La Comisión Provincial de la Memoria presentó su segundo informe sobre Represión a la protesta Social y relevó que en lo que va del año ya hubo 130 detenciones arbitrarias en movilizaciones populares y se registraron 75 personas heridas. La entidad relevó 39 manifestaciones y en 19 de ellas hubo actos represivos.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), presidida por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presentó en la sede nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) su segundo informe especial sobre la represión a la protesta social. El documento, correspondiente al primer semestre de 2025, alerta sobre una profundización de la violencia estatal y evidencia que en lo que va del año ya se duplicaron los hechos represivos registrados durante todo el 2024. “Este informe establece una disputa, un sentido social a contracara de lo que el Estado hoy representa: represión como política de Estado”, sostuvo Sandra Raggio, directora general de la CPM.
El informe fue elaborado en el marco de la Ley 26.827, que crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, y se basa en tareas de monitoreo de protestas públicas y pacíficas, especialmente aquellas en las que se aplicó la Resolución 943/23 del Ministerio de Seguridad de la Nación, conocida como “Protocolo antipiquetes”.
El objetivo central del informe es evidenciar el accionar de las fuerzas de seguridad en contextos de protesta, donde la violencia estatal se despliega como una herramienta legitimada desde el Estado nacional. A través del monitoreo, se busca no solo relevar cifras o episodios concretos, sino desentrañar el sentido de esa violencia: una represión con múltiples objetivos, que funciona como política de Estado y que se inserta en una estrategia más amplia de disciplinamiento social y criminalización de la protesta.
Durante el período analizado, entre el 1 de enero y el 30 de junio, los equipos de la CPM monitorearon 39 manifestaciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las cuales 21 registraron episodios represivos. Estas tareas se desarrollaron de forma conjunta con el Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT), la Defensoría del Pueblo de la CABA (MLPT-CABA), el Programa de Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación, la organización CEPA (Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios) y postas sanitarias de diversas organizaciones políticas.
En la conferencia de prensa realizada el martes último para presentar el trabajo, Juan Manuel Irrazábal, presidente del CNPT, señaló que “la represión es una maniobra de represión forzada. Las fuerzas actúan para reprimir y evitar la unidad del pueblo. Hay violaciones a los derechos humanos producto de las detenciones”.
La presentación del informe en la sede de ATE fue leída con fuerza simbólica por los presentes. Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato, expresó: “Tenemos que destacar que esta presentación se haya realizado en la sede de ATE. En la Argentina quieren privatizar todo, pero estatizaron el miedo. Si algo hizo el Gobierno nacional desde que asumió es reprimirnos a los trabajadores y a los jubilados. El informe es elocuente. Podemos dar fe porque lo estamos sintiendo en carne propia”.
El informe muestra que estos operativos no se dirigen al control del espacio público, sino a desarticular la protesta de sectores específicos: organizaciones sindicales, movimientos sociales, agrupaciones políticas, jubiladas y jubilados, y jóvenes de sectores populares.
El documento denuncia la aplicación sistemática del protocolo antipiquetes, que, bajo el pretexto de garantizar el tránsito, habilita el despliegue desproporcionado de fuerzas de seguridad en las calles. La Policía Federal Argentina (PFA) intervino en las 31 manifestaciones monitoreadas de forma presencial; la Prefectura Naval (PNA), en 19; la Gendarmería Nacional (GNA), en 16; y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en 10. En varios operativos, la relación entre efectivos y manifestantes fue de tres a uno, y se documentó el uso de vallados, armas reglamentarias, motos, hidrantes, y formaciones de infantería que encerraban a manifestantes en «corralitos», para luego proceder a su dispersión o detención.
El informe muestra que estos operativos no se dirigen al control del espacio público, sino a desarticular la protesta de sectores específicos: organizaciones sindicales, movimientos sociales, agrupaciones políticas, jubiladas y jubilados, y jóvenes de sectores populares. La violencia se vuelve selectiva y política. En lo que va del año ya se contabilizan 130 detenciones arbitrarias frente a las 93 de todo 2024, y se registraron 75 personas heridas en al menos 15 manifestaciones, el número más alto desde que se lleva el registro.
“El sentido de la represión es también indisociable: materializa el odio a quienes reclaman por derechos e instala la violencia como forma de tramitar los conflictos de la desigualdad y el despojo”, señala el documento.
Adolfo Pérez Esquivel, en su intervención, fue contundente: “Este es un gobierno que no está al servicio del pueblo, está contra el pueblo. Estamos viviendo una democracia delegativa, no una democracia participativa. Nunca se va a poder lograr si el pueblo no puede manifestarse libre en la calle”.
El informe concluye con una advertencia clara: la institucionalización de la violencia por parte del Estado —su legitimación, defensa y celebración— implica una degradación profunda del sistema democrático. Se vulneran derechos básicos, se rompe la convivencia social y se margina a quienes disienten. La represión no es un exceso, sino una forma de gobierno.
“No es con odio, violencia y represión que se resuelven los problemas y conflictos sociales. Es con igualdad, con respeto a las leyes vigentes, dialogando, construyendo un país donde todos sus habitantes puedan vivir en paz”, concluye el informe