Mientras arden 20.000 hectáreas de Río Negro, Chubut y Neuquén, acusaron a tres brigadistas que voluntariamente apagaban las llamas. Represión a los vecinos que se manifestaban en su solidaridad.
Cuando apenas pudieron ser controlados los incendios en Puerto Madryn, Parque Nacional Nahuel Huapi y Lanín, ahora arde la Comarca Andina. El fuego ya arrasó con más de 20.000 hectáreas en la Patagonia. En Río Negro van 8.000 en Los Manzanos y 2.700 en Mallín Ahogado, mientras que en Chubut fueron 3.500 hectáreas en Epuyén y 3.200 en Atilio Viglione. En la provincia de Neuquén, se quemaron 3.700 hectáreas del Parque Lanín. El fuego en El Bolsón comenzó en la zona del Cajón del Azul, entre los lagos Puelo y Escondido, y ante la falta de recursos para sofocarlo se expandió en pocas horas abarcando 2.000 hectáreas, lo que puso en peligro al pueblo de Mallín Ahogado. Sin embargo, la pesadilla de los pobladores, que emprenden ellos mismos el combate contra el fuego, no termina con la pérdida de sus casas y su hábitat, por estas horas están siendo acusados de haber iniciado las llamas los mismos brigadistas que intentaban apagarlas, y los vecinos que salieron a solidarizarse con ellos fueron atacados por patotas parapoliciales. Hay dos mujeres que siguen detenidas, y a uno de los presos le dictaron prisión preventiva.
“Metieron presos a tres pibes que estaban colaborando para apagar el fuego y se los llevaron como supuestos responsables de los incendios de Mallín Ahogado”, dice Soraya Maicoño, referente mapuche de El Bolsón. “Realmente la situación está cada vez más caótica, la fiscalía no atiende a nadie. Se está usando esto como excusa para hablar de terrorismo y así militarizar la Comarca Andina. Acudió mucha gente afuera de la comisaría 12 de El Bolsón, pero apareció una patota de ‘gauchos’ armados con cuchillos y palos, la policía no hizo nada, urge armar una comisión de derechos humanos, de diferentes ciudades que puedan observar lo que está pasando. Lo digo como vecina, como mapuche y como madre”, agregó. “Sí decís que el fuego fue intencional ellos lo usan a favor, y entonces mandan a quemar más todavía, como ayer (por el martes 4) incendiaron tres lugares distintos”, informó. Maicoño, quien es además locutora y titiritera, se refiere a los recientes seis focos nuevos que se iniciaron en El Guadal.
Los detenidos fueron Nicolas Heredia, Tomás Anarella y Fabián Pazos, brigadistas autoconvocados, conocidos por todos en la Comarca Andina, que estaban ayudando a apagar el incendio. Ante lo que los vecinos consideraron que es una falsa acusación muchos de ellos fueron a la comisaría a reclamar por la libertad de los tres acusados. Sin embargo, en esa manifestación espontánea aparecieron hombres con vestimenta de gauchos a caballo que arremetieron contra estas personas y lastimaron a algunas, ante la mirada pasiva de los policías.
Anarella y Pazos ya recuperaron su libertad porque no había ninguna evidencia para justificar su detención, pero para Heredia el viernes 7 se llevó a cabo una audiencia por cargos. Fue la primera vez que el abogado Rubén Marigo, de la APDH, pudo ver la causa que investiga el delito de tentativa de incendio. “La situación es muy compleja, hay una verdadera cacería de brujas, a Heredia lo acusan de un delito excarcelable pero de manera muy extraña le dieron un mes de prisión preventiva”, dijo el letrado a ANCCOM sobre la causa que impulsan los fiscales Francisco Arrién y Martín Lozada, en el juzgado de Ricardo Ganduglia. Hay otras dos mujeres detenidas en esta misma causa, alojadas en la comisaría 27 de Bariloche. “Esto se convirtió en un caso político”, sentenció Marigo.
Garantías suspendidas
“La policía se negó a intervenir, cuando comenzaron los ataques directos, donde hirieron a una compañera y nos golpearon a muchas otras, buscamos refugio dentro de la comisaría, pero nos sacaron a patadas, insultos y palazos. Nos cerraron la puerta y nos dejaron a merced de la patota”, dijo Marianela Saavedra a esta agencia. “La policía suspendió todas nuestras garantías constitucionales para que nos hicieran lo que hicieron. Los vecinos lograron sacarnos de ahí, con la excusa de que querían linchar a los acusados de los incendios”, agregó.
Diversos testimonios vinculan a la patota con un terrateniente de la zona, el empresario británico Joe Lewis, que es quién cerró el acceso público al Lago Escondido, y a la Municipalidad de El Bolsón. Victor Hugo Araneda, quien encabeza a esta patota, trabaja en el 911 policial.
Toda esta tierra arrasada por el fuego coincide con que se agregó a la Ley Bases el Artículo 517, que deroga la Ley 27.604, que prohibía la venta o cambio de uso de suelo de superficies incendiadas durante 60 años para fines agropecuarios o inmobiliarios. Además, desde el pasado 30 de diciembre, mediante el decreto presidencial 1136/2024 que modificó la Ley de Ministerios, el Sistema Nacional de Manejo del Fuego pasó a estar a cargo del Ministerio de Seguridad, dirigido por Patricia Bullrich. Ahora el Plan Nacional de Manejo del Fuego se encuentra disminuido por presupuestos devaluados e insuficientes para afrontar la crisis climática. La asistencia del Estado se limitó a dos aviones hidrantes, un helicóptero y brigadistas con contrataciones temporales, lo cual provoca que los equipos de combate no puedan concentrarse en uno de los grandes focos sin desatender al resto. A modo de ejemplo, el plan de gestión ante incendios presentado por los vecinos nunca fue tratado en la Legislatura rionegrina, y para las 65.000 hectáreas que comprende la Comarca hay solamente seis guardias medioambientales.
En su libro El colapso ecológico ya llegó (Siglo XXI, 2020), Maristella Svampa y Enrique Viale afirmaron que “el negacionismo responde a una matriz ideológica ultraliberal y conservadora, que objeta el rol regulador del Estado. (…) Desde esta perspectiva, cualquier intervención reguladora del Estado supone un atentado contra la libertad de mercado y, por ende, contra la libertad individual. No es casual que los sectores ultraconservadores defensores del libre mercado vean en el ecologismo un renacimiento del socialismo por otros medios. Las demandas de los ecologistas, que exigen al Estado la instrumentación de políticas públicas destinadas a regular las emisiones de gases de efecto invernadero, son entendidas como una nueva trampa asociada al comunismo”.
Al gobierno de Javier Milei le calza perfecto esta definición. El Ejecutivo nacional Promueve discursos de odio y acusa de “zurdo hijo de puta” a todo aquel que considere necesario el uso de políticas públicas. El gobierno también busca crear constantemente un enemigo interno a quien acusar, para el común de la sociedad. Si no es la comunidad LGBT+, son los estudiantes universitarios, los científicos, los investigadores del CONICET, los jubilados o los pueblos indígenas. Todos señalados como el virus woke. Son el árbol que el gobierno usa para tapar lo que ocurre en el bosque.
