Cientos de jubilados se manifestaron frente al Congreso Nacional y en distintos puntos del país para reclamar que vuelva la gratuidad de los medicamentos y un aumento en sus haberes. También juntaron firmas para proyectos legislativos.
“Hay que construir un gran frente que derrote a Milei y posibilite construir una relación diferente con esta vergüenza de Congreso de la Nación que permite que el presidente pueda gobernar por decreto como un déspota”, manifestó Hugo Godoy, el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-Autónoma), con micrófono en mano. Se dirigía a unos cuantos jubilados, un puñado de jóvenes, algunos diputados de la oposición y referentes de sindicatos como la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que estaban concentrados sobre la Avenida Entre Ríos, en la plaza que está frente al Congreso nacional. Quienes no habían sido invitados pero estuvieron presentes de todos modos, aunque sin escudos en alto, fueron los oficiales de la Policía Federal Argentina (PFA), que formaron una hilera humana para que los manifestantes no cortaran la calle. Otro grupo de oficiales hizo lo mismo en la puerta del Congreso.
El motivo de la concentración fue el “Jubilazo Federal”, que se hizo este jueves 13 de febrero por la tarde en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en diferentes provincias del país y cuya convocatoria estuvo a cargo de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y de la CTA-Autónoma. Consistió en reunir firmas de ciudadanos de a pie para pedir al Estado una vuelta atrás a la reciente política implementada por PAMI —la obra social estatal de los jubilados—, que redujo la cantidad de afiliados que pueden acceder a la cobertura del 100% de medicamentos como Aciclovir (antiviral), Benznidazol (antiparasitario), Ceftriaxona (antibiótico) y Clobetasol (corticoide), entre otros.
Si bien el beneficio se mantiene para los afiliados con ingresos menores a una jubilación mínima y media, que no tienen una prepaga, que no cuentan con más de una propiedad a su nombre y que no posee un auto de menos de 10 años de antigüedad, lo cierto es que para acceder a la cobertura del 100% de esos medicamentos deben realizar un trámite en el sitio web de PAMI o acercarse a una de sus sucursales con el DNI más una receta médica que indique el diagnóstico y solicitar un “subsidio por razones sociales”. Para eso, los jubilados deben tener acceso a una computadora e Internet o estar en condiciones físicas de trasladarse hasta una sede.
“Hay una enorme cantidad de jubilados y jubiladas que han interrumpido sus tratamientos de alto costo. Están poniendo a ancianos y ancianas al borde de la muerte”, dijo a ANCCOM Hugo Yasky, el secretario general de la CTA, mientras detrás de él se formaba una fila no muy larga de personas que se acercaban a una mesa para dejar su firma en una lista de reclamos. “Además, hay una barrera cultural —agregó Yasky—. No todos los adultos mayores están en condiciones de llenar un formulario a través de una computadora. Son todas trabas que van poniendo premeditadamente, porque saben que, de hecho, cada formulario es un filtro”.
En determinado momento tomó el micrófono Leopoldo Moreau, diputado nacional de Unión por la Patria (UP), y dijo que “el Gobierno de Miei tiene como enemigos a los adultos mayores no solamente porque han sido objeto de un brutal ajuste sino porque además el Gobierno considera a los adultos mayores como un segmento de la sociedad prescindible o que debe ser hundido en la pobreza estructural. Nosotros vamos a acompañar esta lucha. Ya hemos presentado más de un proyecto vinculado a la necesidad de una prórroga de la moratoria previsional”.
Ese reclamo fue otro de los motivos por los que la CTA y la CTA-Autónoma realizaron el “Jubilazo Federal”. Resulta que en 2023, bajo el Gobierno de Alberto Fernández, se sancionó la Ley 27.705 —titulada “Plan de Pago de Deuda Previsional”—, que permitía que las mujeres de 60 años y los hombres de 65 que no tenían realizados los 30 años de aportes requeridos para jubilarse lo pudieran hacer a través de la compra, a un precio determinado, de los aportes que les hacían falta para completar los años solicitados por el régimen previsional. Dicha ley tiene fecha de caducidad el 23 de marzo de 2025 y el Gobierno actual anticipó que no la extenderá. “Estamos pidiendo la prórroga de la moratoria para poder transitar un tiempo que nos permita establecer este sistema, porque Argentina es un país que estructuralmente tiene una gran cantidad de trabajadores que están en negro, que no van a acceder nunca a la jubilación si no hay moratoria y que son víctimas de una anomalía social”, comentó Yasky a esta agencia.
Después del 23 de marzo de este año, quienes no tengan cumplidos los 30 años de aportes ya no accederán al plan de pagos y solamente podrán solicitar una Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de una jubilación mínima y se va actualizando según la Ley de Movilidad. “La PUAM va a ser un problema porque va a tener niveles de indigencia —advirtió Yasky—. Es el 80% ahora, pero a medida que las cuentas no les cierren, la van a ir bajando. Como este Gobierno tiene como objetivo, además, privatizar el sistema jubilatorio, sabemos que los que cobren la PUAM van a formar parte de los primeros contingentes que van a quedar absolutamente a la intemperie. Hay que pelear para que el sistema sea justo y les reconozca el derecho a jubilarse a través de la moratoria”.
Mirta Romeo, una jubilada que asistió a la jornada convocada por las dos CTA, contó a esta agencia que ella no cobra la jubilación mínima sino una superior “pero eso no quiere decir que uno no esté presente para los demás”, aseguró. Por su parte, Luciano Quiroga, otro jubilado presente, dijo que “andan diciendo que la gente se jubila sin haber aportado nunca, pero en realidad el que no aportó fue el patrón”.