Por Thiago Buglione
Fotografía: Oriana Estrada, Pamela Duran

Como todos los miércoles, marcharon reclamando aumento de haberes y restitución de medicamentos gratuitos. Pero esta vez se movilizaron a Plaza de Mayo y dejaron en ridículo al megaoperativo de seguridad en el Congreso. Solidaridad con Cristina Kirchner.

A cualquier desprevenido que haya pasado la tarde del miércoles por las inmediaciones del Congreso le habrá llamado la atención el fuerte operativo de seguridad: vallas, patrulleros y efectivos bloqueando la Avenida Callao desde Corrientes hasta Belgrano y calles paralelas. Podría pensarse que se trataba de una manifestación masiva, algo que quizá justificara semejante despliegue. Pero el que decidiera continuar a pie, zigzagueando entre calles cortadas hasta llegar finalmente a la Plaza de los Dos Congresos, se toparía con una escena bastante distinta: no había nadie. El caos de tránsito en pleno microcentro porteño no respondía a una protesta multitudinaria, sino a una decisión policial que, en los hechos, cercó una plaza que estuvo vacía durante gran parte del día.

“Ahora los piqueteros son ellos, la yuta” bromea Manuel Gutiérrez, representante de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados, mientras se acomoda con sus compañeras sobre Plaza de Mayo. Esta tarde, los jubilados decidieron cambiar su itinerario para acompañar al personal médico del Hospital Garrahan que, después de un “abrazo simbólico” al hospital, marcharon desde el Obelisco hasta Casa Rosada. Minutos antes de las 16, y luego de haber realizado el tradicional acto con radio abierta de todos los miércoles, los jubilados formaron una columna para caminar por Avenida de Mayo hasta llegar a Casa de Gobierno, donde los esperaban, además de los trabajadores de salud, múltiples movimientos y sindicatos que decidieron unificar sus reclamos para que sus voces alcancen mayor potencia, sumado a decenas de ciudadanos que se acercaron a manifestar en repudio de la decisión de la Corte Suprema de mantener firme la condena a la exvicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, lo que generó que la mitad de la plaza se colmara de manera espontánea.

Sin embargo, el viaje de los jubilados por Plaza de Mayo no estuvo exento de la habitual violencia policial. “Los compañeros venían desplazándose bien, rápidamente, ágilmente, digamos, en la medida de lo posible con los años que cargamos en la espalda. Y bueno, de golpe vinieron a empujar. Empujando a personas de 70, 80 años, con lo que implica eso”. Cuenta Manuel, sin abandonar el humor que lo caracteriza, como lo confirman sus compañeras. Según pudo confirmar ANCCOM con la Defensoría del Pueblo, el accionar de las fuerzas de seguridad tuvo como saldo la fractura de la pierna de una joven que acompañaba a los manifestantes cuando los efectivos de la Policía de la Ciudad comenzaron a empujarlos. “Luego de eso, se formó un cordón policial de esquina a esquina en la Calle Santiago del Estero que impedía que la manifestación siga avanzando. Se produjeron muchas situaciones de tensión entre los militantes y la Policía porteña. Finalmente terminaron avanzando por la Avenida de Mayo y la policía por la vereda”, confirmó la mujer, quien prefirió no revelar su identidad.

El 4 de junio, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto que propone un aumento excepcional del 7,2 % en los haberes jubilatorios y eleva el bono extraordinario de $70.000 a $110.000, con actualización mensual ligada al índice de movilidad. Además, restituye la moratoria previsional para quienes no completaron 30 años de aportes. Ahora el proyecto aguarda su tratamiento en el Senado, aunque el Gobierno ya adelantó que lo vetará si se aprueba, argumentando su impacto sobre el equilibrio fiscal. “Es la continuidad de la política cruel de Milei, que se ha ensañado con los jubilados y nos lo hace sentir cada semana. El corazón de su programa económico es mantener el equilibrio fiscal a costa de los jubilados y trabajadores”, denunció Manuel Gutiérrez.

Frente al Cabildo, un camión con altoparlantes dispuesto por los empleados del Hospital Garrahan disparaba diversas consignas como un “RCP colectivo al Garrahan” o coreografías y cantitos contra el Presidente de la Nación, Javier Milei y su Ministro de Salud, Mario Lugones. “Hace dos semanas que iniciamos el reclamo y, de parte del gobierno, no nos dieron respuestas. Hoy tuvimos una reunión y ellos no se presentaron. La primera vez que fueron hicieron como que no sabían por qué estábamos reclamando, cuando todo el país lo sabía. Así que mañana nos reuniremos nuevamente todos los trabajadores del hospital para ver cómo continuamos con la lucha. Cualquier decisión la comunicaremos de manera inmediata”, cuenta Romina Cabrera, especialista en Pediatría e integrante del Área de Neonatología del hospital, además de contar con una diplomatura en Traslado Neonatal. A día de hoy, un médico pediatra del Garrahan cobra menos de $800.000 mensuales, muy por debajo de los $1.110.063 que necesita una familia tipo para no ser considerada pobre en Argentina según datos del INDEC relevados en abril del 2025.

Dentro de la pluralidad de voces que se escucharon esta tarde, se encuentra la de Juan José Luis, un trabajador eléctrico despedido de la empresa Industrias Juan F. Secco, una multinacional dedicada a la generación de energía y servicios asociados en toda América Latina. Junto a otros 36 compañeros —también cesanteados— formaba parte de un equipo especializado en energía móvil, conocido popularmente como “los bomberos de la luz”, por su rol clave en situaciones de emergencia eléctrica. Organizados en una agrupación de base que integra la Fetera (Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina), denuncian despidos direccionados como represalia por su activismo sindical y por defender la calidad del servicio que prestaban. Exigen la reincorporación y advierten que el desmantelamiento del área impacta directamente en el acceso a la energía en zonas críticas del país. “Somos los que llegábamos cuando se reventaba un transformador, cuando había una inundación o un incendio. Reconectábamos la energía y devolvíamos el servicio al pueblo o a una fábrica. Hoy ese servicio se está desmantelando, la gente sigue pagando tarifas más caras, pero ya no estamos nosotros ni el servicio que dábamos”, relata Juan José.