Resistencia al punitivismo disfrazado de seguridad: ¿Qué está pasando en los servicios penitenciarios federales tras las resolución de Patricia Bullrich?
En el Centro Universitario de Devoto estudian alrededor de 300 personas. Foto: Archivo TELAM, 2023.
El Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Patricia Bullrich prohibió mediante la resolución 372/2025 la existencia de centros de estudiantes dentro de unidades carcelarias del Servicio Penitenciario Federal. La disposición también impide la permanencia de personas privadas de su libertad en espacios de estudio fuera del horario de clases.
El argumento por parte de la ministra indica que estas actividades impiden el buen funcionamiento del sistema carcelario, irrumpen en la seguridad del servicio penitenciario y obstruyen la realización de trabajos de limpieza no remunerados por parte de los estudiantes privados de su libertad. Esta resolución marca un giro en las políticas de reinserción social al restringir espacios de organización y participación educativa en contextos de encierro.
En este sentido, Yrene, estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires, cuenta su experiencia sobre la contención que significa estudiar en contextos de encierro: “Yo creo que nosotros nos insertamos adentro, no afuera. Adentro nosotros hacemos grupo de estudio, nos empoderamos, cuidamos el lugar. Nosotros nos insertamos ahí, porque las herramientas poderosas son los estudios, la educación. La herramienta más poderosa es el programa UBA XXII, que pensó en todes. Desde ahí nos articulamos, desde ahí nos paramos.” La estudiante comenzó la carrera de Sociología en contexto de encierro. Cuando salió en libertad, comenzó la carrera de Trabajo Social. El caso de Yrene ilustra con claridad como el acceso a la educación en contextos de encierro puede ser una herramienta fundamental para lograr la reinserción social.
También recuerda lo difícil de la reinserción cuando se recupera la libertad y se llega a un sistema totalmente desconocido: “Es como que te entran a un callejón en oscuridad y vos tratas de, a lo ciego, ver, encontrar la salida. Imagínate, tenés que insertarte en un sistema de nuevo. Uno está vulnerable, no sabe si preguntar, si te están mirando, si tenés acá el letrero de la detención, y que te miren a tus compañeros. Es como que te haces una idea fantasma dentro de vos”.
Sobre la medida plateada por Bullrich, Yrene analizó: “lo que ella quiere es individualizarnos para cortar, romper el poder que tenemos nosotros de empoderarnos con los estudios, y de agruparnos. Tiene miedo de que nosotros tengamos más conocimiento intelectual de organización, porque no nos estamos organizando por algo negativo, nos estamos organizando por algo positivo, para formarnos como futuros profesionales”.
Pablo, estudiante en contexto de encierro del Centro Universitario de Ezeiza, indica que esta situación ha pegado muy fuerte en la comunidad de estudiantes privados de su libertad, ya que se traduce en prohibiciones al acceso a la educación, falta de garantías constitucionales y restricción de lo establecido en los objetivos de la ejecución de una pena impuesta: “Nos preocupa porque el daño es actual y se traduce a un daño futuro. Las personas privadas de su libertad que pasan por los centros de estudiantes prácticamente no reinciden, cambian sus vidas y maneras de pensar, ven en el estudio una oportunidad para nunca más un robo, nunca más un asesinato en ocasión de robo, nunca más comercialización de estupefacientes y otros delitos que se dan dentro del marco de las necesidades económicas de los sujetos y de los grupos sociales de bajos recursos y sin oportunidades laborales. Nos preocupa el gran daño que está ocasionando a toda la sociedad. No son solo discursos y acciones irresponsables para un público determinado que no entiende las consecuencias que traerá esta medida. Lo decimos por la sociedad en general y también por nosotros y nuestras familias que son trabajadoras y nuestros hijos, expuestos a que alguien los mate por robarle un celular”.
Lucas Belfiore, profesor de Diseño Gráfico en el Centro Universitario de Devoto apunta sobre la importancia de los centros de estudiantes en contexto de encierro: “Lo que ocurre es que no hay trabajadores de la UBA que se encarguen de la parte administrativa en las carreras en contexto de encierro. Tampoco el servicio penitenciario lo realiza. Quienes se encargan son justamente los centros de estudiantes de cumplir con esas funciones. Por eso es que la resolución es tan dañina. El centro de estudiantes tiene una función diferente a la que tiene afuera. Afuera te orientarían como estudiante. Adentro, se encargan de gestionar todo lo que ocurra: el uso de los espacios, que puedan ingresar los docentes con las autorizaciones adecuadas, crear las listas de personas para que bajen”.
Todas estas tareas que ahora son realizadas por el centro de estudiantes pasarían a estar en manos del Servicio Penitenciario Federal. Lucas indica que sería como vaciarlo, ya que las actividades serían realizadas por personas que no saben cómo hacerlo correctamente, no tienen el personal suficiente ni la vocación para llevarlo a cabo. “Nosotros nos comprometimos a dar clases en un espacio seguro, donde supuestamente la policía no puede entrar. Eso para mí es importante a la hora de decidir donde dar clase”, expresó el docente.
La medida afecta las cárceles del Servicio Penitenciario federal, que son 15 establecimientos a lo largo de todo el país, los cuales no todos tienen centros de estudiantes. Entre los que sí contienen se encuentran la Unidad 2 de Devoto, la Unidad 8 de Los Hornos, la Unidad 32 de Florencio Varela y la Unidad 19 de Ezeiza.
En respuesta a la resolución presentada por la Ministra de Seguridad, el magistrado Mariano Iturralde hizo lugar de manera parcial a un recurso de habeas corpus presentado por la Procuración Penitenciaria de la Nación en oposición a la medida. Se dispuso que las personas privadas de su libertad que cursan sus estudios en el Servicio Penitenciario Federal “deberán ser habilitadas a permanecer en dichos centros educativos, durante el tiempo que resulte necesario para el estudio autónomo y demás actividades extracurriculares propias de su formación académica”.
Esta disposición por parte de la justicia pone freno y límite en el avance contra los derechos humanos y las políticas de inclusión. Igualmente, se sigue vulnerando el derecho a la organización, la educación y la participación política de las personas privadas de su libertad. El desguace y el desmantelamiento de uno de los pocos espacios que promueven la reinserción social en las cárceles es realmente preocupante.
La situación en el CUE es compleja. Pablo afirma que es aún más grave de lo visibilizado. “Muchos de los estudiantes en horarios que no cursan realizaban actividades laborales de producción, mantenimiento y mayordomía, todo por un salario de $70.000 mensuales con aportes jubilatorios. La semana pasada se echaron a más de 600 trabajadores en la cárcel de Ezeiza y el Ministerio pretende que los mismos continúen trabajando gratis, la mayoría utilizaba el dinero para costear el viaje mensual a visitarlo de sus familias, otros le trasferían ese dinero para ayudar a sus familias de bajos recursos, otros compraban comida.”
Además de la falta de derechos laborales, las trabas para estudiar y las políticas en detrimento de los derechos humanos, Pablo indica que la situación dentro de la cárcel es muchísimo más compleja de lo que se expone: corrupción y violencia institucional, falta de elementos de higiene, poca atención médica, alimentación escasa, ropa y abrigos insuficientes. “No se entregan más frazadas ni sábanas, ni ningún tipo de ropa, se redujo la provisión de comida a la mitad, basada en arroz blanco, polenta, fideos y en algunos casos una vez por día. Hay un solo médico para 2000 personas privadas de su libertad, los odontólogos no atienden por falta de insumos, los traslados a hospitales extramuros programados se suspenden por falta de combustible. Ha aumentado la mortalidad por falta de atención médica, sobre todo en el caso de adultos mayores. La violencia institucional tambien ha aumentado, dado los bajos salarios y el descontento del personal del Servicio Penitenciario Federal, lo que además generó un aumento de la corrupción”.
También peligran las propuestas de enseñanza: el taller de Diseño Gráfico que dicta Lucas es extracurricular y, como docente, expresó su preocupación por la posible desaparición del espacio: “Estos son los que están corriendo mayor riesgo de cierre porque es lo primero que atacan, los talleres. Son en este momento 1.600 personas en Devoto, de las cuales las que participarán en el centro universitario serán unas 300, diría. Nosotros arrancamos el cuatrimestre hace tres semanas y durante todo ese tiempo tuvimos entre 15 y 20 estudiantes. El día jueves de esta semana, habían venido tres.” El docente cuenta cómo los estudiantes viven la situación desde dentro. Menciona el concepto de ruidazo, que es la manera en que los presos deciden llamar a sus manifestaciones dentro de la cárcel. “Se lo vendió como un motín pero en realidad ellos siempre me dijeron que eso es un ruidazo, una batucada. No es un motín, es una protesta que yo considero que es legítima”.
La resolución 372/2025 no solo representa un retroceso en materia de derechos humanos, sino también un intento deliberado por desarticular espacios de organización dentro de las cárceles. La educación en contextos de encierro ha demostrado ser una de las herramientas más efectivas para la reducción de la reincidencia.
“Ayudamos a soñar con una mejor vida, una segunda oportunidad, la posibilidad de poder obtener un título universitario y ser seguramente el primero en la familia, recuperar proyectos de vida, tener esperanza, y saber que cuando uno se esfuerza tiene resultados, todo ello teniendo en cuenta que la mayoría de les estudiantes privados de la libertad provienen de hogares muy humildes, donde la palabra ‘oportunidad’ brilla por su ausencia”, concluye Pablo.
Detrás de cada testimonio, como el de Yrene, Pablo o Lucas, hay una red que lucha por mantener viva la dignidad en medio del encierro. El desmantelamiento de estos espacios vulnera derechos, profundiza la exclusión social de quienes ya han sido marginados por el sistema y responde a una lógica punitivista disfrazada de seguridad. Atacar a los centros de estudiantes es atacar la posibilidad de transformar la cárcel en un lugar de reinserción y no solo de castigo.