Esta madrugada, la Cámara de Diputados votó la media sanción de la Ley de Emergencia para las Personas con Discapacidad. Durante el día, una movilización estuvo expectante de lo que sucediera en el Congreso. Ahora viene el Senado. De todas formas, Milei anticipó su veto.
Cerca del mediodía del miércoles, familias e instituciones reclamaron frente al Congreso la sanció de la Ley.
La situación de emergencia en discapacidad es un hecho cada vez más difícil de tapar. El sector, que no es ajeno a los ajustes de la administración nacional, viene siendo uno los más golpeados y las acciones del gobierno van desde la baja de pensiones y el despido de trabajadores estatales con discapacidad hasta el desmantelamiento de la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad).
Muchas organizaciones se congregaron desde temprano en las inmediaciones del Congreso Nacional a la espera del tratamiento de la Ley de Emergencia para el sector y los resultados. Dentro del recinto, hubo quórum, los diputados comenzaron con otros temas que incluían el incremento excepcional a jubilados y pensionados y al cierre de esta edición la Ley de Emergencia seguía en espera.
El proyecto fue redactado por Daniel Arroyo e incluye la voz de diferentes sectores. Uno de los fuertes de la norma es que cambia el concepto de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral a Pensiones No Contributivas para Personas con Discapacidad y por Contexto Social. La carátula anterior marca que las personas no están preparadas para trabajar, que están fuera del sector productivo y está en sintonía con el sistema capacitista que viene denunciando las personas con discapacidad. Además, establece el pago del Salario Mínimo Vital y Móvil para las personas que se emplean en los Talleres Protegidos, que actualmente reciben por su trabajo apenas 28 mil pesos por mes.
Prestadores en discapacidad realizaron un paro y concentración el pasado jueves.
En cuanto a las pensiones, el texto aprobado establece que seguirán siendo el 70 por ciento de una jubilación mínima, actualmente en 304 mil pesos.
Liliana, mamá de Ignacio que tiene el trastorno del espectro autista, contó: “Estamos desde temprano por el proyecto de emergencia en discapacidad, por nuestros hijos, sus terapias y los prestadores. No conseguimos acompañantes, terapistas ni psicólogos por la miseria que les pagan.” A su vez, denunció que “en la Ciudad de Buenos Aires están desmantelando la educación especial. Comenzó con Larreta cerrando escuelas bajo el falso paradigma de la inclusión plena, cuando hay pibes que no pueden estar incluidos”. Agregó que “le cerraron las escuelas a los jóvenes mayores con discapacidad, los expulsaron sin acreditación de saberes cuando estuvieron 10 años en la escuela. No hay ningún espacio de formación permanente para el adulto con discapacidad, les están sacando las prestaciones que necesitan, no les pagan a los centros terapeúticos. ¿Qué va a ser de nuestros hijos?”, concluyó la madre.
Al ser consultada sobre la Ley, Laura Alcaide, de la Asamblea Discas en Lucha, manifestó que “nosotres apoyamos la Ley pero es algo paliativo”. Además destacó que “la unión de las luchas de jubilados, transfeminismos, el sector de ciencia, el Garrahan, implica una lectura política global de coyuntura sobre lo que está sucediendo, vamos a levantar nuestras banderas al lado del resto”.
Desde el colectivo de discapacidad, la abogada Lorena Aguirre instó a seguir luchando: “Tenemos que unir fuerzas, poner nuestras corporalidades en las calles, hay que ocupar el territorio, alzar la voz y seguir dando batalla. La Ley es un punto de partida, podemos ir por más”.
Luis Mariano Sucher, uno de los despedidos del Hospital Posadas.
Un sistema no capacitista
El jueves 29 de mayo se unieron en el Congreso diferentes áreas del sector de discapacidad. La Jornada Federal de Lucha reunió a más de cinco mil personas y se realizaron movilizaciones en todo el país en el marco del paro de 5 días de los prestadores de servicios. “Fue un paro histórico surgido desde las bases, que unió a todo el sector, es algo que sólo este gobierno logró”, resumió Alcaide.
Sin embargo, también denunció: “Cuando se une el sector prevalece la voz de otres. Les prestadores luchan por su sueldo, lo cual está perfecto, yo lucho por el sueldo de les trabajadores, las familias luchan por lo que implica cuidar a una persona con discapacidad, pero ninguno habla sobre la verdadera autonomía de las personas con discapacidad, sobre el derecho al trabajo y a la participación política”. Además agregó que “las personas con discapacidad no se sienten convocadas a luchar”, que están “vulnerabilizadas por un gobierno en el encierro y doblegadas a una condición de inferioridad”, sentenció la referente del colectivo disca.
Alcaide concluyó: “En este sistema capacitista somos ciudadanos de segunda porque la gente que dice defender nuestros derechos también nos invisibiliza”.
Cuentas pendientes
Si bien los sectores implicados destacan que el proyecto de ley reconoce la emergencia del área de discapacidad, aún queda mucho por hacer. El acceso al trabajo y a la participación política son las dos grandes deudas que tiene el estado con las personas de este colectivo. Al respecto, Laura Alcaide afirmó: “Sin participación política de las personas con discapacidad no se pueden elaborar políticas públicas que sean acordes con la necesidades de las personas usuarias”.
La discapacidad no es sólo pensiones y terapias. Alcaide enfatizó: “Les discas exigimos mucho más que eso, y lo primero es la autonomía. Para eso necesitamos tener acceso al trabajo”. La integrante de la Asamblea Discas en Lucha contó que “el 90 por ciento de discas está desempleado, si lo comparamos con el 40 por ciento de desocupación general, ¿cuál es la brecha?”. El 10 por ciento restante está bajo el empleo protegido y cobran 28 mil pesos por mes, otros están empleados en el Estado que no cumple el 4 por ciento del cupo que debería ser garantizado.
En el abordaje global también son las prestaciones las que garantizan la autonomía. “Tener un sistema de apoyo con profesionales que aborden nuestras corporalidades de manera interseccional e interdisciplinaria es lo que estamos necesitando para tener una vida digna. Que quede claro, no estamos exigiendo una Ley de Emergencia lo que exigimos es una vida digna”, sentenció Alcaide.
