Bullrich colocó el primer poste del alambrado que separará Bolivia de Salta pero al día siguiente desapareció. La excusa del narcotráfico y los verdaderos perjudicados. Los dos muertos a manos de Gendarmería.
Al mejor estilo Donald Trump, empezó la construcción del alambrado de 200 metros que pretende dividir la frontera entre Argentina y Bolivia. Tras aprobar su presupuesto, se inició esta obra en un acto que encontró a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y al gobernador de Salta Gustavo Saénz, colocando el primer poste en Aguas Blancas. La excusa es la de siempre: la lucha contra el narcotráfico y el “control de los bagayeros”, que ya se cobró la vida de dos personas a manos de la Gendarmería. Como suele suceder con las puestas en escena oficialistas, al día siguiente el poste no estaba.
El martes 4 de febrero se llevó a cabo la adjudicación de la obra que cubrirá el equivalente a dos cuadras de frontera en una de las zonas, calificadas por las autoridades, más complejas del límite con el vecino país. Sólo una empresa se presentó a la licitación, ofreciendo un presupuesto oficial de 36 millones de pesos, que serán abonados con fondos nacionales. La suma corresponde a la construcción de un vallado de casi tres metros de alto coronado con un alambre de púas de tipo gillette, el mismo que se utiliza en construcciones de alta seguridad. Muchos propietarios rurales, trabajadores de la soja y el tabaco, entre otros, se pronunciaron acerca de este presupuesto, afirmando que con ese dinero podría hacerse una vallado de excelente calidad hasta cuatro veces más largo.
En diálogo con ANCCOM, Adrián Zigarán, interventor en el municipio de Aguas Blancas comentó que “existe una suerte de vía libre en la frontera, por lo que se decidió construir un alambrado desde la terminal hacia migraciones y el río”. Dentro de esa construcción que tendrá “forma de L”, se encuentra el puesto fronterizo “Las Chalanas”, que es el paso fluvial que se pretende controlar con esta obra.
El informe oficial del Gobierno de la provincia de Salta anunció el 28 de enero la obra con el objetivo de “seguir garantizando la seguridad y el orden urbano en la frontera norte”, ya que la misma forma parte de la implementación del Plan Güemes, un esfuerzo estratégico del Ministerio de Seguridad para reforzar los controles limítrofes entre Salta y Bolivia.
Ese plan ya se cobró la vida de un bagayero, Fernando Gómez, un trabajador de frontera que fue asesinado por Gendarmería Nacional a tan sólo seis días de su implementación, como así también la del joven kolla Ivo Torres, fusilado por gendarmes el 6 de febrero.
“El plan es la lucha contra el narcotráfico y el control de los bagayeros”, afirmó Zigarán, refiriéndose a los miles de trabajadores de frontera que se dedican a introducir artículos como electrodomésticos e indumentaria al país, principal motor de la economía de todos los ciudadanos argentinos y bolivianos del lugar. “En este sector se calcula que pasa el 15% del contrabando total de la zona, mientras que el resto es transportado por gomones que salen fuera del pueblo hacia Orán, por Puerto Carina”, comentó el interventor. Todo ese caudal de productos que queda por fuera de Puerto Chalanas, no será afectado por este alambrado, y precisará de una mayor presencia militar para ser controlado.
“Tenían que realizar supuestos controles en la frontera, pero la realidad es que mientras el negocio de las drogas está al amparo del Estado, asesinaron a Fernando Gómez, un joven trabajador precarizado que, lejos de estar en una actividad criminal, transportaba mercancías para poder subsistir”, señala Planes.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se pronunció acerca de esta medida, y aseguró que se trata de un plan para ”taponar la zona por donde más droga entra”. La funcionaria le atribuye a un cerco fronterizo que cubre 200 metros de los más de 700 kilómetros de frontera la tarea de combatir contra todo el caudal del narcotráfico que ingresa al país. “Existe un plan para recuperar el control total de nuestras fronteras”, dijo Bullrich al poner el primer poste, sumando presencia militar en lugares estratégicos como Aguas Blancas y La Quiaca.
“Lo único que quieren con el Plan Güemes es justificar mayor presencia de Gendarmería en nombre de la lucha contra el narcotráfico”, comentó a ANCCOM Daniela Planes, docente de educación especial y militante socialista que acompañó a la familia de Fernando Gómez en las últimas semanas. “Tenían que realizar supuestos controles en la frontera, pero la realidad es que mientras el negocio de las drogas está al amparo del Estado por las distintas vías institucionales, asesinaron a Fernando, un joven trabajador precarizado que, lejos de estar en una actividad criminal, lo que estaba haciendo era transportar mercancías para poder subsistir”.
En esta parte del país existe un gran número de personas que no tienen otra opción más que dedicarse a esto, colgarse enormes bolsas de consorcio en la espalda y lanzarse al agua para flotar a merced del río y en horas de la madrugada, para recibir a cambio un salario que apenas les alcanza para alimentar a sus familias. “El reclamo de esta gente es tener acceso a trabajo genuino, eso no se va a resolver con un alambre”, reflexionó Daniela.
La lucha simbólica
Aguas Blancas no es ni siquiera la frontera salteña más conocida en el límite con Bolivia, hay otra mucho más grande y concurrida en el municipio de Salvador Mazza. Pero lo que sí ha suscitado esta obra es la opinión de aquellos trabajadores de frontera, bagayeros salteños y sus familias que muchos reveses vienen sufriendo por la implementación del Plan Güemes. “Yo fui el que cometió el error de haber anunciado el alambrado”, reflexionó Zigarán, “primero porque es un tema menor, nadie que tenga dos dedos de frente puede entender que un cerco de 200 metros sea para combatir el narcotráfico”. Por Puerto Chalanas se calcula que hay un caudal de entre 1.500 a 3.000 personas intentando cruzar todos los días, que saltan un pequeño muro de contención de inundaciones que se encuentra construido a la vera del río, e ingresan de forma ilegal al país por ese sector.
A partir de toda esta situación, es que el gobierno boliviano reaccionó de forma negativa, y muchos sectores políticos y culturales han acompañado el reclamo entendiendo que se trata de un hecho cargado de xenofobia por los constantes agravios que viene teniendo el gobierno salteño con el vecino país, muchos propiciados por una violenta política nacional del gobierno de Javier Milei, de aplaudir las recurrentes decisiones de obstaculizar el acceso a los hospitales e instituciones públicas de los ciudadanos bolivianos, además de perseguir a las personas de los pueblos originarios que hace cientos de años habitan la zona. Muchas de estas políticas han sido secundadas por la falta de reciprocidad que el gobierno reclama a Bolivia, la negación del acceso al combustible y los hospitales de los argentinos que visitan el vecino país.
La reacción del gobierno boliviano.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano, anunció mediante un comunicado oficial su preocupación por lo que puede significar esta medida fronteriza. Según el mismo, se trata de una medida unilateral que “puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos”. A su vez, César Siles, ministro de Justicia boliviano, declaró que esta medida estaría en contra de los tratados internacionales, y calificó el mandato del presidente Javier Milei como “vulneratorio de los principios más elementales de la convivencia pacífica” entre países. “Este comunicado al principio me dió risa y después nos preocupó”, comentó al respecto Zigarán. “La convivencia pacífica la altera el gobierno boliviano que, por su inacción, permite que nos llenen el país de cocaína”, dijo el interventor.
La realidad es que la “narcofrontera” en los últimos años se ha corrido casi 300 kilómetros en el interior del país, y ha causado estragos políticos y sociales en muchos de los municipios del norte salteño y jujeño que, así como Aguas Blancas, han necesitado de intervención gubernamental para ser reestabilizados. El mismo Zigarán ya ha ocupado ese puesto en el pasado en lugares como Salvador Mazza y Aguaray.
Un municipio intervenido
Aguas Blancas es un municipio salteño que tuvo que ser intervenido por el gobierno de la provincia en octubre pasado debido a la detención del por entonces intendente Carlos Afredo Martínez por interferencias en la investigación del homicidio de su hermano, César Martínez, enlazado con el narcotráfico. Es en ese marco que se decide intervenir el municipio y colocar a Zigarán a la cabeza del mismo. La idea de esta obra es que se construya en 60 días, para así conseguir finalizarla antes del 11 de mayo, día señalado para las elecciones provinciales que, entre otras cosas, dará lugar a que se elija finalmente un nuevo intendente para este convulso municipio.
La “narcofrontera” en el norte del país viene siendo noticia desde que Bullrich y Gendarmería Nacional tomaron la partida de implementar el Plan Güemes, una estrategia para fortalecer los controles, obstaculizar el paso ilegal y detener el narcotráfico. Pero desde su implementación, las mayores víctimas han sido los ciudadanos salteños, trabajadores de frontera de familias muy humildes que necesitan de esta economía de contrabando de productos para su subsistencia, y que lejos están muchas veces de ser, como ya los señaló la ministra Bullrich, todos narcotraficantes.
“La Gendarmería asesinó a Fernando Gómez en Aguas Blancas, la semana pasada en La Quiaca, en Jujuy, asesinaron a Ivo Torres, un jóven estudiante y trabajador de la comunidad kolla”, comentó Daniela. Se pretende reforzar la frontera para pelear con el narcotráfico, pero las consecuencias son las vidas de personas inocentes. “Lo que pone en manifiesto está política en los gobiernos provinciales y nacionales es que refuerza el racismo y la xenofobia en las fronteras bajo un falso pretexto, 200 metros de alambre no trae ninguna solución a nadie”, sentenció.