación de los fideicomisos del Impuesto a los Combustibles Líquidos, que no lograron consenso. “Teníamos el objetivo de un temario completo. Sabemos todas las tensiones que provocó el debate sobre jubilaciones. Lo mejor es retomar estos puntos en una nueva sesión”, admitió Germán Martínez (Unión por la Patria).
La sesión terminó con un cimbronazo político: cuatro diputados de La Libertad Avanza anunciaron la conformación de un nuevo bloque, presidido por Carlos D’Alessandro (San Luis) e integrado por Marcela Pagano, Lourdes Arrieta y Gerardo González. La fractura expone la pérdida de cohesión del oficialismo en vísperas de las elecciones legislativas del 26 de octubre y anticipa un escenario de mayor fragmentación en la Cámara baja, donde cada votación se transforma en una pulseada decisiva para el rumbo del Gobierno.
