Según el último informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, los programas de protección y rescate de víctimas de violencia y trata registraron caídas del 72,11% y 90% en términos presupuestarios.
Encuentro en la Asociación de Mujeres en Argentina por los Derechos Humanos AMADH.
En un contexto de gran vulnerabilidad social y económica, la gestión de Javier Milei parece esforzarse en darle la espalda a las personas que más necesitan del accionar y el acompañamiento del Estado. En el caso de las víctimas de trata con fines de explotación sexual, el desmantelamiento y desfinanciamiento de las políticas públicas que les brindan ayuda económica y asistencia enciende las alarmas.
Según el último informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), los programas de protección y rescate de víctimas de violencia y trata registraron caídas del 72,11% y 90%. En lo que va del año, programas como “Restituir” y el “Programa Nacional de Reparación de Derechos y de Fortalecimiento de Competencias Laborales para las Afectadas y los Afectados por los Delitos de Trata de Explotación de Personas” fueron eliminados a partir de la Resolución 246/2025.
Sumado a esto, el Decreto 1048/2024 ya había dejado sin efecto el Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas de Trata, que tenía por objetivo administrar los bienes muebles e inmuebles decomisados en causas judiciales relacionadas con los delitos de trata y explotación de personas, y el lavado de activos provenientes de dichos delitos, para luego ponerlos a disposición de las víctimas.
Además, el último informe realizado por la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos (AMADH) denuncia que el Comité contra la Trata, que funcionaba en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación fue trasladado, por medio del Decreto 318/2024, al ámbito del Ministerio de Seguridad, situación que no es recomendada por los organismos internacionales debido a la larga historia de connivencia entre las fuerzas de seguridad y el control de los prostíbulos.
En diálogo con ANCCOM, la doctora Aldana Ros, especializada en la temática de delitos de trata con fines de explotación sexual, expresa que “hay un incumplimiento de las obligaciones que fija para el Estado la Ley de Trata. El Estado tiene que brindar un acompañamiento y una asistencia no solo económica sino integral, que incluya recursos y herramientas que le permitan a una víctima llegar a imaginarse y comenzar un proyecto de vida”.
En este sentido, Ros remarca que no todas las víctimas son iguales. Cada una tiene sus propias particularidades, carga con una historia personal y con un derrotero que tiene que ver puntualmente con la trata. Por este motivo, es tan importante el acompañamiento que se les brinda y la atención a la salud física y mental para que logren desarrollarse, formarse y tener un trabajo. “Hay algunas víctimas que antes de ser explotadas sexualmente, cargan con otra vulnerabilidad de haber sido víctimas de algún tipo de violencia de género, ya sea abuso sexual en la infancia o violencia física, verbal o psicológica en el ámbito intrafamiliar o alguna violencia que hayan recibido en algún vínculo de pareja. Es decir, son múltiples las causales por las cuales una persona ya tiene una determinada vulnerabilidad, y que la hacen más vulnerable a ser captada por aquellos sujetos que están detrás del delito de trata”, señala.
Graciela Collantes, sobreviviente y presidenta de AMADH.
En este marco de abandono por parte del Estado, y también de complicidad para ocultar este delito, son las propias sobrevivientes agrupadas en diversas organizaciones sociales las que asumen la ardua tarea de acompañar a otras mujeres. Por su parte, Graciela Collantes, sobreviviente y presidenta de AMADH, expresa que “nos costó mucho el proceso de poder reconocernos primero como víctimas y después como sobrevivientes. Fue un proceso doloroso, pero fue bueno poder despertar y que nuestras propias voces sirvan para alentar a las nuevas generaciones. Desde ahí también una pelea interna nuestra de reconocernos como personas, porque este sistema nos había destrozado la autoestima, teníamos mucha culpa, cuando había un Estado muy cómplice con el proxenetismo”.
En AMADH, Graciela y sus compañeras trabajan día a día y codo a codo para visibilizar esta problemática hace más de veinte años. “En principio, nosotras nos organizamos para visibilizar los golpes y la persecución policial. Las instituciones que nos tenían que cuidar eran las mismas que protegían a los proxenetas y perseguían y eran cómplices de la explotación de las mujeres”, recuerda. Hoy en día, no es sólo patear las calles de Once, Flores y Constitución para hacer un relevamiento de las personas que se encuentran en esta situación, también es poner la oreja, construir un vínculo y acompañarlas en el difícil proceso de reconocerse como víctimas y llegar a la instancia de la denuncia.
Por su parte, Elena Moncada, sobreviviente y fundadora de la Asociación Civil Mujeres por los Derechos, hace lo propio desde “La Casita”, un centro de día ubicado en el barrio de Villa del Parque, en la provincia de Santa Fe. Allí se dictan talleres de oficio, de panificación, textil, manualidades, para sacar a las compañeras de la calle. “De esa plata rápida hasta que vienen acá, hasta que se empoderan, cuesta mucho. Cuando viene una chica nueva que cuenta de su violación, nosotras no decimos ‘mirá, este es tu fiolo, los clientes son los que te violan’. Nosotras hablamos de nuestras historias, de la vida, de los hijos. Sin hostigarlas, cada una hace su proceso y así pasaron 25 compañeras que dejaron esa maldita esquina”, comenta.
A nivel provincial, Moncada denuncia que tampoco existe un acompañamiento para las víctimas por parte del gobierno. “No hay ninguna política pública, solamente nos usan cuando viene el Día de la Trata. Nos incluyen en alguna cuestión pero en todos estos años, desde el 2009 hasta esta parte, jamás se acercó una funcionaria a decir ‘chicas me voy a poner la camiseta’”.
En este marco, Ros también señala la importancia de la Educación Sexual Integral (ESI) en los programas de las escuelas para luchar contra el delito de la trata en un contexto marcado por la sobreexposición de la imagen de niños, niñas y adolescentes en las plataformas. Esta situación influye en el incremento de estas redes delictivas que utilizan imágenes y videos para la comercialización, la explotación sexual y la vulneración de la identidad. “Cuando hablamos de trata tenemos que hablar de la educación sexual integral y su importancia desde los primeros años de vida, adaptando los contenidos pedagógicos, desde el enseñar lo que es el respeto al cuerpo propio y ajeno, el respeto a la dignidad humana”. Y agrega que “la realidad es que las asociaciones civiles terminan abordando y desbordadas también por ocuparse de temáticas en las cuales el estado tiene falencias en políticas públicas o que directamente ni siquiera las tiene”.
Muchas de las sobrevivientes relatan su historia en las escuelas, para que niños, niñas y adolescentes puedan preguntar y debatir acerca de este tema, como en el caso de Moncada. “Cuento mi historia en escuelas y surgen preguntas de los chicos a falta de educación sexual integral. Desde este gobierno se paró muchísimo, estamos peleando para que la ESI no se saque y activamos protocolos”, comenta.
En este sentido, queda claro que la solución no es eliminar las políticas públicas sino dotarlas de contenido para que funcionen correctamente. Y en este proceso, es fundamental la articulación entre las asociaciones de la sociedad civil y el Estado. No sólo para adaptar los contenidos a las necesidades de las mujeres, sino también para sensibilizar a los profesionales en el tema a partir del trabajo y el aprendizaje conjunto entre las sobrevivientes y los funcionarios públicos. “No queremos asistencialismo, sino programas sociales de contención. Que el Estado entienda que tiene que estar presente. Esa política integral tiene que estar al alcance ahora, no de acá a tres meses, porque cuando la mujer pide ayuda las políticas tienen que estar”, expresa Collantes. En la misma línea, Moncada reflexiona que “tenemos que estar más juntas que nunca. Necesitamos políticas públicas integrales para acompañar a esas chicas que si esos tipos no van, los pibes no comen, no les pueden comprar un guardapolvo o el fiolo las caga a palos”.
“Hay que reclamarle al Estado políticas de inclusión, de educación, trabajo y salud para nosotras. Un espacio de educación para que los profesores que vayan tengan una perspectiva de género no discriminatoria. El abolicionismo tiene que trabajar para fomentar el trabajo, el estudio, la inclusión social”, reflexiona Collantes. En ese sentido, Moncada concluye que “el abolicionismo existe porque existimos las sobrevivientes o supervivientes. A mí me recontra destruyó la cabeza, porque dije ‘pará, nosotras somos súper valorables porque estamos sacando personas de la calle, cuando el Estado no lo hace”.