Liberaron a dos activistas detenidos por protestar en contra de la megaminería en Mendoza.
Los ambientalistas Federico Soria y Mauricio Cornejo fueron liberados el jueves 3 en el Polo Judicial de Mendoza, luego de haber sido detenidos por manifestarse en contra de la minería a cielo abierto en la zona. Ambos integran la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata y están acusados de terrorismo y amenazas tras incidentes ocurridos en la apertura de una oficina de la Cámara de Proveedores Mineros en esa ciudad.
La jueza Claudia Tula ordenó que la causa sea elevada a la justicia federal debido a la incompetencia del fuero provincial, y resolvió la liberación de los imputados.
El fiscal Juan Manuel Sánchez había pedido la prisión preventiva de Soria, quien estuvo hasta ayer en la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Es.Tra.Da). Cornejo ya había sido detenido en febrero, pero desde el 19 de marzo se encontraba en prisión domiciliaria.
“Tiene que resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo cual la causa queda empantanada y no sabemos cuándo se va a volver a retomar”, informó el activista ambientalista, ahora en libertad condicional bajo fianza, a través de un video publicado en redes sociales. Tanto Soria como Cornejo fueron denunciados por Edgardo Vera por supuestas amenazas a él y a su familia. El comerciante y representante de la Cámara fue atacado en una manifestación antiminera espontánea realizada el 24 de enero y sufrió el intento de incendio de su local. El mismo día, dos personas fueron detenidas por los actos de violencia. Sin embargo, Vera luego apuntó a los dos referentes de la Asamblea de Uspallata.
A las acusaciones de amenazas se agregó la calificación legal de la protesta como terrorismo, tomando el artículo 213 bis del Código Penal, que establece “una pena por integrar una agrupación temporal o permanente que tenga por su objetivo imponer la ideología por la fuerza o el terror”, según la explicación de Marcelo Romano, abogado y ambientalista. “Esto es inédito. La figura de este artículo no tiene antecedentes en la provincia de Mendoza y solo fue aplicada a nivel nacional en la dictadura del ‘76.” , afirmó el abogado defensor de Soria, Alfredo Guevara. “No somos terroristas los que defendemos el agua”, clamó a través de un megáfono Romano en las afueras del Polo Judicial. “Se cayó la farsa del Ministerio Público Fiscal”, agregó en un video publicado en su perfil de Instagram, minutos después de la liberación.
Historial criminalizador
Sin embargo, la criminalización de la protesta no comenzó en enero de este año, sino que “es una práctica común y corriente desde que asumió Alfredo Cornejo como gobernador en diciembre del 2015. Nosotros tenemos más de 300 imputados por participar en manifestaciones públicas”, según explicó Guevara.
La manifestación en la que Vera fue atacado se dio en el contexto del rechazo al proyecto de la minera San Jorge, perteneciente al grupo Solway, para la extracción de cobre en la localidad de Uspallata. Los disturbios iniciaron con la llegada de columnas de la UOCRA, a favor de la minería. Los asambleístas allí presentes denunciaron ataques de parte de estas personas y uno de ellos, Flavio González, resultó herido. Los responsables de ese ataque y los sufridos por Vera fueron identificados en el acto y se abrieron los expedientes correspondientes, pero estos no avanzaron. El intento de incendio sería producto de una “rencilla vieja” con otro comerciante que no pertenece a la Asamblea por el Agua, de acuerdo a las declaraciones de González en MDZ Radio. Un día después, el 25 de enero, Soria y Cornejo son denunciados.
“Se han presentado los chats privados, los chats del grupo, de la Asamblea, donde tanto Federico Soria como Mauricio Cornejo de ninguna manera convocan o se puede inferir que tienen algo que ver con los hechos de violencia. Estas pruebas acreditan que los señores que cometieron estos actos de violencia el 24 de enero, el intento de incendio y el que golpeó a Vera, no forman parte de la Asamblea de Uspallata.”, afirmó Alfredo Guevara en diálogo con Anccom.
El proyecto San Jorge afectaría no solo el acceso al agua potable de la población, sino también la calidad de la misma y la posibilidad de generar empleo en la región, ya que la falta de agua impacta sobre la actividad agrícola en general y vitivinícola en particular. “Venimos de fuertes sequías y la minería metalífera requiere millones de litros de agua. Además, sabemos que este tipo de actividad requiere químicos como el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico, que son altamente contaminantes para los ríos. El otro punto que nos preocupa es el desarrollo sustentable, que sea con inclusión y no hipotecando el futuro de las próximas generaciones ”, explicó Jorge Difonso, diputado provincial de Mendoza.
Este avance sobre los recursos naturales en la zona sucede en el contexto de promoción de la explotación de los mismos a nivel nacional, con la implementación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Este proyecto ofrece incentivos cambiarios, fiscales y aduaneros y quita restricciones a sectores de agroindustria, minería, energía, tecnología, infraestructura, gas y petróleo. De este modo, se vulneran potencialmente áreas naturales, exponiendo al medio ambiente y a sus habitantes a la contaminación. “El RIGI no contiene en su fundamentación un análisis respecto de si las actividades productivas que incentiva realmente comprometen o no a las generaciones futuras y al goce y disfrute de un ambiente sano”, asegura un documento firmado por las Asambleas Mendocinas Por el Agua Pura (AMPAP).
En la región, la Asamblea de Vecinos propone la creación del Área Protegida Uspallata-Polvaredas, de la que Soria es autor intelectual, para asegurar la protección del ambiente y la calidad de vida de su población. “Ese es un proyecto que incluso el mismo gobierno, cuando era oposición, lo firmó y lo presentó y ahora lo niega.”, afirmó Difonso. Además, el diputado provincial entrevistado por Anccom hizo hincapié en “la impunidad que está reinando en Mendoza”, debido a la concentración de poder político y judicial en la figura del gobernador Alfredo Cornejo. De hecho, Difonso afirmó que “las dudas y preocupaciones de la población se centran en los controles de la actividad minera”, debido a la existencia de funcionarios que pasaron del cargo público a la nómina de las empresas y viceversa. La misma dinámica se dio luego de la modificación del Código Procesal Minero, a favor del sector empresarial de esta rama de la industria. Luego de su aprobación, “varios de los empresarios mineros pasaron a tomar cargos públicos. Esta práctica es moneda corriente ”, informó el diputado.
Otro caso emblemático se dio en septiembre del año pasado, cuando vertidos de petróleo en el área de Lunlunta contaminaron las aguas del río Mendoza. “YPF hizo caso omiso a esto. Y tenemos el antecedente contundente de que la Ministra de Ambiente de Mendoza era a la vez directora de YPF, es decir, ella controlaba a la empresa para la cual trabajaba”, aseguró Difonso.
Las detenciones de Soria y Cornejo se inscribieron en “un alto nivel de corrupción en la provincia”, expresó Romano. El diputado Jorge Difonso declaró que “las garantías institucionales están en juego en Mendoza”. El mismo Federico Soria llamó a los vecinos autoconvocados “a no tenerle miedo al gobierno, a sus instituciones y a sus grupos paraestatales violentos, y sobre todo a continuar defendiendo el Área Protegida Uspallata-Polvaredas, que fue la razón por la cual yo terminé preso”, a través de un video publicado en sus redes sociales horas después de su liberación. A su vez, las manifestaciones públicas en defensa del agua continúan, reflejando que la opinión pública de los mendocinos sigue estando a favor de la protección de los recursos naturales. En palabras de Marcelo Romano: “Los ciudadanos tenemos en claro que Mendoza es hija del agua”.