Tres policías de la Bonaerense, imputados por delitos de tortura y falsedad ideológica, en una comisaría de Ensenada, fueron detenidos.
Comisaria Ensenada 2da de Punta Lara.
El Juzgado de Garantías número 2 de La Plata ordenó la detención de tres policías de la Bonaerense imputados por los delitos de tortura y falsedad ideológica, por un hecho que sucedió en octubre del año pasado.
Esta resolución significa un importante precedente para la lucha contra la violencia institucional y las torturas que ocurren dentro de los destacamentos policiales de la Provincia de Buenos Aires. El pasado 28 de marzo, se ordenó la detención de Adriana Cecilia Ponce, Leandro Ignacio Altamiranda y Ángel Daniel Barrientos, quienes participaron en un hecho de tortura con abuso sexual que ocurrió en octubre en la Comisaría 2° de Ensenada.
Desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), afirmaron que “estos hechos se reiteran en otras comisarías bonaerenses donde se continúan alojando regularmente personas de manera ilegal y muestran las graves violaciones de derechos humanos que la policía despliega cotidianamente en los territorios”.
En la madrugada del 21 de octubre de 2024, un grupo de personas que estaban privadas de su libertad realizaron un reclamo a las autoridades de esta comisaría en Ensenada. El conflicto, que inició como un altercado verbal fue escalando y la reacción de los efectivos de esta dependencia fue ingresar al sector de calabozos con escopetas cargadas con postas de goma y arremeter violentamente contra los reclusos.
En diálogo con ANCCOM, Rodrigo Pomares, abogado de la CPM que interviene en la causa, narró los hechos. “A nosotros nos van llegando noticias de una situación que ocurrió en la dependencia de la comisaría número 2 de Ensenada, y recibimos una denuncia proveniente del sector de Derechos Humanos del municipio, que había tomado conocimiento de los hechos a través de las personas detenidas que denunciaron haber sufrido torturas”.
Una de terror
Pomares es Coordinador del área de Justicia y Seguridad de la Comisión Provincial por la Memoria, que se encarga, entre otras cosas, de monitorear las dependencias policiales de la Provincia de Buenos Aires para prevenir los hechos de tortura y mal uso de la fuerza, y acompañar en las denuncias de estos hechos. Este equipo fue contactado por familiares de las víctimas y por autoridades del municipio que fueron alertados de la situación apenas ocurrieron los hechos.
Un pequeño foco de incendio producido durante el altercado provocó la participación de un grupo de bomberos que apaciguó la situación y dejó una manguera a presión en el lugar de forma preventiva. “Con esa manguera, el personal policial, bajo las órdenes de la titular de la dependencia, la señora Adriana Ponce, comenzó a agredir a los detenidos con chorros de agua fría muy fuertes, mojando toda la celda”, comentó Pomares. En esas condiciones, es que el personal policial se dispuso a tirar gas lacrimógeno y a cortar el suministro de electricidad.
A oscuras, mojados, y expuestos a las balas de goma y el gas lacrimógeno, los reclusos quedaron en una situación de extrema vulnerabilidad. Algunos de ellos incluso se desmayaron por esos actos violentos del personal policial.
Más tarde, y con el respaldo de un grupo de apoyo que se había presentado en el lugar, dieron la orden a las víctimas de salir del sector de calabozos para ser llevados a otro lugar, supuestamente para dialogar y resolver el conflicto.
“Cuando las personas empezaron a salir, los hicieron pasar entre hileras de policías ubicados a ambos lados y comenzaron a ser agredidos con bastones, patadas y trompadas”, declaró Pomares. Ese fue el primer hecho de agresiones físicas directas. Esta es una práctica de tortura conocida como «puente chino».
Los reclusos fueron trasladados a dos oficinas en el calabozo de contraventores y un lugar anexo. Allí recibieron una nueva secuencia de torturas, que incluyó amenazas verbales, psicológicas y de índole sexual. Fueron obligados a desnudarse, les sujetaron las manos por detrás de la espalda con precintos y los colocaron boca abajo, encimados unos sobre otros. Algunos fueron forzados a besar las partes íntimas de otros detenidos e incluso les acercaron tonfas policiales a sus zonas íntimas mientras los amenazaban con accederlos sexualmente con las mismas. Alrededor de las seis de la mañana, los hicieron regresar a los calabozos, desnudos y con sus pertenencias mojadas.
“Estos hechos tuvieron la participación directa de la titular Adriana Ponce; Ángel Barrientos, segundo jefe de la dependencia policial; y una gran cantidad de policías”, contó Pomares. Hasta el momento, la causa tiene tres imputados detenidos, el tercero es Leandro Altamiranda, quien era el imaginaria encargado del calabozo.
Tras tomar conocimiento de los hechos los equipos de la CPM, en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, se hicieron presentes en la comisaría, entrevistaron a los detenidos, y realizaron un primer informe técnico que acompañó la denuncia penal por torturas.
La Comisión hizo la denuncia penal y comenzaron las investigaciones, en las que se recibieron los testimonios de todas las personas privadas de su libertad. Los relatos fueron muy precisos, describiendo tanto las agresiones sufridas, como a quienes las ejercieron, y también detallando la afectación psicológica y emocional sufrida. Esto motivó la realización de pericias psicológicas, que confirmaron la existencia de estrés postraumático en los afectados. También se realizaron pericias médicas, que constataron múltiples lesiones, algunas de ellas muy graves; en algunos casos, fracturas de costillas que requirieron intervención médica.
Otras pruebas recolectadas, como los registros de la dependencia, aportaron evidencias de los perdigones de goma utilizados por el personal policial. Además, las imágenes de las cámaras de seguridad del municipio confirmaron el ingreso y egreso tanto de Ponce como de Barrientos y Altamiranda en el lugar.
Posteriormente, se avanzó en las imputaciones y en el pedido de detención, que finalmente se realizó el pasado 28 de marzo bajo los cargos de tortura y falsedad ideológica. Este último tiene que ver con que, una vez concluidos los hechos narrados, el personal policial quiso obligar a los detenidos a firmar un acta en la que se afirmaba falsamente que se había tratado de un conflicto entre ellos mismos y que eso había provocado la intervención policial.
Un patrón de violencia
Uno de los efectivos policiales imputados, Ángel Daniel Barrientos, quien se encontraba en el momento de los hechos ejerciendo como segundo al mando en la comisaría, ya se encontraba detenido desde diciembre por un hecho similar en el que participó en marzo de 2018 en la Comisaría 4ta de Berisso.
Este hecho muestra a las claras la inacción de las entidades administrativas para tomar medidas cautelares cuando este tipo de hechos ocurren, ya que se trata de funcionarios públicos que desempeñan un rol con una elevada responsabilidad porque manipulan armas y tienen la facultad de detener personas. Sobre esto, Pomares contó que desde la CPM, “consideramos que el temperamento tiene que ser mucho menos sensible a la hora de tomar estas medidas cautelares para que un policía que está siendo denunciado salga de sus funciones hasta tanto se resuelva su situación”.
Barrientos fue condenado por los delitos de severidades, vejaciones y falsedad ideológica de instrumento público, por graves abusos y humillaciones cometidos durante una requisa en una seccional de Berisso. Esta persona ya tenía una causa pendiente al momento de los hechos y sin embargo seguía ejerciendo su rol de funcionario y, bajo su tutela, ocurrió este nuevo hecho de gravedad.
“Por eso también denunciamos la inacción de algunos organismos que debieron haber tomado medidas, ya que Barrientos tendría que haber sido separado de sus funciones hasta la resolución del juicio”, declaró Pomares.
No es un hecho aislado
Lamentablemente, las torturas dentro de dependencias policiales son una práctica habitual. La CPM, como ente de prevención y monitoreo, se ha encargado en los últimos años de acercarse y denunciar este tipo de hechos que ocurren de forma mucho más recurrente de lo que se desearía.
Existen casos que la CPM se ha encargado de seguir, como el de la Comisaría 3° de La Tablada donde, después de varios años de trámite judicial, catorce policías fueron condenados por hechos de abusos y torturas hacia mujeres y personas trans. Otro caso, cuyo juicio fue aplazado en las últimas semanas, fue el de la Comisaría de Domselaar, donde se dieron hechos de tortura y vejaciones físicas que ocurrieron entre 2015 y 2016. O el de la Comisaría 3° de Pergamino, donde la CPM denunció hechos de torturas mediante el pasaje de corriente eléctrica.
Existen muchos otros hechos que no llegan a juicio o ni siquiera son denunciados por las víctimas por temor a posibles represalias. “La tortura es una práctica regular y sistemática, y existen numerosas causas que se archivan o desestiman por la responsabilidad de la investigación judicial y fiscal”, declaró Pomares.
Las comisarías debieran ser un lugar transitorio para personas con causas pendientes, sin embargo, debido a la sobrepoblación del sistema penal, muchas de ellas se han convertido en lugares de alojamiento. Esto muchas veces propicia dinámicas dentro de estas dependencias que no debieran ocurrir, situaciones de maltratos por parte del personal policial y lugares que no están correctamente acondicionados para el alojamiento permanente: no tienen patios, sectores de esparcimiento o sitios para recibir visitas. Son lugares muy deteriorados y esa es una denuncia que se viene haciendo hace muchos años. “El gran problema del sistema penal de la provincia es que ingresan muchas más personas de las que pueden albergar”, comentó Pomares.