En ella se cometió el mayor acto de terrorismo de Estado contra miembros de la Iglesia católica. La causa judicial que investiga los cinco asesinatos aún está abierta.
La parroquia San Patricio, ubicada en el barrio de Belgrano, donde se perpetró la masacre de cinco religiosos durante la última dictadura militar, fue declarada patrimonio cultural por parte de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto fue impulsado por el legislador Claudio Ferreño.
El 4 de julio de 1976, un grupo de represores ingresó a la parroquia y asesinó a los sacerdotes Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y Pedro Dufau y a los seminaristas Salvador Barbeito Doval y Emilio Barletti. Además, colocaron alrededor de los cadáveres una imagen de Mafalda señalando el “palito de abollar ideologías” de un policía, y escribieron en las paredes del templo: “Estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes” y “Por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal. Venceremos. Viva la Patria”.
“Nosotros venimos trabajando la causa en sus distintas aristas -expresó Ramiro Varela, fundador de la agrupación Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia- , y la colocación de la placa que la declara patrimonio cultural fue un acontecimiento más dentro de la construcción de la memoria. Es importante dejar huellas en el espacio público porque continúan dando testimonio de lo que aconteció, mantiene viva la llama de la memoria, pero también presiona en la búsqueda de verdad y el reclamo de justicia. A nosotros nos moviliza el reclamo de justicia, porque esta causa no es solo de la comunidad palotina, sino de toda la sociedad. Fue el mayor hecho de sangre cometido contra la Iglesia católica en Argentina, y es uno de los crímenes más resonantes que perpetró el terrorismo de Estado”. A 48 años de la masacre, la causa continúa en etapa de instrucción, sin responsables identificados ni condenados.
La causa que investiga los crímenes se inició horas después de los asesinatos, bajo la instrucción del juez Guillermo Rivarola, con la intervención del fiscal Julio César Strassera. En octubre de 1977, el caso fue cerrado a pedido del fiscal. En agosto de 1984, la causa se reabrió por solicitud de la congregación palotina, y el expediente quedó a cargo del juez Néstor Blondi. En 1986, el fiscal Aníbal Ibarra procesó a dos efectivos de la Comisaría 37 por considerarlos partícipes necesarios al liberar la zona para la masacre: al entonces comisario Rafael Fensore y al oficial principal Miguel Ángel Romano, por ese entonces jefe de calle. Sin embargo, en 1987 la medida quedó sin efecto por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y Blondi clausuró la instrucción.
La causa entró en punto muerto durante 18 años, hasta el 2005, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de las leyes que garantizaban la impunidad de los represores. En ese año, se incluyó en la Megacausa ESMA, ya que dos sobrevivientes del excentro de detención, tortura y exterminio declararon haber escuchado al represor Antonio Pernías atribuirse la masacre junto a otros miembros del grupo de tareas 3.3.2. Varela afirmó: “Para nosotros siempre fue una línea de investigación un tanto inverosímil tomando en cuenta el modus operandi. Dejar los cuerpos en el lugar no se correspondía en absoluto con la forma de operar que tenían los marinos de la ESMA, que secuestraban para extraer información, y luego los aniquilaban a través de los vuelos de la muerte u otra metodología, pero nunca ejecutaban a alguien y lo dejaban en el lugar”.
En 2005, el juez Sergio Torres, a cargo del expediente ESMA, ordenó medidas de prueba y tomó declaraciones, incluso dictó el procesamiento de 18 marinos. Sin embargo, la Cámara Federal porteña revocó los procesamientos en 2006 y 2007 por falta de mérito. Varela afirmó que Torres no terminó de avanzar porque estaba siguiendo una línea de investigación errada, y compartió: “Nosotros siempre creímos que los responsables fueron de la Policía Federal. Dos días antes de la masacre estalló una bomba en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, y cuando se produjo la masacre de San Patricio se encontraron pintadas que hacían referencia a ese hecho. El modus operandi, la fecha, las pintadas y el cuadro de Mafalda de alguna forma pueden tomarse como una suerte de firma de autor del hecho. Nosotros tenemos como más plausible la línea que apunta hacia los efectivos de la Policía Federal, o miembros no oficiales de ella que formaron parte de la estructura represiva”.
En 2022, el juez Sebastián Casanello incorporó a Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia a la causa como amicus curiae, lo que les permitió aportar información de valía y sus investigaciones al expediente. La causa pasó de Casanello a Ariel Lijo, quien tras el testimonio de un arrepentido del centro clandestino de detención de Coordinación Federal, que afirmó haber escuchado a un miembro de la patota que operaba allí atribuirse la responsabilidad del hecho, decidió deslindar su competencia sobre la masacre palotina dentro de la Megacausa ESMA. De esa forma, la causa llegó al juez Daniel Rafecas, que actualmente investiga el hecho como parte de los crímenes de Coordinación Federal, en el marco de la Megacausa del Primer Cuerpo del Ejército.
Pablo Llonto, abogado querellante de la Causa Palotinos, confirmó a ANCCOM que, hasta el día de hoy, no hay responsables identificados del grupo de tareas culpable de los asesinatos, pero sí de los partícipes necesarios, aunque no están condenados. Además, el abogado sostuvo en la Mesa de Discusión Institucional y Social que es necesario profundizar la investigación sobre los pedidos de “zona liberada” que recibían sistemáticamente las comisarías de la Policía Federal durante esa época, dado que este accionar era frecuente y estuvo presente en otros crímenes perpetrados por las fuerzas en el mismo año.
Para concluir, Varela destacó: “Si bien la causa no termina de reactivarse, estamos en la mejor posición que podríamos haber llegado a estar a lo largo de todos estos años. Tenemos mucha expectativa, no obstante le pedimos al magistrado que haya mayor celeridad en la instrucción, porque el peligro es la impunidad biológica, ya que los culpables empiezan a envejecer y mueren impunes, sin pagar por sus responsabilidades. Por eso, le pedimos a Rafecas que acelere la instrucción, cite a indagatoria a los efectivos de la Comisaría 37 que siguen vivos y que actuaron en esa dependencia policial al momento del hecho, ya que podrían tener alguna responsabilidad. Estamos a la expectativa de que parte de los responsables, al menos los que liberaron la zona, paguen por su accionar y den explicaciones en la justicia”.
