El Gobierno nacional publicó un decreto que endurece el régimen migratorio: mayores requisitos para radicarse en el país y aranceles a la salud y educación, entre otras modificaciones.
El 29 de mayo se publicó en el Boletín Oficial el decreto 366/2025, que modifica el régimen migratorio vigente desde la aprobación de la Ley 25.871 en 2004. La reforma no resultó del todo sorpresiva ya que había sido anticipada por el presidente Javier Milei durante su discurso de apertura de sesiones del Congreso el pasado 1° de marzo. Luego, había sido ratificada el 14 de mayo por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en plena campaña electoral como candidato a legislador porteño.
Ana Miraccelli, socióloga especialista en migraciones, compartió su postura sobre cómo la migración se ha convertido en eje de campaña: ‘’Plantear una reforma migratoria más dura en ese momento es leído como algo que da votos. La mayoría de la población debe estar a favor de este tipo de medidas. Es parte de la batalla cultural, es parte de una manera de insertarse en el discurso de las derechas autoritarias del mundo, en donde el tema de la migración está en el centro. Adorni, empiezan diciendo: ´este país que fue construido con el aporte migrante, los buenos migrantes´. Efectivamente establece una diferencia moral entre los migrantes del bien y los migrantes del mal. También porque tienen mucho apoyo de la población venezolana, entonces tienen que hacer estas sutilezas. Con Milei se corre el límite de lo decible y lo no decible. En Argentina hay dos cosas: una xenofobia típicamente argentina, sobre todo hacia los cuerpos marrones, sobre todo hacia los pueblos originarios; y una xenofobia de las derechas globales, donde tienen un discurso mucho más de esta idea del enemigo interno, que el migrante viene a socavar la identidad nacional”.
Los cambios más importantes que introduce esta nueva legislación son imponer mayores requisitos en el ingreso al país y para obtener la nacionalización, modificaciones en los procesos de deportación y el arancelamiento de las prestaciones de salud y educación pública superior para aquellos migrantes que no cuenten con residencia permanente. El DNU argumenta estas medidas como una solución que ‘’permitirá una mejor utilización de los recursos públicos que, en lugar de destinarse a financiar la educación y la salud de los extranjeros que no prevén permanecer en nuestro territorio una vez completados sus estudios, se utilicen en mejorar la vida de los contribuyentes’’.
El gobierno argumenta que la nueva legislación es el medio para solventar los problemas de financiamiento que atraviesan las universidades y los centros de salud, sin poner en riesgo el equilibrio fiscal. Es decir que responsabiliza a los migrantes de ser los causantes del deterioro de los servicios públicos, a pesar de que los grandes reclamos que se realizan desde educación y salud son por el desfinanciamiento de los sectores mediante la pérdida del salario real y el congelamiento o recortes presupuestarios.
Miraccelli observa que el decreto se basa en supuestos erróneos: ‘’El DNU dice que la ley vigente fomenta la migración pero la migración bajó en los últimos años. Y después son todas ideas que tienen que ver con prevenir algo que tampoco pasa, que ellos creen que puede pasar, que son nuevos riesgos que existen por la política migratoria de Estados Unidos. Entonces suponen que pueden venir personas deportadas a la Argentina y miembros de organizaciones terroristas’’. Además agrega que el DNU, ‘’construye un migrante eternamente sospechoso, alguien que viene a abusar y es responsable de las crisis del sistema de salud y educación, justamente en un momento donde hay una profunda desfinanciación. Cuando se cuenta la cantidad de estudiantes extranjeros, se incluye toda persona nacida en el extranjero. O sea, que personas que residen hace 20, 25, 30 años acá, que hicieron toda su educación en Argentina, también es contada en este número’’.
Por su parte, ANCCOM, dialogó con Natividad Obeso, miembro de la Asociación de Mujeres Migrantes y Refugiadas en Argentina, AMUMRA: ‘’Lo que esta haciendo este gobierno es de terror. Es un gobierno fascista, xenofóbico, racista. Nosotras y nosotros luchamos mucho por la Ley 25.871 a principios de los 2000 y seguiremos luchando para defenderla. Yo hace muchísimos años que vivo en este país, y amo esta tierra, esta nación, me forme y formé toda mi familia acá. Argentina es una tierra de migrantes. Lo que hay es una discriminación hacia el peruano, al boliviano, al paraguayo que los tratan de delincuentes. Es una situación muy fuerte, muy terrorífica para nuestros hermanos y hermanas. El decreto dice que hubo un aumento de la migración irregular pero no dice que desde hace meses que no imprimen DNI, que no avanzan con los trámites. En las elecciones, a muchos que hace más de diez años que vivimos acá, todavía no nos permiten votar porque no aparecemos en los padrones, por más que contamos con todos los papeles. Tampoco dice que un DNI solía costar tres mil pesos y hoy sale sesenta mil. Hay muchas trabas’’.
Esta no es la primera modificación a la ley migratoria: durante el gobierno de Mauricio Macri, en el 2017, fue modificada también mediante el DNU 70, el cual se derogó por el expresidente Alberto Fernandez, aunque ya había sido declarada inconstitucional por el Poder Judicial por no ser considerada una causa de necesidad y urgencia y vulnerar los derechos de las personas migrantes. Frente a la nueva reforma, Obeso anticipa que ‘’vamos a buscar declarar, como en el 2017, la inconstitucionalidad del DNU, porque lo es. Estamos hablando con diputados, senadores, abogados migrantes que nos ayuden y asesoren. Pero hay mucho miedo, tenemos miedo de exponer a compañeros; sabemos que si salimos a marchar tenemos que ser muchos porque si a los propios argentinos reprimen, a nosotros que no les importamos directamente, nos van a matar. Nuestra comunidad está muy dividida pero yo creo que podemos unirnos, que podemos salir adelante y luchar por nuestros derechos. Lo que yo digo es que no necesitamos cabezas, necesitamos brazos, necesitamos que nos acompañen, que los medios nos escuchen’’.
La reforma migratoria se suma a los múltiples reclamos que atraviesan hoy a la Argentina. La cuestión no parece impactar en ninguno de los problemas de agenda del país: según el Censo 2022 la población migrante del país apenas representa el 4,5 por ciento de la población. ¿Será una nueva nube de humo para desviar la discussion sobre el desfinanciamiento de la salud y la educación, entre otras areas ajustadas?