Organizaciones de personas con discapacidad se manifestaron frente a la Casa Rosada para protestar por el recorte de pensiones, la discriminación gubernamental y el cercenamiento de derechos.
Este lunes se llevó a cabo una gran movilización inclusiva por parte de personas con discapacidad, acompañadas por agrupaciones sociales, frente a la Casa Rosada con el objetivo de visibilizar las crecientes problemáticas de aquel colectivo en Argentina. La manifestación comenzó a las tres de la tarde y durante más de dos horas se reclamó por los recortes en prestaciones, la estigmatización, la discriminación promovidos por el Gobierno, además de los despidos masivos de las últimas semanas que sufrieron miles de trabajadores estatales que prestaban servicios a ese sector.
Al ritmo del cántico “ole ole/ole olá/ no soy idiota/che liberal/soy un sujeto con derecho a votar”, se dio comienzo a la jornada en donde se difundieron las dificultades por las que atraviesan las personas con discapacidad, sus acompañantes y familiares. Uno de los asuntos más preocupantes, subrayaron está vinculado con la educación. Sobre ese punto, Marcela Colcer, quien integra la agrupación Familias Unidas por la Educación Especial, indicó: “Venimos peleando en la ciudad porque los pibes mayores de 22 años quedaron afuera de la escuela, por una mala interpretación de la política del Gobierno de la Ciudad: va en contra de toda la normativa nacional, internacional. Peleamos por la educación pública hace mucho tiempo y la cuestión de la educación especial, es un aspecto de ella.” La resolución a la que alude Colcer impide que las personas con discapacidad mayores de 22 años asistan a las escuelas integrales de educación especial dependientes del gobierno porteño.
“Ahora también estamos ayudando a familias que han recibido una carta donde le exigen que presenten una documentación en un plazo muy pequeño –agregó-, la medida está direccionada para que les arrebaten el derecho de pensión no contributiva, un monto miserable que no alcanza para el mínimo de subsistencia. Trabajamos para los derechos que les están quitando a las familias con discapacidad, no solamente la educación”.
Por otra parte, uno de los temas que más resonaron en la jornada fue los despidos a personas con discapacidad y la impotencia ante esta problemática. Rosa Almirón, sobreviviente de poliomielitis y vicepresidenta de la Asociación Polio Postpolio Argentina (APPA), especificó el drama que viven los discapacitados: “Llega un momento en que tenés que decir ´basta a los recortes para las personas con discapacidad´. Con todos lo que nos costó conseguirlos, están pisoteando los derechos que logramos luchando a lo largo de muchos años”.
A su vez, planteó una situación muy triste sobre una de sus clientas. “Tengo un kiosco que en el gobierno de Cristina me otorgaron por la Ley 24.308 y a uno de mis clientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que tenía discapacidad, lo obligaron a renunciar. Tuvo un preinfarto y falleció. Me da mucha bronca porque esa persona a pesar de su dificultad iba todos los días a trabajar y luchar, no creo que haya nadie que lleve una estadística de las personas que están falleciendo, no solo por despidos, sino por la falta de remedios oncológicos, la falta de prestaciones, por la ayuda que se está eliminando”, exclamó.
Otro de los puntos más fuertes de la movilización fue en torno a la estigmatización y discriminación. Sergio Aguirre, padre de Fidel, un niño con autismo y parálisis cerebral, dejó muy clara su postura: “Estamos acá porque no aceptamos que nombren a nuestro hijo como ‘idiota’, ‘imbécil’ ni ‘retrasado’, son gente con capacidades diferentes. Son términos ofensivos. Se vulneran mucho los derechos, las luchas con las obras sociales para las autorizaciones de las prestaciones siempre son trabas.”
El hombre afirmó: “Queremos que se anule la Resolución 187/25 (nota del r: modifica los criterios para otorgar pensiones), donde el Gobierno analiza la situación del discapacitado sin tener en cuenta qué necesita el beneficiario, dónde vive, en qué condiciones…”
También enfrentan inconvenientes aquellos profesionales que dedican su labor al cuidado de las personas con discapacidad, como es el caso de Ailín Kupferberg, delegada de la agrupación Prestadores Precarizades, que se conformó en 2016. “Soy acompañante terapéutica y trabajo en el área de educación como maestra integradora. Nuestros salarios rondan la línea de pobreza, ni haciendo un doble módulo podemos llegar a lo que es una canasta básica; necesitamos una recomposición salarial urgente. Los aumentos son insuficientes, como acompañantes terapéuticos estamos desregulados, no cobramos a través del nomenclador nacional y los centros abonan lo que quieren”, indicó.
Como si fuera poco, plantea que la imposibilidad de un salario digno no les ha dejado otra salida que la de abandonar sus puestos de trabajo. “Estamos dejando de hacer lo que amamos y para lo que estudiamos con tanto esfuerzo. Hoy acompañamos a los compañeros discas, porque creemos en la coordinación de todas las luchas: estudiantes, jubilados y diversidades, creemos en realizar un plan de lucha conjunto para golpear a este gobierno que nos está matando”, explicó.
Varios de los manifestantes señalaron que las marchas abren puertas y que es posible llegar a una solución de la problemática en muy poco tiempo. Almirón lo indica en estos términos: “Estamos acá para visibilizar la situación y que el Gobierno comprenda que nosotros somos seres humanos y tenemos derechos. Desde siempre, cuando hay un gobierno que no cumple con algo, lo único que nos sirve es salir a la calle y decir ‘basta’”.
