Por Paloma Ayala
Fotografía: ARCHIVO TELAM, Captura de pantalla.

Organizaciones de Mendoza, Neuquén y Río Negro participaron de una audiencia pública para exponer el impacto del fracking en sus territorios. También mencionaron la represión y la falta de reconocimiento jurídico a las que lo somete el gobierno.

 Organizaciones mapuche de Mendoza, Neuquén y Río Negro participaron de una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer sobre el impacto del extractivismo en sus territorios. En el actual contexto de avance represivo, llevaron las voces de su pueblo y de diferentes sectores sociales afectados por lo que denominan el “modelo de saqueo sobre la naturaleza”. En concreto, denunciaron violaciones a los derechos humanos, la no aplicación del derecho indígena, las estrategias políticas judiciales para despojar a las comunidades de su territorio y el incumplimiento de la Consulta Libre Previa e Informada para tener el consentimiento en todos los proyectos del gobierno y las multinacionales mineras, petroleras, forestales e inmobiliarias. 

La representante de Neuquén, Lorena Bravo, también mencionó la represión que sufrieron el fin de semana pasado, tras haberse encadenado a la Gobernación exigiendo el reconocimiento de sus personerías jurídicas. Según expresó la vocera neuquina, el gobernador Rolando Figueroa se niega a firmar el reconocimiento para cuatro familias que ya habían hecho los trámites correspondientes para obtenerla. “Sufrimos una represión feroz, fueron violentados desde ancianos hasta niños, no hubo contemplación alguna de los derechos humanos”, dijo Bravo. Y describió que en Argentina “está vigente el despliegue de las fuerzas federales, el Comando Unificado que creó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich ingresa a nuestros territorios sin orden judicial, no tenemos acceso a la justicia de manera imparcial como cualquier ciudadano, son negados y vulnerados nuestros derechos”. 

El operativo represivo del 20 de julio que mencionó Bravo incluyó balas de gomas, gases, golpes y violencia contra las personas que se encontraban acompañando la demanda de las comunidades. En tal sentido, Lefxaru Nawel, vocero de la Confederación Mapuche, hizo responsable a Figueroa y a los CEOs de las petroleras por “la violencia extrema deldesproporcionado procedimiento”.

El coordinador de la audiencia fue el presidente de la CIDH, José Luis Caballero, y como actores de la sociedad civil participaron Dora Lucy Arias Giraldo y Marlene Rodríguez de México; Mirtha Vásquez de Perú, Mirta Ñancunao, Lorena Bravo, Gabriel Jofre y Hugo Aranea de Argentina. También estuvo Jan Jarab por la ONU; Carlos Bernal de México, por la CIDH; y Gloria De Mees y Javier Palummo de REDESCA (Relatoría Especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales). 

 

Añelo, Vaca Muerta. 

Ninguneo histórico

Ñancunao, en nombre del Parlamento Mapuche de Río Negro, dijo que la situación en la que se encuentran “es producto de un patrón sistemático de violaciones que ejerce el Estado argentino a fin de lograr el desarrollo de proyectos extractivos, principalmente la explotación de petróleo y gas por medio del fracking, y la extraccion de cobre, oro, plata, litio y otros minerales críticos”. Agregó que las vulneraciones hacia las comunidades mapuches están vinculadas con los desalojos forzosos, la falta de reconocimiento a su personería jurídica y la falta de relevamiento territorial. Todas se encuentran enmarcadas en campañas de odio, señalamientos, hostigamientos y asesinatos de líderes mapuches, y defensores ambientales. 

La vocera enfatizó que “los protocolos de consulta no están siendo aplicados, los gobiernos han impuesto sin consulta previa a las comunidades protocolos a medida de las empresas cuando van a iniciar algún proyecto minero.” En sus palabras, “son protocolos de consulta sin consulta a las comunidades sobre cómo quieren ser consultadas y de qué manera. Eso le da rienda suelta y beneficio a las empresas y al Estado para llevar a cabo los emprendimientos mineros y petroleros”.

A continuación, Hugo Aranea señaló como punto de quiebre el decreto de necesidad y urgencia dictado por el presidente Javier Milei en diciembre de 2024, que derogó la Ley 26.160, norma que suspendía los desalojos en territorios indígenas. Relató que decenas de comunidades mapuche llevan entre 15 y 20 años esperando la inscripción de su personería jurídica, y puso en evidencia el incumplimiento histórico que atraviesa a las distintas gestiones gubernamentales. Además, destacó que cuatro comunidades —Lof Buenuleo, en Río Negro y El Sosneado, Limay Kurruf y Lof Suyai Levfv, en Mendoza— quedaron sin protección tras resoluciones del INAI que anularon relevamientos y reconocimientos de la ocupación tradicional, actual y pública previos.

Aranea también denunció que en Río Negro, comunidades como Lof Gallardo Calfú, Lof Buenuleo, Lof Lafken Winkul Mapu y Lof Quemquemtrew han sufrido desalojos violentos, incluidos los asesinatos de Rafael Nahuel, en 2017 y Elías Garay Cayicol, en 2021. Advirtió que en Mendoza, la comunidad del Lof El Sosneado enfrenta una orden de desalojo inminente. Por último, lamentó que las medidas cautelares solicitadas a la CIDH para frenar los desalojos fueron rechazadas en junio pasado.

Vaca tóxica y sísmica

A su turno, Bravo expresó que se refirió al megaproyecto Vaca Muerta y su ampliación hacia el Golfo San Matías –Vaca Muerta Sur– que superpone su trazado con áreas naturales protegidas poniendo en riesgo ecosistemas marinos y modos de vida comunitarios como la pesca de subsistencia. La vocera explicó que el uso intensivo del fracking en la cuenca neuquina –empleado por empresas como YPF, Shell, Pampa Energía, Chevron y Total Energy– disparó la actividad sísmica y generó residuos peligrosos. 

Uno de los puntos más alarmantes señalados por Bravo es la “creciente presencia de fuerzas represivas en la región, en particular la autorización de la intervención del Ejército en asuntos internos bajo la excusa de la defensa de recursos estratégicos, especialmente en Vaca Muerta”. También informó sobre 34 proyectos mineros ya autorizados y otros 29 en evaluación de impacto ambiental para exploración. Además, remarcó que “la minería a cielo abierto con sustancias tóxicas implica un alto grado de contaminación en las napas de agua, en una zona que enfrenta una crisis hídrica sin precedentes, y afecta la salud humana, destruye ecosistemas productivos y provoca el desplazamiento forzado de familias”. Y agregó que grandes proyectos con títulos como “transición energética» nunca incluyen servicios básicos: acceso a la luz, agua potable o gas en las comunidades.

La disertación de Jofre cerró la participación argentina, y lo hizo con la propuesta del pueblo mapuche del “buen vivir”, que tiene condiciones para establecer estos diálogos con empresas. “En esta coyuntura especial para nosotros es importante venir a esta Comisión a solicitar el acompañamiento y el fortalecimiento de esas normativas que se van debilitando a medida que esas empresas y gobiernos no tienen las advertencias necesarias sobre el cumplimiento de la normativa.”

¿Utilidad pública?

Jan Jarab de la ONU acotó que “las actividades de las industrias extractivas, muchas veces realizadas bajo la figura de utilidad pública, afectan a los derechos individuales y colectivos de pueblos indígenas, poniendo en riesgo su supervivencia física y cultural”.

 En ese sentido, Dora Arias Giraldo, del Grupo de Análisis de la Utilidad Pública en América Latina, afirmó que conceptos como “utilidad pública” son utilizados para hacer viable la explotación de recursos naturales. Esta calificación se entiende como aquella actividad, bien o servicio, que es de beneficio y de interés colectivo, ya sea para los ciudadanos de un país o para la humanidad en su conjunto. Sin embargo, a su criterio, darle esta denominación jurídica al extractivismo impide el debate serio y transparente sobre este tema a nivel político, económico y social.

Al respecto, Mirtha Vásquez, de Perú, presentó una petición solicitando a los estados que “eliminen la presunción de utilidad pública y conceptos similares de su normatividad, para pasar a evaluar la utilidad caso por caso”. Ella explicó que “han identificado como patrón el hecho que se presume que estos proyectos van a beneficiar a todo el país, la presunción de que son útiles para lo público. Con ello, viene la negación a los derechos: la población tiene que usar los mecanismos judiciales para demandar, aunque luego siempre hay despojo y desplazamiento. Como mecanismos usan la expropiación y las servidumbres mineras en todos los casos”. Otro patrón recurrente es que “la presencia de empresas extractivas produce quiebres en las relaciones al interior de las comunidades, y en todos los proyectos se ve el uso de la militarización o la fuerza pública dentro del territorio.”

También fueron parte del encuentro virtual ante la CIDH la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Consejo Zonal Xawvn Ko de la Confederación Mapuche de Neuquén, Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, Earthjustice, Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI), Organización Identidad Territorial Malalweche, Oficina Regional para América del Sur de las Naciones Unidas, entre otros.