Hay indicios de que se trató de un suicidio. Al día siguiente se conoció la sentencia que lo declaró inocente. Otros seis manifestantes fueron condenados por participar del «Chubutazo» en 2021.
Lautaro Martínez tenía 21 años y pesaba sobre él una posible condena de cuatro años cuando fue hallado sin vida en la noche del 21 de abril. Un día después, al conocerse la sentencia, resultó absuelto. La causa de su muerte aún se investiga, y el presunto suicidio es una de las hipótesis .
El pasado 22 de abril fueron condenados seis de los ocho imputados por desmanes ocurridos en diciembre de 2021 en Chubut, en el marco de una semana de protestas continuas contra la megaminería, una jornada popularmente conocida como “Chubutazo”.
La pueblada, sin precedentes para una provincia acostumbrada a luchar por los derechos ambientales, salió a las calles en diciembre de 2021 para reclamar contra la aprobación de la zonificación minera. Las protestas se extendieron durante siete días seguidos en Rawson y Trelew, y fueron respondidas con represión policial. “El Chubutazo fue sostenido por pibes de barrios pobres, con trabajos precarios”, comentó a ANCCOM Iván Marín, periodista y militante social chubutense. “Esta condena es contra la población más plebeya de Rawson porque es inminente la aprobación para la minería de uranio sobre el Río Chubut, que es nuestra única fuente de agua en la provincia”, agregó.
Más de 50 personas fueron detenidas en aquellos días, todos vecinos y vecinas que se autoconvocaron a las manifestaciones para defender su agua y su tierra. Muchos de ellos han sufrido una posterior persecución judicial. En septiembre de 2024, en una de las causas iniciadas por estos hechos fueron absueltos por falta de pruebas cuatro ciudadanos acusados de incendiar las instalaciones del diario oficialista El Chubut.
El juicio
No corrieron la misma suerte los imputados por los desmanes e incendios ocurridos en una decena de edificios públicos, entre ellos el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía de Rawson y la Casa de Gobierno. Si bien los medios y el Poder Judicial los señalaban como responsables de los incendios, sólo uno de ellos enfrentaba cargos por delitos de tal gravedad, y otros cinco fueron encontrados culpables por la jueza Eve Ponce por delitos de hurto y daños agravados.
Mauricio Naum Vargas fue condenado por “incendio en concurso real con hurto agravado” por provocar un foco ígneo en la oficina de la Procuración General usando un libro como combustible y sustraer una CPU y un monitor del lugar, por lo que la fiscalía pedirá una condena de seis años de prisión.
También fueron hallados culpables Damián Díaz y Lourdes Molina Leguiza, acusados de romper unas persianas; G.V., quien al momento de los hechos tenía 17 años, por arrojar piedras contra el frente del edificio del Tribunal Superior de Justicia y sustraer un matafuegos de la oficina de la Procuración General; Nicolás Díaz, para quien la fiscalía solicitó una pena de tres años de prisión por robar un bidón de agua; y Lucas Espinoza, por quien la fiscalía pide 20 meses de prisión, fue encontrado culpable de daño agravado por arrojar objetos y romper los vidrios de un vehículo del Área de Finanzas de la Policía de Chubut. “Es ridículo”, comentó Marín, “se te quema toda la capital y lo único que podés hacer es condenar a un pibe por robar un bidón de agua, es muy poco serio”.
Entre los dos que resultaron absueltos se encontraba Lautaro Martínez, a quien llamaban “Terri”, que habría acabado con su vida una noche antes de conocerse la sentencia. “Era un chico de escasos recursos”, comentó a ANCCOM Noelia Silva, una militante socioambiental chubutense y colaboradora de Radio Sudaca, un medio comunitario de Trelew donde también estaba Martínez. “Pesaba sobre él un pedido de condena de cuatro años, pero fue uno de los absueltos por no poder probar la responsabilidad del delito”, contó.
Esta condena resulta también intempestiva porque los imputados habían conseguido una suspensión de su juicio el año pasado a cambio de hacer trabajo comunitario para resolver sus situaciones. Sobre esto, Marín comentó que “el gobernador Ignacio Torres, junto con la Legislatura que le responde, criticaron a la jueza que les otorgó ese beneficio y plantearon que se tenía que llevar adelante el juicio”. A pesar de lo que ya había resuelto la magistrada, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut decidió ir adelante contra los imputados y el pasado martes fueron condenados seis de los ocho imputados. “Y ahora quedó demostrado que no hay ningún tipo de pruebas con ninguno y mucho menos con Lautaro”, sentenció Marín.
La información de que se trató de un posible suicidio provino de la Red de Organizaciones por los Derechos Humanos en Chubut y la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia de esa provincia. En tanto, según fuentes judiciales citadas por el diario Jornada, el joven se habría quitado la vida.
Por su parte, Florencia Gómez, fiscal jefa de Rawson, declaró que la absolución de Martínez no tuvo relación con su fallecimiento ya que “la jueza ya había firmado la sentencia absolutoria antes de conocerse la muerte”. Sobre esto, Marín comentó que «hay que tomar con pinzas estas declaraciones».
Además, Martínez, al igual que Molina Leguiza, fue detenido el pasado 10 de abril durante el proceso judicial por llegar tarde a sus respectivas audiencias. Según la gacetilla oficial del Ministerio Público Fiscal, por retrasar el debate con esas conductas. Ambos pasaron la noche en la Comisaría de Playa Unión hasta que finalmente fueron liberados al día siguiente, luego de la audiencia de alegatos finales. “Es cierto que en más de una oportunidad Lautaro ni siquiera llegó al juicio”, comentó Marín. “Son chicos de sectores muy vulnerables, algunos de estos pibes no eran conscientes de lo que estaban atravesando y no lo creían tan grave porque no tenían las herramientas para hacer una lectura de lo que les estaba pasando”.
La actuación judicial bajo la lupa
Este juicio pretendió juzgar a los responsables de los incendios de diez edificios públicos, pero sólo uno de los imputados estaba acusado por eso.
Noelia Silva acompañó a los imputados en todo el proceso judicial que duró más de dos semanas. “Es un verdadero escándalo lo que se presentó como pruebas, yo estuve asistiendo a las audiencias. Las irregularidades de la carga probatoria y los testimonios fueron cuanto menos escandalosos”, comentó.
Las condenas parecen desproporcionadas para la calidad de los delitos adjudicados. Además, la actuación del Poder Judicial pareció selectiva. La represión dejó unas 50 denuncias por violencia policial que no prosperaron, mientras que los únicos que resultaron llevados a juicio fueron los vecinos y vecinas chubutenses.
En el centro de esas causas estuvo la fiscal Florencia Gómez, protagonista del impulso de causas que distintas organizaciones sociales denunciaron como “polémicos”. Fuentes judiciales señalaron que Gómez habría dicho que este juicio habría sido potenciado por pedido del gobernador Torres, en un momento en el que se reactivan en la provincia impulsos para la explotación de uranio en el Río Chubut.
Por otra parte, resultó llamativo que todos los testigos que presentó la Fiscalía durante el juicio fueron policías y algunos bomberos, algo que la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia en Chubut resaltó que por lo menos “resulta muy sesgado”. Además, muchas de las filmaciones que se usaron como pruebas fueron obtenidas mediante efectivos infiltrados en las protestas, por lo que no debieron ser aceptadas por la Fiscalía. “Los policías llevados como testigos declararon haber sido mandados por autoridades policiales a infiltrarse en las manifestaciones de la pueblada para filmar y sacar fotos”. Muchas otras pruebas también fueron señaladas por la Defensa por haberse corrompido sus cadenas de custodia.
Cacería policial
Uno de los testimonios que encendieron las alarmas durante el juicio fue el del comisario Ramiro José Huenchul Fernández, quien se desempeñaba como segundo jefe de la Comisaría de Rawson en 2021, quien reveló que hubo un relevamiento de alrededor de 800 efectivos policiales durante las protestas. “Hasta la sentencia, mi lectura política es que el dato del juicio fue ese”, comentó Marín. “Antes de reconocer ese número, Huenchul dijo que habían 800 manifestantes. De todas maneras hubo más, pero tomando sus palabras estamos hablando de un policía por manifestante, algo nunca visto, es decir que fue una lucha cuerpo a cuerpo si fue así. Esto prueba que efectivamente hubo una cacería”.
Aunque otras estimaciones más optimistas hablan de que la movilización probablemente congregara un pico máximo de cuatro mil personas en Rawson, sigue tratándose de una represión desproporcionada. Esto representaría que hubo un policía cada cinco manifestantes, un nivel significativamente superior al normal. Para dimensionar, en movilizaciones mucho más grandes en Buenos Aires suelen participar un policía para entre 50 y 100 personas, y en partidos de fútbol de alto riesgo, la proporción ronda entre uno cada 40 o 60 asistentes.
Este despliegue se vuelve aún más llamativo si se considera el contexto geográfico y demográfico, ya que Rawson es una ciudad pequeña, y la represión se desarrolló en un radio no mayor a 15 cuadras del centro cívico. Se trató de una concentración acotada territorialmente en una capital provincial de escala reducida, lo cual refuerza la percepción de una respuesta estatal desproporcionada frente a una protesta localizada. “Fue una cacería monumental”, declaró Marín y agregó: “Nosotros sabíamos que habían muchos policías pero hasta el juicio no sabíamos la cantidad, y aún así el pueblo resistió”.
El desborde represivo pretendía generar miedo en la ciudadanía y, sin embargo, no lo consiguió, sino que empujó a los manifestantes a seguir copando las calles hasta dar vuelta aquella Ley de Rezonificación Minera que terminó derogada.
Criminalización de la protesta
Este hecho marca nuevamente la persecución judicial que criminaliza las protestas en Chubut y en otras partes del sur argentino. Con un contexto provincial que busca seguir impulsando la megaminería contaminante y un gobierno nacional que avala este tipo de actividades, estas operaciones judiciales no resultan indiferentes al pueblo que sigue manifestándose. “Acá hay una campaña de acusar sin pruebas y estigmatizar en todos los medios de comunicación a los que protestan”, sentenció Marín. “No importa si sos culpable o no, porque a los ojos de la mayoría ya lo sos cuando aparecés en todos los diarios”.