El cambio de política gubernamental sobre los derechos de los pueblos originarios comienza a tener impacto directo en las comunidades.
El entonces subsecretario de Articulación de Seguridad del gobierno de Alberto Fernández, Gabriel Fuks, el día en que el Estado había firmado el acuerdo con la comunidad de Buenuleo.
Comunidades mapuche afirman que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) comenzó a actuar a favor de las empresas y en su contra. Además, a nivel oficial se frenó el relevamiento territorial que el INAI venía realizando y ese organismo dejó de hacerse presente en las audiencias judiciales. En este contexto, las comunidades Buenuleo y Pailako están a punto de ser desalojadas.
Quien hoy está al frente del INAI es Claudio Avruj, exdirector ejecutivo de la Delegación de Asociaciones Israelitas de Argentina (DAIA) entre 1995 y 2007 y secretario de Derechos Humanos en el gobierno de Mauricio Macri (2015 – 2019). El INAI conducido por Avruj no está cumpliendo con la tarea para la que se creó: “la defensa de los derechos indígenas frente a lo que el Estado argentino tiene responsabilidad internacional”.
En la provincia de Río Negro, el INAI dio de baja la resolución que reconocía a la lof Che Buenuleo. En 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández, esta comunidad fue relevada y reconocida en base a la Ley 26.160 por el mismo ente que hoy la niega. En la resolución del 21 de septiembre del 2020, el INAI había reconocido la ocupación actual, tradicional y pública de la Comunidad Lof Che Buenuleo sobre 481 hectáreas en la zona del cerro Ventana, en Bariloche.
Los ancestros de los Buenuleo habitan allí en Bariloche desde 1880, sin embargo en un reciente juicio sus integrantes fueron condenados por usurpar esas tierras. La sentencia sostiene penas de prisión en suspenso sobre Ramino y Rosa Buenuleo, Lucas Dinamarca, Sandra Ferman y Nahuel Maliqueo, integrantes de la Lof Buenuleo, por delito de usurpación. En este cerro nace el arroyo Ñireco, del que proviene el agua potable de la que se sirve la ciudad de Bariloche. En conversación con ANCCOM, el longko Mauro Millán explicó que si bien la persecución por sobre las tierras en este gobierno se incrementó, es puntualmente por las tierras con nacientes de ríos en donde la cuestión se violenta aún más.
En 2019, Millán participó de una ceremonia en la Lof Buenuleo, y ese día el empresario que reclama las tierras, Emilio Friedrich, envió una patota armada. Cuando acudió la policía y el Ministerio Público Fiscal en lugar de tomarles declaración por la agresión que habían sufrido, les tomaron sus datos para luego imputarlos en la causa por usurpación que inició Friedrich. En los proximos dias queda conocer el resultado de la audiencia que tuvo lugar esta semana para impugnar la sentencia. El Tribunal de Impugnación de Río Negro decidirá si se procederá o no con el desalojo. En el caso Buenuleo, además de la defensa de sus tierras ancestrales, la lengua mapudungun y las prácticas tradicionales, hay un trasfondo ecológico por los recursos naturales estratégicos para Bariloche.
Así en Río Negro como en Chubut
El 25 de noviembre la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia rechazó la presentación de la Lof Pailako Mew en defensa de su derecho a las tierras ancestrales en el Parque Nacional Los Alerces. En esta ocasión, la Lof presentó un recurso extraordinario para evitar el inminente desalojo que ordenaría en breve el juez federal Guido Otranto, por una denuncia del presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen.
En paralelo a ese fallo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich anticipó que el gobierno impulsará la derogación de la Ley 26.160 de Relevamiento Territorial de las Comunidades Indígenas de manera definitiva. Esta ley es la que ampara a las comunidades originarias de no ser desalojadas, aunque el territorio no esté relevado ni reconocido por el Estado. En comunicación con ANCCOM, la periodista y activista por los derechos indígenas Gioia Claro explica que “ya hicieron una inspección anteriormente, y para el Estado y el Poder Judicial allí no hay niños, aunque en realidad sí”. Y destaca que “el propio presidente de Parques prometió desalojar a la Lof Pailako antes de fin de año”.
La ofensiva estatal contra esta comunidad queda expuesta al recordar que el gobernador de Chubut Ignacio Torres acusó, sin aportar evidencias, a miembros de la Lof Pailako de haber sido responsables de los incendios forestales que arrasaron miles de hectáreas de bosques el verano pasado.