Una sobreviviente de una red de trata cuenta los obstáculos que padeció a la hora de acceder al Poder Judicial. El papel de las organizaciones de ayuda y la necesidad de un Estado presente, tanto para acompañar a las víctimas como para educar y terminar con la demanda.
En Argentina, la trata de personas con fines de explotación sexual es un delito federal. Sin embargo, el recorrido judicial que enfrentan las víctimas una vez que logran salir de esa situación suele ser largo, desgastante y, muchas veces, poco reparador. A pesar de los avances normativos en materia de derechos humanos y protección a las víctimas, los tiempos legales, las trabas burocráticas y la falta de perspectiva integral generan que muchas sobrevivientes no encuentren en la justicia una respuesta a la altura del daño sufrido.
María es sobreviviente de una red de trata. Escapó hace más de diez años, pero aún no logró obtener justicia. El juicio comenzó en 2017 y, pese a haber sido identificada por el Estado como víctima y haber colaborado activamente en la causa, el proceso no avanzó como debería. “Tuve que estudiar la ley de víctimas, hacer un curso, recibirme en la universidad para entender cuáles eran mis derechos”, cuenta en diálogo con ANCCOM.
Enfrentó audiencias reprogramadas, declaraciones reiteradas y un sistema que parecía no tener en cuenta su salud mental ni su situación económica. Su causa, que involucraba denuncias por amenazas, explotación, endeudamiento forzado y violencia, terminó con una sentencia por “facilitación y promoción” de la prostitución, sin que se reconociera el delito de trata.
Si bien la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos lo garantiza, a María nadie le informó que podía contar con un abogado gratuito. “Me dijeron que actuaba el fiscal de oficio o me pagaba uno. Claramente, la plata no la tenía”, recuerda. Esa falta de información es una constante. “La gente no ejerce sus derechos porque no los conoce”, afirma.
Romina, integrante de Pibas Abolicionistas, la acompaña desde hace tiempo y resume lo que ve con frecuencia: “Las causas no se llevan como trata, sino como facilitación. Las oficinas se ofenden si una sobreviviente llama a preguntar. Las tratan mal para que se cansen, para que dejen de insistir. No es desidia: es una decisión política”.
Una de las preocupaciones principales es la falta de garantías para la seguridad de las víctimas. María sostuvo durante seis años su denuncia, sin custodia ni respaldo económico o habitacional. Declaró durante siete horas sin que siquiera le ofrecieran un vaso de agua. “¿Qué pasaba si me descomponía? A nadie le importaba”, recuerda.
El trauma, asegura, no se va solo. Requiere acompañamiento psicológico sostenido, algo que tampoco recibió por parte del Estado. Mientras tanto, su explotador recibió apenas cinco años de condena, de los cuales ya cumplió dos en prisión preventiva.
Otro punto crítico es la dimensión económica del delito. A María le ofrecieron un resarcimiento de un millón de pesos, pero esa suma ni siquiera alcanza para cubrir las deudas que su proxeneta sacó a su nombre mientras la tenía bajo su control. “El delito de trata tiene una raíz económica: te explotan para lucrar con vos. Si el Estado no restituye esos derechos patrimoniales, no hay reparación real”, explica Romina.
La ausencia de asistencia integral es una constante: sin apoyo psicológico, sin recursos económicos, sin acompañamiento judicial. “¿Con qué cara le decimos a las víctimas que vayan a la Justicia si lo que les espera son juicios eternos, condenas irrisorias y una reparación menor a un sueldo mensual promedio?”, se pregunta Romina. Y remata: “El Estado se comporta como una organización criminal”.
La falta de respeto, la burocracia y el destrato hacen que muchas sobrevivientes ni siquiera lleguen a juicio. “El mensaje que te queda es claro: no denuncies, porque si lo hacés, la vas a pasar mal”, dice María. “Y además, a un tipo que esconde personas le dan cinco años. A alguien que roba un celular, tal vez seis”.
Frente a ese panorama, el rol del acompañamiento colectivo se vuelve clave. “Aunque no seamos abogadas ni psicólogas, es el hecho de que haya alguien al lado tuyo, yendo con vos a un lugar donde seguramente te revictimicen y tengas que remover un montón de cosas”, explica Sol, también integrante de Pibas Abolicionistas. “Ese acompañamiento presencial, el saber que hay alguien pendiente de cómo estás y que te sostiene, alivia”.
Desde su militancia, también cuestiona el discurso que habla de la prostitución como una elección individual. “Es un poco neoliberal hablar de libertad de elección tan livianamente. Es desconocer todo el contexto social, histórico y político que lleva a que una mujer esté en situación de prostitución”, sostiene.
Esa mirada, dice, también invisibiliza al otro lado del sistema: los varones que pagan. “Se pone el foco en las mujeres, no en los varones que las demandan. Además, no es realista. Se construyó una visión romantizada donde la mujer prostituida elige, tiene agencia, está en un circuito glamoroso. Pero cuando ves los números y conocés los casos, te das cuenta de que la mayoría está siendo explotada por uno o varios proxenetas, y que lo que viven son experiencias traumáticas”.
Sol también advierte sobre el riesgo de reglamentar la prostitución: “Si se legaliza, los proxenetas pasan a ser empleadores. Podrían enriquecerse tranquilamente con el amparo de la ley. El Estado pasaría a ser proxeneta también. Por eso no es casualidad que haya tantas campañas para legalizarla”.
Viviana es educadora y forma parte de la Convocatoria Abolicionista Federal. Desde su rol, acompaña a mujeres en situación de prostitución y advierte sobre una problemática estructural: el Estado está ausente. “Somos un país abolicionista, pero nadie lo sabe. No hay una bajada clara, no se nombra el abolicionismo, no se educa desde ahí”, denuncia en diálogo con ANCCOM.
Para Viviana, hay un mito que todavía circula y genera confusión social: “Es el de la puta inteligente, estudiante, feliz y millonaria”, subraya. Las historias que ella ve todos los días son otras: mujeres precarizadas, sin redes, sin recursos, sin asistencia. “A una víctima de trata la tienen que acompañar al menos siete personas: psicólogas, psiquiatras, asistentes sociales, gente que la defienda, que la acompañe cuando tiene que declarar. Y no hay nadie. Somos redes de mujeres las que sostenemos a estas otras mujeres”.
Ese sostén, insiste, es concreto y cotidiano: preparar un plato de comida, cuidar a sus hijos, conseguir un colchón o un abogado. “María pudo llegar al juicio porque hubo una red atrás. Una red que hace todo eso que el Estado no hace”. Porque no se trata solo de llegar a la justicia: se trata de sobrevivir mientras tanto.
“La mujer prostituida no recibe ayuda de nadie. En ningún lugar del país el Estado está dando respuestas”, afirma Viviana. Y señala que la única forma de romper con ese círculo es a través de la educación. “Yo soy educadora y sé que, si no empezamos a hablar de esto en las escuelas, no hay forma de cambiar nada. Pero llevás guías al Ministerio y ni siquiera te reciben. No hay voluntad política”.