El informe “Libertad de expresión en Argentina 2024”, describe y denuncia el hostigamiento al periodismo y la discrecionalidad de la publicidad oficial en el primer año de Milei. Ataques físicos, en redes sociales y desmantelamiento del sistema público de medios y de las políticas de comunicación. Las mujeres periodistas son las más agredidas.
El lunes, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, se presentó el informe “Libertad de expresión en Argentina 2024”, realizado en conjunto por la Carrera de Ciencias de la Comunicación (UBA), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).
La presentación se realizó el día previo a que se cumpliera un año de la asunción presidencial de Javier Milei y busca ser una señal de alerta pero también un llamado a la acción colectiva. El informe comienza con un repaso por las políticas en materia comunicacional tomadas por el gobierno: el desguace, la intervención e intento de privatización de todos los medios públicos; la política de represión a la protesta social; los insultos y agresiones constantes que Milei y sus funcionarios tienen hacia periodistas; la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual; el vaciamiento del INCAA; la derogación del decreto 690/20 que regulaba el precio de los servicios TIC y las restricciones impuestas a la Ley de Acceso a la Información Pública. Partiendo desde un esquema mediático previo, atravesado por fuertes desigualdades en lo que respecta a la capacidad de la ciudadanía de acceder a información plural y de calidad y de amplificar su voz pública, las medidas del gobierno incrementaron las disparidades ya existentes.
Larisa Kejval, directora de la Carrera de Comunicación, dió inicio al encuentro relatando que desde diciembre del año pasado, a partir del Decreto 70/2023 y el proyecto de la Ley Bases, junto a un grupo de colegas comenzaron a seguir y monitorear cada uno de los anuncios, decretos, resoluciones y expresiones públicas del presidente y sus funcionarios. “Rápidamente, las medidas se nos presentaron vertiginosas. Nos encontramos con la intuición de que estábamos ante un profundo cambio de paradigma institucional y del rol del Estado en materia de comunicación y de libertad de expresión”, expresó Kejval. “Nos vimos llamados a dos tareas, por un lado acompañar la defensa de los actores de la comunicación atacados y por otro lado no dejar de hacer lo que sabemos hacer: construir conocimiento sistemático en torno a una serie de medidas que intuíamos, en su conjunto, conformaban una política de comunicación“, agregó.
La primera parte del documento se centra en el deterioro de las condiciones para el debate público y el ejercicio del periodismo, mientras que el segundo segmento pone atención en el abandono del rol del Estado como garante del derecho a la comunicación. “En las 51 páginas del informe van a encontrar un montón de datos, fechas, nombres, números de leyes y resoluciones. Una sensación que nos pasó cuando íbamos leyendo era ¿todavía hay más?, parecía que nunca terminaba”, relató Kejval. Y aseguró que lo hicieron “para sostener con datos e información precisa aquello que para muchos viene siendo una sensación, pero sobre todo como aporte para construir una articulación de actores lo suficientemente amplia, que pueda poner una señal de alerta fuerte y contundente que constituya un freno a la política de avasallamiento”.
La presentación continuó con Carla Gaudensi, secretaria general de FATPREN, quien destacó el acompañamiento de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y el trabajo conjunto entre la Carrera de Ciencias de la Comunicación, FATPREN y SiPreBA. “Eso nos permite reflejar lo que está pasando en nuestro país para que se vea internacionalmente”, dijo. Gaudensi también remarcó que el informe busca generar un registro federal de la situación. “Hay un deterioro del debate público con la llegada de Milei que se refleja en el hostigamiento y el ataque que recibimos los comunicadores. El gobierno está cercenando el derecho a la información, la ciudadanía recibe información sesgada, parcializada”, remarcó. El documento hace especial mención a las agresiones físicas que sufren los periodistas a partir del denominado “protocolo antipiquetes” que elevó la violencia y la represión policial de la protesta social. “También se reflejan las agresiones que sufrimos por poner el cuerpo, no solamente para contar la realidad, sino también para ser parte como pueblo trabajador de las manifestaciones donde la represión ha sido muy brutal”.
La sindicalista también se refirió al desmantelamiento de los medios públicos. “El silenciamiento de Telam y el ataque a los medios públicos nacionales y provinciales, muestran la necesidad del gobierno de silenciar las voces federales que son tan importantes para garantizar la soberanía informativa en nuestro país”, apuntó Gaudensi.
Asistieron a la presentación los diputados del FIT Christian Castillo, Vanina Biasi y Daniel Solano; el legisladoar de Unión por la Patria Juan Modarelli, la defensora del Público Myriam Lewin; Maru Ludueña de Agencia Presentes; Carolina Añino de Hecho en Buenos Aires, además de profesores y profesoras de la Carrera y delegados de medios de comunicación.
Poner el cuerpo
En la primera parte del informe, centrada en el deterioro del debate público y las condiciones para el ejercicio del periodismo, se enumeran alrededor de treinta casos de agresión por parte del Presidente y sus funcionarios a comunicadores. “El hostigamiento a diversos periodistas no se limitó a casos aislados ni a expresiones vertidas a través de las redes sociales. El accionar incluye comentarios y citas injuriosas a las cuales le siguen los posteos de trolls o ´patotas digitales´”, establece el texto, cuya versión impresa fue repartida a los y las presentes que colmaron el aula SG 300- Sergio Caletti, de la Facultad de Ciencias Sociales. Además, sus autores remarcaron que en algunos casos, ese hostigamiento se traduce en criminalización, como de las ocurrió con las dos personas presas por tuitear, de forma humorística, sobre las infidelidades de Gerardo Morales, Gobernador de Jujuy hasta el 2023.
Luis María Lozano, docente de la Carrera de Comunicación e investigador, fue el encargado de la producción y redacción del informe, junto con Paula Castello, quien lo editó. También participaron en la sistematización de información Alejandro Linares, Mariela Baladron, Santiago Gándara y Sebastián Ackerman, Carolina Capote, Eliana Rossi y Lara Lozzia.
“Nos encontramos con un cúmulo de información que creímos muy importante sistematizar y tratar de monitorear bajo una lógica, porque sino ese acumulado se va perdiendo. Creo que algo de ese efecto se recupera en la lectura total del informe, que se torna en un punto abrumadora”, advierte Lozano. ”La primera parte tiene que ver con el rol directo del Estado acallando voces críticas mediante la represión, con su particular impacto en los trabajadores de la comunicación pero no sólo, también a aquellas personas que toman la voz pública y deciden acercarse a una manifestación”, dijo el docente, quien recordó el caso de la niña a la que un oficial de la policía roció con gas lacrimógeno. Lozano también destacó la contribución de Periodistas Argentinas para abordar el sesgo de género en la persecución y el hostigamiento a través de las redes sociales.
El trabajo dedica un especial apartado al “Ciberacoso y tecnocensura a periodistas mujeres”. El denominado “doxeo” es una de las principales estrategias de coerción a través de las redes sociales a periodistas. “Consiste en la difusión de información personal o documentos privados con el objetivo de dañar a una persona o grupo”, define el texto, que remarca cómo esta práctica no solo amenaza el derecho a la intimidad y produce temor respecto a la integridad de las periodistas, sino que también pueden llevar a la autocensura. En septiembre de este año, la colectiva Periodistas Argentinas realizó un informe al respecto donde expresa la particular preocupación respecto a que estas acciones sean incentivadas, y en parte financiadas, por el Estado Nacional.
En tal sentido, el informe expresa que “el 80% de las periodistas censadas (en la encuesta anual del Sipreba) considera que se siente inhibida de manifestarse en redes por temor al acoso y los ataques, el mismo porcentaje expresó que temió o teme por su integridad física, y un tercio cambió de puesto de trabajo”.
El informe también trabaja sobre la situación laboral de los trabajadores de los medios, a partir de los datos obtenidos en la Encuesta Integral sobre la Situación Socioeconómica de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa del Area Metropolitana de Buenos Aires, realizada por SiPreBA. De acuerdo a la encuesta, en abril de 2024 el 76% de los trabajadores del sector cobró por debajo de la canasta básica total del INDEC, es decir, por debajo de la línea de pobreza.
Romper el Estado
La segunda parte del informe profundiza sobre el desguace y la intervención de los medios públicos, la privatización de las emisiones de los partidos de fútbol de la Selección Nacional, el cierre de la plataforma Cont.ar que impide el acceso al material de archivo, la intervención del ENACOM y de la Defensoría del Público, el desfinanciamiento del INCAA, las restricciones al pedido de acceso a la información pública, la deriva de la pauta publicitaria a través de empresas públicas o con participación mayoritaria del Estado y, por último, el ciberpatrullaje en redes sociales a partir de la creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad, que funciona en el Ministerio de Seguridad y las tareas de vigilancia masiva, la intercepción de comunicaciones privadas y la recolección de información sin control interno ni externo a través de la Agencia Federal de Ciberseguridad, que fueron habilitadas a través del Decreto 614/2024.
Diego De Charras, Vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales UBA, se pronunció respecto a cuánto influye en el accionar del gobierno su narrativa sobre la “batalla cultural”. “El gobierno construye enemigos permanentemente para llevar adelante acciones de confrontación y evidentemente tiene medido que la confrontación le reditúa en términos de popularidad. Pero esa lógica termina en lugares muy peligrosos”. En esa línea agregó que “la autocensura es un efecto sobre el cual hay que trabajar mucho, nadie quiere ser detenido en la calle sin motivo, nadie quiere recibir un tiro en el ojo. Queda mucho por hacer en esto, el hecho de enmarcar los agravios en la batalla cultural pareciera ser autolegitimante, pero no es así, no todo es válido”.
En la segunda parte de la presentación, la periodista Poli Sabatés dio lugar a un panel integrado por Claudia Acuña, de Periodistas Argentinas, Fabián Waldman de FM La Patriada, Sebastián Vricella presidente de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), y Juan Delú presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO).
Acuña comenzó instando a apreciar “lo que está pasando hoy, abajo se está recibiendo gente y aquí están la educación pública y los gremios”. La periodista se refirió al murmullo y la música de las murgas que se escuchaban en la sala, provenientes de la vereda de la Facultad donde una decena de personas festejaban su recibimiento. “Este año ha sido muy difícil para hacer periodismo”, expresó. Tras leer un comunicado acordado por su agrupación, donde se enumeran las acciones llevadas adelante por Periodistas Argentinas, como así también el hostigamiento y hasta amenazas sufridas por algunas de sus integrantes, Acuña cerró: “No tenemos miedo, no somos valientes, somos profesionales y sabemos que esto también pasará”.
Por su parte, Waldman afirmó que un gobierno que aplica el tipo de políticas que lleva adelante Javier Milei y su gabinete, necesita de la represión y de la censura a la prensa. “El gobierno viene a utilizar la represión en todos los ámbitos”, dijo el periodista. “No solamente con los palazos, también continuamente en redes sociales y a quienes trabajamos en la Casa Rosada, donde en mayor o menor medida somos todos considerados zurdos ensobrados”, agregó. Para Waldman, “indudablemente la batalla es dura, tienen todo el aparato del Estado para hacer daño y lo ejercen diariamente contra todos y cada uno de los trabajadores”. Y afirmó: “En mi caso pertenezco a un medio comunitario que se ve afectado por la pauta discrecional que va a parar a los amigos, a los verdaderos ensobrados que son los que día a día sostienen el relato del gobierno”.
En este mismo sentido, Delú declaró: “Lo de la pauta cero fue un gran engaño. Nunca las empresas descentralizadas del Estado pusieron tanta plata en los medios de comunicación, lo que puso YPF es un escándalo”. El periodista afirmó que el dinero que se ponía desde una oficina del Estado ahora se trasladó a empresas descentralizadas para hacer más dificultoso el acceso a la pauta publicitaria. “La Nación llega a dialogar con el gerente de YPF, pero FM La Lechuza de San Juan no tiene el teléfono del gerente de YPF, es imposible que llegue. Entonces los que no tienen poder de lobby quedan en el camino”. Delú consideró que el gobierno de Milei se dio una determinada política comunicacional. “Mientras nosotros nos la pasabamos pensando que poco habla nuestra dirigencia de la comunicación, el gobierno no hacía más que pensar en cómo avanzar en las técnicas de comunicación contra todos y todas. El gobierno sabía que el golpe uno era la comunicación y después efectivamente la normativa”.
Por último, Sebastián Vricella habló sobre lo que viven los reporteros gráficos en el ejercicio de su profesión, que requiere poner el cuerpo en la calle. “Desde el 10 de diciembre vienen cercenando nuestros derechos” afirmó. Más allá de la violencia física, Vricella se refirió a un hecho inédito. “Para la misma asunción de Milei nos negaron la posibilidad de estar cubriendo en el Congreso, como hacemos hace 40 años, desde el retorno de la democracia”, dijo. Según él, era un presagio de lo que se venía.