Alesia Abaigar y otras cinco personas se encuentran detenidas por un hecho que, según diversos referentes de derechos humanos y juristas, no excede una contravención.
En la madrugada del miércoles se realizaron allanamientos y detenciones en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, que incluyeron la aprehensión de cuatro personas que permanecieron incomunicadas hasta última hora del día. Entre las nuevas detenidas se encuentra Eva Carina Alejandra Mieri, concejala de Quilmes y presidenta del bloque del Partido Justicialista en el Concejo Deliberante del municipio. También fueron detenidos Iván Díaz Bianchi, Aldana Sabrina Muzzio y Candelaria Montes, todos estarían acusados de participar en la planificación y ejecución del ataque al domicilio del diputado José Luis Espert, en San Isidro.
Los operativos fueron ejecutados por el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina, bajo órdenes del Juzgado Federal N.° 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, con intervención de la Secretaría N.° 2 a cargo de Juan Cruz Schillizzi.
En diálogo con este medio, Charly Pisoni, integrante de HIJOS Capital, sostuvo: “En esta causa hay una intencionalidad política. La jueza Arroyo Salgado está respondiendo a los poderes del círculo rojo”. Además, cuestionó la calificación penal de la causa: “No pueden estar detenidas personas por delitos como asociación ilícita con fines políticos. Esto es persecución”.
En el caso de Alexia Abaigar, su detención se dio sin pruebas concretas, y la causa —iniciada por la jueza Arroyo Salgado— continúa bajo secreto de sumario. Abaigar permaneció dos días incomunicada, sin acceso a su defensa, alojada en el penal de Ezeiza.
La noche del miércoles, referentes de Unión por la Patria (UP) ofrecieron una conferencia de prensa junto a familiares de las personas detenidas para denunciar públicamente las irregularidades cometidas durante los procedimientos. “La prisión preventiva es una excepción para casos en los que hay riesgo de fuga o de entorpecimiento de la causa. Eso no iba a suceder”, afirmó Diego Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), quien abrió la exposición. La sala se encontraba colmada de dirigentes del peronismo, representantes de organizaciones sociales, de otros espacios políticos, abogados y familiares.
Molea también denunció la ausencia de funcionarios judiciales durante los allanamientos: “Las detenciones se realizaron sin que ningún funcionario del juzgado estuviera presente”, señaló y remarcó que varios de los detenidos siguen incomunicados. “Esto es de una gravedad institucional absoluta y no vista en los últimos años”. Además, confirmó que se volverá a apelar la resolución que rechazó el primer pedido de excarcelación, al considerar que “no hay fundamentos suficientes para justificar una prisión preventiva”. Y cuestionó: “¿No hay que investigar el abuso de poder? ¿No tiene el Consejo de la Magistratura que analizar estas conductas judiciales? Hay abuso de poder, y estamos evaluando presentaciones formales”.
El segundo orador fue Domingo Rodríguez Basalo, presidente del Colegio de Abogados de Quilmes y representante legal de Eva Mieri. “Nos preocupa el exceso punitivista de establecer detenciones preventivas no como excepción, sino como regla”, expresó. “Este punitivismo significa perseguir a los que piensan distinto”.
Los familiares también tomaron la palabra. La madre de Alexia Abaigar relató el maltrato policial que sufrieron ambas durante el traslado: “Le pusieron esposas y la encadenaron al móvil policial”. Además, denunció una “sesión de fotos” donde se le habrían tomado imágenes a su hija con el rostro cubierto y luego descubierto. Por su parte, el padre de Iván Díaz Bianchi describió a su hijo como un joven que “solo estudia, trabaja y colabora con los sectores más vulnerables del distrito. La idea es darnos miedo. Y claro que tenemos miedo”. En la misma línea, la hermana de Aldana Sabrina Muzzio cuestionó la teatralidad del procedimiento: “No salió bien el video, la hacen volver a entrar a la casa y vuelven a grabar para que les quede bien. No se llevaron una terrorista, se llevaron a una hermana, una madre, una hija, y se la llevan por ser mujer y peronista”.
En paralelo, el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y la Procuración Penitenciaria de la Nación presentaron solicitudes para ser aceptados como amicus curiae ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín. A través de ese instrumento legal, buscan aportar argumentos técnicos y de derechos humanos que demuestren las irregularidades procesales cometidas y la gravedad institucional de las detenciones. Los documentos ya fueron presentados y se encuentran disponibles para consulta.